Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidió al Estado salvadoreño “reconducir el tono y la actitud de garantía en la libertad de expresión', tras una audiencia temática en la que los representantes del Gobierno no respondieron a numerosos señalamientos de violaciones a la libertad de prensa y de ataques a periodistas y medios de comunicación críticos e independientes cometidos en los primeros 18 meses de la administración de Nayib Bukele. Los representantes, dos de Cancillería y uno de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, tampoco contestaron las preguntas de la comisionada Margarette Macaulay, quien cuestionó los comentarios despectivos realizados por Bukele hacia medios y periodistas y pidió claridad sobre si existen investigaciones o acciones que frenen estas conductas.
La audiencia celebrada este 3 diciembre de forma virtual, en el periodo de sesiones número 178 de la CIDH, ocurre en un contexto en el que el Estado salvadoreño es señalado a nivel nacional e internacional por las constantes violaciones registradas a los derechos a la libertad de expresión y de prensa en El Salvador. En el último año, el primero de gestión del Gobierno Bukele, se ha reportado un aumento de ataques a periodistas: 98 entre junio de 2019 y noviembre de 2020, según la Asociación de Periodistas (APES). Además, el Ejecutivo utiliza plataformas oficiales e instituciones del Estado para perseguir a medios de comunicación y periodistas críticos, como es el caso del Ministerio de Hacienda, que mantiene abierta desde julio una agresiva auditoría contable en contra de El Faro, en la que se ha insistido por el acceso a información que no es de carácter tributario. En septiembre, Bukele incluso aseguró en cadena nacional que esa entidad estaba tratando de construir un caso por evasión y lavado de dinero en contra de este periódico.
La CIDH concedió la audiencia tras la petición de dos organizaciones: la Fundación para El Debido Proceso (DPLF) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); y cuatro medios de comunicación: Gato Encerrado, Revista Factum, el programa de televisión Focos y El Faro. “Desde la llegada del gobierno del presidente Bukele, hemos advertido un deterioro vertiginoso en el ejercicio de la libertad de prensa en el país”, dijo Sonia Rubio, de DPLF, en la apertura de los alegatos presentados por la sociedad civil.
Ante la Comisión, los periodistas expusieron los retrocesos en el ejercicio periodístico y en el acceso a la información, la centralización de información que impide a periodistas entrevistar a funcionarios, la criminalización del ejercicio periodístico y los comentarios estigmatizantes y difamatorios del presidente Bukele y sus funcionarios. También afloraron las evidencias de seguimientos e intervenciones ilegales de comunicaciones, la instrumentalización de organismos del Estado para atacar a medios y periodistas, y las amenazas contra mujeres periodistas.
“La madre de la periodista Carmen Valeria Escobar, Gato Encerrado, fue sometida a polígrafo y obligada por sus superiores a dejar su empleo en una oficina pública del Ejecutivo exactamente ocho días después de que Escobar publicara una investigación sobre cómo el ministro de Salud de El Salvador compró insumos médicos a una empresa propiedad de sus primos”, ejemplificó José Luis Sanz, director de El Faro, en su intervención. También participaron Angélica Cárcamo, presidenta de la APES; César Castro Fagoaga, jefe de Redacción en Revista Factum; y Karen Fernández, conductora de Focos.
Ante la CIDH, tres emisarios del Gobierno defendieron los avances en libertad de expresión comparando la situación con la de 1978, época de dictadura militar, y sugirieron que los periodistas deben tener “mayor margen de tolerancia” ante lo que consideran “la respuesta de la población”, al ejercicio periodístico, ignorando la responsabilidad gubernamental y la participación directa de Bukele en los ataques y acoso a la prensa. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa concluyó que el presidente y sus funcionarios son los principales protagonistas del acoso contra periodistas en el país.
Desde abril de 2019, a menos de dos meses para la toma de posesión, y siendo Bukele presidente electo, este definió el tono con el cual trataría a la prensa y a los medios independientes cuando en su primer discurso a la población, transmitido a través de Facebook Live, acusó a medios y periodistas independientes de estar aliados a sus opositores políticos. Ese argumento ha servido de base para sus constantes diatribas contra medios y periodistas, y para las de sus principales funcionarios de gabinete, a modo de justificación para lo que el Gobierno considera un uso legítimo de 'su' derecho de libertad de expresión para contrarrestar los supuestos ataques en su contra.
