Para llegar hasta Igualtepeque toca tomar una lancha para atravesar un tramo de menos de un kilómetro. El invierno ha hecho subir el nivel del agua del Lago Güija y eso descarta de entrada la opción de hacerlo a pie o en carro. La zona permanece prácticamente desierta, de no ser por los petrograbados que forman una especie de muro a la orilla de la isla. Caminar o brincar sobre estas rocas es la única manera de desplazarse sobre esa zona. Así lo hacen tres personas que se identificaron como promotores de turismo. Ellos llegaron con la esperanza de encontrar un espacio atractivo y viable para llevar a un grupo de turistas que los estaba esperando en el parque acuático Apuzunga, pero se desanimaron porque el lugar, en época de lluvia, no es apto para 'señores' (ancianos), y porque por ningún lado hay datos que den información sobre qué son ni desde cuándo están ahí esos petrograbados. Lo que sí hay en uno de los sitios arqueológicos más importantes de El Salvador son pañales de bebé desechables, bolsas de churros, botellas plásticas y hasta cadáveres de sandalias que se reventaron a medio camino.
A pocos metros de donde los promotores conversan sobre la no viabilidad del lugar para traer turistas está sentado Jorge Panameño, dueño de la isla. Él prefiere pasar inadvertido y ni siquiera se presenta como tal, se limita a preguntar si les gustó lo que vieron. Su plan siempre ha sido que este sea un parque que la gente pueda visitar y enterarse de la historia de este lugar, pero no parece poder conseguirlo nunca.
Hace 15 años, Jorge compró una isla-península en el Lago Güija, en Metapán. Igualtepeque es un trozo de tierra que, resulta, también es un sitio arqueológico, y no uno cualquiera. Contrario a lo que ha sucedido en sitios como El Cambio o Tacuscalco, sin embargo, su afán nunca ha sido destruir para construir, o pretender que ahí no existe nada.
De este suelo brotan piezas de cerámica y obsidiana que sirven como pavimento mezclado con la grama; y en el costado oriente está postrada nada más y nada menos que la mayor concentración de petrograbados de Centroamérica. El afán de su dueño tampoco ha sido extraer piezas para armar su colección y tenerlas en exhibición, como sí lo han hecho la municipalidad de Metapán, el Museo Nacional de Antropología y las oficinas de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica (CEL) en el pasado.
Panameño puso los terrenos a su nombre un 25 de agosto de 2003, según consta en la escritura 7373-E-2010: “Yo sabía que era algo que nadie más en este país podía tener -confiesa-. Por eso la compré”.
Este sitio, considerado de primer nivel, es un bien cultural declarado y con medidas de protección. La declaratoria llegó nueve años después, en 2012, pero un trámite como ese no hizo falta para que él se diera por enterado de que lo que hay ahí es “un tesoro” arqueológico. Él supo desde siempre que era dueño de un terreno especial. Con el paso de los años, no obstante, se dio cuenta de que ser dueño de ese tesoro era el equivalente a tener un bebé que nunca iba a crecer, al que tendría que estar protegiendo y manteniendo por siempre.
En 2008 decidió que vender era su mejor opción y procedió a publicar un anuncio clasificado en los periódicos de mayor circulación. Se reunió con un par de interesados, incluida la Fundación Nacional de Arqueología, pero nadie le ofreció algo que le pareciera significativo. Fundar dijo, en aquella época, que solo querían aconsejarlo; Panameño asegura que lo buscaron para negociar una compraventa. Ahora, diez años más tarde, la venta de una “península con un sitio arqueológico, con pirámide y petrograbados”, ha vuelto a aparecer en los clasificados para escandalizar a las autoridades, la prensa y los lugareños. Jorge pide 5 millones de dólares y asegura que ya hay compradores interesados.
