Apenas tres días antes de la jornada electoral, los pasillos del viejo y hermoso edificio sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, en el corazón de la capital, eran un hervidero de abogados que gritaban y se quejaban aireados. Eran representantes de la veintena de partidos políticos en contienda y estaban allí para reunirse con los magistrados. Una disposición de último momento prohibía el uso de celulares en los centros de votación una vez comenzara el conteo de votos el domingo por la noche. Según el tribunal, así se evitaría violencia porque los partidos no podrían compartir en redes sociales resultados parciales. Según los partidos, la medida atentaba contra la transparencia del proceso.
Al comenzar comenzar la reunión, los abogados sacaron sus celulares y los fueron colocando uno a uno sobre la mesa de los magistrados. El gesto, frente a las cámaras de televisión, hizo que los magistrados guardaran un silencio bochornoso. “¡No vamos a cumplir esa disposición ilegal!”, gritó Eduardo Velásquez, fiscal de la UNE, partido de Sandra Torres, que lidera todas las encuestas. “Le pido respeto”, respondió el presidente del tribunal, Julio Solórzano. Ambos entraron en un cruce altisonante de palabras que solo terminó cuando la única mujer magistrada del TSE, la protagonista de esta entrevista, tomó la palabra. María Eugenia Mijangos puso orden y llamó a la cordura: “De la manera más amable, les pedimos que hagan una reflexión, como tribunal creemos que esta es una medida que evitará la conflictividad”, dijo micrófono en mano.
Horas más tarde, no obstante, el Tribunal dio marcha atrás. “Vimos el retraso y tuvimos que revocar”, explicaba Mijangos, la tarde de ese mismo jueves.
El pequeño incidente retrata la inestabilidad con la que Guatemala va a las urnas hoy para elegir presidencia, congreso y municipalidades. Pero es solo una anécdota comparada con el hecho de que el jefe de la fiscalía electoral del Ministerio Público, Óscar Schaad, haya tenido que huir del país a causa de las graves amenazas contra él y su familia. Que el hombre que tuvo que decidir si la exfiscal general Thelma Aldana podía competir por la presidencia no esté seguro en su país habla de una elección en la que las fuerzas ocultas empañan los resultados antes de que sucedan.
“Estas elecciones han tenido dificultades por la excesiva judicialización en todo sentido. Son unas elecciones inéditas”, reconoce la magistrada Mijangos (Xela, 1946). “Como telón de fondo, tenemos una cierta polarización en la sociedad alrededor del tema de la lucha contra la corrupción y la impunidad”, dice sentada en su despacho. “Unos a favor y otros en contra”.
Que haya un bloque político que se opone abiertamente a la lucha contra la corrupción también demuestra que Guatemala enfrenta una votación crítica. El país elige este domingo, en un clima de desencanto y frustración, quién sucederá en la presidencia al comediante Jimmy Morales, que llegó al cargo en enero de 2015 después del terremoto político que terminó con su antecesor en la cárcel por corrupción y con el favorito en las encuestas convertido en prófugo. Su victoria fue un salto al vacío de los votantes, que salió mal. Morales fue también acusado de distintos delitos por la Cicig y la Fiscalía , y en respuesta dedicó parte de su gobierno a, parapetado en la inmunidad del cargo, desmontar la estructura de lucha contra la corrupción que hizo posible su victoria. Expulsó al comisionado Iván Velásquez y lo intentó con otros investigadores de la Cicig . Con el fin del mandato de la Comisión contra la Impunidad, analistas políticos dan por seguro el regreso de viejas estructuras de corrupción a todos los espacios de poder del país.
En opinión de la magistrado Mijangos, estas elecciones son un referéndum sobre la lucha contra la corrupción. En los últimos cinco años, la Cicig y el MP desarticularon decenas de estructuras criminales vinculadas al poder político. Pero una parte muy poderosa de la élite económica y los partidos conservadores claman que la Cicig hizo justicia selectiva y es un experimento de comunistas que intentan tomarse Guatemala. Mijangos cree que si la comisión internacional se va, el retroceso será inevitable.
