Agnes Callamard ya ha demostrado que puede llegar a ser incómoda para un Estado. En 2017, visitó Filipinas, invitada por un grupo independiente de abogados, y a su partida desató un maremoto político, luego de que, sin mencionar a ese país, cuestionara una lucha antidrogas centrada en la represión y la violación a los derechos humanos. Sus palabras, viniendo de donde vienen, y en un contexto en el que las cifras oficiales registraban 4 mil 600 muertes tras operaciones policiales antidrogas, provocaron el enojo del presidente Rodrigo Duterte, quien en un evento público amenazó con abofetearla por haber cuestionado su campaña antidrogas. A esta francesa que dirige la Relatoría especial para ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas desde agosto de 2016, el Gobierno de Filipinas le envió un mensaje a través del vocero presidencial, Harry Roque: 'Mi consejo es: no venga a Filipinas sin haber sido invitada'.
El Salvador no es Filipinas y el Gobierno no lucha contra narcotraficantes, pero Agnes Callamard ha dejado dos mensajes en el país. En el primero, llamó 'ilegales' a las medidas extraordinarias , la política insignia para combatir a las pandillas en los centros penitenciarios. En el segundo, Callamard concluye que las ejecuciones extrajudiciales no son una política de Estado, sino una 'crisis' provocada por patrones de comportamiento de los agentes del Estado. Hablamos de policías y soldados. 'Una política estatal exigiría una comisión o prácticas establecidas que no he encontrado durante mi visita a El Salvador. Lo que he encontrado son patrones de comportamiento y un Estado que falla por omisión, no por comisión”, dice.
En El Salvador, desde enero de 2015, el Estado mandó a sus policías a una guerra contra las pandillas , y hasta agosto de 2016, los números ya reflejaban una anomalía: en 20 meses, la PNC registró 1,074 enfrentamientos armados con presuntos pandilleros, con saldo de 693 muertos y 255 heridos. En ese lapso, en promedio, 35 presuntos pandilleros fueron abatidos cada mes. En 2017, (hasta el 5 de diciembre), la Policía sumó 497 enfrentamientos más, con 391 presuntos pandilleros muertos y 64 heridos. Los expertos internacionales que monitorean el desempeño de las fuerzas de seguridad establecen que en los enfrentamientos armados reales lo esperable es que los policías generen más heridos que muertos entre los delincuentes.
En los mismos años (2015-2017) la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha registrado cerca de 40 denuncias por ejecuciones extrajudiciales. En al menos tres de esos casos, la institución ha resuelto la existencia de 'ejecuciones extralegales'.
“El Estado ahora no está respondiendo a este patrón de manera adecuada, no está investigando adecuadamente, no está denunciando adecuadamente, no está tomando las medidas disciplinarias internas”, dice Callamard.
A modo de ejemplo, la Relatora especial cita el juicio por la masacre de San Blas, en el que el juez dio por probado que la Policía Nacional Civil ejecutó extrajudicialmente a Dennis Martínez, el escribiente de la finca San Blas, pero absolvió a los ocho agentes del GRP procesados porque los fiscales no individualizaron quién le atravesó la cabeza de un balazo mientras rogaba por su vida. 'San Blas fue investigado incorrectamente y por lo tanto se llegó a una decisión ridícula', dice.
Pese al patrón que asegura haber detectado, y la crisis que esto genera al Estado de derecho, la relatora especial es optimista. Dice haber visto pasos y reformas en las instituciones que auguran cambios, aunque ella reta al Gobierno y al sistema de justicia. 'Es necesario que exista una voluntad política real para comenzar la investigación adecuada de un solo caso. Creo que estamos a solo uno o dos pasos de romper el ciclo, si nos aseguramos de que algunos de esos casos se investiguen adecuadamente', plantea.
Después de nueve días en El Salvador, ¿su idea previa del país cambió mucho?
Mi impresión del país no es peor ahora de lo que era antes de venir, es simplemente más informada. La gente aquí es valiente, pero también tiene miedo. He estado conmovida por el país y la gente. Puedo escuchar las voces de las víctimas en las comunidades y los padres que perdieron a sus hijos. Llevo todas estas voces en mi cabeza. Nunca dejaré de darle seguimiento a El Salvador, es un país que me ha conmovido profundamente. Reconozco los increíbles desafíos para la seguridad, pero lo que se está haciendo no creo que sea bueno porque se están violando los derechos humanos.
