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Giammattei comienza a gobernar con los aliados de Jimmy Morales

El nuevo presidente de Guatemala recoge la estafeta dejada por Jimmy Morales y arranca con un Congreso diseñado a su medida y con militares, empresarios y funcionarios marcados por la misma agenda anti-Cicig que impulsó su antecesor. Giammattei ha querido distanciarse de Morales, pero sus acciones y decisiones siembran dudas. 

 
 

En su primera mañana como presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei llegó desvelado a la Primera Brigada de Infantería“Mariscal Zavala”, ubicada contiguo a una cárcel que también lleva el nombre de aquel héroe militar, recordado por haber expulsado de Nicaragua al filibustero William Walker en 1857. Apuntando hacia su costado izquierdo, Giammattei rompió el protocolo y antes de saludar como nuevo comandante en jefe del Ejército, rememoró un pasaje oscuro de su pasado. En esa cárcel, donde ahora está recluido el expresidente Otto Pérez Molina, Giammattei también guardó prisión por 10 largos meses.

“Antes de iniciar este discurso, quiero dar gracias a Dios por estar hoy aquí: hace unos cuantos años salía de esa prisión, exactamente de esa prisión producto de la injusticia de la que fui objeto”, dijo.

Mucho antes de ser presidente, este exdirector de cárceles (2005-2007) estuvo detenido y fue procesado por la masacre de siete reos ocurrida en la cárcel de Pavón, en 2006. El caso, junto con otro de 2007 en el que fueron asesinados tres diputados salvadoreños y su chofer, provocó un terremoto político que dimensionó la infiltración del crimen organizado en el Estado, descabezó al director de la Policía, al entonces ministro de Gobernación y allanó el camino para la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicig). Solo algunos de los implicados en el caso Pavón fueron condenados, y pese a que se estableció que Giammattei estuvo en Pavón el día de la masacre, fue liberado por falta de pruebas. Años más tarde, la Cicig revivió el caso y logró nuevas condenas, pero Giammattei nunca más fue señalado. La Comisión terminó sus funciones en septiembre de 2019, y Giammattei nunca se mostró interesado en retenerla. Probablemente, su animadversión se derive del intento de resurrección del caso Pavón. Ahora Guatemala se enfrenta a un escenario incierto, la Cicig ya no existe y Giammattei es el político más poderoso del país.

“Hoy no vengo con ánimo de revancha, vengo con ánimo de hacer justicia por nuestro país, porque las cosas nos salgan bien”, dijo.

Photo caption: Alejandro Giammattei, middle, during his inaugural ceremony before the Armed Forces at the Mariscal Zavala military base in Guatemala City on January 15, 2020, one day after his inauguration as the newest president of the Republic of Guatemala. Photo by Orlando Estrada/AFP.
 
Photo caption: Alejandro Giammattei, middle, during his inaugural ceremony before the Armed Forces at the Mariscal Zavala military base in Guatemala City on January 15, 2020, one day after his inauguration as the newest president of the Republic of Guatemala. Photo by Orlando Estrada/AFP.

¿Cómo un exdirector de centros penales vinculado con una masacre termina como presidente de Guatemala? En el pasado reciente de este país, el descontento hacia la clase política ha sido el terreno fértil para crear inercias electorales que permiten el ascenso de personajes que se venden como distintos, como salvadores. Ese es el caso de Giammattei. Si en 2015 los guatemaltecos saltaron al vacío con el comediante de televisión Jimmy Morales, quien se vendió como ajeno al sistema de partidos corruptos, en la segunda vuelta de 2019 la gente votó por un político conservador y demagogo que ya ha entregado amplios espacios de su gabinete a las áreas más conservadoras del sector privado y a los grupos radicales de los militares que han moldeado Guatemala. Por eso hay analistas, periodistas y defensores de derechos humanos que consideran que con Giammattei ha comenzado una era de retrocesos en áreas como la lucha contra la corrupción. 

Giammattei ha dicho que quiere que las cosas le salgan bien, pero por lo pronto su ascenso al poder comienza a medirse en comparación con su antecesor, quien tuvo que salir por la puerta de atrás, investigado por actos de corrupción que ahora han quedado en el congelador.

