La presidencia de Nayib Bukele dijo al juez Jorge Guzmán, quien reabrió y ha impulsado la investigación de la masacre de El Mozote (1981), que “hay planes militares secretos que no pueden ser revelados por parte del ministerio de Defensa” porque la Fuerza Armada protege “bienes superiores de índole colectivo, como la seguridad nacional, la defensa del Estado y la soberanía de El Salvador”. Esa es la posición que sentó el abogado José Ángel Pérez Chacón en una audiencia que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera realizó, este 28 de agosto, para coordinar cómo se realizarán las inspecciones de archivos militares ordenadas judicialmente.
El juez Guzmán rechazó el argumento de que revelar planes militares de hace 40 años produzca alguna afectación a intereses de la seguridad nacional y aclaró al representante de la presidencia que la audiencia no era para discutir si se iban a abrir los archivos o no, sino para planificar la forma de hacerlo. “La decisión judicial, licenciado Chacón, está tomada. Lo que procede es su ejecución. Se toma nota de su observación, sin embargo, eso no impide que la decisión judicial vaya a ser sostenida. Le pediría, a través de usted, si lo que usted ha dicho es la opinión de Presidencia, que se reconsidere esa posición”, dijo el juez. “Las decisiones judiciales no se negocian, ni se suplican. Se imponen”, agregó Guzmán en su respuesta.
Al invocar el argumento de la seguridad nacional, la administración Bukele se acercó a la posición que han mantenido todos los gobiernos de las últimas cuatro décadas, sean juntas militares, o de signo socialdemócrata, derecha o izquierda, respecto a los archivos militares. Bukele pasó de prometer, en una conferencia de prensa en noviembre de 2019, un acceso irrestricto a los documentos militares que sirven como evidencia en la investigación de la masacre de El Mozote —“Si el juez nos pide de la A a la F, vamos hasta la Z”, dijo— a condicionar ese acceso, en un juzgado en agosto de 2020, supuestamente para salvaguardar “la seguridad nacional y la soberanía del Estado”, según expresó el abogado Pérez Chacón.
Proteger la seguridad nacional fue la misma justificación que ocupó, por ejemplo, el ministro David Munguía Payés cuando impidió a la Fiscalía General secuestrar archivos militares el 30 de mayo de 2014, en la víspera del traspaso de mando presidencial. En ese entonces, la Fiscalía conducía una investigación por tráfico de armas. Desde la reapertura del juicio en 2016, la administración de Salvador Sánchez Cerén contestó cinco veces al juez Guzmán que no existen archivos militares como los que solicita. El 15 de noviembre de 2019, la administración Bukele también dijo al juez que el ministerio de Defensa no tiene archivos militares, misma respuesta que dieron los gobiernos de Arena desde 1990 cuando inició la investigación penal de El Mozote. Pero con una diferencia: el gobierno de Bukele dijo que estaba dispuesto a permitir inspecciones físicas en los recintos militares.
El juez Guzmán aprovechó esa apertura y ordenó el 15 de junio de este año las inspecciones en ocho sedes militares, para que peritos revisen los archivos. A la base de esta orden están las sospechas del juzgado de que el Ejército está ocultando información útil para esclarecer la verdad de un operativo militar que acabó con la vida de casi mil campesinos, la mitad de ellos menores de edad. En su orden de inspeccionar, el juez señaló “irregularidades” como que en la hoja de servicio del coronel Domingo Monterrosa, comandante del Batallón Atlacatl, no aparece su participación en la “Operación Rescate de Morazán” que devino en masacre.
Pese a los reparos del abogado Chacón, la postura general de permitir las inspecciones en los recintos militares se mantiene. El juez Guzmán, por otro lado, le recordó a los representantes del Ejecutivo que no tienen opción. “Toda persona debe estar sometida al cumplimiento de la Constitución y las leyes secundarias, sin importar el cargo que se ocupe. Las decisiones judiciales tienen que cumplirse porque no se toman antojadizamente”, dijo el juez.
A la audiencia estaban convocados el secretario jurídico y el secretario privado de la Presidencia, el ministro de Defensa, la ministra de Cultura, el director de la Policía Nacional Civil, el presidente del Instituto de Acceso a Información Pública (IAIP) , y el procurador de Derechos Humanos, pero el juez les permitió enviar a sus representantes. Además del citado Pérez Chacón, acudieron también: el coronel Carlos Vanegas García y Shirley Yanci Cordero (por el ministerio de Defensa), Luis Gerardo González Cañadas (por el ministerio de Cultura), René Valiente (por IAIP), Jorge Salomón Cuadra González (por la PNC) y Ana Milagro Guevara de Medrano (por la PDDH).