Atiende a El Faro en su oficina en la cuarta planta del TSE. Está a punto de cumplir su quinto año en el tribunal. Se la reconoce por haber votado a favor de la suspensión o cancelación de varios partidos políticos, entre ellos el Partido Patriota del expresidente Otto Pérez Molina, condenado por corrupción. Siendo presidenta del Tribunal entre 2017 y 2018, Mijangos respaldó una investigación por financiamiento ilegal contra el partido del presidente Jimmy Morales, FCN-Nación , por 11.5 millones de dólares. Desde entonces se sabe señalada por el establishment. “El FCN nos amenazó, dijeron que nos iban a demandar”, dice. En marzo pasado fue la única magistrada en votar a favor de la inscripción como candidata presidencial de la exfiscal Aldana , hoy refugiada en El Salvador. El resto votó en contra.
Admite las críticas al TSE. Y asegura que decisiones en otras inatsncias estatales demuestran que el país ya está retrocediendo en la lucha contra la corrupción. La única forma de parar el retroceso, de revertirlo, sería que los guatemaltecos elijan un Congreso con funcionarios genuinamente interesados en frenar la impunidad.
EL TSE ha estado inundado hasta el último momento por pequeñas demandas relacionadas con la elección. La desaparición de nombres de candidatos, limitaciones para el trabajo de los fiscales electorales...
Todo ha tenido dificultades por la excesiva judicialización. Por eso se ha dicho que son unas elecciones inéditas. Como telón de fondo, tenemos una cierta polarización en la sociedad alrededor de la forma en cómo se está llevando adelante la lucha contra la corrupción y la impunidad. Guatemala, como El Salvador, es uno de los países con impunidad más alta, superior al 93 % o el 94 %. La población ya no tiene fe en el sistema de Justicia y en muchas de sus instituciones. El mismo Tribunal Supremo Electoral está siendo muy cuestionado. Desempeñarme en este cargo ha sido un reto muy fuerte.
¿El tribunal se siente presionado por el ruido en los medios y las redes sociales?
¡Sí, naturalmente nos presiona! Pero cada quien tiene la concepción sobre lo que debe ser su mandato, y yo hago muchos votos razonados. Acabo de hacer otro porque el Tribunal autorizó que se entregue al partido de Gobierno, el FCN, la deuda política pendiente desde el año 2015. Mi visión es diferente: no es prudente darles el dinero.
¿Por qué negarle al FCN ese financiamiento estatal?
En Latinoamérica es costumbre que el partido en el gobierno se apoye en fondos públicos para hacer campaña. Lo estamos viendo acá (en la última semana de campaña trascendieron noticias sobre la entrega de bonos y alimentos por parte del Ministerio de Agricultura en diversos puntos del país). Eso rompe la equidad del sistema y yo no me explico por qué los otros partidos no protestan. Pero la razón principal por la que quise negar el dinero al FCN es que tuvieron un proceso de cancelación en 2015, del cual se lograron salvar a cambio de una multa, precisamente porque no daban cuentas de su financiamiento. ¡Fue imposible auditarlos! La contadora del partido desapareció un tiempo y cuando reapareció se fue directamente al Ministerio Público a declarar. También en 2015, al FCN se le abrió un expediente porque familias como los Novela, Botrán, Castillo, y otras de grandes recursos económicos, dijeron públicamente que brindaron fondos no reportados a ese partido. El MP después nos solicitó que iniciáramos la cancelación, y es un proceso en marcha, que se interrumpió por este proceso electoral. Habría sido más prudente esperar a que se determine si se cancela o no el partido para darle los fondos.
¿El partido de Gobierno, o el Gobierno, presionaron al TSE para que votara a su favor?
El FCN nos amenazó. Publicó un comunicado diciendo que si no les entregábamos el dinero iban a denunciarnos por apropiación indebida. Yo propuse devolver el dinero a las finanzas públicas y que resolviéramos que el FCN había perdido el derecho por no solicitar el dinero en tiempo. Ha habido otras denuncias contra nosotros, y eso naturalmente provoca temor en la ciudadanía.
