El pasado domingo 11, a dos horas del cierre de urnas, el magistrado Julio Solórzano lucía incómodo. Parapetado en una pequeña mesa frente a las cámaras de televisión, a punto de anunciar a toda Guatemala la puesta a cero del conteo de votos, escondía las manos debajo del mantel encogido de hombros. La pequeñez del presidente del Tribunal Supremo Electoral ante la historia se confirmaría instantes después, cuando fuera de todo protocolo lanzó una súplica desesperada: “A usted, guatemalteco que está en su casa, le pedimos, le requerimos su participación en los centro de votación. La participación electoral siempre se reduce en la segunda vuelta... ¡pero hoy es demasiado!”.
Eran las 4:05 de la tarde y el TSE maniobraba para que los votantes, condenados desde la primera vuelta presidencial a elegir entre dos candidatos bajo sospecha, y a ver morir con ellos una etapa gloriosa de la lucha contra la corrupción, no dejaran en evidencia a quien fuera que ganara. Sin suerte. El proceso electoral fue por meses cuestionado, y la tasa de participación, un 42 % del censo, la más baja en los últimos 24 años y la segunda más baja desde que en 1985 empezara la era democrática, confirmó el descontento.
Alejandro Giammattei, vencedor con 1.9 millones de votos (el 57 % de los válidos, el 23 % de un padrón de 8.1 millones de electores), se proclamó presidente pero habrá de ganar el respaldo ciudadano. Médico de profesión, nacido en 1956, Giammattei es el segundo presidente menos votado de los once que ha tenido el país en los últimos 34 años. Si en 2015 Guatemala saltó al vacío de la mano de un comediante al elegir a Jimmy Morales, en 2019 lo vuelve a hacer de la mano de un exdirector de cárceles al que se acusó de ejecuciones extrajudiciales y que representa a la política tradicional en un país con cuatro expresidentes acusados, procesados o condenados por corrupción.
En campaña, amenazó que demandaría por difamación al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, por haber difundido información de un caso en el que fue absuelto hace ocho años. Es la única mancha visible en el prontuario de un gris Giammattei: era director de presidios en 2006 cuando siete reos fueron asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado. Giammattei fue procesado pero terminó absuelto.
Como ocurrió con Morales en 2015, la ideología de Giammattei es un misterio. Si acaso, se le tilda como conservador. Había intentado ser presidente en tres elecciones y alcalde capitalino otras dos, siempre con un partido distinto. Pero lo que ahora aflige a la Guatemala que no votó por él y castiga al presidente saliente con un 76 % de desaprobación según las últimas encuestas, es que Giammattei llega al poder arropado por la misma estructura de partidos, militares y empresarios que permitió a Morales gobernar los últimos cinco años bajo un manto de impunidad.
Las primeras palabras del presidente electo fueron para asegurar que mantendrá fuerte la alianza con Estados Unidos edificada en los últimos dos años por Morales y clave para que este lograra sacar del país (lo abandona en septiembre) a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig). Ya ha dicho Giammattei que tampoco él quiere en el país una Comisión similar. En su futuro gabinete, anunciado al día siguiente de la elección, hay voceros de sectores empresariales y militares que por años la han rechazado, porque la Comisión les tocó la puerta para investigarlos. Por eso no extraña que no convenza a las organizaciones de sociedad civil cuando proclama, ya como presidente electo, que en su gobierno “se acabarán las prácticas corruptas del pasado”. Por eso se le acusa ya de ser un nuevo Jimmy Morales. Sus más acérrimos críticos, cinco meses antes de que tome posesión en enero, ya llaman a este el “gobierno de Jimmyttei”.
La rutina del “menos malo”
Hace solo medio año, Alejandro Giammattei no tenía probabilidades de ganar. Las encuestas lo ponían en cuarto lugar detrás de tres candidatas con más popularidad y carácter político. No sería hoy presidente si dos de ellas no hubieran quedado a última hora fuera de competencia. La conservadora Zury Ríos, del partido Valor, hija del dictador Efraín Ríos Montt, ocupaba el segundo lugar en preferencias pero fue excluida porque la Constitución de Guatemala prohíbe a los herederos de un golpista aspirar a la presidencia. La ex fiscal general Thelma Aldana, ocupaba el tercer lugar y era la única opción creíble para sostener la lucha contra la corrupción encabezada por la Cicig el último lustro, pero sus adversarios políticos la bloquearon con una persecución penal de último minuto por un supuesto contrato irregular en el Ministerio Público que todavía no ha sido demostrado.
