Seis oficinas de Naciones Unidas dedicadas a fiscalizar el respeto de derechos humanos suscribieron una carta conjunta y pidieron explicaciones al Estado salvadoreño por información que llegó a sus manos y que, según dijeron, refleja patrones de violaciones de derechos humanos cometidos durante el Régimen de Excepción, vigente desde el 27 de marzo. El Estado respondió con un informe de 31 páginas que dista mucho del escenario que diversas publicaciones periodísticas y organizaciones civiles han presentado acerca de las capturas arbitrarias y otras vulneraciones durante el Régimen, que este lunes 16 de agosto fue prorrogado, por quinta vez, un mes más. Esta medida ha dejado a unas 50,000 personas detenidas. Algunas de ellas, según consta en expedientes judiciales, fueron detenidas solo porque parecían nerviosas, según algún policía o militar. La organización Cristosal, con información de familiares y publicaciones de prensa, ha reportado la muerte en las cárceles de 63 personas capturadas durante el Régimen. Algunos de los cuerpos presentaban cicatrices y golpes.
Las seis oficinas que el 1 de junio pidieron cuentas a El Salvador son dos grupos de trabajo y cuatro relatorías especiales aglutinadas en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En su carta, expresaron su 'más seria preocupación ante la información recibida' que sugiere 'la posibilidad de un patrón de detenciones arbitrarias, así como de eventuales abusos que pueden ser constitutivos de tortura o de tratos crueles, inhumanos o degradantes' durante los arrestos y encarcelamiento de salvadoreños. 'Los casos de muertes bajo detención', incluyendo las que podrían deberse a la privación de acceso a medicinas, 'amplifican nuestra preocupación frente a la situación descrita', reza la carta. Otras preocupaciones son por la saturación del sistema de defensa pública, las reformas penales aprobadas y las penas de cárcel para niños y adolescentes .
En su respuesta, fechada 27 de julio, la Misión Permanente de El Salvador ante Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, compiló las respuestas enviadas por la Policía Nacional Civil (PNC), la Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna). En algunas de las respuestas, la Misión Permanente escribió que era el Estado salvadoreño quien 'comunicaba' algo y, en otras, citó una institución.
Naciones Unidas preguntó, por ejemplo, sobre las investigaciones de personas que han fallecido durante los procedimientos de arresto o en centros de detención. Las autoridades salvadoreñas respondieron: 'El Estado comunica que las situaciones presentadas han dado lugar a investigaciones que se encuentran en proceso bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República (FGR); además de haberse activado la vía administrativa a través de la Inspectoría General de Seguridad Pública, con el fin de esclarecer los hechos y deducir la responsabilidad pertinente'. La respuesta también mencionó las investigaciones de la PDDH 'a las afectaciones al derecho a la vida'. 'Los casos se encuentran en fase inicial de investigación, todos se están documentando y siguiendo los procedimientos establecidos en el Sistema de Protección', dice el informe. esto contrasta con la retórica sostenida por diputados oficialistas y funcionarios de Gobierno, que han defendido el Régimen a capa y espada e incluso han generado la retórica de que quien cuestione sus procedimientos es porque defiende a las pandillas.
En general, la Misión salvadoreña enumeró los protocolos y manuales que en teoría aplica para respetar los derechos humanos de los detenidos y sus familiares, y también las decisiones administrativas tomadas para adaptarse a la carga de trabajo. En sus argumentos, sin embargo, la representación nacional entró no solo en contradicciones, sino que también planteó escenarios falsos o, sencillamente, evitó mencionar temas espinosos.