¿Hay una política de ejecuciones extrajudiciales en El Salvador? Los encargados de la seguridad pública insisten en que, si hay casos, estos son casos aislados.
Una política estatal exigiría una comisión o prácticas establecidas que no he encontrado durante mi visita. Ahora, el Estado no está respondiendo a este patrón de manera adecuada: no está investigando, no está denunciando, no está tomando las medidas disciplinarias internas, no está llevando a los perpetradores ante los tribunales, no está fallando para sentenciarlos. Pero no es una institución; hay varias instituciones que son críticas en este aspecto. ¿Estamos hablando de la Policía o el Ejército? Los mecanismos internos de investigación dentro de esas instituciones, la Fiscalía, los jueces de paz, los jueces de instrucción y los jueces de sentencia... Hay una cantidad de instituciones que no tienen la robustez suficiente para responsabilizar a los perpetradores ni para investigar adecuadamente los crímenes. Cuando se trata de denuncias sobre crímenes cometidos por la Policía o el Ejército, el Estado debería redoblar sus esfuerzos porque tales crímenes socavan profundamente la capacidad del gobierno para mantener el Estado de derecho.
Hasta este día no hemos visto a ningún policía sentenciado por los patrones de comportamiento que usted detecta. ¿Cómo lee esto?
Lo leo como muy malo. El hecho de no investigar de manera rápida, efectiva y profesional es una violación de los derechos humanos y, en el contexto de un homicidio, es una violación del derecho a la vida. Por lo tanto, no es solo el acto de matar el que viola el derecho a la vida, sino que también lo viola la falta de investigación, y además es una violación extremadamente grave por parte del Gobierno a sus propias obligaciones. Y cuando es por un crimen presuntamente cometido por la Policía o el Ejército, esto es aún más grave porque el Gobierno tiene la responsabilidad inmediata de respetar el derecho a la vida. El fracaso a la hora de investigar es crucial en esto. El patrón de comportamiento debe abordarse mediante una respuesta adecuada, internamente, pero también mediante una investigación adecuada.
El director de la Policía ha dicho en muchas ocasiones que están haciendo lo que están obligados a hacer, que están investigando dentro de la Policía. Al final del día, ¿esto es solo retórica?
Solo puedo concluir sobre la base de lo que puedo ver. He visto personas de buena voluntad, hay evidencia de pasos tomados, de que se han llevado a cabo reformas, y de fuertes mensajes con respecto a la necesidad de fortalecer el sistema disciplinario interno, pero me preocupa que esto no esté dando resultados. ¿Por qué no está funcionando? ¿Es porque hay personas equivocadas? ¿Es porque la reforma no es efectiva? Tal vez falten algunos elementos de la reforma. ¿Es porque los problemas son tan grandes y el cuello de botella, en términos de investigación a nivel local, es grave? Debemos reconocer que la Policía tiene que investigar una variedad de delitos a nivel local, por lo que debe haber una reevaluación de los pasos y es necesario que exista una voluntad política real para comenzar la investigación adecuada de un solo caso. Creo que estamos a solo uno o dos pasos de romper el ciclo, si nos aseguramos de que algunos de esos casos se investiguen adecuadamente. San Blas fue investigado incorrectamente y por lo tanto se llegó a una decisión ridícula. El problema en la investigación de San Blas comienza cuando existe una noción que, insisto, no cumple con la definición o comprensión de la ley: que hay ocho víctimas pero que solo una se considere ejecución extrajudicial... La investigación parecía estar impulsada por el sesgo y la falta de evidencia forense y la comprensión adecuada del descubrimiento científico. Cuando exista una fuerte noción de que la escena del crimen ha sido manipulada... ¡No es ciencia espacial! Esos casos están socavando todo y mi llamado al Gobierno es: enfóquese seriamente en uno o dos casos, debe ser lo suficientemente valiente como para trabajar contra el flujo de personas que creen que la Policía y el Ejército no deberían ser tocados, y comience a hacer que esos tipos rindan cuentas.
¿Dijo que estamos a dos pasos de...?
“Dos pasos” es una forma de decir que la impunidad se puede analizar desde un solo caso, un caso emblemático que demuestre que esto no es aceptable y que las personas que cometen esos crímenes terminarán en prisión, a eso me refiero. Solo necesitas un caso, como ocurre con la justicia transicional, cuando se enjuician los crímenes del pasado: un caso.