La isla está habitada desde hace al menos 30 años por más de una veintena de familias. 18 fueron ubicadas ahí por el Estado, y ese mismo año en el que Panameño quiso vender el terreno, entregó escrituras de comodato por 25 años a las familias por medio del Instituto de Transformación Agraria (ISTA). Las demás se instalaron ahí sin permiso de nadie, solo por el simple hecho de tratarse de un espacio disponible para construir y mudarse. Y no tienen ningún reparo en admitirlo.
Algunas de esas casas bordean una pirámide oculta por la maleza y las heces de ganado que se encuentran en el recorrido hacia la cima. Otras son esqueletos de construcciones a medias que fueron detenidas por denuncias de Panameño y demás habitantes a la Fiscalía y al ahora Ministerio de Cultura. Pese a la declaración de bien cultural de este terreno, el sitio está más bien tirado a su suerte, o a la de sus habitantes y vecinos. Los únicos interesados en conservarla parecen ser los arqueólogos, pero resulta insuficiente para un Estado que no los dota de recursos suficientes para hacer, al menos, investigación.
Panameño decidió retomar su plan de venta luego de salir aireado de un litigio por la propiedad de la isla con el Estado. Hasta 2015, la Secretaría de Cultura daba por sentado que la isla era de Panameño, pero en 2016, la unidad de intereses del estado de la Fiscalía intentó anular su escritura de propiedad. En enero de ese año, presentó ante el juzgado de lo civil de Metapán una demanda para que se declarara que la isla-península es en realidad propiedad del Estado de El Salvador.
La Fiscalía decidió iniciar el proceso en enero 2016 luego de que un mes antes, el 2 de diciembre 2015, visitara el sitio a partir de una solicitud que Panameño hiciera a la oficina de mantenimiento catastral de Santa Ana. Panameño buscaba que se aprobaran los planos de remedición del inmueble, y para ello tanto la FGR como el Ministerio de Medio Ambiente deben dar su visto bueno. Ambas instituciones se opusieron “por ser una isla parte de las tierras emergentes del lago de Güija y tener un proceso legal pendiente”, según consta en una nota de la Dirección del Instituto Geográfico y del Catastro Nacional.
“Ni me hacen caso cuando los busco y ahora me lo quieren quitar”, reclama Panameño, y agrega que lo ideal sería que el Ministerio de Cultura lo comprara y se convirtiera en parque. Donarlo tampoco es una opción.
El pasado jueves 20 de septiembre, ante la divulgación del clasificado en redes sociales, la institución se pronunció en un comunicado en el que aseguraba que la isla-península no podía venderse por ser propiedad del Estado.
El Ministerio de Cultura informa que la isla-península Igualtepeque, ubicada en el lago de Güija en Metapán, no se puede vender pues es propiedad del Estado según el Decreto Legislativo número 283, publicado en el Diario Oficial número 71, tomo 247, de fecha 24 de abril 1975. pic.twitter.com/DHAbCj3hPU
— patrimoniosv (@DirPatrimoniosv) September 21, 2018
Pero el Ministerio estaba equivocado. Su afirmación estaba basada en un documento fechado el 5 de enero 2016 por la jefa de la Unidad Civil de la FGR en donde se notificaba que se tramitaría la nulidad del título de propiedad que Panameño había adquirido. En el ministerio no tenían ni idea de que la demanda había sido desestimada por el juzgado de lo civil de Metapán el 18 de mayo de este año. La Fiscalía nunca notificó a la institución. Ahora, los arqueólogos enfrentan una suerte de incertidumbre. Reconocen que el comunicado salió de manera adelantada, y que a partir de la nota de 2016 de la Fiscalía ellos daban por hecho que el dueño era el Estado, no Panameño.
La Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador no prohíbe la tenencia privada de bienes culturales, pero la hipótesis de la fiscalía, explicó a El Faro el arqueólogo Marlon Escamilla, entonces director de Patrimonio Cultural y Natural de la Secultura, era que la escritura de propiedad que había obtenido el dueño anterior se había conseguido de manera fraudulenta, la cual ya fue descartada y desestimada por un juez.
