A las 11:20 del martes 7 de abril, el avión N803T aterrizó en el aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero, procedente de Houston, Texas, Estados Unidos. De la aeronave se bajaron Guillermo, José, Claudia y Miguel y otros 66 deportados por las autoridades de inmigración estadounidense. En el aeropuerto, empleados de la Dirección de Migración salvadoreña los subieron a un bus custodiado por la Policía Nacional Civil, y los condujeron hacia el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, en San Salvador, para cumplir una cuarentena de 30 días impuesta por el Gobierno. Cinco días después, uno de los 70 deportados sintió malestares parecidos a los de una gripe. Lo informó a los delegados del Ministerio de Salud, pero estos solo le recetaron acetaminofén y no le hicieron la prueba del covid-19. Cerca de un mes después, cuando en el recinto había más de 100 personas recluidas, el Gobierno por fin les hizo prueba para detectar el nuevo coronavirus a todos. A Guillermo y José, los médicos les informaron que dieron positivo el 5 de mayo. Una semana más tarde, Claudia y Miguel recibieron la misma notificación: estaban contagiados.
El Faro conversó durante tres semanas vía telefónica y por mensajería instantánea con los salvadoreños deportados que resultaron contagiados de covid-19. Todos aceptaron hablar con la condición de anonimato, por lo que en este artículo no se usan sus nombres reales. Antes de ser deportados, todos estuvieron retenidos en diferentes centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Texas, Estados Unidos. Guillermo permaneció en el South Texas Detention Complex, donde, hasta el 28 de mayo, ICE reportaba 32 personas contagiadas. Mientras que José y Miguel estuvieron en Rio Grande Detention Center. Claudia provenía del Don Hutto Residential Center en la ciudad de Taylor. ICE no reporta hasta la fecha contagios en esos otros dos centros de detención.
Los cuatro salvadoreños coinciden en que ICE no realizó la prueba a ninguno mientras estaban en los centros de detención ni antes de la deportación. Allá, dicen, les tomaron la temperatura solo 'en ocasiones' y también lo hicieron antes de que abordaran el avión que los trajo de regreso a El Salvador, pero hasta ahí. Guillermo estaba en un búnker, como llama a la celda, con 40 personas detenidas. “Dos veces a la semana nos chequearon la temperatura y no nos hicieron la prueba”, dijo.
Cuando ingresaron a El Salvador, el protocolo de salud no fue diferente al de Estados Unidos: les tomaron la temperatura y no les hicieron la prueba, sino hasta después de 27 días de estar confinados en el centro de contención. Migración salvadoreña, hasta el momento, no ha reportado ningún caso positivo entre los más de 1,7000 retornados durante la cuarentena. De hecho, la entidad salvadoreña asegura que migración estadounidense no envía salvadoreños contagiados con el nuevo coronavirus. En un video difundido en redes sociales el 21 de abril, Migración aseguró que ICE realiza “una serie de exámenes médicos” relacionados para detectar la enfermedad antes de ser deportados. Según el Gobierno salvadoreño, al detectar casos positivos, “los individuos son enviados para ser atendidos por un proveedor de salud” en suelo estadounidense.
Guillermo dice que, a los cinco días de haber regresado, sintió fiebre, dolor de garganta y ojos. A José le dio calentura al día diez. Miguel también tuvo fiebre y dolor de garganta. Claudia es la única que aseguró que no padeció de ningún malestar, pues los doctores le aseguraron que es asintomática. Todos esperaron 27 días para que les realizaran la primera prueba el domingo 3 de mayo.
El 22 de mayo, la Procuraduría para Derechos Humanos (PDDH) informó en una resolución que había recibido denuncias de personas recluidas en el Gimnasio Nacional sobre tres pruebas positivas a covid-19. En su informe, sin embargo, la entidad no especifica los casos. Personal de la PNC y uno de los médicos del Ministerio de Salud confirmaron a la PDDH que habían tenido pruebas positivas, pero no precisaron el número. Migración no entregó información y la PDDH denunció que el director de Migración, Ricardo Cucalón, violó la ley de la PDDH al negarse a colaborar con la institución. El funcionario no respondió a dos oficios, del 27 de abril y el 11 de mayo; y además giró instrucciones a personal bajo su cargo para que no colaboraran con personal de la Procuraduría, según se detalla en el informe.
