La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos busca que el Departamento de Defensa entregue al juez de El Mozote todos los archivos, elaborados entre el 1 de enero de 1981 y el 30 de enero de 1983, que estén relacionados con la masacre perpetrada por el Ejército salvadoreño en diciembre de 1981 en Morazán.
La Cámara de Representantes aprobó este miércoles 28 de julio una enmienda en la propuesta de Ley de Autorizaciones de Defensa Nacional del año fiscal 2021, que es la ley con la que los congresistas recomiendan cómo debe configurarse el presupuesto de dicho departamento para un año específico. La enmienda incluye una orden al Secretario de Defensa para que entregue todos los archivos relacionados a la masacre al juez Jorge Guzmán y a otras autoridades salvadoreñas. Ese es el compromiso que exigen los congresistas al Departamento de Defensa de cara al diseño de su presupuesto para el 2021. El proceso de formación del presupuesto debe continuar y cumplir otras etapas que podrían modificar esta decisión de la Cámara Baja.
“No más de 30 días después de la fecha en que se promulgue esta Ley, el Secretario de Defensa ordenará a todas las oficinas, departamentos, agencias y entidades de la Agencia de Defensa que identifiquen y entreguen a las autoridades judiciales salvadoreñas, incluido al juez salvadoreño que investiga y procesa el caso de la masacre de El Mozote, todos los materiales que podrían ser relevantes para la masacre de El Mozote que ocurrió en diciembre de 1981”, se lee en la enmienda hecha al borrador de la ley.
La enmienda también describe puntualmente los archivos solicitados: correspondencia, copias de documentos salvadoreños, y documentos originales sobre la creación, las operaciones, la estructura de mando, los oficiales y tropas del Batallón Atlacatl que desarrolló el operativo en El Mozote, La Joya y otros lugares aledaños. Además, la enmienda ordena que se entregue “cualquier archivo que el Secretario de Defensa considere relevante para la masacre de El Mozote”.
El proceso de aprobación del presupuesto general del Gobierno de Estados Unidos se hace en dos etapas. La primera es la que se hace con la Ley de Autorizaciones para una determinada cartera de Estado. Aquí cada una de las cámaras del Congreso recomienda cómo debería gastarse el presupuesto en una determinada área y luego ambas cámaras conferencian para sacar una sola propuesta. La segunda etapa es la Ley de Asignaciones, que es la que establece los montos y límites concretos para cada área de Gobierno. Al igual que en la primera etapa, cada cámara hace hace su propuesta y luego consensúan una sola. El resultado se envía a la Casa Blanca para la aprobación del presidente, quien puede aprobar o rechazar esa configuración del presupuesto.
Todas las leyes llevan adjuntas un reporte en el que el Comité responsable escribe puntualmente las directrices que las oficinas y agencias de la administración presidencial deben seguir para cumplir con la enmienda. Es una especie de guía. El reporte de la enmienda a la Ley de Autorizaciones aprobada por la Cámara Baja este miércoles también incluye un mensaje en el sentido de que se requiere al Secretario de Defensa que entregue los archivos al juez de El Mozote.
La enmienda fue solicitada por el congresista demócrata de Massachusetts, James P. McGovern, quien es presidente del Comité de Reglas; y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, el congresista Eliot Engel, de Nueva York. Ahora que la enmienda impulsada por McGovern y Engels ha sido aprobada por la Cámara Baja, le corresponde a la Cámara de Senadores (Cámara Alta) discutir su propia propuesta de ley. Una vez existan los dos borradores, ambas cámaras negocian y si la enmienda sobrevive, pasa a firma para el presidente Trump para que se convierta en ley. Todo el proceso podría terminar entre septiembre y noviembre, según fuentes del equipo de McGovern.
McGovern y otro congresista, Peter Visclosky, del Estado de Indiana, están preparando además una segunda enmienda en el mismo sentido para la Ley de Asignaciones del Departamento de Defensa, según fuentes de la oficina de McGovern. Hasta este viernes 31 de julio, solo la enmienda a la Ley de Autorizaciones de Defensa Nacional había sido aprobada por la Cámara Baja, que es como se le conoce a la Cámara de Representantes.
'Hacer responsables a quienes ordenaron y llevaron a cabo esta masacre sería un poderoso acto para romper la cultura dominante de impunidad en El Salvador que protege de cualquier consecuencia, judicial o de otro tipo, a quienes cometen violaciones de derechos humanos contra civiles salvadoreños', dijo McGovern en su uso de la palabra durante la sesión de la Cámara Baja, el miércoles 28.
Wilfredo Medrano, acusador particular del caso y miembro de la oenegé Tutela Legal María Julia Hernández, celebró la maniobra en la Cámara Baja. “De lograr el cometido, haríamos lo necesario para que se remita y se traduzcan esos documentos para que sean incorporados al proceso”, dijo Medrano. “Al obtener toda esa información para El Mozote se ayudaría a esclarecer no solo ese caso sino muchos casos ocurridos durante toda la guerra que sufrimos”, agregó.
