El juez cuarto de Instrucción de San Salvador, Rigoberto Chicas, ordenó a la Fiscalía que abra una nueva investigación 'seria' que permita conocer a todos los implicados en el asesinato de monseñor Óscar Romero, recién nombrado santo de la Iglesia católica. En su resolución, el juez ordenó la recaptura del capitán Álvaro Rafael Saravia, único imputado de la justicia salvadoreña por el caso, aunque el juez Chicas advierte que debe haber más. 'Cumplió órdenes y las dio', dice sobre Saravia, uno de los autores materiales del crimen, y quien confesó a El Faro cómo se planificó y ejecutó el crimen el 24 de marzo de 1980.
El llamado del juzgado a la Fiscalía toma como insumos una investigación judicial que se trabajó con poca diligencia de parte del Estado en la década de los 80, y que ya incluía una agenda atribuida al mayor Roberto d'Aubuisson que arroja pistas importantes para esclarecer el asesinato; las investigaciones d la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas sobre la guerra civil, la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del año 2000 y la investigación de El Faro sobre el asesinato de Romero.
Mientras la Fiscalía sustenta un nuevo requerimiento, con las leyes actuales y no las vigentes al momento del asesinato, la resolución del juez solo afecta al capitán Saravia, que vuelve a ser prófugo de la justicia salvadoreña.
El juez reconoce que “Saravia tuvo participación en la comisión del delito al cumplir órdenes y dar órdenes, y además en diseñar parte de la estrategia que se emplearía en la ejecución de la muerte de monseñor Óscar Arnulfo Romero Galdámez”. Así, el juez reafirma que hay otros autores implicados en el magnicidio, aunque no han sido acusados formalmente. Pese a ello, Chicas ha decidido seguir adelante solo con el proceso contra Saravia y pasa la estafeta a la Fiscalía todo lo que respecta a nuevos acusados.
El mayor Roberto d'Aubuisson, fundador del partido Arena, falleció en 1992 y fue parte de la conspiración para asesinar a monseñor Romero. Pero en una conferencia de prensa este 24 de octubre, los querellantes particulares del caso recordaron nombres que ya han sido señalados en otros archivos: el capitán Eduardo Ávila (fallecido), Fernando Sagrera (socio de d'Aubuisson), Mario Molina (hijo del expresidente Arturo Armando Molina) o Gabriel Montenegro, quién también contó su versión de los hechos a El Faro.
El juez Chicas, que dirigió la etapa de instrucción del juicio contra el expresidente Antonio Saca, condenado a 10 años de prisión por corrupción, se tardó 17 meses entre su decisión de reabrir el caso y esta nueva, que pone en marcha la investigación. El caso de monseñor Romero es otro caso de la guerra civil reabierto, tras la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de Amnistía, en 2016. Es, además, uno de los casos más significativos en el contexto del conflicto armado. El asesinato de Romero es considerado como el punto de inicio de la guerra civil salvadoreña. Una corte estadounidense ya declaró este como un crimen contra la humanidad. Incluso en medio de las celebraciones por la canonización de Romero, el cardenal Gregorio Rosa Chávez pidió en Roma que se siguiera este juicio.
Saravia, según la investigación judicial, tenía alrededor de cuarenta años cuando ocurrieron los hechos “y hoy como de setenta y ocho años de edad aproximadamente, piel blanca, gordo(sic), pelirrojo, estatura de un metro setenta centímetros aproximadamente ojos claros y Ex Capitán de la Fuerza Armada de El Salvador”. En 2009, Saravia admitió su participación en el crimen y dio detalles sobre la planificación, en una serie de entrevistas con El Faro.
Saravia en el castillo de D’Aubuisson
El expediente judicial del caso Romero tiene más de dos mil páginas. De todo ese legajo, el juez Chicas escogió algunos pasajes específicos para justificar la detención de Saravia. Pero esas selecciones también son sugerencias a la Fiscalía de lugares por donde empezar. En la resolución, Chicas les envía a los fiscales una copia de todo el expediente y les dice que “de la información contenida en él, se pueden deducir varias líneas de investigación que permitan descubrir la verdad de los hechos y sus autores o partícipes”.
De todos los testimonios, el que más resalta Chicas es el de Amado Garay, el chófer que llevó al asesino de monseñor Romero a la iglesia la Divina Providencia. En la declaración agregada al expediente, Garay dijo que “como a las seis de la tarde escuchó noticias en la radio de que un día antes habían dado muerte a Monseñor Romero”. Según Garay, fue hasta ese momento que pensó que la persona que había andado con él “que usaba barba, quien apuntaba a la iglesia y el olor a pólvora' había sido quién, en ese momento, mató al arzobispo.
Garay dijo además que tres días después del asesinato, fue con el capitán Saravia “hacia una casa que parecía un castillo, en la cual entraron por un portón negro, entrando por una calle como de cincuenta metros”. La casa estaba frente al canal Dos de televisión, sobre la calle que conduce a Santa Tecla, según la declaración. Afuera del castillo, estaba el mayor D' Aubuisson. Saravia se bajó del carro y Garay reconstruye parte de ese diálogo.
—Ya hicimos lo que habían planeado, matar a Monseñor Arnulfo Romero— dijo Saravia.
—No lo hubieran hecho todavía— le contestó el mayor.
—Como usted dio la orden lo hicimos— replicó Saravia.
