¿Servirá para algo castigar los crímenes de la guerra civil?
Un juez de un pequeño pueblo en el oriente del país, Villa Meanguera, en Morazán, reveló a El Faro esta semana que el año pasado catalogó la masacre de casi mil pobladores de El Mozote, ocurrida en diciembre de 1981, como un delito contra la humanidad. Ese reconocimiento era una deuda del Estado salvadoreño desde que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó por obstaculizar que se hiciera justicia en el caso.
La nueva tipificación obliga a la Fiscalía General, al menos en teoría, a investigar de oficio qué ocurrió exactamente en Morazán aquellos días de diciembre. Además, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia está evaluando la legalidad de la amnistía de 1993 y cualquier resolución relanzará el debate sobre los alcances de la revisión histórica. Para ilustrar el fondo de la discusión, vale la pena leer los argumentos de la Corte Interamericana cuando en 2012 resolvió que la amnistía salvadoreña debía ser desmontada.
En El Salvador, un país inestable y polarizado, cuya tasa de homicidios es la más alta del mundo y cuyo sistema judicial combate pobremente la impunidad, la pregunta es si a más de 24 años de la firma de los Acuerdos de Paz serviría de algo procesar judicialmente a los autores intelectuales y materiales de los crímenes de la guerra. ¿O bastará con que se indague hasta el fondo los hechos, con el exclusivo propósito de que se conozca la verdad y las víctimas tengan la oportunidad de perdonar individualmente a quienes masacraron y atropellaron la dignidad de los sobrevivientes?
