Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresi贸n de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pidi贸 al Estado salvadore帽o “reconducir el tono y la actitud de garant铆a en la libertad de expresi贸n', tras una audiencia tem谩tica en la que los representantes del Gobierno no respondieron a numerosos se帽alamientos de violaciones a la libertad de prensa y de ataques a periodistas y medios de comunicaci贸n cr铆ticos e independientes cometidos en los primeros 18 meses de la administraci贸n de Nayib Bukele.聽Los representantes, dos de Canciller铆a y uno de la Secretar铆a Jur铆dica de la Presidencia,聽tampoco contestaron las preguntas de la comisionada Margarette Macaulay, quien cuestion贸 los comentarios despectivos realizados por Bukele hacia medios y periodistas y pidi贸 claridad sobre si existen investigaciones o acciones que frenen estas conductas.聽
La audiencia celebrada este 3 diciembre de forma virtual, en el periodo de sesiones n煤mero 178 de la CIDH, ocurre en un contexto en el que el Estado salvadore帽o es se帽alado a nivel nacional e internacional por las constantes violaciones registradas a los derechos a la libertad de expresi贸n y de prensa en El Salvador. En el 煤ltimo a帽o, el primero de gesti贸n del Gobierno Bukele, se ha reportado un aumento de ataques a periodistas: 98 entre junio de 2019 y noviembre de 2020, seg煤n la Asociaci贸n de Periodistas (APES). Adem谩s, el Ejecutivo utiliza plataformas oficiales e instituciones del Estado para perseguir a medios de comunicaci贸n y periodistas cr铆ticos, como es el caso del Ministerio de Hacienda, que mantiene abierta desde julio una agresiva auditor铆a contable en contra de El Faro, en la que se ha insistido por el acceso a informaci贸n que no es de car谩cter tributario. En septiembre, Bukele incluso asegur贸 en cadena nacional que esa entidad estaba tratando de construir un caso por evasi贸n y lavado de dinero en contra de este peri贸dico.聽
La CIDH concedi贸 la audiencia tras la petici贸n de dos organizaciones: la Fundaci贸n para El Debido Proceso (DPLF) y la Asociaci贸n de Periodistas de El Salvador (APES); y cuatro medios de comunicaci贸n: Gato Encerrado, Revista Factum, el programa de televisi贸n Focos y El Faro. “Desde la llegada del gobierno del presidente Bukele, hemos advertido un deterioro vertiginoso en el ejercicio de la libertad de prensa en el pa铆s”, dijo Sonia Rubio, de DPLF, en la apertura de los alegatos presentados por la sociedad civil.
Ante la Comisi贸n, los periodistas expusieron los retrocesos en el ejercicio period铆stico y en el acceso a la informaci贸n, la centralizaci贸n de informaci贸n que impide a periodistas entrevistar a funcionarios, la criminalizaci贸n del ejercicio period铆stico y los comentarios estigmatizantes y difamatorios del presidente Bukele y sus funcionarios. Tambi茅n afloraron las evidencias de seguimientos e intervenciones ilegales de comunicaciones, la instrumentalizaci贸n de organismos del Estado para atacar a medios y periodistas, y las amenazas contra mujeres periodistas.
“La madre de la periodista Carmen Valeria Escobar, Gato Encerrado, fue sometida a pol铆grafo y obligada por sus superiores a dejar su empleo en una oficina p煤blica del Ejecutivo exactamente ocho d铆as despu茅s de que聽 Escobar publicara una investigaci贸n sobre c贸mo el ministro de Salud de El Salvador compr贸 insumos m茅dicos a una empresa propiedad de sus primos”, ejemplific贸 Jos茅 Luis Sanz,聽director de El Faro, en su intervenci贸n. Tambi茅n participaron Ang茅lica C谩rcamo, presidenta de la APES; C茅sar Castro Fagoaga, jefe de Redacci贸n en Revista Factum; y Karen Fern谩ndez, conductora de Focos.聽 聽
Ante la CIDH, tres emisarios del Gobierno defendieron los avances en libertad de expresi贸n comparando la situaci贸n con la de 1978, 茅poca de dictadura militar, y sugirieron que los periodistas deben tener “mayor margen de tolerancia” ante lo que consideran “la respuesta de la poblaci贸n”, al ejercicio period铆stico, ignorando la responsabilidad gubernamental y la participaci贸n directa de Bukele en los ataques y acoso a la prensa. Una comisi贸n especial de la Asamblea Legislativa concluy贸 que el presidente y sus funcionarios son los principales protagonistas del acoso contra periodistas en el pa铆s.