En su día de despedida, Morales sufrió de un vía crucis, un linchamiento público en una sociedad que cuando siente que el sistema le falla es propensa a buscar justicia por mano propia. Para lograr ser juramentado como diputado del Parlacen, con la inmunidad que el cargo le confiere, Morales aguantó una embestida de ciudadanos furiosos que intentaron impedir su nombramiento; en las calles se le fueron encima con gritos, puñetazos, golpes con megáfonos e incluso huevos que le lanzaron cuando intentaba entrar al hotel donde asumiría el nuevo cargo. Ironías aparte, acosado por los manifestantes, a Morales no le quedó de otra que entrar al hotel –5 estrellas, más de 10 pisos- a través del cuarto de la basura. A través de un basurero.

Y ahí, frente a ese espejo de Jimmy Morales, esa imagen bochornosa de un expresidente vapuleado en la calle, Giammattei intenta distanciarse, pero sus primeros actos ya lo definen como un político con características similares a las de Morales. “Debemos cumplir mejor la ley”, dijo en Mariscal Zavala, como refiriéndose a las malas actuaciones de sus antecesores. Detrás del telón, sin embargo, la llegada de protagonistas de la campaña anti-Cicig y de personajes vinculados a Morales a su gabinete, además de una habilidosa jugada para que su partido se hiciera con el control de Congreso, lo acercan más a las viejas prácticas de la política guatemalteca que a un verdadero cambio de época. Además, los viejos militares que lo rodean, con altas cuotas de poder e influencia, preocupan. Por eso no pasó desapercibido que en su discurso pronunciado en Mariscal Zavala insistiera en el binomio Ejecutivo-Milicia, como para dejar claro que cuenta con un escudo que en Guatemala tiene mucho peso y que ya protegió a Morales cuando más lo necesito, pero que también defendió al expresidente Otto Pérez Molina, a Efraín Ríos Montt...“El pueblo debe sentir confianza en la Fuerza Armada (...) las capacidades del Ejército pertenecen al Estado y deben servir y respetar a los ciudadanos”, dijo Giammattei.

“Los militares retirados más radicales lo van a controlar todo con Giammattei. ¿Cómo van a reaccionar cuando haya manifestaciones? ¿Cómo van a reaccionar cuando reciban órdenes de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cómo van a reaccionar cuando el Ministerio Público les pida capturas de mafiosos y criminales que son sus amigos o familiares?”, planteaba en un análisis el medio Nómada. 

Los aliados militares

Giammattei, como Morales, se rodea de militares. Los tiene en su círculo de confianza como asesores en seguridad, inteligencia y defensa. Aunque aquí hay un matiz. Giammattei parece consciente de que los veteranos militares no deberían estar tan expuestos como antes y por eso intenta ocultarlos, hasta que ya es imposible. Por ejemplo, mantuvo en secreto el nombre de su ministro de Gobernación lo más que pudo, mientras que al resto del gabinete lo presentó en octubre.

El nuevo ministro, Edgar Godoy Samayoa (presentado tras la toma de posesión) es un militar retirado de la misma promoción de Otto Pérez Molina (1969), y perteneció a “La Cofradía”, un subgrupo clandestino que en los años 70 creó una estructura paralela al ministerio de Finanzas y que sirvió para el tráfico de armas del Ejército, según información desclasificada de Estados Unidos. El nuevo ministro es hombre de confianza del general retirado Francisco Ortega Menaldo, líder de La Cofradía, y ha escrito columnas en las que tacha los juicios de crímenes de guerra como “circo” y “persecución política”. Ortega Menaldo puso a disposición de Giammattei un helicóptero de su propiedad durante la campaña.

Photo caption: On August 30, 2019, employees of a moving company removed the last stacks of documents from CICIG facilities in Guatemala city. The commission completed its mandate on September 3, 2019, when then-president Jimmy Morales decided not to renew its term. Photo: Carlos Barrera/El Faro
 
Photo caption: On August 30, 2019, employees of a moving company removed the last stacks of documents from CICIG facilities in Guatemala city. The commission completed its mandate on September 3, 2019, when then-president Jimmy Morales decided not to renew its term. Photo: Carlos Barrera/El Faro

También el hijo de Ortega Menaldo, Luis Enrique Ortega, compitió para diputado por el partido de Giammattei pero no resultó electo. A finales de enero, Ortega hijo fue nombrado como presidente sustituto del Registro de la Propiedad. En junio de 2019, cuando Nómada le preguntó la relación con estos y otros personajes, Giammattei atacó a los periodistas acusándolos de hacer campaña en su contra.