Roberto Girón Flores, abogado defensor de tres imputados en el juicio de El Mozote, dijo a El Faro que ellos están a favor de la incorporación de pruebas documentales de este tipo. “No nos oponemos a que vengan documentos que esclarezcan la verdad. Al igual que todos andamos en busca de la verdad y apoyamos todas las nociones que contribuyan a eso”, dijo Girón Flores y aseguró que ellos también quieren incorporar como prueba un informe que se presentó al Congreso estadounidense en 1982.
El documento al que Girón Flores se refiere se titula 'Certificación concerniente a la ayuda militar en El Salvador. Audiencias ante el Comité de Relaciones Exteriores', de fechas 8 de febrero y 11 de marzo de 1982. Una de las declaraciones que al abogado le interesan particularmente es la de Thomas Enders, quien era Secretario de Estado Adjunto. Enders, por ejemplo, dijo al Congreso que 'no hay evidencia que confirme que las fuerzas del gobierno salvadoreño masacraron civiles sistemáticamente o que el número de civiles siquiera se acercara a las cifras de 723 o 926 víctimas, citadas en la prensa'. Enders dijo eso días después de que el New York Times y el Washington Post publicaran sus artículos sobre la masacre.
El largo camino hacia los archivos del Pentágono
La presión al Departamento de Defensa para que entregue los archivos relacionados a la masacre de El Mozote tuvo una nueva ofensiva el año pasado cuando la Cámara Baja incluyó en la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Estatales del año fiscal 2020 una orden para que el Departamento de Estado coordinara una búsqueda de archivos relacionados en todas las agencias y oficinas estatales, entre ellas el Pentágono, sede del Departamento de Defensa. Y
La semana pasada, la Cámara Baja aprobó la nueva Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Estatales correspondientes al año fiscal 2021, y en ella requirió al Departamento de Estado que informara sobre el avance en la tarea encomendada en 2019. En febrero de 2020, el juez Guzmán ya se basó en esa previsión legal para pedirle al gobierno de Estados Unidos que entregue toda la información relevante para el caso que aún no haya sido desclasificada. El Faro publicó esa carta, fechada el 27 de enero de este año, y dirigida al secretario de Estado, Mike Pompeo. Una fuente cercana al proceso dijo a El Faro que la carta había sido recibida en Estados Unidos y que el juzgado recibió en abril una respuesta sobre el inicio de la desclasificación de archivos.
“En los últimos dos años un juicio se ha estado llevando a cabo en El Salvador para investigar la masacre y para hacer que los responsables enfrenten la justicia. El juez (Guzmán) ha pedido a los Estados Unidos todos los documentos que podamos tener relacionados a El Mozote”, dijo McGovern, en la sesión de la Cámara, el miércoles. “Este es un juicio muy importante”, agregó.
Las dos leyes que se preparan este año apuntan en el mismo sentido que las del año anterior, pero fundamentalmente se diferencian porque son más específicas en cuanto al Departamento de Defensa y porque pondrían un plazo para la entrega de la información. “La enmienda McGovern-Engel ofrecida este día simplemente exige al Departamento de Defensa que haga su parte y provea estos archivos a las autoridades judiciales de El Salvador”, dijo McGovern.
En 1993, el presidente Bill Clinton ordenó la desclasificación de unos 12,000 documentos de la CIA, el Departamento de Estado y de Defensa. Esos documentos incluían información principalmente de los 32 casos paradigmáticos de la Comisión de la Verdad. Además de ese paquete, el gobierno estadounidense ha liberado a cuenta gotas más información a organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (UWCHR en inglés), a través de su ley de información. Como El Mozote es el caso de la guerra civil más avanzado, la colaboración judicial sentaría un precedente para otras investigaciones, además que los documentos ya estarían agregados como evidencia en un caso del sistema penal salvadoreño y podrían servir también en otros casos.
La búsqueda en Estados Unidos va aparejada del proceso de búsqueda de archivos en El Salvador. El pasado 26 de junio, el juez Jorge Guzmán juramentó a dos de los tres peritos que participarán en inspecciones de ocho sedes militares, en busca de los archivos que el Ejército siempre ha negado. En la audiencia del 26 de junio, los peritos entregaron al juzgado un plan de trabajo y una calendarización, pero el juez aún no se han pronunciado al respecto, por lo que no hay certeza de cuando empezarán las inspecciones. La juramentación de la tercera perito, la guatemalteca Velia Muralles, está prevista para el 18 de agosto, según informó Tutela Legal María Julia Hernández, una de las organizaciones querellantes del juicio.