En sus alegatos, dos de los funcionarios hicieron eco ante la CIDH de este argumento al intentar ligar el escenario electoral con las denuncias expresadas por la prensa salvadoreña y asociaciones de derechos humanos.“En el ambiente preelectoral en que nos encontramos, las encuestas indican que puede haber cambios importantes el 28 de febrero de 2021 (día de las elecciones) en El Salvador, lo que preocupa a algunas fuerzas porque sienten que saldrán de la política y terminarán sus privilegios”, dijo Gloria Evelyn Martínez, directora de sistemas internacionales de protección de la Cancillería.
“El Salvador se encuentra en un contexto preelectoral, por lo que los periodistas deben ejercer sus labores obedeciendo los principios de un periodismo responsable”, agregó la funcionaria, sin argumentar concretamente cómo eso explica diversas actitudes de bloqueo de información ejercido por parte del Gobierno.
El relator Vaca consideró que “las respuestas del Estado no son suficientes para desvirtuar lo que plantea sociedad civil”. Además, rechazó las sugerencias del Gobierno de cuestionar la ética de los periodistas como justificación de las agresiones recibidas. “El lugar más inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicación es el poder Ejecutivo. No aspiramos a que los gobiernos funjan como tribunales ad hoc de la prensa y que a discreción determinen cuando la prensa es acertada o es errada. Estos son síntomas reservados para régimenes autoritarios', dijo Vaca. “Si solo asumimos la voz oficial como la voz correcta es un síntoma muy grave”, concluyó el relator.
Todas las denuncias presentadas a la CIDH ya habían sido expresadas este año por medios y periodistas salvadoreños en otros espacios, como la Sociedad Interamericana de Prensa, un informe de la propia APES, y señalados en cartas de legisladores demócratas y republicanos en Estados Unidos. La audiencia ante la CIDH además está precedida por peticiones al Relator de Libertad de Expresión que presentaron cientos de periodistas en cartas enviadas por la Fundación Gabo, el jurado del premio María Moors Cabot, o la organización Reporteros Sin Fronteras.
Gobierno: 'El periodismo debe ser más tolerante'
En su intervención, el Estado salvadoreño planteó que las condiciones de la libertad de prensa y de expresión en el país no son las mismas que las de hace más de 40 años, en los años previos al estallido de la guerra civil, y que eso era digno de ser reconocido por la CIDH. “Era un contexto de fuerte y larga represión estatal”, dijo Tania Camila Rosa, directora de derechos humanos de la Cancillería, quien enumeró una serie de atentados con dinamita y cierres de medios que ocurrieron a finales de la década de los años 70.
“Estos antecedentes son importantes porque no puede negarse que realmente han existido avances en los derechos humanos en El Salvador”, dijo Rosa, quien señaló que la responsabilidad de que ocurrieran esos avances, en gran medida, es gracias a las reformas institucionales pactadas con los Acuerdos de Paz de 1992, acuerdos que, contradictoriamente, han sido vilipendiados por el presidente Bukele.
Rosa mencionó una serie de normativas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos que, según dijo, el Estado salvadoreño cumple. “Múltiples medios han publicado diversas notas, reportajes e investigaciones [críticas] al Gobierno sin que pudiera señalarse que haya existido censura previa por parte del Estado o consecuencias posteriores de amenazas de cierre o de censura que puedan ser atribuidas a cualquier instancia de Gobierno”, dijo.
Rosa terminó su argumentación insinuando al Estado que los medios que presentaron sus denuncias ante la CIDH exageraban por los ataques de los funcionarios y por la reacción de los simpatizantes de Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele. “Es importante mencionar y el Estado plantea en esta audiencia si también debe existir un mayor margen de tolerancia de quienes ejercen el periodismo frente a la respuesta de la población”, dijo Rosa.