El primer lugar en las encuestas lo ocupó siempre Sandra Torres, histórica dirigente de la UNE, ex esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), pero una vez más, como sucedió en 2014 cuando perdió ante Morales, le alcanzó el castigo de quienes en Guatemala huyen de políticos o partidos de tradición y terminan por lanzarse en brazos de nuevos rostros cargados de continuidad. En la mañana de la elección, cuando Torres asistió a votar junto a sus hijas y nietos en el Colegio Valle Verde, en la exclusiva zona 15 de la capital, algunos simpatizantes se acercaron para pedirle una foto, pero también hubo quien no se escondió la rabia: “¡Sinvergüenza!”, le gritaron. Cuando la candidata se dirigió a la urna, recibió abucheos y más insultos. “¡Buuuu!”, gritó alguien, a lo lejos. “¡Sandra naca!”, espetó una mujer, antes de dar media vuelta, furiosa, y salir del salón de votación.
No hay que equivocarse; el triunfo de Giammattei no se debe principalmente a la resistencia de los votantes a participar en un proceso cuestionado por fraudulento, aunque el caso contra Aldana y otros acontecimientos den pie para pensarlo. Cuatro días antes de la segunda vuelta electoral, dos directores de informática del TSE fueron capturados por destruir registros de ciertas fallas registradas en la elección de diputados y alcaldes celebradas en junio. El jefe del registro de candidaturas, Leopoldo Guerra, que había solicitado medidas de protección ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, huyó del país alegando amenazas en su contra relacionadas con su trabajo, luego de declarar que lo habían “presionado para impedir la candidatura de Aldana”. Y al TSE dirigido por Solórzano, el magistrado que suplicó a los votantes, aún le queda por explicar por qué en marzo, mientras bloqueaba la candidatura de Aldana, avaló que participaran en la primera vuelta personajes como Mario Estrada, con “ideología narco” según la embajada de Estados Unidos y ahora preso por delitos ligados a drogas.
Pero pesó más en realidad el rechazo al sistema político en conjunto. Giammattei, de carácter fuerte y un tanto impulsivo, se aprovechó del desencanto de los votantes que año tras año, a falta de opciones convincentes, termina haciendo del voto de castigo su principal motivo y eligiendo por tanto al “peor es nada”. “Estamos igual que hace cuatro años cuando no había por quién votar y decidimos por Jimmy”, decía el día de la elección Mynor Juárez, un votante en el Liceo de Guatemala. “Estamos eligiendo al menos peor, así no dan ganas de votar, pero lo hacemos por responsabilidad.”
En las últimas décadas, la carrera presidencial comienza con muchos aspirantes (esta vez fueron casi 20) y, en la atomización y el ataque cruzado, el sistema político se encarga de impedir que los candidatos más potables prosperen. Multitud de partidos se crean y desaparecen tras cada elección. Guatemala es un castillo de arena en la orilla de la playa, que cada cuatro años se borra con la llegada de una nueva ola.
¿Había otra opción?
La derrota de la favorita, Sandra Torres encuentra explicaciones en una Guatemala machista y racista. En campaña, Torres intentó hacer puntos contra el machismo, pero cuando fue cuestionada por irregularidades se escudó en la ley de violencia contra la mujer para intentar acallar a sus críticos: pidió ante la justicia que aplicará la ley contra el feminicidio a los fiscales que la estaban investigando por supuesto financiamiento ilícito de dos millones de dólares. Días después, en un brochazo más que la retrata como alguien que goza del favor de las instancias judiciales, logró que un juez prohibiera a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la mano derecha de la Cicig, que se acercara físicamente a la candidata. También logró temporalmente que elPeriódico recibiera orden judicial de evitar toda cobertura sobre ella, aunque esta disposición luego fue anulada.