El asesor más importante en temas de seguridad que tiene Giammattei es el militar Roy Stuardo Dedet, un exfuncionario investigado por corrupción en el gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004). Su hermano es Camilo Dedet, secretario ejecutivo del nuevo gobierno. En octubre, Roy Dedet aprovechó un viaje a El Salvador para dar a conocer quiénes serían los miembros del gabinete. Viajaron para conocer el plan de seguridad del Gobierno salvadoreño del cual, según dijeron, querían obtener insumos debido a la reducción de homicidios. La reunión ocurrió en la Casa Presidencial.

Otros nombres que Dedet reveló son, por ejemplo, el mayor Gustavo Díaz López, quien fue uno de los militares que intentó derrocar a Vinicio Cerezo. También escribió un documento, contratado por el Ejército, para defender al general Efraín Ríos Montt por la masacre de ixiles. Díaz López tiene vasos comunicantes con Jimmy Morales: su hija Haydée Díaz León fue una de las asesoras mejor pagadas durante su administración. En el nuevo Gobierno, ha sido designada como una de las viceministras de Gobernación.

Giammattei parece dispuesto a ceder más poder al lado más reaccionario de las fuerzas de seguridad y de los veteranos militares. Anunció, por ejemplo, que buscaría la disolución de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), un órgano que sustituyó al Estado Mayor Presidencial a partir de la firma de la paz, en 1996. La SAAS emplea a más de 1 200 personas y se encarga de la seguridad de la Presidencia, y a partir de 1996 tuvo un carácter civil. Pero ahora, escudándose en razones de transparencia y para evitar el despilfarro –“se convirtió en un nido de corrupción”, dijo- Giammattei parece que encontró la manera de retroceder en el tiempo y revivir el Estado Mayor, señalado de múltiples violaciones a derechos humanos durante la guerra civil guatemalteca e incluso después, como con el asesinato del sacerdote Juan José Gerardi, en 1998.

“No es conveniente cerrar la SAAS pero sí depurar y restructurar. El modelo de militares a cargo de seguridad crea un Estado Mayor que no corresponde con el modelo de seguridad democrática”, opinó el experto en derechos humanos, Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Tus respaldos, mis respaldos

Desde que comenzó a despuntar en las encuestas − después de que dos candidatas fueran bloqueadas por el tribunal electoral − Giammattei comenzó a ser comparado con Morales por el parecido de las estructuras que lo sostienen. Cinco meses antes de tomar posesión, sus críticos ya habían bautizado a su gobierno como el “gobierno de Jimmyttei”.

Además de los militares, la otra estructura de apoyo detrás de su gobierno es el gran empresariado que se asoma en el nombramiento de su nuevo ministro de Finanzas, Antonio Malouf, expresidente de la asociación de empresarios, el Cacif. Hablar del Cacif es hablar de un grupo que puede, si quiere, boicotear políticas públicas que considera adversas a sus intereses. En su libro Rendición de cuentas, el exministro de Finanzas de Álvaro Colom (2008-2012), Juan Alberto Fuentes Knight, revela que uno de los grupos representados en el Cacif es el llamado G8, ocho empresarios tan poderosos que lograron boicotear la reforma fiscal profunda que Colom quería impulsar. Malouf, según el diario Prensa Libre, fue un miembro importante de un partido político aliado del expresidente Morales, el cuestionado partido de Unidad del Cambio Nacional (UCN), cuyo fundador y dirigente principal, Mario Estrada, está detenido en Estados Unidos por narcotráfico. 

Photo caption: Former Guatemalan president Jimmy Morales (right) greets his successor, Alejandro Giammattei Falla, after a joint conference in the Palace of Culture in Guatemala city on August 14, 2019, three days after the presidential elections. As Giammattei took office on January 14, 2020, he voiced criticism of the Morales administration. Photo by Johan Ordóñez/AFP.
 