Gloria Martínez incluso llegó a exponer que algunos medios tienen interés en crear un contexto de afectación, cuando el Estado salvadoreño sí ha dado respuestas cuando este ha sido requerido para garantizar la protección de estos derechos. Como ejemplo, cuestionó a la Revista Factum por no haber aceptado la seguridad que el Gobierno les ofreció a partir de unas medidas de protección ordenadas por la CIDH en noviembre de 2017, después de que dicho medio publicara una investigación sobre escuadrones de ejecuciones extrajudiciales en la Policía. “Se advierte entonces por parte del Estado que existe un interés de generar todo un contexto de afectación a la labor periodística y de construir una narrativa sobre limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa”, dijo Martínez.
Desde la Revista Factum desmienten a Martínez sobre la falta de voluntad del medio para consensuar medidas de protección. “No es cierto. Como Factum nos hemos reunido con la representación del Estado. Incluso tuvimos una audiencia de seguimiento con la CIDH donde les dijimos que lo ofrecido por el Estado no respondía a lo que motivó la petición de medidas cautelares. Nosotros hemos insistido que la principal protección es que exista una verdadera investigación de parte del Estado, a través de la Fiscalía y Policía, sobre el origen de las amenazas contra Factum”, dice a El Faro el jefe de redacción, César Castro Fagoaga.
Fagoaga agregó que la Fiscalía les ha informado que la investigación en ese sentido no ha avanzado. “Decir que nosotros no hemos tenido voluntad de consensuar o que no nos interesa es una falsedad, y el Estado lo sabe”, concluye.
Martínez también insinuó que la audiencia ante la CIDH no tenía razón de ser puesto que, según ella, el Estado salvadoreño aun tiene margen de maniobra para responder ante cualquier agresión. Ella sostuvo que los medios deberían presentar denuncias penales en suelo salvadoreño en caso de sentirse agraviados. “Pero la Fiscalía solo cuenta con registro de una denuncia [de El Faro] por un hecho específico de los varios incidentes y presuntos atentados que se mencionan. La instancia nacional no está agotada”, señaló Martínez.
El director de El Faro José Luis Sanz desmintió a la funcionaria. “En el caso concreto de El Faro y me consta que ocurre también en el caso de Factum y otros medios, especialmente durante el último lustro, hemos hecho repetidas denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos por sospechas de seguimientos, por evidencia de seguimientos, por amenazas por supuestos grupos parapoliciales o amenazas directas anónimas contra nuestros periodistas. Ninguna de ellas ha merecido siquiera una reunión por parte de la Fiscalía ni tenemos notificación sobre las acciones generadas a partir de esas denuncias”, dijo Sanz.
El director de El Faro lamentó que el Estado actúe como si no conociera las denuncias interpuestas por los medios. “Todas ellas son de dominio público”, anadió.
Las preguntas sin respuesta de la comisionada Macaulay
La representación del Estado salvadoreño evadió responder las preguntas que hizo Margarette May Macaulay, la comisionada de la CIDH que funge como relatora de El Salvador. Tras la primera ronda de intervenciones de periodistas y funcionarios, Macaulay dijo que “si el presidente hace comentarios despectivos, entonces hay un problema respecto al derecho de la libertad de expresión”.
Bukele ha llamado “basura” a El Faro y sus periodistas. Un día después de la publicación de un reportaje que revela las negociaciones del gobierno con la pandilla MS-13, ordenó desde sus redes sociales: “Que no quede un ápice de credibilidad en ese panfleto”. Unas horas después Federico Anliker, presidente de la Corporación Aeroportuaria (CEPA), lanzó contra el periódico una amenaza directa con la frase “Le están tocando los huevos al tigre”. Sobre este tipo de comentarios, la comisionada pidió dos veces una postura de los representantes del Estado, pero no recibió una respuesta directa.
No fueron las únicas preguntas que quedaron sin respuesta. Macaulay también pidió “información específica acerca de la investigación de lavado de dinero contra El Faro”, y también “¿qué medidas van a ser tomadas sobre las recomendaciones de la comisión especial de acoso (de la Asamblea) y si el presidente va a ser investigado?”. La representación estatal omitió esos temas y Macaulay se los hizo ver.
“No escuché al Estado reaccionar a los comentarios despectivos del presidente hacia los medios. Las personas en poder que hacen comentarios al público tienden a dirigir la atención hacia esos objetivos. Es peligroso y en algunos países ha generado violencia. Eso pregunté. ¿se está investigando? ¿qué se está haciendo?”, dijo Macaulay, en su última intervención al final de la audiencia.