“Este es un patrimonio de la humanidad, no debería de estar ahí descuidado. La Unesco y el gobierno deberían de darme dinero para mantenerlo”, reclama Panameño ante el contenido del comunicado y una nota periodística en donde, sin haber hablado con él ni contrastado con ningún documento, se ponía en duda su propiedad sobre el inmueble. Él entregó a El Faro un legajo de documentos en donde constan la compraventa, los trámites ante el registro, y la contrademanda que presentó después de ser notificado del proceso interpuesto por la Fiscalía. En los archivos del Centro Nacional de Registro se valida su versión.
En realidad, la Unesco no tiene nada que ver, al menos no en este sitio arqueológico. El único con declaratoria por parte de la organización internacional es Joya de Cerén, y lo que esta supone es una serie de obligaciones que el país debe cumplir para protegerlo.
Los funcionarios matizan el abandono de la institución sobre el sitio arqueológico y descartan con mayor énfasis que sea deliberado. “Ya quisiéramos pasar excavando ahí todo el tiempo”, exclama Margarita Morán, la arqueóloga encargada de dar seguimiento a Igualtepeque, “pero con que ni en Las Marías, que es del Estado, podemos hacerlo por falta de dinero”. La dirección de arqueología del Ministerio de Cultura cuenta apenas con 10 arqueólogos para hacerse cargo de 673 sitios arqueológicos registrados. Muchos de estos no han podido ser investigados precisamente por falta de fondos. Los que sí, ha sido en ocasiones, gracias a la cooperación internacional coordinada por los mismos arqueólogos.
Desde 2015, Morán ha encabezado una serie de actividades en la isla-península que han incluido la insistencia hacia la alcaldía de Metapán de resposabilizarse por la protección del patrimonio arqueológico. La alcaldía ha asistido a estas convocatorias, pero en la práctica está más bien ausente. La Ley Especial de Protección al Patrimonio y su reglamento establecen que sobre las municipalidades recae la tarea de ejecutar funciones de conservación y salvaguarda en forma permanente en cada municipio, sobre todo cuando los bienes culturales no están en posesión del Estado. La comuna, no obstante, ha sido parte de quienes han extraído piezas arqueológicas de su lugar original: en la fachada de la alcaldía se exhiben dos petrograbados, cuyos dibujos han sido pintados con pintura blanca para que se distingan. No son los únicos: en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología hay una veintena de petrograbados regados y repintados con pintura roja. Los arqueólogos reniegan de esta práctica y explican que, según el registro, las piezas están ahí desde mediados de los 70.
El sitio está registrado desde 1942, e incluso así el Estado entregó porciones de este terreno para construir viviendas. Igualtepeque no es el primer sitio arqueológico con el que el Estado hace lo mismo. En 2003, fallas en la presidencia del extinto Consejo Nacional para la Cultura y las Artes propiciaron la destrucción de estructuras y entierros prehispánicos en Cihuatán.
Las visitas también han incluido una serie de talleres con las personas que habitan la isla para concienciarlos sobre la importancia del lugar donde habitan y de que denuncien cualquier construcción que se realice, ya que la declaratoria de bien cultural admite solo cultivo no invasivo y que el pasto se utilice para alimentar el ganado. Es más, las viviendas de las familias que viven ahí no deberían de existir, ya que con ellas probablemente ya se realizaron “alteraciones irreversibles” al patrimonio arqueológico. Las familias, sin embargo, tienen una escritura que les permite habitar en la zona hasta 2025.
Magdaleno Magaña es uno de los beneficiados con los contratos de comodato entregado por el Ista y además de uno de los habitantes más reconocidos, en particular, por su colección de piezas arqueológicas. Estima que tiene aproximadamente 300 en su haber y que su afán de coleccionarlas ha sido siempre para poner un museo. Asegura que por años los saqueadores han subido a la cima del cerro para obtener su botín “hasta con tiendas de campaña” y que él empezó a comprarles algunas piezas fragmentadas para evitar que todo saliera de la isla. “No puede ser que se lleven todo nuestro patrimonio arqueológico, algo tiene que quedarnos”, agrega.