Ni Migración ni el Ministerio de Salud contestaron a El Faro preguntas sobre la cantidad total de personas retornadas que han dado positivo a la prueba de covid-19.
En una conferencia de prensa el martes 26 de mayo, el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, reiteró que todas y todos los deportados pasan una evaluación médica para identificar síntomas antes de viajar a El Salvador. “Hay un protocolo muy estricto en Estados Unidos y, cuando llegan a El Salvador, trabajamos muy de cerca con el gobierno salvadoreño para asegurarnos que entren a un protocolo estricto aquí”, dijo Johnson. El embajador agregó que el “coronavirus es muy elusivo” pero que están comprometidos a “continuar haciendo todo para asegurarnos que nadie que regrese esté enfermo”.
Óscar es un retornado que se encontraba en el centro de contención del Gimnasio Nacional y no es positivo de covid-19. Óscar conoció los casos de los cuatro positivos. Al leer las palabras del embajador se molesta. Él asegura que nunca le hicieron la prueba estando en Estados Unidos ni al arribar al país. “No es cierto. Y lo podemos afirmar los 110 retornados que estuvimos en el centro de contención Adolfo Pineda, Gimnasio Nacional”, escribió vía WhatsApp.
El Faro preguntó a la embajada estadounidense en El Salvador los criterios que usa para determinar a quién le hacen pruebas y remitió los detalles del vuelo del 7 de abril, en el que venían cuatro personas que dieron positivo al covid-19. Un vocero dijo que no tenían nada que agregar a la declaración del embajador.
“Se me cortaba la respiración y me dolían los pulmones”
Guillermo se fue de El Salvador porque un policía intentó matarlo. La única solución que vio para salvarse fue huir a Estados Unidos. “Si me quedaba me iban a querer matar otra vez, entonces mejor decidí irme”, dijo durante una llamada telefónica. Su viaje inició el 26 de febrero de 2019 y su recorrido tardó más de una semana entre Guatemala y México para llegar a la ciudad de Matamoros, una estación crítica de la ruta migratoria a la que la administración Trump cada vez pone más muros. Ahí cruzó el Río Grande que conecta con Brownsville, Texas.
Luego de pasar la frontera, tardó seis días en ver a sus familiares porque estuvo en “una bodega”, como él le llama a una casa donde los migrantes permanecen por un par de días escondidos mientras esperan que sean llevados donde sus parientes. “Mire yo me sentí bien feliz cuando llegue. Me sentía tranquilo. Creí que había dejado todo atrás”, contó.
Guillermo tenía un año de trabajar en remodelaciones, enviaba dinero cada mes a sus padres y en algunas ocasiones ayudaba a sus ocho hermanos que residen en el oriente del país. El 6 de marzo fue detenido por migración y llevado hasta South Texas Detention Complex. Un mes después fue deportado a El Salvador.
Tenía cinco días de estar en cuarentena en el centro de contención del Gimnasio Nacional cuando comenzó a padecer de dolores de cabeza, garganta y fiebre. Además, sentía ardor en los ojos, como si le hubieran “echado lejía”, contó a El Faro. No creía que se tratara de la covid-19. Por las dudas, el 12 de abril buscó a los doctores encargados del albergue para tener un diagnóstico. Los médicos hicieron un chequeo de temperatura y no salió alta. Le recetaron acetaminofén y le dijeron que la razón de sus malestares era “por el cambio de clima”. No lo aislaron del resto de los otros 109 retornados que se encontraban albergados en una de la canchas de basquetbol. En el recinto, los deportados duermen sobre camarotes separados por un metro de distancia. La cancha está techada, pero cuando llueve todos los camarotes se juntan al centro, para escapar de la lluvia que se cuela por los costados.
