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Lo cierto, lo dudoso y lo falso del discurso de cuarto año de Sánchez Cerén

El país de Salvador Sánchez Cerén contrasta con el país que ven organismos de derechos humanos o del que hablan los datos de su propio Gobierno. La Policía no respeta los derechos humanos, la pobreza no se ha disminuido como se plantea, la inversión en educación está estancada y El Salvador no es tan seguro como se pinta en el discurso oficial. 

 
 

El presidente Salvador Sánchez Cerén da su discurso de rendición de cuentas de cuatro años ante la Asamblea Legislativa. Foto de Carlos Barrera.
 
El presidente Salvador Sánchez Cerén da su discurso de rendición de cuentas de cuatro años ante la Asamblea Legislativa. Foto de Carlos Barrera.

El presidente Salvador Sánchez Cerén describió este 1 de junio un El Salvador de ensueño de cara al último tramo de su mandato, con una Policía Nacional Civil que respeta los derechos humanos; una economía pujante y un gobierno transparente. Pero en algunos de los logros mencionados por el mandatario hay grandes vacíos y hasta información que no concuerda con los datos oficiales de su propio Gobierno en economía, desarrollo social y seguridad. 

Con un tono acorde a los discursos de 2015, 2016 y 2017, al cierre de su penúltimo año como gobernante Sánchez Cerén optó por maximizar logros de los dos gobiernos del FMLN, y en algunos casos se atrevió a navegar contra la corriente en la que flotan las cifras oficiales que publica su administración. Dijo, por ejemplo, que en nueve años habían reducido la pobreza en 10 puntos, aunque en realidad disminuyó 8.6 puntos. Pintó un país que crece y que es más productivo, cuando sigue siendo el que menos crece en la región centroamericana. Presentó como logros programas educativos que este año experimentarán recortes importantes y describió a una policía que no mata y que no irrespeta a los derechos humanos, una información que se aleja por completo de lo denunciado por organismos internacionales de Derechos Humanos.

Cerén presentó como logros la disminución de la pobreza, del analfabetismo, el "fortalecimiento" del programa Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, la reducción de los homicidios (en los 50 municipios donde se implementa el Plan El Salvador Seguro), el crecimiento de la economía y la reforma de pensiones. 

El discurso del presidente constituye su primer acercamiento a la Asamblea Legislativa, elegida para el periodo 2018 -2021, dominada por partidos de derecha que, si se ponen de acuerdo, pueden desplazar al FMLN en prácticamente todas las decisiones que impliquen mayoría simple (43 votos) y mayoría calificada (56 votos).

El Salvador, un país menos productivo

Sánchez Cerén afirmó que el Producto Interno Bruto (PIB) de El Salvador superó proyecciones de crecimiento de 2.2%. Aunque esta es una afirmación cierta (según la Cepal El Salvador crecerá en 2018 a un 2.4% y según el BCR a 2.5%), todavía estamos muy lejos de Panamá, que crecerá hasta un 5% o de Guatemala, que crecerá hasta un 3%. 

Consultada sobre por qué El Salvador está a la cola del crecimiento en Centroamérica, la viceministra de Economía Merlin Barrera dijo que era culpa de la dolarización, aprobada por el gobierno de Francisco Flores en 2000 y que comenzó a andar en 2001. “El peor mal que tenemos es estar dolarizados, aunque sea un bimonetarismo podría funcionar”, dijo. Añadió que al país le afecta no tener una política monetaria. “Nos toca depender de las reservas internacionales netas de remesas, de préstamos y de los ingresos fiscales que realmente ojalá fueran mayores”.

El Faro le repreguntó si había discutido a nivel de gabinete reformar la Ley de Integración Monetaria (dolarización) para que, junto al dólar, volviera a circular el Colón: “Hay que hacer análisis, no tomo decisiones radicales sin estudiarlas seriamente. Sin duda, la dolarización ha tenido algunos beneficios, pero también una de las grandes limitantes es que estamos atados a nivel de política monetaria, no hay política cambiaria”, dijo.

El "aumento" del salario mínimo

En 2017, el Consejo del Salario Mínimo aprobó un aumento de $300 a $304.17 para los trabajadores del sector comercio e industria; $295.2 a $299.30 a la maquila, textil y confección;  $224.1 a $227.22  para los recolectores de caña y café; y de $200.1 a $202.88 para los trabajadores agropecuarios.