Photo caption: Former Guatemalan president Jimmy Morales (right) greets his successor, Alejandro Giammattei Falla, after a joint conference in the Palace of Culture in Guatemala city on August 14, 2019, three days after the presidential elections. As Giammattei took office on January 14, 2020, he voiced criticism of the Morales administration. Photo by Johan Ordóñez/AFP.

Hay también financistas de la campaña de Morales que tienen cargo de ministro en el nuevo Gobierno, como Alberto Pimentel. Una de sus empresas fue contratista del Estado y eso lo hacía inelegible para el Gabinete, según las leyes guatemaltecas, pero Giammattei igual lo eligió. El que será el ministro de Comunicaciones es José Edmundo Lemus Cifuentes, quien en 2015 no pudo asumir como diputado porque no cumplía con los requisitos: era contratista del Estado.

Cerca de Giammattei también hay burócratas cuestionados. El contador Edgar Barquín fue presidente del banco estatal y confesó, tras una investigación de la Cicig, haber traficado influencias, y por eso fue condenado en 2016 a 30 meses de prisión. También intentó llegar a la Presidencia, en 2015, junto a Manuel Baldizón, preso en Estados Unidos desde 2018 por cargos de lavado de dinero. Barquín también confesó haber asesorado a Francisco Edgar Morales Guerra, conocido como “Chico Dólar”, condenado a 38 años de cárcel por lavado de dinero.

El martes 14, después de escuchar a Morales rendir su último informe en el Congreso, los diputados que habían sido sus aliados desde 2016 salieron a toda velocidad rumbo al Teatro Miguel Ángel Asturias para presenciar la toma de posesión de Giammattei, el nuevo mariscal de campo. Con Morales fuera del poder, las estructuras que lo respaldaron solo se cambian de cancha. Las élites ahora están con Giammattei, dice Karin Slowing, una analista independiente, exfuncionaria del gobierno de Álvaro Colom. “No fue solo mérito de Giammattei haber ganado, sino también de quiénes están detrás, pues ellos ya tienen una experticia en el dominio de cómo jugar con el sistema y cómo jugar con la inocencia de la gente”, dice.

En sus primeras dos semanas al frente de Guatemala, Giammattei ya ha actuado a la vieja usanza de sus antecesores. Días después de la toma de posesión, el periodista Marvin del Cid le preguntó, en una rueda de prensa, quién había pagado por sus asesores de campaña. Giammattei intentó no mostrarse molesto, pero respondió con sarcasmo, en una reacción que de inmediato fue comparada con las actitudes antiprensa que tuvo Morales.  “Me parece que el señor Marvin del Cid (periodista) nos las trae y nosotros consideramos que se está extralimitando… pero con mucho gusto le vamos a dar toda la información”, dijo Giammattei.

Una semana más tarde, el nuevo presidente convirtió al presidente del Parlamento Centroamericano, Alfonso Fuentes Soria -que le entregó el fuero a Jimmy Morales- en el encargado de la comisión presidencial de derechos humanos, que es la entidad rectora en esa materia en todo el país.

Hasta la cocina del Congreso

La salida de Jimmy Morales del poder y el ascenso de Giammattei provocó un pequeño terremoto en el tablero político guatemalteco. El miércoles 15, cuando Giammattei hablaba en Mariscal Zavala, varios funcionarios habían perdido inmunidad y la Fiscalía emitió órdenes de captura en su contra, en los últimos vestigios de la era Cicig. Algunos exdiputados, exministros y alcaldes fueron detenidos; otros, se presentaron a los tribunales voluntariamente. Estados Unidos revocó las visas a más de 20 funcionarios salientes.

En Guatemala, el fuero y la inmunidad son como ese seguro de vida que todo funcionario desea tener. Uno de cada seis congresistas está siendo investigado por la justicia, y esos son los políticos con los cuales el nuevo presidente tendrá que pactar, aunque hay quienes aseguran que ese pacto ya comenzó. Por ejemplo, el acto de juramentación de Giammattei, en el Teatro Miguel Ángel Asturias, comenzó con casi cuatro horas de retraso porque dependía de la juramentación que antes, a dos kilómetros de ahí, protagonizaron los diputados para el período 2020-2024.