Pero su debacle (de liderar con un 25% de los votos la primera vuelta, pasó a perder por más 15 puntos en segunda) encuentra más explicación en sus nexos con la Guatemala opaca y señalada por corrupta. La UNE, su partido, fue uno de los que respaldó con sus votos en el Congreso, en septiembre de 2017, lo que en Guatemala llamaron “el pacto de corruptos”, una reforma con la cual los secretarios generales de los partidos quedaban exentos de cualquier responsabilidad penal si se les probaba financiamiento ilícito. En lo personal, a la investigación en su contra por supuestamente haber recibido 2 millones de dólares de financiamiento ilícito en 2015, se suma que su ex esposo, el ex presidente Colom, está imputado por otro caso investigado por el MP y la Cicig.
El día después de ganar, Giammattei prometió que haría todo lo posible para encarcelar a Torres. Incluso solicitó un habeas corpus ante el MP con la intención de que se determinara si se encuentra en el país. Giammattei decía temer que Sandra Torres huyera del proceso pendiente en su contra. La semana después de perder, Torres entregó su pasaporte al juez como señal de que no saldrá del país, aunque con esa movida también intentaba evitar la cárcel preventiva.
Torres abandonó además las banderas que alguna vez la hicieron fuerte e intentó un fallido tránsito hacia la derecha, según una investigación de Plaza Pública. Dejó de hablar de los programas sociales que la definieron siendo primera dama en la era Colom y se centró en la necesidad de trabajo e inversión. Dejó de apoyar las reivindicaciones de la población LGBTI y se comprometió ante iglesias evangélicas a promover iniciativas “pro familia”. Como resultado, Torres llegó al balotaje con el porcentaje más alto de “antivoto” del país. Entre 30 y 45 de cada 100 votantes tenían una opinión negativa de ella.
Giammattei, por el contrario, tenía un antivoto a penas del 2%. Sin brillos, era un libro en blanco para una parte de la población que parecía preguntarse por qué no hacer presidente a alguien que prometió que no le faltará “testosterona para combatir el crimen” y que en un mitin permitió que mujeres indígenas le besaran la mano en señal de saludo.
Hombre fuerte en un reino sin Cicig
La única certeza es que la Guatemala que pujó por reformas y un movimiento político anticorrupción ha perdido otra batalla. Si Jimmy Morales fue electo en septiembre de 2014 en medio de una primavera judicial y de protesta social que terminó llevando a la cárcel al entonces presidente Otto Pérez y a su vicepresidenta, Roxana Baldetti, Giammattei celebra ahora que gobernara en un país con las protestas apaciguadas, sin Cicig y con un Ministerio Público debilitado.
Cuando Jimmy Morales venció en 2014 al partido Líder, del candidato Manuel Baldizón, ahora preso en Estados Unidos, las claves evidentes fueron dos: el sentimiento anticorrupción que por fin se había hecho visible en las calles y la esperanza puesta en lo incierto. ¿Quién era Morales? ¿Qué daño podía hacer al país? Hábil, habituado a estar frente a las cámaras, el nuevo presidente pronto formó un Gobierno que incluyó a voces críticas, técnicas y cercanas al movimiento de la llamada primavera chapina, como Lucrecia Hernández Mack o los ex fiscales Ricardo Guzmán y Juan Solórzano Foppa.
Esa luna de miel, sin embargo, acabó pronto. Azuzado por las investigaciones de corrupción en contra de su hermano, su hijo y algunos colaboradores, Morales comenzó a ver enemigos por todos lados y pactó con quienes querían bloquear cualquier cambio. El resultado es que cierra su mandato como uno de los presidentes más cuestionados del país. “No tengo presidente”, decían las pintas callejeras en los tiempos que la protesta en la plaza desconocía a Pérez Molina, y no extrañaría encontrar esa misma frase en la calle estos días. A Morales, ciudadanos de a pie le han reclamado a grito pelado en público y frente a cámaras. Durante su mandato, la Cicig y el MP realizaron algunas de las 96 investigaciones que dejaron como resultado a unas 500 personas detenidas, condenadas o en proceso de investigación, decenas de empresarios y políticos incluidos. Morales nunca perdonó que él, su familia y sus cercanos aparecieran en esa lista. Logró que el Congreso bloqueara varios antejuicios en su contra y radicalizó sus posturas contra la Comisión.