El presidente celebró estos escuetos aumentos, que comenzaron a funcionar en enero de 2018, pero la realidad es que esos montos representan solo la mitad del costo de la canasta de mercado, la cual se define como una selección de productos básicos con los cuales una familia puede vivir. En 2017, la canasta de mercado costaba 590 dólares.

Según la viceministra Barrera, quedarse con esos datos es 'parcializar' la realidad. “He recorrido el país y veo que hay necesidad e insuficiencia de servicios, pero yo también veo que en los fines de semana, los centros comerciales están llenos de gente comprando. ¿Cuántos teléfonos per cápita tenemos? Por lo menos dos. Hay que ver eso también”, dijo. 

Hay menos pobres gracias a... ¿Tony Saca?

Según Sánchez Cerén, "de 2009 a 2017, redujimos la pobreza en 10 puntos y la pobreza extrema en 6 puntos”. La Encuesta de Hogares -el único instrumento que el gobierno tiene para medir la pobreza- muestra que de 2009 a 2017, la pobreza total en El Salvador se redujo 8.6% y la pobreza extrema disminuyó en 5.8%. El error del presidente en su discurso, según confirmó a este periódico la viceministra Merlin Barrera, fue no haber incluido en la medición de la disminución de la pobreza información del último año de la gestión del último presidente de Arena, Antonio Saca, ahora en la cárcel y a la espera de un juicio por corrupción y lavado de dinero. 

En la mañana del 1 de junio, al hacerle ver a la viceministra Barrera que los datos presentados por Sánchez Cerén no se correspondían con los dos gobiernos del FMLN, ella respondió: "Ustedes han hecho mal las matemáticas". Seis horas más tarde, vía telefónica, Barrera confirmó el error en el discurso presidencial detectado por El Faro: la mención de un periodo de tiempo diferente al que han gobernado las dos administraciones del FMLN. La reducción de la pobreza en 10 puntos y la pobreza extrema en seis puntos sí calza con los datos para los años 2008 a 2017. Es decir, Sánchez Cerén celebró una reducción de la pobreza que comenzó en el último año de Tony Saca. La Encuesta de Hogares respalda esta explicación: entre 2008 y 2017, la reducción de la pobreza total fue de 10.7 puntos porcentuales. “Aunque el presidente haya dicho otro período, los datos muestran que hubo una reducción de 10 puntos de pobreza. Y eso es algo positivo”, defendió Barrera. 

La pobreza total incluye a los hogares en pobreza extrema (las familias que no pueden adquirir una canasta básica compuesto por productos para una alimentación de sobrevivencia) y los hogares en pobreza relativa, que son los que no pueden costear la canasta básica multiplicada por dos. Los datos que permiten medir los avances en la reducción de la pobreza durante los nueve años de gobierno del FMLN dicen esto: para 2009, el 37.8% de las familias salvadoreñas eran pobres (585 mil hogares). Nueve años más tarde, en 2017, la pobreza afectó a 534 mil 743 hogares (el 29.2% de las familias). En 2009, los hogares que no alcanzaban a cubrir su propia alimentación (una canasta básica) ascendían a 185 mil hogares (el 12% de los  hogares); en 2017, a 113 mil hogares (el 6.2% de los hogares). 

Sánchez Cerén también dijo que su administración había frenado las privatizaciones. Esta afirmación iba dirigida al partido de oposición -Arena- que durante la década de 1990 implementó una serie de políticas neoliberales que culminaron con la privatización de la banca y de las telecomunicaciones. Lo cierto es que el gobierno de Sánchez Cerén enfrentó el riesgo de caer en default durante 2017 y una de las salidas que encontró para pagar a sus acreedores fue promover una autorización en la Asamblea Legislativa para que la Corporación Salvadoreña de Inversiones (Corsain), pública, vendiera a privados parte de las acciones que tenía en cuatro ingenios para poder cubrir pagos de vencimientos de deuda. 

El "logro" de la reforma de pensiones

El año 2017 fue el año de la crisis fiscal. El Salvador cayó en impago en abril, porque no pudo cumplir con un desembolsó de 28.8 millones de dólares de su deuda con el fondo de pensiones. En los días siguientes, el gobierno llevó a cabo recortes en educación, salud y seguridad para solventar esta obligación, pero el daño estaba hecho: las calificadoras de riesgo degradaron la calificación del país. En los meses siguientes hubo una intensa negociación entre Ejecutivo, partidos y sector privado para salir de la crisis.