Ese temor contrasta con la euforia ciudadana de las protestas de 2015 a favor de la Cicig y del MP.
Venimos de un sistema que todavía era peor que el actual. Antes, a pesar de nuestro elevado índice de corrupción, no existía el nivel de activismo que hoy tiene la sociedad civil. Yo viví gobiernos militares, y ahí no se decía nada Tampoco había periodismo de investigación, ni teníamos la comunicación que ahora es instantánea. Pero nos falta mucho por recorrer para decir que estamos en democracia. El sistema de partidos tiene una debilidad muy fuerte: los partidos no están activos cuando no hay proceso electoral, no están presentes en las discusiones nacionales.
El jefe de la Fiscalía contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval, decía hace unos meses que si la Cicig se va del país se retrocederá en el combate a la corrupción.
Mire, ya se está retrocediendo ahorita. Ya hay un debilitamiento de la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Si usted observa las sentencias de los jueces, ya se está volviendo a lo de antes.
Y el Fiscal Electoral tuvo que huir a principios de semana por amenazas contra él y su familia. Parece gravísimo.
Sí, y ya la misión de la OEA se pronunció. El fiscal Schaad trabajaba conmigo todas las semanas en la mesa de conflictividad del TSE, era proactivo y... ¿cómo le hacen eso? Creo que todo esto fue porque en un evento dijo que ya tenía identificados a dos de los que estaban llevando a cabo... Hace unos días unos grupos de militares salieron con la amenaza de que no iban a dejar que se llevara a cabo el proceso electoral. Tras un diálogo con el comisionado presidencial de diálogo, esos militares dijeron que ellos iban a vigilar que se llevara a cabo el proceso electoral. ¿A cuenta de qué, si para eso hay fiscales de partidos? Cuando Schaad dijo que había identificado a dos de los que estaban coordinándolos, ahí, en ese momento, a los dos días o al día siguiente tuvo las amenazas.
El TSE no se ha pronunciado. ¿Cree que han manejado adecuadamente este tema?
Nosotros en comunicación estamos gravísimos. Yo ya hubiera hecho un pronunciamiento.
¿A título personal no puede hacerlo?
Ya me han preguntado y dije que era lamentable. Pero no soy la presidenta ni tengo la representación en este momento.
Hay quien dice que esta elección es un referendo popular sobre si debe seguir o no el combate a la corrupción.
Casi podría decirse que sí, ¿verdad? La elección está inmersa en esta gran polémica nacional. Muy pocos candidatos se han posicionado claramente cuando les preguntaron si van a continuar o no con los esfuerzos anticorrupción. Este silencio es porque el grupo que está en contra de la lucha a la corrupción dio un tinte ideológico a esto, tildando a los esfuerzos de la Cicig y el MP como de una izquierda radical que quería llevar al país a ser como Venezuela o Nicaragua. Eso también pegó en la ciudadanía, les dio temor.
¿Qué debería ocurrir para que Guatemala no termine de sucumbir ante la impunidad y la corrupción?
Lo bueno sería que entre los nuevos diputados electos, y en la misma figura presidencial, hubiera un deseo genuino y una práctica de tratar de erradicar la corrupción. Si hubiera compromiso de las autoridades de todo nivel, se podría. Determinada gente del sector empresarial está luchando para que no vuelva la Cicig, pero hay otros que conozco que están a favor de que continúe. ¿Por qué? Porque no son empresarios que tengan la cola machucada.
Empresarios y voceros de gremiales empresariales dicen que la Cicig aplicó justicia selectiva y por eso apoyan que se vaya o se reforme. ¿Usted cree que se están protegiendo?
Yo no creo que la Cicig hiciera justicia selectiva. Descubrían los casos y así los iban presentando. Y tampoco podemos decir que toda la élite económica sea así; hay casos como el de Estuardo Porras que dice que está a favor de la lucha contra la corrupción. Quizá en los esfuerzos anticorrupción se cometieron errores, puede ser, todo mundo los comete. Pero eso de que es una agenda de izquierda y hubo justicia selectiva, eso no es cierto.