Tras prometer apoyos a la Cicig en 2014, ha sido el presidente que la sepulta. Ordenó el cese de su mandato y la Cicig se retira el 3 de septiembre próximo. Es probablemente la única victoria del gobierno de Morales.
El sistema ya ha empezado a reacomodarse. El Ministerio Público fue ambiguo al pronunciarse sobre el destino que tendrán los fiscales guatemaltecos que han trabajado con la Cicig los últimos años. En lugar de contratarlos directamente, el MP los someterá a un proceso de evaluación.
El lunes 12 de agosto, un día después de su victoria, Giammattei dijo que para sustituir a la Comisión está pensando en una entidad nacional, y que para ello buscará respaldo bilateral de países que considera amigos, como Taiwán, Estados Unidos o Israel. La última vez que un gobierno tuvo un plan parecido fue el de Pérez Molina y Baldetti, quienes guardan prisión por el caso “La Línea”.
Sin la presión que pudiera ejercer la Cicig, las dudas sobre el compromiso de Giammattei con la transparencia también empiezan a acumularse: dos días después de la elección, el periódico Nómada le preguntó por uno de sus financistas y el presidente electo contestó, irritado, que la prensa debería “investigar bien” antes de señalar a los suyos. Alberto Pimentel, anunciado como futuro ministro de Energía y Minas, es accionista de una empresa que financió a Giammattei y que es contratista del Estado, según publicó Nómada en julio pasado.
El nuevo más querido de la élite
“Jimmyttei” han comenzado a llamar a Giammattei los círculos sociales más críticos, por su resistencia a distanciarse de decisiones que tomó Morales y por las élites que acuerpan a ambos.
El mismo domingo de su victoria, el presidente electo no tuvo problema en anunciar que su ministro de Economía será el textilero y agroexportador Antonio Malouf, expresidente de la poderosísima cúpula empresarial guatemalteca, el Comité Coordinador de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif). Esta organización pagó 1 millón de dólares en 2018 para hacer lobby en Washington en momentos en que Estados Unidos y el Congreso debatían su postura sobre la Cicig. Nómada reveló documentos de aquella visita, y aunque negaron que el lobby fuera contra la comisión, los empresarios no explicaron cómo un tema tan importante no fue según ellos parte de su discusión. Parte del trabajo de la Cicig ha sido procesar a decenas de empresarios por financiar ilegalmente campañas o sobornar a funcionarios para conseguir contratos con el Estado.
El Cacif fue clave para que la Cicig y el MP, en 2015, golpearan casi hasta el derribo al gobierno de Pérez Molina. Algunos miembros del directorio estaban a favor del trabajo de la Comisión, y pese a sus dudas iniciales hubo hasta unas 400 empresas que apoyaron con un paro de labores las protestas cívicas en la Plaza de la Constitución aquel año. Pero las divisiones internas terminaron en un giro, y el Cacif pasó de la elocuencia al silencio cómplice con las decisiones políticas que han propiciado que la Cicig abandone Guatemala y, finalmente, al apoyo a su salida. Cuando Morales, en agosto de 2018, anunció, su último golpe a la Comisión, Malouf, por aquel entoncespresidente del Cacif, no escondió su postura: “Cuando toca, toca”, dijo.
Para su gabinete, Giammattei también ha reclutado a funcionarios que pusieron obstáculos a la Cicig. Dijo hace unas semanas que estaba pensando en mantener en los ramos de Gobernación y Relaciones Exteriores a Enrique Degenhart y Sandra Jovel, respectivamente. Jovel ya fue descartada para en su lugar poner a Pedro Brolo, excandidato a la alcaldía capitalina por Vamos, pero Degenhart sigue siendo una posibilidad. Degenhart fue clave para el desmantelamiento de la Comisión: redujo el personal de seguridad asignado a la misión, y colaboró para impedir el acceso a Guatemala del comisionado Iván Velásquez y de personal de investigación durante el último año.
Siempre que Morales salió a criticar a Velásquez y la Cicig, Degenhart era uno de los funcionarios que lo acuerpaba. Junto a Jovel, fueron los únicos que se pararon junto a Jimmy Morales en la conferencia de agosto de 2018 en la que anunció que daría por terminado el mandato. También fueron los únicos ministros que justificaron el envío que hizo el Gobierno de vehículos artillados a patrullar en las afueras de las oficinas de la Cicig el 31 de agosto de 2018, en una clara medida de intimidación estatal.