Desde abril de 2019, a menos de dos meses para la toma de posesi贸n, y siendo Bukele presidente electo, este defini贸 el tono con el cual tratar铆a a la prensa y a los medios independientes cuando en su primer discurso a la poblaci贸n, transmitido a trav茅s de Facebook Live, acus贸 a medios y periodistas independientes de estar aliados a sus opositores pol铆ticos.聽 Ese argumento ha servido de base para sus constantes diatribas contra medios y periodistas, y para las de sus principales funcionarios de gabinete, a modo de justificaci贸n para lo que el Gobierno considera un uso leg铆timo de 'su' derecho de libertad de expresi贸n para contrarrestar los supuestos ataques en su contra.聽
En sus alegatos, dos de los funcionarios hicieron eco ante la CIDH de este argumento al intentar ligar el escenario electoral con las denuncias expresadas por la prensa salvadore帽a y asociaciones de derechos humanos.“En el ambiente preelectoral en que nos encontramos, las encuestas indican que puede haber cambios importantes el 28 de febrero de 2021 (d铆a de las elecciones) en El Salvador, lo que preocupa a algunas fuerzas porque sienten que saldr谩n de la pol铆tica y terminar谩n sus privilegios”, dijo Gloria Evelyn Mart铆nez, directora de sistemas internacionales de protecci贸n de la Canciller铆a.聽
“El Salvador se encuentra en un contexto preelectoral, por lo que los periodistas deben ejercer sus labores obedeciendo los principios de un periodismo responsable”, agreg贸 la funcionaria, sin argumentar concretamente c贸mo eso explica diversas actitudes de bloqueo de informaci贸n ejercido por parte del Gobierno.聽
El relator Vaca consider贸 que “las respuestas del Estado no son suficientes para desvirtuar lo que plantea sociedad civil”. Adem谩s, rechaz贸 las sugerencias del Gobierno de cuestionar la 茅tica de los periodistas como justificaci贸n de las agresiones recibidas.聽“El lugar m谩s inconveniente para medir la calidad de los medios de comunicaci贸n es el poder Ejecutivo. No aspiramos a que los gobiernos funjan como tribunales ad hoc de la prensa y que a discreci贸n determinen cuando la prensa es acertada o es errada. Estos son s铆ntomas reservados para r茅gimenes autoritarios', dijo Vaca. “Si solo asumimos la voz oficial como la voz correcta es un s铆ntoma muy grave”, concluy贸 el relator.聽
Todas las denuncias presentadas a la CIDH ya hab铆an sido expresadas este a帽o por medios y periodistas salvadore帽os en otros espacios, como la Sociedad Interamericana de Prensa, un informe de la propia APES, y se帽alados en cartas de legisladores dem贸cratas y republicanos en Estados Unidos. La audiencia ante la CIDH adem谩s est谩 precedida por peticiones al Relator de Libertad de Expresi贸n que presentaron cientos de periodistas en cartas enviadas por la Fundaci贸n Gabo, el jurado del premio Mar铆a Moors Cabot, o la organizaci贸n Reporteros Sin Fronteras.聽
Gobierno: 'El periodismo debe ser m谩s tolerante'
En su intervenci贸n, el Estado salvadore帽o plante贸 que las condiciones de la libertad de prensa y de expresi贸n en el pa铆s no son las mismas que las de hace m谩s de 40 a帽os, en los a帽os previos al estallido de la guerra civil, y que eso era digno de ser reconocido por la CIDH. “Era un contexto de fuerte y larga represi贸n estatal”, dijo Tania Camila Rosa, directora de derechos humanos de la Canciller铆a, quien enumer贸 una serie de atentados con dinamita y cierres de medios que ocurrieron a finales de la d茅cada de los a帽os 70.聽
“Estos antecedentes son importantes porque no puede negarse que realmente han existido avances en los derechos humanos en El Salvador”, dijo Rosa, quien se帽al贸 que la responsabilidad de que ocurrieran esos avances, en gran medida, es gracias a las reformas institucionales pactadas con los Acuerdos de Paz de 1992, acuerdos que, contradictoriamente, han sido vilipendiados por el presidente Bukele.