Las pastillas no aliviaron los dolores y a los diez días los síntomas empeoraron. “Cuando me bañaba y caía el agua helada se me cortaba la respiración y me dolían los pulmones. En ese momento me di cuenta que no estaba bien’’, dijo Guillermo.
El 20 de abril, dos semanas después de la deportación, José presentó fiebre y se lo comunicó a los doctores, que lo aislaron de inmediato. Al día siguiente, cuando le tomaron la temperatura, estaba dentro de lo normal, por lo que decidieron que debía volver con el resto de sus compañeros. “A mi solo una vez me dio calentura y nada más. No he sentido ningún otro síntoma”, dijo a El Faro.
José se fue de El Salvador el 21 de febrero de 2020. Ya había tocado suelo estadounidense, cuando una patrulla migratoria lo detuvo y lo llevó hasta Rio Grande South. Él quiso pedir asilo, pero no lo logró.
En el Gimnasio, las autoridades de Salud atendieron con acetaminofén a quienes se sintieron enfermos, pero las pruebas de covid-19 las realizaron hasta el domingo 3 de mayo. Dos días después, los médicos encargados llamaron a Guillermo y José para notificarles verbalmente que eran positivos de la covid-19. Más tarde convocaron al grupo e informaron que había dos personas contagiadas entre ellos. El miércoles 6 de mayo, Guillermo y José fueron trasladados al centro Salesiano de Retiro Ayagualo, donde permanecieron en habitaciones separadas.
En el Gimnasio Nacional quedaron 108 salvadoreños y salvadoreñas a la espera que el Ministerio de Salud realizara una segunda prueba. Hasta ese momento ya habían cumplido los 30 días de encierro, el plazo que se comprometieron cumplir cuando arribaron al país. A estos, la segunda prueba se las practicaron hasta el 12 de mayo. Tres días después, los doctores encargados hicieron el mismo procedimiento que con Guillermo y José: llamaron a los contagiados antes de informar al grupo.
Una de ellas era Claudia, que huyó de El Salvador, por violencia intrafamiliar, el 7 de mayo de 2019. El 19 de junio ella fue detenida en Estados Unidos cuando se trasladaba hacia una casa donde estaría escondida por seis días. Estuvo en Don Hutto Residential Center en Taylor, Texas, peleando su caso de asilo. Lo perdió en marzo pasado. Los doctores también llamaron a Miguel, que se fue de El Salvador el 20 de enero de 2020 y fue detenido por una patrulla fronteriza. Lo ingresaron al Rio Grande Detention Center.
A Claudia la trasladaron al hospital de Tecoluca. Desde ese hospital habló con El Faro y dijo: “Siento bien raro porque no siento ningún síntoma. En los 45 días que pasé encerrada en el Gimnasio Nacional no me dio nada, pero los doctores dicen que soy asintomática”. Mientras que a Miguel lo trasladaron al centro Salesiano de Retiro Ayagualo. Él se cuestiona que padezca de la covid-19. “Dicen que soy asintomático, pero no les creo. Una vez me dio dolor de garganta y me dejaron pastillas, pero de ahí no he pasado mal”.
Claudia y Miguel continúan recluidos bajo custodia de las autoridades. José ya está en casa, con su familia. Guillermo, el hombre que presentó síntomas cinco días después de haber sido deportado, finalmente llegó a su casa el pasado sábado 23 de mayo. Antes de salir, le practicaron dos pruebas más. Según le informaron los doctores del albergue, en estas dio negativo. 'El día que me dijeron que ya no tenía el virus, firmé una hoja y no me la dieron. Ellos se la quedaron. Ni me fijé (qué decía). La verdad es que lo único que quería es estar en mi casa”.
Ni a Guillermo ni a ninguno de los contagiados les han entregado informes de su estado de salud por escrito.