Prácticas como la de don Leno, como es conocido, alimentó el afán de ofertantes de algunos de los jóvenes de la isla que, al enterarse de que esos trozos valían dinero, subían a excavar para ofrecerle nuevas piezas. Entre su colección hay platos, vasijas y ollas de cerámica plomiza Tohil, puntas de lanza de obsidiana y piedras de jade. La compra paró hace años, asegura, pero previo a la dolarización, podía pagar de 25 a 200 colones por ítem. Cuando El Faro visitó por primera vez la isla, en 2008, él calculaba que ya tenía 20 años de vivir ahí.
Al igual que hace diez años, la historia de don Leno y Panameño sigue entrelazada. Hace diez años, Panameño dijo que no se acercaba a don Leno por ser 'precavido'. Ahora lo hace sin problemas e intenta llegar a un acuerdo, uno que parece imposible. En su última visita a la isla, le hizo una propuesta: que accedieran a mudarse a otro terreno que él ha adquirido, fuera de la península, porque donde viven actualmente lo va a vender. La noticia no le cayó en gracia al anciano y le recordó que no puede venderlo, aunque eso no sea cierto: “ese ha sido precisamente el problema en Tacuscalco”, agregó. Tacuscalco es un sitio arqueológico ubicado en Nahulingo, cuyo terreno donde está ubicado fue adquirido por una empresa constructora. La empresa, al contrario de las pretensiones de Panameño, desconoció siempre que ahí existiera patrimonio arqueológico y metió tractores que destruyeron de manera irreversible la capa cultural.
Panameño le enseñó un cuaderno de páginas anilladas donde tiene toda la información que lo respalda como dueño y le aclara que ya tiene una oferta: “yo ayudarte quiero”, concluye.
Esta no es la primera vez que “nos amenaza con sacarnos”, explica don Leno. Y aunque las amenazas no constan más que de palabra de él, sí el papeleo para intentar desalojarlos. El 15 de octubre 2015, Panameño interpuso una demanda en la oficina fiscal de Santa Ana por infracción a las medidas de registro, control, circulación y protección de bienes culturales, y por usurpación de inmueble. Sobre esta aún no ha habido fallo.
Esta vez, Panameño se ha abocado a algunos medios de comunicación para defender su propiedad y lo que él califica como abandono del sitio arqueológico. Reclama que el ministerio no se hace cargo, pero que tampoco lo deja vender. La información, sin embargo, se ha utilizado con despropósito por algunos de ellos, como el noticiero Telenoticias 21. El presentador Roberto Hugo Preza comparó este caso con la destrucción en Tacuscalco, lugar donde él mismo aseguró, pese a la evidencia presentada por el Ministerio de Cultura, que no se ha demostrado la existencia de un sitio arqueológico.
Panameño siempre ha soñado con que su isla se convierta en un atractivo turístico y esta vez la oferta de unos inversionistas cuya identidad decidió no revelar lo tiene deslumbrado: “ya va a ver qué bonito, se va a sentir en Miami”, sugirió antes de enviar por correo un video con la propuesta. Se trata de un parque con pasillos que conectan la plaza y la pirámide del sitio, con un muelle y malecón que sobresale por encima de los petrograbados. Una construcción como esta es, a todas luces según los arqueólogos, inviable. No solo porque restaría visibilidad a las rocas, sino porque implicaría aplanar el terreno y, por ende, pasarse llevando una o dos capas culturales. Este es, sin embargo, el único plan que existe hasta ahora, aún con sus defectos, por poner en valor el patrimonio arqueológico, tal como lo explicita la declaratoria de bien cultural.