También comparecieron en el juzgado José Cruz Vigil y Óscar René Tobar Claros, como representantes de las víctimas, “el sujeto más importante en el proceso penal”, según el juez Guzmán. Dos delegados de la Embajada de Estados Unidos también estuvieron entre el público asistente “como observadores internacionales para dar seguimiento a este caso y al sistema de justicia”, según dijo uno de ellos a El Faro. La embajada tiene años de monitorear el caso. El gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en el financiamiento y entrenamiento de las tropas que masacraron en El Mozote, luego en el encubrimiento del caso y, más recientemente, en la desclasificación de archivos al respecto.
Juez: “Conocer la verdad sobre este hecho es imperativo”
El juicio de El Mozote cumple este mes de septiembre cuatro años de haber reiniciado. La primera denuncia penal ocurrió en esta misma sede judicial el 26 de octubre de 1990. El caso avanzó a trompicones y en contra de los esfuerzos del Estado hasta 1993, cuando fue cerrado tras la aprobación de la ley de amnistía. Esa ley de amnistía fue declarada inconstitucional en julio de 2016, dos meses antes de que el juez Guzmán retomara la causa. En ese lapso de 23 años, las víctimas no se rindieron y lograron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado salvadoreño por la masacre, en 2012.
Desde 2016, el juez ha dirigido entrevistas con más de 43 testigos sobrevivientes, expertas forenses, expertos militares y peticiones de información, en un arduo proceso que la Corte Suprema reconoció al aliviar la carga laboral del juez, para que dejara de tramitar también casos civiles y laborales, como sucedía hasta 2019. Este año, el juicio, como casi todo, se ha ralentizado debido a la suspensión de procesos judiciales ocasionada por la pandemia de covid-19. Por ejemplo, le tomó al juzgado dos meses juramentar a los peritos que participarán en las inspecciones militares porque una de ellas, la guatemalteca Velia Muralles, está fuera del país y las fronteras permanecen cerradas hasta mediados de septiembre. Su juramentación se realizó el 18 de agosto, de forma virtual, tras múltiples protestas de los abogados defensores que exigían una juramentación física, lo que habría retrasado más el proceso y el juicio. Y en un caso como El Mozote, el tiempo es un factor clave. Solo este año han fallecido cuatro testigos y un imputado. De los 28 oficiales acusados, solo 13 viven. Aún.
Esos antecedentes ayudan a entender la actitud impasible que mostró el juez cuando los abogados defensores presentaron alegatos antes y durante la parte medular de la audiencia. El defensor Néstor Pineda, por ejemplo, se opuso a la participación de la perito Muralles en forma virtual desde Guatemala, con una pantalla instalada en el salón de audiencias, porque advirtió que ella no estaba en la embajada de El Salvador en Guatemala.
El juez no dio la razón a ninguno de esos alegatos y aseguró que se trataba de puntos superados en decisiones anteriores. “En resolución anterior se ordenó la inspección y está firme. No cabe ninguna discusión sobre la misma”, advirtió. Ante la insistencia de los abogados, el juez Guzmán se mantuvo inalterable, ordenó a los abogados que tomaran sus asientos y aseguró que los abogados estaban haciendo uso de estrategias dilatorias.
“Lo que nos tiene ahora aquí es, a mi juicio, una de las diligencias más importantes: la inspección de archivos”, prosiguió el juez Guzmán. “Hay mucha información relevante para esclarecer los hechos que no fue proporcionada por el ministerio de Defensa. He visto con mucho agrado la disposición del presidente a colaborar. Las decisiones judiciales no se negocian, no se suplican. Se imponen. Y conocer la verdad sobre este hecho es imperativo”, agregó Guzmán.
“Hay personas que desde hace 39 años esperan justicia. Perdieron hijos, padres, fueron desplazados. La justicia les ha sido negada y todos como sociedad somos responsables”, dijo el juez. También recordó su resolución de 2018 en la que declaró estos delitos como de lesa humanidad y dijo que por ello este caso trascendía solamente el interés nacional.