Guillermo está esperanzado que el próximo año abran las fronteras, que permanecen cerradas desde que inició la crisis de salud, para regresar a Estados Unidos. “Yo no tengo nada que hacer aquí. Allá es mi futuro”, dijo.
Estados Unidos solo hace pruebas al 8 % de sus detenidos
Aunque para este reportaje no es posible establecer dónde se contagiaron los cuatro salvadoreños, los centros de detención de ICE han probado ser un factor de riesgo, algo que el gobierno de Guatemala ya reclamó al gobierno estadounidense. Hasta el 28 de mayo, ICE reportaba que había hecho pruebas de covid-19 a 2,535 de sus 26,660 detenidos, es decir, aproximadamente al 9.5 % de los recluidos. De las pruebas realizadas, 1,312 eran casos confirmados, es decir más de la mitad de los detenidos a los que se hicieron pruebas dieron positivo.
Dos centroamericanos ya murieron de covid-19 mientras estaban bajo el cuidado de ICE: Carlos Ernesto Escobar Mejía, un salvadoreño de 57 años, falleció el 6 de mayo, en el centro de detención Otay Mesa, al sur de California. Mientras que Santiago Baten-Oxlaj, un guatemalteco de 34 años, falleció en un hospital de Georgia, el 24 de mayo, tras haber estado recluido en el Stewart Detention Center.
Desde que empezó la emergencia, Estados Unidos se ha mostrado firme en su intención de mantener intacta su política de deportaciones, pese a algunos amagos de los gobiernos centroamericanos por pausar el influjo durante la pandemia. El 19 de marzo, el gobierno salvadoreño anunció que no recibiría deportados hasta nuevo aviso, aunque eso duró menos de una semana. El 24 de marzo, El Salvador volvió a recibir un vuelo de repatriados, un día después de que un alto funcionario del Departamento de Seguridad de Estados Unidos dijera que 'no es aceptable para Estados Unidos que otros gobiernos no reciban a sus ciudadanos'. Ese mismo día, el funcionario aseguró que nadie con fiebre alta viajaba y que se hacían chequeos médicos a cada persona.
A principios de abril, Guatemala formalizó su reclamo. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy denunció que el 75 % de un vuelo de repatriados dio positivo a la prueba de covid-19. En El Salvador y Honduras, sin embargo, las autoridades no han anunciado (o han negado) casos de contagios entre personas deportadas. En Guatemala, en cambio, el presidente Alejandro Giammattei canceló por 18 días los vuelos de deportados de Estados Unidos porque no tenían la certeza que regresaban al país contagiados. El lunes 5 de mayo el país comenzó recibir de nuevo a los migrantes retornados con la diferencia que llevan un certificado médico en el que se detalla que realizaron la prueba de la covid-19.
ICE realizó 112 vuelos a 13 países distintos desde el 8 de marzo hasta el 9 de mayo, según una publicación del Centro de Investigación en Economía y Políticas (CEPR). Aunque ICE no proveyó una lista detallada de los vuelos, una compilación del CEPR muestra cuáles son esos probables vuelos basados en contratistas de ICE. De acuerdo con los datos, El Salvador, con 19, es el tercer país que más vuelos de deportación ha recibido durante la pandemia, detrás de Guatemala (26) y Honduras (35).
PDDH: El Gobierno ha expuesto a empleados de Migración
En la resolución SS-0171-2020 sobre los centros de contención, la Procuraduría de Derechos Humanos señala “la omisión de las autoridades en el aislamiento de los nexos epidemiológicos” ha prolongado la llamada cuarentena de forma indefinida y “ha expuesto en forma temeraria al resto de personas a la contaminación con el virus”. El documento recoge denuncias de personas confinadas en el Gimnasio Nacional Adolfo Pineda y del Centro de Atención Integral para Personas Extranjeras y Migrantes (CAIPEM), en la comunidad La Chacra.