Garay reside en Estados Unidos, que para 2005 era protegido del gobierno estadounidense. El juez Chicas cree que hay suficientes razones para creerle a su declaración inicial. Esas razones incluyen declaraciones sobre importantes funcionarios salvadoreños de la época, que según el juez “refuerzan la credibilidad” del testimonio de Amado Garay.
El juez Chicas cita entre esos funcionarios a Roberto Girón Flores, fiscal general de la República para ese entonces, cuyo testimonio consta de tres páginas. También cita al ex ministro de Justicia, Julio Alfredo Samayoa, quien “confirma la calidad de testigo directo de dichos hechos, del señor Amado Garay, y la vinculación laboral de este con el imputado”. También está anexo al expediente una declaración de Gerardo Le Chevallier (ya fallecido), en aquel entonces Viceministro de Comunicaciones, de 14 páginas.
El juez también considera importantes las declaraciones de los miembros de la junta de Gobierno (1980- 1982). En el expediente constan los testimonios del coronel Jaime Abdul Gutiérrez, cercano al mayor d’Aubuisson y representante del ala dura del militarismo; José Ramón Avalos Navarrete, un civil de esa junta; y José Antonio Morales Ehrlich, miembro de la Democracia Cristiana y ahora del desaparecido Cambio Democrático. Según el juez, sus testimonios “aunque arrojan indicios mínimos sobre los hechos acusados al señor Saravia Merino, de alguna forma genera vinculación con los mismos”.
Las reglas del juego
En todos los casos de la guerra civil reabiertos, los jueces deben decidir con qué reglas van a juzgar. Las reglas vigentes en la década de los 80 establecen que era responsabilidad del juez dirigir la investigación de un delito, para después decidir sobre él. Los códigos penal y procesal penal cambiaron en 1998, para darle el monopolio de la investigación a la Fiscalía. La Sala de lo Constitucional dio libertad a los jueces para usar las leyes vigentes cuando ocurrieron los hechos o usar las leyes actuales. Por ejemplo, en el proceso por la masacre de El Mozote, el juez Jorge Guzmán alterna entre leyes derogadas y vigentes para distintos actos procesales.
Los fiscales de El Mozote son los mismos del caso Romero. Julio César Larrama, Juan José Benavides y Daniel Montesinos pidieron al juez que él se encargara de dirigir la investigación, es decir, que usara las reglas antiguas. Pero Chicas se negó.
El juez afirma que “para poder llegar a la verdad real y conocer quienes participaron en el delito de Homicidio Agravado en perjuicio de la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdámez, debe ser el ente fiscal, el que dé inicio a una investigación seria”. Cualquier nueva acusación contra probables partícipes o autores “debe ser iniciada, investigada y de ser necesario judicializada utilizando los procedimientos que establece el Código Procesal Penal actual”, decidió Chicas.
Según el juez, las leyes vigentes brindan “más y mejores garantías a la persona o personas que se le pueda imputar un delito y además brinda mejores técnicas de investigación a la Fiscalía General de la República”.
La Sala que vio inocente a Saravia
Todas las cuentas en el caso de Romero hablan de una deuda histórica y un retraso intencional, provocado desde los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El caso se abrió en 1980, pero algunos testigos fueron llamados a declarar hasta siete años después. En 1993, el presidente Félix Cristiani hablaba de perdón y olvido y la Asamblea Legislativa convirtió esa máxima en ley, cuando aprobó la “ley general de amnistía para la consolidación de la paz”. El juez Chicas ahora recuerda una resolución de la Sala de lo Constitucional versión 1988 que resolvió un Habeas Corpus en favor del capitán Saravia.
Los abogados Vicente Orlando Vásquez Cruz y Walter Mauricio Chávez Zelaya iniciaron las diligencias de exhibición personal a favor del señor Saravia Merino. El 19 de diciembre de 1988, la Sala de lo Constitucional determinó que en el proceso por Romero no había elementos suficientes para imputar a Saravia. “... no habiendo méritos para la detención del favorecido ÁLVARO RAFAEL SARAVIA MERINO, cese la restricción a su libertad de parte del juez cuarto de lo penal de este Distrito Judicial, quien deberá levantar las órdenes de captura decretadas...”, se lee en la sentencia.
Cuando la Sala de lo Constitucional tomó esa decisión, el presidente de la Corte Suprema era Francisco Guerrero, amigo personal del mayor d'Aubuisson y compañero suyo como miembro de la Liga Mundial Anticomunista. En junio de 1984, la Asamblea Legislativa eligió como magistrados de la Sala de lo Constitucional a Guerrero, Mauricio Gutiérrez Castro, Fabio Hércules Pineda, Jorge Hernández Colocho y Eduardo Alfredo Cuéllar.
Según el querellante particular Alejandro Díaz, de Tutela Legal María Julia Hernández, ellos también pedirán al juez la persecución penal a los integrantes de aquella corte que obstaculizó el juicio en El Salvador. 'Consideramos que hay delito de esa corte, una complicidad de los magistrados que ayudaron a Saravia con un Hábeas Corpus para que el caso quedara en la impunidad', dijo Díaz.
El 3 de septiembre de 2004, el capitán Álvaro Saravia fue condenado por el asesinato de Romero en una corte de Fresno, California. Desde entonces es prófugo de la justicia estadounidense. 12 años después, la justicia salvadoreña también pide su captura.