¿El Tribunal Electoral ha sido permeado por intereses opacos? Hay resoluciones contradictorias. Una instancia resuelve una cosa y luego ustedes, en el pleno de magistrados, la revocan.
Esa es una pregunta muy delicada. No me atrevería a afirmar una cosa así tan fuerte, No tengo pruebas de que eso haya ocurrido. Hay muchas personas que nos señalan por eso, pero yo no podría afirmarlo.
¿Cómo explica entonces que la institución cambiara de criterio respecto a la frustrada candidatura de la exfiscal general Thelma Aldana? Ella ocupaba el tercer lugar en las encuestas y parecía la única candidata con posibilidades reales de mantener a la Cicig en el país y provocar una reforma en el Estado. Se inscribió, pero luego el TSE canceló la candidatura en una votación donde usted fue la única disidente.
Dijeron que lo hice por “consideraciones políticas”, je je.
Usted dijo en su voto que era evidente un acuerdo de distintos actores para bloquearla.
Sí, mire, es que hay dos grupos, por un lado está lo que se ha denominado el “pacto de corruptos”, y por el otro está la gente que no quiere que se elimine la Cicig y pide que siga la lucha contra la corrupción. El primer grupo tiene una enorme influencia en los tribunales. La exfiscal presentó su papelería, iba bien su inscripción, y fue en eso que otros partidos presentaron denuncias en su contra.
Los diputados más activos contra la Cicig, entre ellos el candidato presidencial del partido oficial, Estuardo Galdámez, hicieron una comisión en el congreso para investigar la compra de un edificio ordenada por Aldana, pero la denuncia no prosperó y por eso presentaron denuncias por dos contrataciones que hizo en el MP. Una por una asesoría, que determinamos que estaba todo en regla, y otra por contratar al decano de la universidad San Carlos, que es un caso bajo reserva y de donde salió una orden de captura. Si uno analiza de dónde viene todo esto, es lógico pensar que ella tiene muchos enemigos porque con el jefe de la Cicig hicieron una lucha frontal contra la corrupción y tocaron a grupos y a personajes que jamás habían tocado.
¿Por qué entonces sus compañeros magistrados cancelaron su candidatura?
No lo sé. Ellos son abogados-abogados, en cambio yo soy abogada pero tengo una visión un poquito más amplia y social, por esto de haber trabajado en derechos humanos y en programas de desarrollo. Hice litigios en esa materia, saqué una maestría en ciencia política. Eso me hace que mi visión no sea solo legalista.
¿Existe en Guatemala un pacto de corruptos?
Los esfuerzos de los que no están a favor de la lucha contra la corrupción están más fortalecidos en este momento, porque están más posicionados en las instituciones y tienen más poder económico. Aunque en algunos casos, como por ejemplo cuando se expulsó al comisionado Iván Velásquez, el grupo que está a favor de que siga la lucha contra la corrupción, centros de estudio, de derechos humanos, activistas notables, personajes conocidos, lograron frenarlo a través de acciones judiciales. Esa ha sido la tónica hasta ahora. Y en este escenario tan turbulento se llevan a cabo estas elecciones.
Y es en ese escenario donde el tribunal ha mostrado debilidad. Habilitó las candidaturas de tránsfugas cuando la ley impide que compitan si abandonan el partido por el que resultaron electos, y también avalaron la candidatura de personas con contratos con el Estado, algo también prohibido por ley.
Nuestro mandato debe ser fortalecer a las instituciones políticas, y no solo estar viendo las prácticas. Las resoluciones que usted menciona tienen asidero legal. En el caso de los tránsfugas, tuvimos que analizar quién había cambiado de partido antes de la emisión de la ley, porque en esos casos no se les podía aplicar retroactivamente. En cuanto a los candidatos que eran concesionarios del Estado, se admitió a los que tenían contratos por servicios profesionales, que es otra situación, y a los que habían obtenido contratos de servicios de ínfima cuantía, como 1,500 quetzales. En esos casos declaramos a lugar sus recursos.