A finales de septiembre de 2017, el gobierno, el FMLN, Arena y las Administradoras de Fondos de Pensiones aprobaron una reforma diseñada para atender esa crisis fiscal. Esta reforma de pensiones estableció que los trabajadores aporten más de su salario - a través de una cotización mayor- a cambio de que ahorren menos. La apuesta dio un respiro financiero al gobierno. Según cifras del Fondo Monetario Internacional, el país logró garantizar la reducción del déficit fiscal -la diferencia de ingresos y gastos del gobierno- en más de 200 millones de dólares (0.8%); y logró tirar a futuro sus obligaciones de pagos de deuda con el fondo de pensiones.

"Durante mi gestión implementamos el diálogo como política de estado y así hemos tomado las mejores decisiones. La reforma de pensiones es fruto de esa política de diálogo", dijo Sánchez Cerén en su discurso de balance de cuarto año de gobierno. El presidente obvió decir que la reforma de pensiones fue una salida financiera que castigó a los trabajadores con una cotización más alta para mantener a flote al Estado, que de nuevo evitó profundizar en los dos problemas que enfrenta el sistema previsional de El Salvador: baja cobertura y un sistema previsional diseñado para entregar pensiones de miseria.

El analfabetismo bajó, pero a un ritmo lento

El presidente dijo que su administración había priorizado la educación durante sus primeros cuatro años, pero como casos emblemáticos de éxito presentó solo dos resultados: la reducción del analfabetismo y su apuesta por las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno.

“Declaramos 94 municipios libres de analfabetismo”, dijo Sánchez Cerén. En 2014, la tasa de analfabetismo era de 10.9% y en 2017 disminuyó a 10.5%. Lo que no dijo el presidente es que la Encuesta de Hogares de 2014 a 2017 muestra una lenta reducción del analfabetismo, que ha disminuido a un ritmo de 0.1% por año. En la adminitración de Antonio Saca (2004-2009), por ejempo, la tasa de Analfabetismo bajó a un ritmo de 0.3 punto por año. En el quinquenio de Mauricio Funes (2009-2014), la tasa bajó a un ritmo de 0.6 puntos por año.

“Fortalecimos el programa Escuela Inclusiva a Tiempo Pleno”, dijo también Sánchez Cerén en su discurso del 1 de junio. Esta afirmación, de nuevo, contrasta con las cifras que se vieron reflejadas en el presupuesto del año 2018.

Para este año, educación sufrió reorientaciones de fondos en partidas claves, que dejaron como principal damnificado al programa Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno: 11 millones de dólares fueron recortados a este programa, que había sido mencionado como una de las prioridades del quinquenio. 

La promesa incumplida

En su discurso, el presidente obvió hablar de la gran promesa de campaña incumplida: duplicar el presupuesto del Ministerio de Educación en el trancurso de su quinquenio. También obvió hablar de los recortes que sufrió esta cartera para el ejercicio 2018. 

El 5 de enero, la Asamblea Legislativa aprobó un presupuesto que en la práctica implica un recorte de 11.3 millones de dólares en el área social: 4 millones de dólares en educación y 7.4 millones de dólares en salud. Educación pasó de recibir 944 millones de dólares en 2017 a recibir 940 millones de dólares en 2018. Salud, en cambio, recibió una asignación de 629.8 millones de dólares en 2017, pero en 2018 esta se redujo a 622.4 millones de dólares.

El primer gobierno de izquierdas continuó con el estancamiento en la inversión en educación -como porcentaje del PIB- que heredó de Arena. Salvador Sánchez Cerén lleva un presupuesto para 2018 que asciende a 3.2% del PIB, muy lejos de la meta del 6% a la que se comprometió a llevarlo de forma progresiva en su quinquenio.

Según Ricardo Castaneda, especialista en temas fiscales, es imposible pensar que uno de los problemas más graves del sistema educativo -el acceso a la educación- puede solucionarse con los recursos que actualmente son destinados a esta cartera. “El sector público necesita contratar más empleados para cumplir con sus obligaciones básicas. Por ejemplo, de acuerdo a nuestras estimaciones, se necesitaría contratar 38,515 nuevos docentes para que los 800,000 niños, niñas y adolescentes que actualmente están fuera de la escuela puedan estudiar”, dice. 

Para contratar a ese ejército de educadores, el Estado necesitaría destinar 400 millones de dólares extra -cada año- en remuneraciones. Fondos que no están presupuestados al cierre de esta gestión. 