Rosa mencion贸 una serie de normativas nacionales e internacionales de respeto a los derechos humanos que, seg煤n dijo, el Estado salvadore帽o cumple. “M煤ltiples medios han publicado diversas notas, reportajes e investigaciones [cr铆ticas] al Gobierno sin que pudiera se帽alarse que haya existido censura previa por parte del Estado o consecuencias posteriores de amenazas de cierre o de censura que puedan ser atribuidas a cualquier instancia de Gobierno”, dijo.
Rosa termin贸 su argumentaci贸n insinuando al Estado que los medios que presentaron sus denuncias ante la CIDH exageraban por los ataques de los funcionarios y por la reacci贸n de los simpatizantes de Nuevas Ideas, el partido del presidente Bukele. “Es importante mencionar y el Estado plantea en esta audiencia si tambi茅n debe existir un mayor margen de tolerancia de quienes ejercen el periodismo frente a la respuesta de la poblaci贸n”, dijo Rosa.聽
Gloria Mart铆nez incluso lleg贸 a exponer que algunos medios tienen inter茅s en crear un contexto de afectaci贸n, cuando el Estado salvadore帽o s铆 ha dado respuestas cuando este ha sido requerido para garantizar la protecci贸n de estos derechos. Como ejemplo, cuestion贸 a la Revista Factum por no haber aceptado la seguridad que el Gobierno les ofreci贸 a partir de unas medidas de protecci贸n ordenadas por la CIDH en noviembre de 2017, despu茅s de que dicho medio publicara聽 una investigaci贸n sobre escuadrones de ejecuciones extrajudiciales en la Polic铆a. “Se advierte entonces por parte del Estado que existe un inter茅s de generar todo un contexto de afectaci贸n a la labor period铆stica y de construir una narrativa sobre limitaciones al ejercicio de la libertad de prensa”, dijo Mart铆nez.聽
Desde la Revista Factum desmienten a Mart铆nez sobre la falta de voluntad del medio para consensuar medidas de protecci贸n. “No es cierto. Como Factum nos hemos reunido con la representaci贸n del Estado. Incluso tuvimos una audiencia de seguimiento con la CIDH donde les dijimos que lo ofrecido por el Estado no respond铆a a lo que motiv贸 la petici贸n de medidas cautelares. Nosotros hemos insistido que la principal protecci贸n es que exista una verdadera investigaci贸n de parte del Estado, a trav茅s de la Fiscal铆a y Polic铆a, sobre el origen de las amenazas contra Factum”, dice a El Faro el jefe de redacci贸n, C茅sar Castro Fagoaga.聽
Fagoaga agreg贸 que la Fiscal铆a les ha informado que la investigaci贸n en ese sentido no ha avanzado. “Decir que nosotros no hemos tenido voluntad de consensuar o que no nos interesa es una falsedad, y el Estado lo sabe”, concluye.