Muchas de las respuestas desde El Salvador, por omisión o vaguedad, llegan a constituir mentiras. El Estado mintió al organismo internacional cuando dijo que 'la PNC al momento de la detención de una persona, le comunica la razón de la misma, y se garantiza que los familiares tengan conocimiento de la detención y en que dependencia policial o centro penitenciario estará en resguardo; adicionalmente, la información se hace del conocimiento de la PDDH... (sic)'. Esa aseveración es falsa si se coteja, por ejemplo, con los hallazgos de organizaciones independientes, como el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH). Según un informe del observatorio publicado el miércoles 10 de agosto, la PDDH solo fue notificada de 9,362 detenciones al 24 de junio, cuando la cantidad de arrestos era de 42,855. Y además, para cuando el Régimen se prorrogó por primera vez, muchas personas — sobre todo mujeres — que desconocían el paradero de sus parientes hacían largas filas afuera de las cárceles para preguntar si su familiar estaba ahí dentro, y también hacían colas afuera de la PGR, para pedir información. Estas escenas de aglutinamientos de familiares sin información alguna fueron comunes durante parte abril y mayo.
Según el Estado salvadoreño, la Defensoría Pública Penal de la PGR 'no ha experimentado impedimento alguno para hacer uso de los recursos (legales) o para la interposición de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional'. Y aunque en el país ya se alcanzó un umbral de demandas de hábeas corpus que no se veía desde la guerra civil, abundan testimonios de ciudadanos como Marisela Hernández, que da cuenta de que los defensores de la PGR no informan a sus defendidos de que existen recursos para pelear una detención ilegal. El observatorio universitario también registró numerosas quejas sobre el papel meramente formal o decorativo de los defensores públicos, así como también denuncias por malos tratos o falta de diligencia en los procesos.
La saturación de trabajo por los expedientes no es menor. Hacia finales de junio, habían ocurrido 93 audiencias judiciales masivas en las que el destino de 18,215 imputados estuvo en juego. El promedio de imputados por audiencia fue de 196, aunque hubo cinco audiencias con más de 500 procesados. 'En esas condiciones es difícil que se garantice el derecho de defensa y el de presunción de inocencia', dijo Danilo Flores, coordinador del observatorio. Testimonios de defensores públicos le dan la razón. La PGR respondió a Naciones Unidas que contrató a 46 abogados para ejercer defensa pública, 18 recepcionistas, cuatro psicólogos y un trabajador social desde la aprobación del Régimen.
El Estado salvadoreño también fue contradictorio cuando respondió que el Régimen 'en ningún momento vulnera los derechos de reunión, asociación o constituye una injerencia en la vida privada de la población', pues este fue uno de los cinco derechos constitucionales eliminados con la aplicación del Régimen, e incluso hubo denuncias y videos en redes sociales que evidenciaban que el primer mes de implementada esta medida algunos soldados y policías ingresaron sin orden de cateo a algunas casas en colonias controladas por pandillas. 'Solo es aplicable a los miembros de estructuras delictivas, cuyas reuniones y asociaciones son realizadas para la planeación y ejecución de hechos delictivos', dijo el Estado, pero a lo largo de estos más de cinco meses eso ha estado a pleno criterio del policía o soldado que realice el patrullaje.
Naciones Unidas también pidió a El Salvador que justificara la adopción del Régimen, comparándola con las leyes y recursos disponibles antes del mismo. El Gobierno enlistó las leyes y medidas que, según sus palabras, han sido insuficientes para contrarrestar a las pandillas, pero no mencionó el Plan Control Territorial, vigente desde 2019, y uno de los planes que la administración Bukele presentó como ejemplares hasta que aprobó el Régimen. El Estado no aclaró si el plan fracasó ni tampoco por qué, pese a su vigencia, 87 personas fueron asesinadas en solo un fin de semana.
Otra de las preocupaciones de la ONU eran las denuncias sobre detenciones arbitrarias. 'Sírvase proporcionar los detalles y, cuando estén disponibles, los resultados de cualquier investigación, judicial o de otro tipo, que se lleve a cabo en relación con denuncias por detención arbitraria, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes contra personas acusadas de delitos penales bajo custodia. Si no se ha iniciado una investigación, explique por qué y cómo ello es compatible con las obligaciones internacionales de derechos humanos de El Salvador', cuestionó la ONU.