Pero el índice de letalidad en los 'enfrentamientos' entre policías y supuestos pandilleros es de 6 muertos por cada herido. ¿De verdad cree que nuestra sociedad, nuestros policías van a cambiar si ven el resultado de un solo caso?
Ese es el comienzo, esa es la única forma: a través de un Estado de derecho y así es como llega la paz. No estoy diciendo que esto sea suficiente. El punto es enviar un mensaje. Después de eso, necesitas, por supuesto, continuar abriendo la puerta. Los policías tienen que poder protegerse sin recurrir a la violencia, por ejemplo, equipándolos con mejor equipo de protección. Hay muchas cosas que deben suceder para que no se abuse de la fuerza, que es lo que está sucediendo ahora.
Hablemos de las medidas extraordinarias. ¿Por qué son ilegales?
Ilegales según los estándares internacionales.
¿Podría desarrollar esa idea?
Las llamadas medidas extraordinarias cubren una variedad de temas, una gama de propuestas de políticas legales, algunas de las cuales han sido el centro de atención y que están relacionadas con el sistema penitenciario. No todo es una violación de las normas internacionales así como no todo puede justificarse por cuestiones de seguridad. En primer lugar, si hablamos de medidas extraordinarias (ilegales) debemos dejar muy claro que hablamos de las que conciernen a los prisioneros. Para mí es importante decir que varias de esas medidas son ilegales porque están violando las normas internacionales y pueden llevar a la muerte en custodia. Estas son las cosas que importan.
El 60 % de los detenidos en el sistema se encuentra bajo estas medidas extraordinarias, seis prisiones en total.
El Gobierno empieza a crear categorías, pero en este momento las mismas medidas se aplican a todos y eso también es muy problemático. Ustedes los medios necesitan ver realmente cómo todas esas medidas se aplican de forma indiscriminada a individuos que no son líderes de pandillas, tal vez “soldados” cuyas condiciones podrían ser diferentes a las de líderes en el crimen y la violencia y los homicidios. Definitivamente la sobrepoblación debe tratarse; las condiciones inhumanas deben detenerse inmediatamente; que no sean capaces de ver el sol es inaceptable, aunque seas un prisionero de alto riesgo; una dieta inadecuada es inaceptable; estar en condiciones de contraer la tuberculosis es inaceptable. Pero tal vez haya otras medidas que puedan ser aceptables según los estándares internacionales, y poder distinguirlas hará que la institución sea más profesional y su respuesta más efectiva.
¿Cree que las condiciones en las cárceles se pueden justificar por la falta de presupuesto o recursos asignados al sistema?
Los recursos son siempre un problema. La forma de asignar los recursos también es una cuestión de elección política. Sí, sé que el Gobierno está argumentando que se han enfrentado a una tremenda presión presupuestaria y a una tremenda organización por parte de las pandillas, con las pandillas dominando o controlando las cárceles…
¿Dijeron eso literalmente?
No sé si eso que dijeron es correcto o no, puedo investigarlo. Supongo que es así y que necesitaban recuperar el control de las cárceles, pero creo que es justo reconocer que una restricción presupuestaria siempre es parte de la historia. Lo que he visto es que el Gobierno reconoció que hay un problema de hacinamiento en esas cárceles que tienen medidas extraordinarias.
¿Es consciente el Gobierno de que deshumanizar a los detenidos nos puede traer consecuencias?
No lo sé, porque creo que es difícil para el Gobierno reconocer que esas medidas apuntaban a la deshumanización. Eso es lo que yo encontré. Es poco probable que el Gobierno esté de acuerdo conmigo, pero lo que puedo decir es que las autoridades están tomando medidas para administrar la sobrepoblación. Están construyendo cárceles de máxima seguridad, los he visto, están presionando para que se construyan lo más rápido posible, de la manera más efectiva posible. En conclusión, hay un reconocimiento y se están tomando medidas. No puedo decir si serán buenos lugares que cumplan con los estándares internacionales, pero el hecho es que están construyendo nuevos lugares. Han iniciado medidas, por ejemplo, durante un mes, para dar acceso a personas para que salgan de las celdas y compren comida adicional en la tienda, algo que no estaba permitido. En mi opinión, esas medidas realmente no sirven para fines de seguridad, y es por eso que deben detenerse.
Usted dijo que con las medidas extraordinarias estamos construyendo un Ejército que no encontrará un espacio en la sociedad.
