El presidente Salvador Sánchez Cerén vetó la tarde de este martes 21 de agosto un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que desprotegía los bienes culturales del país. En su justificación, el mandatario califica de inconstitucional lo que habían aprobado los diputados 10 días atrás, por entrar en contradicción con lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural (LEPPCES) y al menos 19 tratados internacionales de cumplimiento obligatorio. Además, el presidente acusa a los legisladores de haber actuado más allá de sus atribuciones legales.
El inciso 2 del artículo 8 de la LEPPCES establece que “los planes de desarrollo urbano y rurales, los de las obras públicas en general y los de construcciones o restauraciones privadas que, de un modo u otro, se relacionen con un bien cultural inmueble serán sometidos por la entidad responsable de la obra a la autorización previa del ministerio a través de sus respectivas dependencias”. Para el caso de las urbanizaciones, por ejemplo, la entidad responsable suele ser la empresa constructora.
La propuesta de los diputados, en cambio, modificaba la obligatoriedad de las entidades responsables. Con la supuesta interpretación auténtica, las empresas debían pedir permiso de construcción o restauración al ministerio solo si el proyecto estaba vinculado a un bien cultural “así declarado”. Bajo esta premisa, a menos que un sitio cuente con un documento oficial que lo acredite como bien cultural, Cultura no tendría la potestad de autorizar (o no) las obras que afectan a ese lugar. En respuesta a esta modificación, el presidente explica en su veto que 'lo delicado de la interpretación es que sería imposible salvaguardar y conservar el tesoro cultural salvadoreño, respecto de aquellos bienes que por su naturaleza gozan de la presunción de bien cultural. Por ejemplo, un bien inmueble que producto de obras de terracería deja en descubierto un asentamiento prehispánico (sitio arqueológico)'. De hecho, esto ya ha sucedido en más de una ocasión.
La medida se aprobó en medio del debate legislativo por “dirimir la verdad” de lo sucedido en Tacuscalco, un sitio arqueológico de primer orden, destruido por la constructora Fénix, ubicado entre los municipios de Sonsonate y Nahulingo.
El recurso de interpretación auténtica sirve para que los legisladores pongan los puntos sobre las íes en aquellos apartados en los que el texto de la ley no es claro. Es decir, para dejar explícito aquello que el autor de la ley quiso decir. Sin embargo, la propuesta por la Asamblea entraba en contradicción con los artículos 2, 3, 11 y 40 de la LEPPCES; el 1, 21, 63 y 246 de la Constitución y 19 tratados internacionales en materia de protección al patrimonio suscritos por El Salvador.
Con su veto, el presidente también corrige la plana a los diputados respecto de sus atribuciones constitucionales y advierte que lo presentado, más que una interpretación, es un intento de reforma de Ley: 'De la lectura del decreto -explica- se puede colegir que en realidad se trata de una reforma legal, ya que se está modificando el sentido del artículo 8, incorporando elementos no contenidos en dicha disposición y, por tanto, modificando reglas tutelares consagradas para la protección del patrimonio cultural'.
Los diputados tienen dos alternativas: la primera consiste en revisar los argumentos del presidente, someterlos a consideración y emitir un nuevo decreto en espera que lo sancione. El segundo sería buscar la correlación de votos para superar el veto. Ante la posibilidad de que ocurra este último escenario, los técnicos del Ministerio de Cultura se reunieron la mañana del miércoles 22 de agosto con Guadalupe Vásquez, jefe de fracción del partido Gana. El centro de la reunión fue explicar las razones por las que es importante que no se supere el veto, según explicó Hugo Díaz, jefe del departamento de arqueología del ministerio. Los 10 diputados de Gana son claves para lograr la mayoría calificada. Vásquez se comprometió a hablar con sus compañeros para pedirles que no den sus votos, pero aclaró al funcionario que cada uno es libre de votar según considere conveniente.
Luego, si superan el veto, aún queda la posibilidad de que alguna institución, o algún ciudadano, demanden a la Asamblea Legislativa en la Sala de lo Constitucional. Sin embargo, los diputados todavía no han elegido a los magistrados.
Almendáriz: 'Hay que actualizar'
Ahora, la propuesta regresa a la comisión y los diputados deberán estudiar sus argumentos. Los esgrimidos por el presidente se suman a los presentados en el seno de la comisión que estudia el caso de Tacuscalco. Los diputados escucharon a historiadores, arqueólogos, gestores culturales y representantes de las comunidades indígenas que pidieron a los legisladores que fallen a favor del Estado y no de la empresa Fénix. No obstante, el resultado de esas cinco convocatorias más la visita al sitio resultaron en la supuesta interpretación auténtica que ahora el presidente califica de inconstitucional.