El Estado respondió que la PDDH 'no ha conocido información sobre la existencia o no de investigaciones judiciales o administrativas sobre detenciones arbitrarias, tortura, o tratos crueles, inhumanos o degradantes contra personas bajo custodia'. Sin embargo, y de manera inexplicable, en el mismo párrafo, el Estado agregó que la PDDH 'ya ha abierto un expediente en el cual se registran todos los casos denunciados sobre restricciones al derecho a la libertad e integridad personal', aunque no se agregó más detalles. Según el OUDH, hasta junio pasado, la PDDH recibió 306 denuncias por torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los que 231 eran por la negativa a dar la ubicación de alguien buscado. 'Son potenciales casos de desaparición forzada de corta duración', explicó Natalia Ponce, abogada del observatorio. Y aun así, el Estado respondió que no conocía la existencia de investigaciones al respecto.
'Yo creo que la respuesta denota que el Estado sabe lo que está pasando con el Régimen, pero no quiere reconocerlo, y por eso dice que todo va bien. Es una respuesta que no se puede aceptar. Es demasiado grave lo que Naciones Unidas está preguntando como para que el Estado conteste con dulces', dice Leonor Arteaga, directora del programa de impunidad y graves violaciones a derechos humanos de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF). Esta organización fue una de las que remitió información a la Oficina del Alto Comisionado para su análisis.
Para Arteaga, la respuesta del Estado también permite inferir que El Salvador está interesado en conservar las formas frente a parte de la comunidad internacional. 'Está bien que el Estado responda, pero no puede ser cualquier respuesta, debería ser una verdadera rendición de cuentas que conlleva asumir las recomendaciones que le hacen al país', agrega.
Entre las cosas que ocultó el Estado en su informe está el hecho de que la PDDH tardó 107 días de vigencia del Régimen en cumplir una de sus facultades legales, que es la de entrar a verificar el estado de los detenidos en centros penales. A pesar de que Naciones Unidas pidió un informe de todos los lugares de detención, incluyendo cárceles, bartolinas y centros de resguardo de menores, la PDDH solo informó sobre verificaciones hechas en los últimos dos. La PDDH solo remitió reportes de visitas hechas a seis bartolinas policiales y a tres centros de resguardo de menores de edad. La ONU había pedido información estadística detallada de todos los detenidos, pero el Estado solo remitió información de los menores de edad. El Gobierno ni siquiera mencionó la cantidad de cárceles disponibles en el país ni la población reclusa que hay en ellas.
Según el OUDH, el hacinamiento carcelario al 18 de julio es del 247 %, tomando únicamente a la población que ya enfrentó una audiencia judicial y cuya detención provisional fue aprobada por un juez. El observatorio detalló que la capacidad del sistema carcelario, a diciembre de 2020, era de 30,864 personas y que para el 18 de julio, la población reclusa era de 76,415. Antes del Régimen, había un hacinamiento del 119 %, con 36,663 detenidos, según el observatorio.
Para su análisis, el OUDH hizo 103 peticiones de información pública a instituciones del Estado, pero el 30 % de ellas no fueron respondidas. Centros Penales no admitió ninguna solicitud de información y la Corte Suprema no detalló la jurisdicción de las muertes registradas en los penales.
El Estado respondió, sin citar datos ni fuentes, que gracias al Régimen 11 tipos de delitos han bajado y que eso se 'ha traducido en la aprobación por un 91 % de la población salvadoreña'. La única fuente que el Estado citó es una supuesta encuesta telefónica elaborada entre el 12 y 18 de abril por la firma Cid Gallup. Esta encuestadora la fundó y la preside un antiguo estratega del presidente Bukele, Luis Haug. Haug asesoró a Bukele cuando ganó la Alcaldía de San Salvador en 2015.