Definitivamente. Lo que tienes en esas cárceles son hombres jóvenes que durante meses o años han sido alojados en las peores condiciones posibles. Necesitamos realmente preocuparnos por la posibilidad de rehabilitación y reintegración de los jóvenes, y es por eso que se deben hacer esfuerzos ahora, que es casi demasiado tarde. Tenemos que dar oportunidades reales a aquellos que son elegibles para el programa de rehabilitación 'Yo cambio', ahora es cuando necesitamos invertir en esas medidas.
Usted dijo que el plan El Salvador Seguro es 'maravilloso' en papel.
En papel es una buena iniciativa, sí.
Pero usted dijo que no se le asignan suficientes recursos y, teniendo esto en cuenta, ¿puede decirnos si la reducción a la violencia es la prioridad para este gobierno en términos de formulación de políticas?
Represión, no reducción a la violencia per se. Las medidas impulsadas por el dogma de 'mano dura' sin duda son las prioridades presupuestarias del Gobierno y también las prioridades en términos del mensaje político clave. Paralelamente a eso, que es una prioridad que han asumido, existen otras medidas u otras iniciativas como 'Plan El Salvador Seguro', que creo que en un principio pudieron haber pensado 'este será el motor', pero el motor se ha convertido en 'mano dura'. Creo que se necesita algún nivel de política fuerte, definitivamente, pero también se deben abordar las causas fundamentales, y es por eso que el Plan El Salvador Seguro en sus dimensiones de prevención y rehabilitación debe recibir recursos adicionales. Para mí, esto es donde usted es capaz de romper la definición de locura.
Entre los salvadoreños hay mucho apoyo popular hacia las medidas manoduristas . El presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, vuelve a postularse para un escaño y su campaña habla de medidas drásticas. La gente dice que les gusta la idea de la pena de muerte y una Estado de sitio y uno piensa 'por supuesto, ¿qué otra cosa podría pedir la gente cuando está desesperada?'.
Permítanme empezar dándole la definición de locura, que es seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente.
Durante al menos 15 años hemos estado haciendo lo mismo...
Cierto. No creo que la gente de El Salvador esté loca, pero creo que hay personas que están vendiendo soluciones rápidas y un discurso represivo que ha demostrado, al menos durante una década, si no más, que los resultados no son los que la gente quiere. Los políticos que venden soluciones rápidas están mintiendo. El discurso represivo tiene que ver con la cultura política, social, con la historia y con, tal vez, la agenda y el calendario electoral. Está engañando a la gente y desinformándola. Me alegra que la prensa intente romper los tabúes y ofrecer diferentes perspectivas. La población necesita estar informada sobre el hecho de que, hasta el momento, la “mano dura' en realidad no ha funcionado.
Sorprende cómo el ejemplo de paramilitares en Colombia, México o Guatemala (e incluso nuestra historia de represión de los setenta y ochenta) no son suficientes para demostrar que el ciclo de violencia no terminará si pensamos que la solución es la represión.
Hubo un tiempo en que el sur de Italia estuvo completamente controlado y dominado por la mafia. Los jueces del país, en la parte sur, dijeron “suficiente” y asumieron un gran riesgo, algunos de ellos fueron asesinados, pero iniciaron algo que se llamó 'Manos limpias', no 'mano dura'. Fueron tras la mafia y las personas asociadas con ellos a través de los medios legales, y han hecho un trabajo tremendo, y lo siguen haciendo. Es solo un ejemplo que creo que definitivamente vale la pena explorar.
¿No es una paradoja que El Salvador haya ocupado la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, en un contexto en el que es señalado por violar los derechos humanos?
Tal vez es una paradoja. Creo que debemos reconocer el hecho de que durante el último año, desde que estuvo en el Consejo de Derechos Humanos, el Gobierno ha estado notablemente abierto al escrutinio internacional. La oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos fue muy dura. Yo tengo un mandato difícil, y tengo un hallazgo difícil, pero este es un Gobierno que no nos impidió venir. Y no solo eso: trabaja con nosotros, respalda el trabajo, y eso no significa que vamos a debilitar nuestros hallazgos o conclusiones. Tal vez sea una paradoja, pero es algo que podemos usar para el beneficio de los derechos humanos, podemos usarlo para tratar de fortalecer la situación. Por ejemplo, llamaré de inmediato para que el Comité Internacional de la Cruz Roja tenga acceso a las prisiones, espero ver que eso ocurra.