Dos de los partidos representados en la comisión que investiga el problema en Tacuscalco han recibido financiamiento de empresas vinculadas a Fénix: Salazar Romero y Gumarsal, que han actuado como financistas de Arena y PCN, respectivamente. Sobre el posible conflicto de interés que esto podría representar, Almendáriz dijo que esa información no le constaba y que se trataba de interpretaciones de la periodista.
La medida propuesta por los diputados de derecha se alineaba con el argumento principal de Inversiones Fénix en cuanto a la legalidad de las obras de construcción de la Acrópoli Sonsonate. Los voceros de la empresa, en su defensa, insistieron en que no existe tal sitio arqueológico en la zona donde ellos construyeron. De hecho, respaldan su argumento en la declaratoria fechada en 1997 que declara como bien cultural solo a las 46.5 manzanas colindantes con su terreno.
La declaratoria se generó, precisamente, a partir de la solicitud de permiso que hiciera la lotificadora Parcel and Land S.A. de C.V. al entonces Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (Concultura) para lotificar la zona. El permiso fue denegado luego de que se identificaran estructuras prehispánicas monticuladas.
Cuestionado por la aprobación de un decreto que estaba más bien orientado a defender los intereses de Fénix por sobre los del Estado, el diputado pecenista y presidente de la comisión, Antonio Almendáriz, declaró a El Faro que se trataba de una lectura érronea de la propuesta y se resguardaba en el criterio de sus asesores.
Podría parecer que se está pasando por interpretación una especie de reforma, porque pasa de ser bien cultural, de manera amplia, a limitarlo a los 'así declarado' y eso deja en un limbo a aquellos sitios que si bien están reconocidos, como lo que habla la definición del artículo 3, todavía no tienen una declaratoria.
¿Qué abogado le ha dicho a usted eso? Si usted está dando esa posición es porque usted la consultó con algún abogado. ¿Qué abogado le dio esa opinión sobre esa interpretación auténtica?
Ninguno. He comparado los textos de la Ley con la interpretación auténtica.
¿Usted es licenciada en ciencias jurídicas?
No, no lo soy. Pero no es necesario ser abogado para entender las leyes.
Tampoco nosotros y por eso lo que hacemos es buscar a los que saben. Lo que hemos planteado es lo que saben. Si nos pusiéramos a (dar) opinión, así como usted, (y ya) que no somos abogados, podríamos decir cualquier cosa. Por eso es que no nos aventuramos a dar una opinión. Por el ejemplo en el caso mío, que no soy abogado. Perdóneme, pero una opinión dada solo porque uno cree... no es así. Tiene que ser un abogado.
Otra de las razones por las que la interpretación auténtica da indicios de que la comisión está más interesada en proteger los intereses de la empresa que del Estado es porque al delimitar la competencia del ministerio a otorgar permisos solo para bienes culturales 'así declarados' se alinea con el argumento esgrimido por Fénix desde el principio: que el terreno en el que ellos han construido no está dentro del área así declarada en 1997, por tanto no tenían por qué pedir permiso.
Pues sí, como le digo, cuando uno no es abogado, le pueden parecer muchas cosas de una forma o de otra; mas si usted ya trae un prejuicio o perjuicio. Porque por la forma en la que usted me está diciendo, ya me está encauzando a una situación y lo que hemos hecho nada más es ver qué dice el artículo. En una interpretación no se puede poner ni quitar: la interpretación es lo que dice el artículo, no es ni para un lado ni para otro.
Ustedes mismos han dicho en la comisión que es importante reformar la Ley Especial de Protección al Patrimonio.
Sí, hay que actualizarla. Imagínese lo que usted me está hablando. ¿Cuántas áreas hay desprotegidas? ¿Cuántas áreas hay como esa que es importantísima y tiene cultivo encima? Tiene que protegerse de veras. Esto nos ha dado un campanazo de cuántas hay en el país y no se está haciendo nada por parte del Estado. Yo siento, y ahí es donde queremos reformar, que: el Estado esté exento de impuestos para registrar en el CNR. Que no diga: 'como no tengo dinero, no lo puedo registrar'. Sí, pero no es del Gobierno. Pues entonces que se registre a nombre de la persona o como quiera. Yo le decía a la señora ministra que por qué no, en este caso (Tacuscalco), vemos cómo del presupuesto de la nación podemos adquirir ese terreno. Y fíjese bien: de acuerdo a como lo ha declarado. Porque cuando se requisa, se paga de acuerdo a lo que ha declarado. En ese aspecto hay que actualizar la ley. Pero en este caso no estamos reformando, estamos interpretando.