Mart铆nez tambi茅n insinu贸 que la audiencia ante la CIDH no ten铆a raz贸n de ser puesto que, seg煤n ella, el Estado salvadore帽o aun tiene margen de maniobra para responder ante cualquier agresi贸n. Ella sostuvo que los medios deber铆an presentar denuncias penales en suelo salvadore帽o en caso de sentirse agraviados. “Pero la Fiscal铆a solo cuenta con registro de una denuncia [de El Faro] por un hecho espec铆fico de los varios incidentes y presuntos atentados que se mencionan. La instancia nacional no est谩 agotada”, se帽al贸 Mart铆nez.聽
El director de El Faro Jos茅 Luis Sanz desminti贸 a la funcionaria. “En el caso concreto de El Faro y me consta que ocurre tambi茅n en el caso de Factum y otros medios, especialmente durante el 煤ltimo lustro, hemos hecho repetidas denuncias ante la Fiscal铆a y la Procuradur铆a para la Defensa de los Derechos Humanos por sospechas de seguimientos, por evidencia de seguimientos, por amenazas por supuestos grupos parapoliciales o amenazas directas an贸nimas contra nuestros periodistas. Ninguna de ellas ha merecido siquiera una reuni贸n por parte de la Fiscal铆a ni tenemos notificaci贸n sobre las acciones generadas a partir de esas denuncias”, dijo Sanz.聽
El director de El Faro lament贸 que el Estado act煤e como si no conociera las denuncias interpuestas por los medios. “Todas ellas son de dominio p煤blico”, anadi贸.
Las preguntas sin respuesta de la comisionada Macaulay
La representaci贸n del Estado salvadore帽o evadi贸 responder las preguntas que hizo Margarette May Macaulay, la comisionada de la CIDH que funge como relatora de El Salvador. Tras la primera ronda de intervenciones de periodistas y funcionarios, Macaulay dijo que “si el presidente hace comentarios despectivos, entonces hay un problema respecto al derecho de la libertad de expresi贸n”.聽
Bukele ha llamado “basura” a El Faro y sus periodistas. Un d铆a despu茅s de la publicaci贸n de un reportaje que revela las negociaciones del gobierno con la pandilla MS-13, orden贸 desde sus redes sociales: “Que no quede un 谩pice de credibilidad en ese panfleto”. Unas horas despu茅s Federico Anliker, presidente de la Corporaci贸n Aeroportuaria (CEPA), lanz贸 contra el peri贸dico una amenaza directa con la frase “Le est谩n tocando los huevos al tigre”. Sobre este tipo de comentarios, la comisionada pidi贸 dos veces una postura de los representantes del Estado, pero no recibi贸 una respuesta directa.
No fueron las 煤nicas preguntas que quedaron sin respuesta. Macaulay tambi茅n pidi贸 “informaci贸n espec铆fica acerca de la investigaci贸n de lavado de dinero contra El Faro”, y tambi茅n “驴qu茅 medidas van a ser tomadas sobre las recomendaciones de la comisi贸n especial de acoso (de la Asamblea) y si el presidente va a ser investigado?”. La representaci贸n estatal omiti贸 esos temas y Macaulay se los hizo ver.
“No escuch茅 al Estado reaccionar a los comentarios despectivos del presidente hacia los medios. Las personas en poder que hacen comentarios al p煤blico tienden a dirigir la atenci贸n hacia esos objetivos. Es peligroso y en algunos pa铆ses ha generado violencia. Eso pregunt茅. 驴se est谩 investigando? 驴qu茅 se est谩 haciendo?”, dijo Macaulay, en su 煤ltima intervenci贸n al final de la audiencia.聽
Macaulay dijo que esta clase de ataques son algo que ha ocurrido “en Estados Unidos en los 煤ltimos cuatro a帽os” y que no es digno de ser emulado. Un d铆a antes de la audiencia, el embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, aunque dijo estar “consciente de las preocupaciones de los periodistas”, dijo sentirse “alentado porque ning煤n periodista ha sido arrestado ni se ha bloqueado en Internet ning煤n sitio de noticias”.
La comisionada Macaulay hizo varios reparos, no solo al Ejecutivo, sino tambi茅n a la Asamblea Legislativa. “驴Por qu茅 la ley (de protecci贸n de periodistas) est谩 recogiendo polvo y no est谩 siendo discutida?”, se帽al贸, y tambi茅n pregunt贸 por los bajos salarios y la carencia de beneficios sociales para los periodistas en sus trabajos.