El Salvador, un país más inseguro

La administración de Salvador Sánchez Cerén ha estado marcada por  una política de seguridad que ha apostado por un combate frontal a a las pandillas. Esta política, inaugurada desde enero de 2015,  le ha provocado al Gobierno serios y fuertes cuestionamientos por las violaciones a los derechos humanos cometidas por los cuerpos de seguridad en la calle, y por el Estado en los centros penales con las medidas extraordinarias. De hecho, a finales de 2017 la Organización de Naciones Unidas condenó estas medidas y le pidió al gobierno que las derogue. Sánchez Cerén, sin embargo, observa otro país:

"Agradezco el trabajo valiente y con pleno respeto a los derechos humanos de la PNC", dijo en su discurso. 

Con datos oficiales de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH) obtenidos a través de la ley de acceso a la información, Verónica Reyna, coordinadora del Servicio Social Pasionista, cuestiona el mensaje de apoyo que el Gobierno ha dado a la Policía y señala que le parece "preocupante" que este se mande en un contexto en el que la Policía está en la mira por, precisamente, violar los derechos humanos. Según los datos, de 2015 a la fecha, la PDDH ha registrado 82 denuncias contra la Policía y la Fuerza Armada por ejecuciones extralegales con un saldo global de más de 200 víctimas.

"La valoración que se hace sobre la actuación de la Policía deja de lado fuertes denuncias y críticas de las organizaciones sociales, de la PDDH, del Sistema Interamericano y de las Naciones Unidas. Es preocupante que se felicite a la Policía cuando se han hecho fuertes críticas como los casos de ejecuciones que se están dando en el país", dice Reyna.

Gerardo Alegría, procurador adjunto para migrantes y seguridad ciudadana, señala que el apoyo del presidente a la Policía contrasta con la información que ha hecho de conocimiento público la PDDH. "Lo que hay en el país y en la comunidad internacional es una profunda preocupación de lo que pasa al interior de la Policía. La Policía no ha superado sus problemas de irrespeto a la legalidad y de irrespeto a los procesos apegados a los derechos humanos: hace un uso excesivo de las armas de fuego en sus operativos, en enfrentamientos; y está el tema de las ejecuciones extrajudiciales", dice.

El ministro de Seguridad y Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, desestimó las críticas y repitió que el Gobierno no comparte el llamado de los organismos de derechos humanos nacionales ni internacionales.  "No podemos esperar posiciones distintas. Esa es su naturaleza. Eso no quiere decir que nosotros compartamos en su totalidad esos argumentos, como ya lo hemos hecho ver. En el caso del relator de los derechos humanos, como de la relatora especial de las ejecuciones extrajudiciales, algunos contenidos del informe fueron, digamos, manipulados, pero otros ya les expresamos que no los compartíamos", dijo. 

Landaverde defendió las actuaciones de los agentes de policía que están bajo su responsabilidad. "Estamos en momentos en los que hay enfrentamientos y las fuerzas de seguridad tienen que usar sus armas para defenderse", dijo. 

El presidente Sánchez Cerén afirmó, sin mostrar cifras o pruebas fehacientes, que el Plan El Salvador Seguro está dando resultados en los 50 municipios donde está llevándose a cabo. “En los 50 municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro bajaron los homicidios y las extorsiones”, dijo.

Este Gobierno arrancó en su primer año con 4,632 homicidios; escaló hasta los 7,193 en su segundo año ; bajó hasta 3,963 en el tercero; y en este cuarto llegó a los 4,030 homicidios. Entre su tercer y cuarto año, el gobierno podría quejarse de un ligero repunte o, siendo optimista, celebrar una estabilización. Pero al sumar las cifras de sus cuatro años de gobierno, y al compararla con las cifras de los cuatro años de sus antecesores, el presidente tiene poco que celebrar.

Durante los primeros cuatro años de Antonio Saca El Salvador registró 14 mil 299 homicidios; en los primeros cuatro años de administración Funes, 14 mil 414 homicidios; y en los primeros cuatro años de administración Cerén, 19 mil 825 homicidios. Es decir que Sánchez Cerén cierra su cuarto año con un incremento en los homicidios del 37% respecto a los primeros cuatro años de la administración Funes; y un incremento del 38% respecto a Saca.

*Con reportes de María Luz Nóchez, Roberto Valencia y Daniel Valencia

*Fe de errata: en la versión original de este artículo se consignó que la viceministra de Economía, Merlin Barrera, "dijo que el presidente se equivocó al mencionar un periodo de tiempo diferente al que han gobernado las dos administraciones del FMLN". La versión correcta y que ha sido modificada en la mañana del 2 de junio es esta: "Barrera confirmó el error en el discurso presidencial detectado por El Faro: la mención de un periodo de tiempo diferente al que han gobernado las dos administraciones del FMLN".

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