El gobierno de Donald Trump busca un acuerdo que obligaría a Guatemala a acoger migrantes que busquen asilo en Estados Unidos. El acuerdo declararía a Guatemala como un 'tercer país seguro', aunque este sea uno de los tres países centroamericanos que más migrantes expulsan hacia Estados Unidos.
Según un borrador del acuerdo, obtenido por la revista estadounidense 'The New Yorker', personas que busquen asilo en Estados Unidos (no solo centroamericanos sino de cualquier país) podrían ser enviados a buscar asilo en Guatemala. Sin embargo, se cree que el objetivo principal sería que Guatemala procese los pedidos de asilo de todos los migrantes que pasan por su territorio en su marcha hacia el norte.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, canceló este domingo una reunión con Trump, prevista para el lunes 15 de julio en Washington, en la que se anunciaría el acuerdo. La cancelación del viaje de Morales solo se dio después de que el plan enfrentara fuertes críticas y un proceso abierto en la Corte Constitucional guatemalteca.
El gobierno de Guatemala, que había mantenido hermetismo sobre los detalles del convenio, dijo que 'en ningún momento se contempla firmar un acuerdo para convertir a Guatemala en un tercer país seguro'. Diferentes sectores sociales han alzado la voz para rechazar la posibilidad de un acuerdo al considerar una obviedad: que Guatemala, como país productor de migrantes, es incapaz de acoger migrantes.
Las leyes de Estados Unidos obligan a ese país a darle una oportunidad a quienes solicitan asilo para presentar su caso ante las cortes. El nuevo arreglo evitaría esa posibilidad, según el New Yorker, que calcula que actualmente hay un millón de casos en espera de resolución. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó el viernes 12 de julio un superpoblado centro de detención de migrantes en Texas y se declaró 'sorprendido'.
En el puesto fronterizo de McAllen, en la frontera con México, Pence vio 384 hombres detenidos en condiciones de hacinamiento, sin camas, colchones o almohadas y en medio de un olor pestilente. Algunos gritaron a los periodistas que tenían más de 40 días allí, que tenían hambre o que querían lavarse los dientes. Las imágenes de televisión muestran a un Pence, de brazos cruzados y gesto serio, observar las celdas sin reaccionar.
El reporte del New Yorker dice que el acuerdo no se extiende en detalles sobre cómo sería implementado. Sin embargo, sí ofrece una excepción para migrantes guatemaltecos, algo que para la revista estadounidense explica la disposición a firmar del presidente Morales, un incondicional aliado de Estados Unidos.
Ante la incertidumbre, la Corte de Constitucionalidad (CC) ya recibió tres acciones de amparo para frenar al Ejecutivo. Los amparos fueron interpuestos por un grupo de excancilleres guatemaltecos y un prominente diplomático local, así como por el excandidato presidencial en los comicios del 16 de junio Manfredo Marroquín. Los amparos se presentaron contra Morales, el ministro de Gobernación (Interior), Enrique Degenhart, y la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel.
El ombudsman, Jordán Rodas, también interpuso otro recurso que ya fue aceptado por la CC para su trámite contra los mismos funcionarios y 'ante la amenaza cierta e inminente de que el presidente firme un acuerdo con Estados Unidos para que Guatemala se vuelva tercer país seguro'.
Candidatos presidenciales rechazan el acuerdo
El pleno de magistrados de la Corte Constitucional se reunirá la tarde del 14 de julio para conocer los amparos, según dijo a AFP una fuente de la oficina de prensa de la CC. Entre los argumentos para rechazar el acuerdo se encuentra la imposibilidad económica e institucional de atender a migrantes que esperen decisiones en casos de asilo. 'Es necesario que se otorgue el amparo provisional debido a que los compromisos adquiridos por el Organismo Ejecutivo podrían tener consecuencias para la economía del país por no contarse con la disponibilidad presupuestaria ni de recursos para atender a los miles de migrantes', dice el escrito presentado por el procurador Rodas.
También hay otro argumento contra la firma del acuerdo. A Morales solo le restan cinco meses en su mandato y se cuestiona la legitimidad de que firme un acuerdo tan importante para el futuro del país, a las puertas de que se decida el nuevo gobernante. La segunda vuelta electoral sucederá el 11 de agosto, entre Sandra Torres y Alejandro Giammattei. Ambos rechazaron y criticaron a Morales por su intención.
'Exijo a Jimmy Morales que NO firme acuerdo que lesiona la soberanía que decía defender, ya que impone obligaciones económicas que no podemos asumir y desataría una crisis humanitaria. ¡Rotundamente nos oponemos a ser un 3er país seguro! #NoAl3erPaísSeguro', afirmó en su cuenta de Twitter Torres, quien ganó la primera vuelta el 16 de junio. El argumento acerca de la soberanía nacional fue uno de los que Morales esgrimió para cancelar el mandato de la CICIG, una comisión internacional que combatía la corrupción y bajo la que él mismo está en investigación.
Giammattei fustigó también en declaraciones a periodistas la posibilidad de que se firme tal pacto, considerando que ha sido negociado en secreto, se desconocen sus alcances, no existen condiciones de infraestructura ni económicas para atender a los migrantes y porque a Morales ya solo le quedan cinco meses en el poder.
Guatemala es un país profundamente afectado por la desigualdad. El 59 % de los 17.7 millones de habitantes vive en pobreza, uno de los principales motores de la migración. La mitad de los niños guatemaltecos sufre desnutrición crónica, lo que ubica al país en el primer lugar de Latinoamérica, y sexto a nivel mundial, del ranking de desnutrición infantil, según cifras de UNICEF. Tras algunos años de avances en la lucha contra la corrupción y la impunidad histórica, enfrenta un importante retroceso en sus instituciones y una recuperación de espacio para el status quo. Además, en Guatemala también operan las pandillas de las que muchos migrantes hondureños y salvadoreños huyen.
La organización Amnistía Internacional (AI) se sumó al rechazo generalizado a un acuerdo con Estados Unidos. AI afirmó que Guatemala no reúne las condiciones para ser un país seguro y tiene un sistema de asilo débil. 'Las leyes vigentes en Guatemala para temas de asilo tienen vacíos que no permiten un proceso claro que distinga entre la gente que busca protección por razones de violencia o situaciones de grave peligro o gente que está migrando por otras razones', comentó Juliana Cano Nieto, directora adjunta de campañas para las Américas de AI.
