En su obsesión antidemocrática por destruir a las voces críticas o que no le rinden pleitesía, el presidente Nayib Bukele presiona a todo su aparato de Estado para que funcione como una maquinaria de persecución y denigre a esas voces. El actual Gobierno de El Salvador quiere acallar por cualquier vía a quien piensa distinto o le fiscaliza.
El Faro ha sido, desde junio de 2019, especial objeto de sus ataques. El presidente ha utilizado contra nosotros agentes de inteligencia, operadores de propaganda, ministros y funcionarios indignos, y distintas instituciones del Estado en un intento no solo de deslegitimar nuestro trabajo, sino de impedirlo. No solo nos ha negado sistemáticamente el acceso a información pública, y ha estigmatizado y difamado a nuestros periodistas, lectores y financistas, sino que ha impulsado investigaciones sin base y estrambóticos casos administrativos contra nosotros con miras a convertirlos en acusaciones criminales o, al menos, en hechos propagandísticos que, mediante la calumnia, mermen nuestro prestigio. Desde hace casi dos años, El Faro ha denunciado públicamente estos ataques y ha recurrido a instancias legales nacionales e internacionales para defenderse. Ya organismos como la Sala de lo Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Fundación Gabo o el Centro de Protección de Periodistas se han pronunciado sobre estos ataques.
Hoy este Gobierno ha dado un paso más.
A finales de la semana pasada, recibimos las conclusiones preliminares de parte de la amplia auditoría que el Ministerio de Hacienda hace a El Faro desde hace un año. En ellas, el Ministerio dice haber encontrado en nuestro ejercicio contable 2017 una evasión intencional de impuestos que asciende a 33.7 mil dólares. La acusación es totalmente infundada y El Faro lo demostrará documentalmente y en los juzgados, si es necesario. Pero también la rebate aquí, públicamente, por transparencia hacia sus lectores y para plantar cara a la maquinaria de propaganda del Ejecutivo.
El Gobierno de Bukele nos acusa, en pocas palabras, de no pagar unos impuestos que sí pagamos –y las pruebas de ello las tiene el mismo Ministerio de Hacienda desde hace meses– o de no pagar impuestos por ingresos que nunca existieron y que Hacienda inventa. Este absurdo tiene una sola explicación: la misión de los auditores de Hacienda que nos investigan desde julio de 2020 no es la de cuidar los intereses del Estado o perseguir evasores, sino la de cumplir con las órdenes de ataque giradas por Casa Presidencial.
Los argumentos de Hacienda solo se pueden explicar por la decisión consciente de los auditores de manipular y omitir información que tienen en sus manos. Por un lado, tras diez meses de auditorías, nos acusan de evadir en 2017 impuestos por ingresos devengados al año siguiente, y que fueron correctamente declarados y pagados en 2018, como establece la ley. Todos los documentos de nuestra contabilidad y declaraciones de impuestos de 2018 también están desde hace meses en poder de los auditores.
El Faro lleva dos décadas declarando oportunamente a Hacienda sus operaciones contables y sus impuestos de esa misma manera, avalada no solo por la técnica contable y las auditorías externas que realizamos todos los años a nuestra contabilidad, sino también por la administración pública a lo largo de todo este tiempo.
Por otro lado, y con un sustento más débil aún, Hacienda nos acusa también de no haber declarado supuestos ingresos por suscripciones a nuestro programa de Excavación Ciudadana. Sin documento alguno que indique que esos ingresos hayan existido, y de manera alevosa, Hacienda ha concluido que todo aporte de nuestros suscriptores, aunque haya sucedido una única vez, debe considerarse de frecuencia mensual y, por tanto, multiplicarse en cantidad. Es decir, si alguno de nuestros lectores aportó a inicios de 2017 diez dólares a El Faro, los auditores han concluido –de nuevo, sin fundamento ni prueba– que esa persona aportó esa cantidad mensualmente y, por tanto, generó a El Faro en 2017 un ingreso total de $120. Hacienda, que tiene en su poder todos los documentos de las transacciones y montos de los aportes de nuestros suscriptores, nos reclama impuestos no por esos aportes –porque esos impuestos obviamente se pagaron–, sino por un dinero que no existe.