Macaulay dijo que esta clase de ataques son algo que ha ocurrido “en Estados Unidos en los últimos cuatro años” y que no es digno de ser emulado. Un día antes de la audiencia, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, aunque dijo estar “consciente de las preocupaciones de los periodistas”, dijo sentirse “alentado porque ningún periodista ha sido arrestado ni se ha bloqueado en Internet ningún sitio de noticias”.
La comisionada Macaulay hizo varios reparos, no solo al Ejecutivo, sino también a la Asamblea Legislativa. “¿Por qué la ley (de protección de periodistas) está recogiendo polvo y no está siendo discutida?”, señaló, y también preguntó por los bajos salarios y la carencia de beneficios sociales para los periodistas en sus trabajos.
Ante la insistencia de la comisionada Macaulay sobre por qué los funcionarios salvadoreños constantemente atacan y deslegitiman la labor periodística, el delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia José Ángel Pérez Chacón insinuó que se trata de un ejercicio de balance ante la opinión pública. “Es necesario que se ejerza la posibilidad de plantear la otra cara de la moneda porque puede ser que [la prensa] esté manifestando un elemento que pudiera poner en duda la actuación de los funcionarios públicos o del Estado mismo”, dijo Pérez.
“Es ahí donde cae en muchas ocasiones la reacción o la oportuna intervención que pudiera tener algún funcionario aclarando algunos conceptos que han sido brindados por la prensa en aras de su libertad de expresión o de prensa también”, dijo Pérez. Lo que no dijo el funcionario es que constantemente a medios como El Faro y Factum, el Gobierno salvadoreño bloquea posibilidades de entrevistas o preguntas en conferencias de prensa. El primer bloqueo directo a la labor de los periodistas en El Salvador, de hecho, ocurrió en septiembre de 2019, cuando Casa Presidencial prohibió el acceso a una conferencia de prensa a periodistas de ambos medios.
“Las expresiones del presidente a lo que van es a la búsqueda de generar una opinión pública más objetiva de los aspectos que deben ser considerados y que se presentan, muchas veces, de manera parcializada. De nadie es desconocido que también existen líneas editoriales que algunos medios de comunicación siguen”, dijo Pérez.
El abogado también negó, ante la denuncias de El Faro ante la Fiscalía por aparentes seguimientos a sus periodistas, que existan cuerpos parapoliciales en el Estado. “Eso no tiene cabida en El Salvador”, dijo Pérez.
La periodista Karen Fernández, de Focos, indicó que muchas veces los ataques verbales a periodistas se ven alentados después de que funcionarios han lanzado comentarios denigrantes o estigmatizantes. Pero según Pérez “no existe un nexo causal” entre las declaraciones de funcionarios públicos y los hechos que motivaron la audiencia ante la CIDH.
El informe de la Asamblea, publicado a principios de noviembre, reseña que los funcionarios de la Administración Bukele suelen ocupar las redes sociales para responder con ataques las investigaciones mediáticas. Pero según Pérez, cuando un funcionario responde de esa manera, está solo “complementando” la información propuesta por la prensa. “Estamos entonces ante un panorama de tensión entre el derecho a la libertad de prensa y las posibilidades de completar la información que se brinda para realmente formar una opinión pública objetiva”, dijo el funcionario. Los emisarios del Gobierno, sin embargo, evadieron mencionar que algunos funcionarios señalados en investigaciones periodísticas se han rehusado a emitir comentarios o simplemente no contestan a las preguntas de los periodistas previo a la publicación de esas investigaciones.
Pérez también se refirió a las constantes reservas de información que ha hecho el Ejecutivo, amparándose en la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP). Pérez asegura toda la información reservada cumple los requisitos para ser declarada de esa manera, según lo que establece el artículo 19 de la LAIP.
Solo en el marco de la pandemia por la Covid-19, la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde) ha denunciado en siete ocasiones a diversas carteras del Estado por declarar reservada que debería ser pública, según los términos de la LAIP. Además, diversos medios han documentado que la información reservada por el Ejecutivo incluye, entre otras cosas, los planes de salud del Ministerio de Salud y los datos de cómo se financiaron los diversos programas de atención a la pandemia.