“Fueron 12 años de querer este puesto. Con los resultados le demostramos al mundo que los guatemaltecos le decimos no a la corrupción y no al pasado”, dijo Giammattei, en su discurso de proclamación, a eso de las 7:30 de la noche, afuera de la sede del partido, en la zona 10 de la capital, donde un grupo de música tropical amenizaba desde una tarima.
Pero en el anuncio de su futuro gabinete hay nombres que desdicen su narrativa. Las élites y sus conflictos de interés, presentes y pasados, ya asoman en el nuevo Gobierno.
El futuro ministro de Energía y Minas es alguien a quien todo Vamos y el propio Giammattei negaron por meses: Alberto Pimentel, accionista en una empresa familiar llamada Fersa S.A. de C.V. La compañía fue financista de Jimmy Morales y también ha provisto a la campaña de Giammattei de apoyo en especie no reportado ante el TSE: al candidato le dio el carro que maneja y las instalaciones que usa para reuniones y para, incluso, grabar propaganda. Además, Fersa ha recibido financiamiento del Estado por más de tres millones de dólares pero no cumplió con los plazos del contrato y fue multada.
El helicóptero que Giammattei usó durante toda la campaña es propiedad del general retirado Francisco Ortega Menaldo, según una publicación de elPeriódico. Ortega Menaldo perteneció a una estructura conocida como “La Cofradía” que en los años 70 creó una estructura paralela al ministerio de Finanzas y que sirvió para el tráfico de armas del Ejército, según el diario Nómada. Su hijo, Luis Enrique Ortega, también compitió para diputado por Vamos pero no resultó electo.
La incursión de militares en las más altas esferas de la política ha sido una constante en Guatemala. El expresidente Pérez Molina fue militar y parte de esa estructura fue clave para que él pudiera implantar la red de corrupción de La Línea. Morales también ha tenido su círculo de militares, algunos de ellos contemporáneos de Ortega Menaldo.
El arte de conquistar a la Guatemala profunda
Para ganar la segunda vuelta, Giammattei se alió con políticos y partidos que, quizás en otra coyuntura (como la posible llegada de Thelma Aldana al balotaje) habrían optado por apoyar a Torres y la UNE. A las puertas de la votación decisiva, Vamos logró que diputados y alcaldes electos de distintos partidos, sin importar la ideología, hicieran campaña a favor de Giammattei. Es otro rasgo del sistema guatemalteco: su pragmatismo a ultranza, la ley de la conveniencia para todos. El dogma parece escrito en piedra: todo pacto, cualquier pacto, se mantendrá hasta que aparezca otro que garantice mejores réditos.
Durante la campaña, las alianzas se reajustaron y el mapa se recompuso. Camilio Dedet, exasesor del ministerio de Gobernación en los gobiernos de Pérez Molina y Morales, es secretario de organización del partido de Giammattei y confirma que la estrategia de buscar aliados en el territorio de la UNE les rindió frutos: “Buscamos a los que nos pudieran complementar en el territorio para la segunda vuelta”, dice Dedet. Así, a secas, sin más criterio que el triunfo electoral. Y -aunque Dedet lo rechaza- sin otra estrategia que la más burda de todas: el ofrecimiento de maíz, carretillas, bombas de agua… una promesa de clientelismo.
Un día antes de la elección, en Fray Bartolomé de las Casas, uno de los pueblos más pobres de Guatemala, el futuro alcalde hablaba a un grupo de indígenas sobre la importancia de votar por Giammattei y no por Torres. Quien hablaba era Arnoldo Fontana, candidato vencedor de los comicios de junio por el partido Victoria. Quienes escuchaban, congregados en una casa comunal con paredes de tablón y pisos de tierra, eran decenas de hombres y mujeres de la etnia q’eqchí.