Más tarde, el abogado Lisandro Quintanilla propuso la nulidad absoluta de la realización de las inspecciones, porque alegó que la Constitución prohíbe la divulgación de planes militares secretos, aunque el artículo que citó (168) habla de la entrega de informes a la Asamblea Legislativa, no de investigaciones judiciales. En la última de esas confrontaciones, el juez Guzmán le dijo al abogado Quintanilla que le estaba “teniendo paciencia” y Quintanilla protestó: “que quede constancia que usted violenta el derecho de defensa”, antes de tomar asiento.
El enviado de Presidencia expuso una posición idéntica a la del abogado defensor Quintanilla. “Estamos hablando de una inspección de archivos sumamente delicados y cuando se refieren a planes militares, inclusive hay algunos que resguarda nuestra Constitución como planes militares secretos”, dijo el abogado Pérez Chacón. “Tiene que establecerse una metodología en la que se sepa establecer el límite entre la pertinencia de la información que se pretende obtener a objeto de la presente causa penal y, a su vez, separar del conocimiento de esta jurisdicción aquellos que comprometan la seguridad nacional y la defensa del Estado así como la soberanía del Estado mismo, que son los fines constitucionales que tiene la Fuerza Armada que cumplir”, aseguró.
En realidad, ese límite que pide Presidencia ya se estableció en la propia orden de hacer inspecciones. No se trata de una búsqueda a mansalva. La resolución enumera claramente los archivos objeto de la pesquisa y los documentos que se persiguen: el “plan militar de la operación Rescate de 1981”, los “planes de operaciones militares en el país entre 1980 y 1984”, así como “planes militares de nivel nacional durante la guerra y sus anexos”. También se busca “normativa militar durante la guerra”, tal como reglamentos y decretos ejecutivos o manuales de formación y de funciones; “Órdenes Generales del Estado Mayor”, “análisis de inteligencia militar”, “informes periódicos de operaciones, informes de supervisión y control de operaciones, disponibilidad de recursos para desplegar operaciones” y otros “documentos administrativos vinculados” al operativo de El Mozote y otros cantones y caseríos aledaños.
En su respuesta, el juez rechazó la interpretación de Presidencia sobre la secretividad y citó la ley de Acceso a Información pública que establece que “no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional”, como es el caso de El Mozote.
“No hay fundamento para negarse”, dijo el juez, y ejemplificó que el ministerio de Defensa ya ha enviado planes militares de 1985 o 1986. Esos documentos, según el juez, “ya no tienen trascendencia en la actualidad más que para aclarar casos de violaciones a derechos humanos”. El coronel Vanegas, representante de Defensa, también preguntó al juez si la perito “de origen guatemalteca va a acceder a información concerniente a la seguridad nacional”. En la resolución del 15 de junio se aclara que Muralles será la coordinadora del equipo, pero el juez volvió a explicarlo y dijo que no hay prohibición a que peritos extranjeros intervengan. Además aclaró que Muralles —quien ha trabajado con el archivo histórico de la Policía Nacional de Guatemala— no está ligada a ninguna institución militar de ese país, como sugirió el coronel Vanegas.
El juez calendarizó las inspecciones entre el 21 de septiembre y el 13 de noviembre. Los equipos trabajarán de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y el juez Guzmán presidirá las jornadas. Los peritos luego tendrán un mes para presentar su informe con fecha límite el 11 de diciembre, en coincidencia con el aniversario número 39 de la masacre.
Desde el 21 de septiembre hasta el 16 de octubre se realizarán búsquedas en diferentes unidades del Archivo General de la Fuerza Armada. Del 19 al 23 de octubre se inspeccionarán los archivos de la Fuerza Aérea y de la Brigada de Artillería “Coronel Óscar Osorio”. Del 26 al 30 de octubre se revisarán los archivos del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (COPREFA) y el Archivo General de la Nación. Finalmente, entre el 2 y el 13 de noviembre los peritos se trasladarán a oriente para inspeccionar los archivos de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel y del Destacamento Militar número 4, en San Francisco Gotera.
El juez ordenó a Presidencia, Ministerio de Cultura y de Defensa que definan un listado del personal que brindará atención en cada lugar y que lo informen al tribunal. También pidió a la PNC un dispositivo de seguridad las 24 horas y estableció una medida cautelar “preventiva y asegurativa” a todos los funcionarios que custodian esos archivos, para evitar que de esos archivos se desplacen, oculten o sustraigan documentos.