Ante la insistencia de la comisionada Macaulay sobre por qu茅 los funcionarios salvadore帽os constantemente atacan y deslegitiman la labor period铆stica, el delegado de la Secretar铆a Jur铆dica de la Presidencia Jos茅 脕ngel P茅rez Chac贸n insinu贸 que se trata de un ejercicio de balance ante la opini贸n p煤blica. “Es necesario que se ejerza la posibilidad de plantear la otra cara de la moneda porque puede ser que [la prensa] est茅 manifestando un elemento que pudiera poner en duda la actuaci贸n de los funcionarios p煤blicos o del Estado mismo”, dijo P茅rez.聽
“Es ah铆 donde cae en muchas ocasiones la reacci贸n o la oportuna intervenci贸n que pudiera tener alg煤n funcionario aclarando algunos conceptos que han sido brindados por la prensa en aras de su libertad de expresi贸n o de prensa tambi茅n”, dijo P茅rez. Lo que no dijo el funcionario es que constantemente a medios como El Faro y Factum, el Gobierno salvadore帽o bloquea posibilidades de entrevistas o preguntas en conferencias de prensa. El primer bloqueo directo a la labor de los periodistas en El Salvador, de hecho, ocurri贸 en聽septiembre de 2019, cuando Casa Presidencial prohibi贸 el acceso a una conferencia de prensa a periodistas de ambos medios.聽
“Las expresiones del presidente a lo que van es a la b煤squeda de generar una opini贸n p煤blica m谩s objetiva de los aspectos que deben ser considerados y que se presentan, muchas veces, de manera parcializada. De nadie es desconocido que tambi茅n existen l铆neas editoriales que algunos medios de comunicaci贸n siguen”, dijo P茅rez.聽
El abogado tambi茅n neg贸, ante la denuncias de El Faro ante la Fiscal铆a por aparentes seguimientos a sus periodistas, que existan cuerpos parapoliciales en el Estado. “Eso no tiene cabida en El Salvador”, dijo P茅rez.聽
La periodista Karen Fern谩ndez, de Focos, indic贸 que muchas veces los ataques verbales a periodistas se ven alentados despu茅s de que funcionarios han lanzado comentarios denigrantes o estigmatizantes. Pero seg煤n P茅rez “no existe un nexo causal” entre las declaraciones de funcionarios p煤blicos y los hechos que motivaron la audiencia ante la CIDH.聽
El informe de la Asamblea, publicado a principios de noviembre, rese帽a que los funcionarios de la Administraci贸n Bukele suelen ocupar las redes sociales para responder con ataques las investigaciones medi谩ticas. Pero seg煤n P茅rez, cuando un funcionario responde de esa manera, est谩 solo “complementando” la informaci贸n propuesta por la prensa. “Estamos entonces ante un panorama de tensi贸n entre el derecho a la libertad de prensa y las posibilidades de completar la informaci贸n que se brinda para realmente formar una opini贸n p煤blica objetiva”, dijo el funcionario. Los emisarios del Gobierno, sin embargo, evadieron mencionar que algunos funcionarios se帽alados en investigaciones period铆sticas se han rehusado a emitir comentarios o simplemente no contestan a las preguntas de los periodistas previo a la publicaci贸n de esas investigaciones.聽
P茅rez tambi茅n se refiri贸 a las constantes reservas de informaci贸n que ha hecho el Ejecutivo, ampar谩ndose en la Ley de Acceso a la Informaci贸n P煤blica (LAIP). P茅rez asegura toda la informaci贸n reservada cumple los requisitos para ser declarada de esa manera, seg煤n lo que establece el art铆culo 19 de la LAIP.
Solo en el marco de la pandemia por la Covid-19, la Oficina de Asesor铆a Legal y Anticorrupci贸n de la Fundaci贸n Nacional para el Desarrollo (Funde) ha denunciado en siete ocasiones a diversas carteras del Estado por declarar reservada que deber铆a ser p煤blica, seg煤n los t茅rminos de la LAIP. Adem谩s, diversos medios han documentado que la informaci贸n reservada por el Ejecutivo incluye, entre otras cosas, los planes de salud del Ministerio de Salud y los datos de c贸mo se financiaron los diversos programas de atenci贸n a la pandemia.