Asuntos sin respuesta
Pese a su informe de 31 páginas a Naciones Unidas, lo que sigue sin responder el Gobierno y otras instancias estatales es cómo garantizan que las personas arrestadas pertenece a una pandilla. Hasta ahora, la Fiscalía y la Policía han ejecutado miles de capturas bajo criterios ambiguos como el que alguien luzca nervioso o tenga ficha policial, aunque estas sean de dudosa elaboración y no aporten información precisa. El oficialismo ha recurrido a la frase: 'el que nada debe nada teme' para argumentar que las personas detenidas, si no están ligadas a las pandillas, saldrán libres en poco tiempo. El presidente y algunos diputados también han sido sarcásticos para tocar el tema, publicando en sus redes sociales la pregunta '¿Y cómo saben que son pandilleros?' acompañada de fotos de hombres y mujeres con tatuajes alusivos a la MS-13 o al Barrio 18, cuando hay cientos de capturados sin un solo tatuaje.
Para argumentar la potestad para hacer detenciones masivas, el Estado recurrió a una vieja ley, yendo en contra de su lógica predominante que reza que sin el Estado de Excepción no sería posible combatir a las pandillas en este momento. Dijo que, desde 2010, con la entrada en vigencia de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal se creó la figura de 'flagrancia permanente', que permite que quien sea identificado como pandillero no necesite tener una orden de captura en su contra para ser arrestado puesto que se declara como ilegal la sola pertenencia a las pandillas.
Pero las denuncias por detenciones arbitrarias se cuentan por cientos. Según el informe del OUDH, la PDDH tenía el reporte de 1,673 casos hasta el 27 de junio; Cristosal, 2,023 casos, el IDHUCA, 254 casos y un monitoreo propio de medios hecho por el observatorio identificó 347 casos. El IDHUCA recogió distintas prácticas violatorias alrededor de las detenciones. Por ejemplo, registró quejas de familiares porque policías llegaron a sus casas para tomar fotografías que después sirvieron para elaborar fichas policiales con las que además se justificó la captura de personas. Estas fichas, según el IDHUCA, no consignan su fecha de creación. También la institución recopiló quejas de personas que fueron engañadas por policías para que se presentaran a una delegación, para una supuesta verificación de datos, pero una vez ahí fueron detenidas. Según otras denuncias, las actas de detención elaboradas consignan en algunos casos información falsa (por ejemplo, sobre el lugar de la captura), según explicó Danilo Flores, coordinador del observatorio.
Para Leonor Arteaga, de la DPLF, la solicitud de información de la ONU denota que 'hay mucho movimiento en la ONU como no se veía desde la guerra civil. Por un lado, es un indicador de que las cosas están muy mal, pero, por otro lado, parece que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en lo que está ocurriendo en el país'.
Además, según la especialista, es previsible que los reportes de Naciones Unidas escalen en cuanto a la gravedad de las observaciones. 'Va a escalar, es lo que corresponde, Naciones Unidas ha recibido todas estas denuncias de diversas fuentes y las oficinas van a presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos, van a seguir los llamados de atención, y habrá más condenas a nivel internacional', dijo.
Los diputados de la Asamblea prorrogaron este martes 16 de agosto el Régimen por otros 30 días. Es la quinta extensión que se hace desde marzo y, para seguir el guion de las anteriores prórrogas, los diputados se centraron en asegurar que los partidos de oposición se oponen al Régimen porque defienden a los pandilleros. 'No están defendiendo derechos humanos, están defendiendo delincuentes, les encanta andar entre la mugre y al que anda entre la mugre se puede manchar', dijo el diputado Raúl Castillo, de Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele.
Los seis funcionarios de la ONU que pidieron la información a El Salvador son Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Luciano Hazan, Presidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Tlaleng Mofokeng, Relatora Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; y Diego García-Sayán, Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados.