Por ridícula que sea la situación, es en realidad extremadamente peligrosa. Pero no podemos decir que nos haya sorprendido. La insistencia del presidente Bukele en lanzar sospechas sobre nuestros pagos de impuestos en múltiples cadenas nacionales y a través de otros funcionarios nos hacía esperar aberraciones de este tipo en las auditorías. Y, lamentablemente, la actitud de este Gobierno solo nos permite esperar conclusiones acaso igual de absurdas de los otros tres ejercicios contables de El Faro que Hacienda aún analiza, y en cuyo proceso de investigación los auditores no solo intentaron obtener ilegalmente la lista de nombres de nuestros suscriptores y nuestras actas completas de Junta Directiva, sino que llegaron incluso a preguntar el valor monetario de las estatuillas simbólicas que El Faro recibió a lo largo de los años por sus premios internacionales de periodismo.
Esos auditores, hay que repetirlo, actúan siguiendo órdenes superiores, con el propósito de montar un caso que sostenga el veredicto a priori que el presidente mismo anunció en septiembre de 2020, cuando apenas comenzaban a procesarse las auditorías a El Faro iniciadas dos meses antes. El 24 de septiembre de ese año, a mitad de una cadena nacional para hablar de la pandemia, el presidente le dijo al país entero que El Faro estaba siendo investigado por un grave caso de lavado de dinero. Sus declaraciones constituían un delito, o varios, que el fiscal general nunca investigó. Desde entonces, el ministro de Hacienda y sus auditores han bregado para sostener la mentira presidencial, pese a la falta de argumentos. No podía ser de otra manera cuando desde el poder se dicta la sentencia deseada, se instala una narrativa en contra de El Faro –y del resto de medios independientes–, y después se investiga.
El Faro ha cumplido la ley. Hemos entregado a los auditores toda la información de carácter contable que nos han solicitado, incluyendo registros y pruebas del origen de todos nuestros ingresos, documentación al centavo de todos nuestros gastos, y evidencia de nuestros pagos de impuestos de cada ejercicio auditado. Solo nos negamos, respaldados por las leyes, a entregar a Hacienda información de carácter no tributario, como los datos personales de nuestros suscriptores o las actas completas de Junta Directiva, cuya solicitud tenía evidentemente intenciones distintas que las de una auditoría fiscal. El Faro ha documentado y denunciado periodísticamente cómo el actual Gobierno ha utilizado de manera sistemática el Ministerio de Hacienda como una herramienta de persecución selectiva de quienes considera sus adversarios.
Por este motivo, en defensa de la libertad de expresión ante este intento de censura indirecta, elevamos nuestra preocupación ante la Corte Suprema de Justicia, cuya Sala de lo Constitucional encontró elementos suficientes para admitir un amparo a nuestro favor y dictar medidas cautelares, que impiden a Hacienda seguir solicitando información de carácter no tributario.
Ni hemos evadido impuestos ni hemos negado información tributaria a las autoridades. Nunca. Que esto quede muy claro.
Los ataques de este Gobierno contra El Faro incluyen campañas de desprestigio, seguimientos, intervención telefónica ilegal, amenazas y constante acoso electrónico. En una administración con los mismos síntomas de corrupción que las que la antecedieron, pero más opaca aún que las anteriores, el buen periodismo es un estorbo porque tiene la capacidad de investigar y denunciar los abusos de poder, el debilitamiento de la democracia y la escandalosa corrupción perpetrada por los funcionarios públicos, consentida y protegida por el presidente de la República, siempre reacio a rendir cuentas y a permitir no solo al periodismo, sino ni siquiera a las instituciones públicas encargadas de la contraloría, incluidos jueces y fiscales, tengan acceso a información pública.
La presidencia de Nayib Bukele tiene el objetivo de silenciarnos. Y puesto que todo sus sistemas de espionaje, de redes de difamación, de ocultamiento de información, de calumnias y amenazas, no han sido suficientes para callarnos, ahora recurre al montaje de casos en nuestra contra.
Pocas cosas reflejan tanto el carácter antidemocrático, autoritario, abusivo e intolerante de un gobernante como ordenar a funcionarios públicos e instituciones del Estado destruir, a como dé lugar, a personas o instituciones que no le son incondicionales. Haciéndolo, Bukele y sus funcionarios corrompen al Estado. A esto nos enfrentamos hoy.
No somos los primeros en sufrir los ataques de este Gobierno. Pero, a diferencia de otros, que optaron por ceder a las presiones de Bukele sin siquiera amagar el reclamo o la denuncia, nosotros vamos a defender y reivindicar nuestro oficio, que es el periodismo, y a ejercerlo de forma rigurosa y firme duren lo que duren las embestidas de este Gobierno. Y lo haremos bien acompañados, por nuestros lectores, por nuestros aliados y apoyos en El Salvador y fuera de nuestras fronteras, y por todos aquellos que defienden los principios democráticos más básicos.