Usted dice que le estoy haciendo las preguntas cargadas de un lado... pero la actuación de algunos diputados en la comisión indica que hay un interés por favorecer a la empresa y no los intereses del Estado. Por ejemplo, Salazar Romero, empresa que factura a nombre de Fénix ha sido financista del partido Arena. Y la diputada Silvia Ostorga, secretaria de la comisión, aparece en una foto junto al dueño de la empresa y el alcalde de Sonsonate, también de Arena, inaugurando la iluminación de una calle.
Me ha preocupado, fíjese. Hoy, cada vez que mis alcaldes vayan a inaugurar una calle, no voy a ir, porque entonces, va a decir que estoy con la empresa esa. Y si va a hacer una licitación y hay un problema como ese, usted me va a poner que estoy de acuerdo con ellos por eso. Si la diputada Silvia Ostorga con el alcalde (Roberto) Aquino inauguraron una calle que hizo Fénix u otra cosa (sic), es porque estaba en una inauguración. Eso que usted dice que porque le ayudan, ya eso es opinión suya.
¿Cree que estoy yo interpretando más allá de que ella está ahí porque es el municipio que ella representa?
Eso es su interpretación. Yo no la comparto. Ni lo puedo asegurar ni la puedo desmentir. Porque no tengo las pruebas que, como usted, quizá las tiene. Perdóneme, pero se está yendo más allá de lo que debe ser. Ya no vamos a ir a ninguna inauguración porque entonces esa empresa ya está involucrada con nosotros. Hay que meternos a un monasterio, entonces.
Los políticos pueden tener relaciones con las empresas que más les parezcan convenientes, pero ¿no le parece que existe un conflicto de interés cuando Salazar Romero y Gumarsal, empresas vinculadas a Fénix han sido financistas de Arena y PCN, respectivamente?
No es que nos parezcan convenientes, es la interrelación que existe en la comunidad. Nosotros representamos al pueblo y muchas veces nos invitan a una serie de situaciones. Pero creo que ese es su criterio.
En el discernimiento y la postura que ha habido de algunos diputados dentro de la comisión ha sido evidente que sus argumentos defienden los de la empresa.
Respeto su análisis, su criterio, pero yo lo que he me limitado es a moderar. Usted ha visto que ni me he ido por un lado ni por el otro, ni con mis ademanes. Yo siempre estoy asintiendo con la cabeza, esa es mi forma de ser y usted lo puede observar con todas las personas que llegaron. Yo creo que con base a apreciaciones eso es lo que no vamos a hacer en la comisión. Nos vamos a basar en lo que tenemos, lo que hemos oído, lo que hemos visto y no una forma subjetiva, porque esto es delicado.
No identifica conflicto de interés de ningún tipo, entonces, que salga en una foto una diputada no quiere decir que...
Para comenzar no he visto la foto. Segundo eso usted lo dice.
Está incluida en el cuadernillo de las fiestas patronales de Sonsonate.
Pues sí, pero yo no he visto todo eso. No voy a las fiestas patronales. No me gusta andar en fiestas.
Bueno, pero que usted no lo haya visto no quiere decir que no sucedió.
Que no lo haya visto no quiere decir que no es cierto, que usted lo haya visto no puede asegurar que lo que está diciendo es cierto tampoco, solo porque salió una foto.
Están los vínculos en las listas de donantes.
No, perdóneme, se está yendo más allá.
Cree que hacer la relación Salazar Romero, financista de Arena...
Es que eso usted lo dice.
Está en la lista que los partidos mismos han presentado.
Esa es su suposición, su criterio. Yo se lo respeto, pero no puedo ni asegurarlo ni desmentirlo.
¿El conflicto de interés me lo estoy imaginando yo?
Es que como no se lo puedo ni asegurar ni desmentir... Eso usted lo ha analizado, ha llegado a esa conclusión, yo no puedo decir si es cierto o no.
No tiene por qué responderme lo de Arena, pero el PCN también ha recibido fondos de Gumarsal, una empresa vinculada con Salazar Romero y Fénix.
¿De veras? Perdóneme, no sabía. Otra noticia que me da usted. Y a lo mejor, si damos la vuelta, agarramos otra. No. Yo, en esa percepción, no me puedo meter. Además otra cosa. Usted dice que Gumarsal está con el PCN, ¿ha visto en mi actuación que yo me inclino a un lado u otro?