El procurador también llamó la atención a “las precarias condiciones” con las que cuentan los empleados públicos en la primera línea de respuesta. La resolución menciona “la insuficiente dotación de implementos de bioseguridad” y “la imposibilidad material de aislamiento de nexos epidemiológicos bajo condiciones dignas, ante la detección de casos positivos a las pruebas PCR (cada vez más numerosos)”.
Empleados de Migración son parte de la primera línea y han estado en contacto con los retornados porque han tenido que desarrollar diferentes actividades en los centros de contención: distribución de alimentos, limpieza, labores logísticas y hasta vigilancia.
Una fuente de Migración dijo a El Faro que, en la mañana del martes 19 de mayo, recibieron la orden de evacuar la sede central, ubicado en el Centro de Gobierno. “Nos dijeron que habían personas que habían resultado positivas, entonces que limpiáramos todo lo que pudiéramos”, dijo la fuente, cuya identidad se protege para evitar repercusiones laborales. “Luego, (la instrucción fue) evacuar el edificio porque se iba a sanitizar todo. Y fue el desparpajo que todo mundo para fuera”, agregó. Otra fuente que labora en los centros de contención de personas retornadas mostró a El Faro chats con empleados de migración en los que ellos evidenciaban su preocupación por los contagios. “Estamos expuestos”, dice una persona en uno de los chats, en el que cuenta como dos empleados ya fueron trasladados a centros de cuidado.
El 25 de mayo, El Faro pidió a Migración la cifra de personas que dieron positivo a la prueba de covid-19 en los centros de cuarentena de retornados, la cantidad de empleados que han sido contagiados así como la cifra total de personas que han sido deportadas por Estados Unidos desde que comenzó la emergencia. Astrid Ávalos, la jefa de comunicaciones, dijo que gestionaría la petición pero que la cifra de positivos en centros de retornados solo podía darla el ministerio de Salud. Salud no respondió a la petición de El Faro.
Un habeas corpus por un encierro sin controles
Veintidós retornados a quienes el Ministerio de Salud ya había realizado dos pruebas presentaron un habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 14 de mayo de 2020. En el escrito piden a los magistrados que ordenen el traslado a sus viviendas, porque ya tenían 45 días de estar encerrados y, además, habían realizado dos pruebas. Ninguno de los casos mencionados positivos en esta historia participó de este habeas corpus.
La abogada Bertha María DeLeón, que representa al grupo, señaló que otras de las razones por la que piden que cumplan la cuarentena en su casa es porque el Gimnasio Nacional no cumple con la condiciones de higiene y la situación empeora cuando llueve. Las personas se mojan “y el lugar donde permanecen se inunda, al punto de mojarse los colchones donde descansan y les toca mover los camarotes hacia un sector contiguo, quedando las camas sin ninguna distancia de por medio”, se lee en el escrito.
El lunes 11 de mayo, quince 15 deportados trataron de irse del centro de contención porque alegaban que ya habían cumplido los 30 días de encierro que habían firmado cuando regresaron a El Salvador. La Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) llegó al gimnasio para controlar la situación. En esa misma semana otro grupo trató de fugarse por la misma razón.
Sin embargo, el miércoles 20 de mayo, el Ministerio de Salud les informó que serían trasladados a sus casas. Sin embargo, todavía hay migrantes en el Gimnasio Nacional que están a la espera de una tercera prueba.
La PDDH también certificó las condiciones de insalubridad en algunos de los centros de contención. En su informe, la Procuraduría concluye que la privación de libertad fue “innecesaria” en personas a las que se les han realizado “múltiples pruebas PCR y sin haber éstas resultado positivas a covid-19”. Según la Procuraduría, esta medida causa un “mayor agravio a derechos fundamentales y ha resultado ineficiente —excesivamente costosa desde un punto de vista económico”. De acuerdo con la resolución, “exponer a personas retornadas a contraer covid-19, en condiciones similares a las de presidio, en las cuales las medidas de distanciamiento social son de imposible cumplimiento, genera además un riesgo sobre la salud pública, favoreciendo con ello la expansión del coronavirus”.