Sé que usted tuvo grandes discusiones con sus colegas por el caso de los candidatos que eran concesionarios del Estado pero vendieron sus acciones o empresas unos meses antes de inscribirse. Usted alegaba que eso era un fraude de ley, pero perdió la votación. ¿Ha sido víctima de hostilidades en el TSE por sus posturas?
A veces tenemos discusiones fuertes en el pleno. Tampoco es fácil ser la única mujer en el pleno, o ser la de más edad. El proceso electoral tiene unas características muy especiales, en derecho electoral el auxiliar principal es la ciencia política y yo pienso que el juez electoral no debe tomar decisiones únicamente basadas en el texto de la ley sino que debe ver el contexto sociopolítico. Los que no lo hacen son de una corriente positivista, heredada de este jurista alemán Hans Kelsen, pero recordemos que todo juez tiene también las presunciones legal y humana, y el sano criterio, no solo tiene la norma, ¿verdad?
¿Se arrepiente de haber emitido algún voto disidente, por las presiones que comentaba al inicio de la entrevista?
No, ¿por qué? Volvería a emitirlos. No solo el de la exfiscal, sino también el del FCN, porque ahorita cabalmente veo que yo tenía razón. ¿Cómo les íbamos a dar ese financiamiento si tienen toda la ayuda ilegal del gobierno central? Ahí tengo un video del candidato oficial, de Galdámez, donde está repartiendo sacos con granos y promete que cada dos meses lo hará si gana la elección.
¿Tuvo consecuencias para usted haber votado en contra de la anulación de la candidatura de Aldana?
A mí me dio una enfermedad en la espalda después de ese voto. Guatemala es especial, porque aquí te hacen cualquier cosa con la cara de yo-no-fui. En el resto de Centroamérica son más frontales, más llanos y francos, pero aquí somos más complicados, nunca se sabe qué estamos pensando. Y aquí en el tribunal tenemos problemas de seguridad. No he tenido amenazas directas, pero grupos de extrema derecha han dicho que me van a enjuiciar, ya ni recuerdo por qué. Alguien sacó una publicación en la que aparecía quien fue mi esposo, y lo señalaban de terrorista, y decían que mi hijo trabajaba desde hace 20 años en la oficina de derechos humanos del Arzobispado, como si eso fuera pecado. Pero así es esto.
(La magistrada Mijangos por fin encuentra, en un rincón de su celular, el video donde el candidato Galdámez aparece repartiendo sacos de alimentos del Gobierno.)
Y así, cosas por el estilo. Fíjese que no solo tiene que ver con que los partidos estén tan atrasados y sean solo vehículos electorales, sino también con el nivel de la ciudadanía. Nosotros como tribunal, somos la única institución que tiene como mandato hacer programas de formación cívico política.
¿Cómo se explica el desencanto de la población? Hay cerca del 50 % que, a pocos días de la jornada electoral, no sabe por quién votar.
La gente está que ya no quiere nada. Entre las reformas hubo una que se entendió mal: los partidos pensaron que tenían que postular candidatos presidenciales y si no los iban a cancelar, y por eso ocurre esto. Nunca se había visto tanto presidenciable.
¿Usted mete las manos al fuego por los resultados de esta elección?
Quien va más alta en las encuestas es la UNE. Si usted ve las encuestas, ella parece que pasará a segunda vuelta. Es el mismo escenario de 2015, solo que en la segunda vuelta ya sabemos que aquella vez mucha gente se volteó y votó por el segundo lugar, nuestro actual y dignísimo presidente.
Por su tono parece que no le simpatiza mucho.
¿Y a quién le simpatiza? Bueno, probablemente sí tiene su gente... pero sí, realmente, fue lamentable. Hay investigaciones del MP por financiamiento ilicito contra él, pero tres veces el Congreso ha impedido el antejuicio. De manera general, puedo decir que hay una penetración de ciertas influencias en los órganos gubernamentales. Son instituciones débiles.