“Yo apoyo a Giammattei. No estoy obligando a nadie a que haga lo mismo, pero quiero que sean conscientes de su voto y que no se dejan manipular más por la UNE”, dijo Fontana, en lengua maya q’eqchí. “Tenemos 300 bombas de agua con sus respectivas tuberías, también carretillas, maíz, frijol. No le hagan caso a los de la UNE, no tienen nada que darles, solo son promesa falsas, no van a cumplir”, insistió.
Victoria, el partido de Fontana, es un partido minúsculo que tiene tres alcaldes (de 340 posibles) y cuatro congresistas (de 340). Amílcar Rivera, su candidato presidencial quedó noveno en la primera vuelta a nivel nacional, con un 2 % de los votos. Rivera confirmó en una llamada telefónica que dejaron libres a sus funcionarios electos para que respaldaran al candidato presidencial de su preferencia si los buscaban para la segunda vuelta. En Fray, en la primera, Victoria quedó 21 puntos por debajo de Torres, que obtuvo el 32.4% del total, y aun así Giammattei se fijó en ellos para lanzarse a la caza de votos. El excandidato Rivera aclara, eso sí, que se suponía que nadie podía ofrecer nada ni regalar nada a cambio de pedir el respaldo.
En Fray Bartolomé de las Casas falló la estrategia de Giammattei. A pesar de que Victoria acarreó en camiones a los pobladores para llevarlos a votar, Torres ganó en el municipio.
No ocurrió lo mismo a escala nacional. Incluso en Fray, mientras la UNE apenas duplicó su cantidad de votos, el crecimiento fue mucho mayor para Vamos. De 489 en primera vuelta, Giammattei saltó hasta los 3,715 votos, es decir, un 700% más. Lo mismo ocurrió en todo el país. Vamos triplicó su caudal y subió de 600 mil votos a 1.9 millones. Un récord histórico, según el analista políticoEnrique Godoy, consultor para temas de economía, políticas públicas y finanzas. La UNE de Torres solo subió 200 mil votos.
Un día antes de la elección, la representante de mujeres ante el Comude de la alcaldía de Fray, María Elena Tujt, contaba que unos meses atrás tuvo que denunciar el uso clientelar que se le estaba al programa “Familias en progreso”, un programa asistencial creado en el gobierno de Álvaro Colom. Tujt dijo que escuchó en la sesión mensual del Comude que algunas compañeras de la municipalidad amenazaban con cortar el beneficio a quienes no accedieran a votar por la UNE. Lo denunció ante la alcaldesa Lilian García y la funcionaria se comprometió a investigar. Incluso invitó a Tujt a su despacho para discutir el tema. “Pero desde esa vez, cuando he ido a buscarla nunca está en la alcaldía”, se lamenta Tujt.
Salir de esta zona de tierra que comparten los poblados de Agua Chiquita y Secoyou puede demorar horas y se ha dado el caso de mujeres embarazadas o sus bebés que fallecen porque no han podido llegar a un centro asistencial. Aquí la carne es un lujo incosteable y la gente se mantiene a base de maíz y frijol. Tampoco hay agua potable, salvo en invierno, cuando las pozas se llenan y esta logra distribuirse a algunas casas gracias a la gravedad y a tubos de PVC, siempre y cuando no se llenen de lodo. Aquí, cuantas más necesidades tenga la gente, más seguro será el botín de votantes para los partidos que estén dispuesto a gastar dinero.
Aquí, en la Guatemala real, el triunfo de Giammattei o las maneras de hacer política de partidos como la UNE desnudan la esencia de las elecciones guatemaltecas.
—¿Te cuesta hacer campaña aquí? –pregunto a Ángel Quib, un concejal recién electo para la municipalidad de Fray por el partido Winaq, de izquierda, que ganó tres diputados y junto a otros partidos como Semilla, Encuentro por Guatemala, o la URNG, entre otros, ya ha dicho que plantará pelea al pacto de corruptos.
—Mi estrategia es desnudar las cosas malas que hacen los demás candidatos, y así demostrar que nunca nadie ha hecho por esta zona.
—¿Y eso te funciona? ¿Te da votos?
—La verdad es que no. Una vez me quedé sorprendido cuando un muchacho que es estudiante universitario me estaba escuchando y al rato me interrumpió para decirme que estaba molesto porque yo solo llevaba palabras. Me dijo que si yo no sabía que el voto de él valía 200 quetzales.