Photo caption: Former president Jimmy Morales tried to flee from protestors attempting to block him from reaching his inauguration as a Guatemalan representative to Parlacen on January 14, 2020. The protestors managed to hit Morales and pelt him with eggs. Photo by Carlos Barrera.
 
Photo caption: Former president Jimmy Morales tried to flee from protestors attempting to block him from reaching his inauguration as a Guatemalan representative to Parlacen on January 14, 2020. The protestors managed to hit Morales and pelt him with eggs. Photo by Carlos Barrera.

Medios como Plaza Pública informaron que el retraso en el Congreso se debió a que había importantes figuras aliadas al gobierno de Morales que aún no se habían hecho presentes y que, como diputados reelectos, debían ser juramentadas si querían seguir protegidos por el fuero parlamentario. Uno de esos personajes era el diputado Herbert Melgar Padilla, asesor del expresidente Morales e investigado por un caso de lavado de dinero.

El martes 14, Melgar Padilla hizo un esfuerzo sobrehumano para tomar juramento y mantenerse bajo fuero. Recién operado, llegó en silla de ruedas al Congreso, conectado a un tanque de oxígeno. Solo después de su llegada, tras varias horas de inexplicable “receso”, el protocolo continuó.

Este diputado, junto a otros siete de la bancada FCN-Nación, podrían ser parte de los nuevos aliados de Giammattei. Para muestra de buena voluntad, ellos y otros diputados de corte conservador fueron las que permitieron a su partido obtener la presidencia del Congreso, que por aritmética tuvo que haber caído en manos del partido UNE.

Melgar Padilla representa a un grupo de militares que absorbió a Morales desde que nadie lo consideraba en serio para ganar la contienda de 2015, y que ahora parecen estar dispuestos a trabajar de la mano con el nuevo gobierno. Es dueño de la finca donde, en febrero de 2007, tres diputados salvadoreños al Parlacen, y su chofer, fueron torturados, como parte de una operación planificada desde El Salvador y ejecutada por policías guatemaltecos. Ya muertos, los diputados fueron quemados en otra finca cercana. La hija de Melgar logró un ascenso meteórico en el cuerpo diplomático. Su hermano Érick Melgar fue capturado por una investigación de la Cicig tras concluir que había intentado obstruir la justicia en la investigación del MP-Cicig sobre el homicidio de su padre José Armando Melgar Moreno. 

Con militares y empresarios a su favor, parece hasta normal que ahora Giammattei haya logrado imponer al presidente del Congreso. Es en ese espacio donde confluyen los intereses de unos y otros. Es normal, como lo estableció la Cicig en un informe de 2019 sobre redes ilícitas en el Congreso, que sean aquellos los financistas de los políticos. Y al fin de cuentas, entre más diputados respondan a sus intereses, mejor.

Vamos y Giammattei impulsaron una operación quirúrgica para obtener la presidencia. Ocurrió lo de siempre: cada vez que hay nueva legislatura, los partidos grandes se desgranan. En 2015, cuando asumió Morales, su partido (FCN-Nación) ganó pocos diputados pero al poco tiempo la bancada se multiplicó. Vamos, que tiene la segunda bancada más grande, actualmente, con 27 diputados (la UNE tiene 53 escaños), se prevé que crecerá.

Giammattei logró aglutinar a 12 partidos alrededor suyo, aunque también jaló legisladores de otras bancadas que supuestamente le son antagónicas. De 160 votos posibles, el diputado Allan Rodríguez, de Vamos, obtuvo la mitad más uno. Apoyó la UCN, el partido que según la embajada de Estados Unidos tiene “ ideología narco”; cinco diputados de la UNE, que ya fueron señalados por su propia organización de recibir sobornos. Los votos restantes los aportaron partidos de corte conservador.

La UNE está siendo investigada por financiamiento ilícito y es el partido de la excandidata presidencial –ahora presa por corrupción- Sandra Torres. Tiene la bancada con mayor número de diputados (53) y acusó a Giammattei de sobornar diputados: “Qué mal comenzó Giammattei, comprando votos”, le reclamó el diputado Mario Taracena. En otras latitudes, esa acusación probablemente habría provocado un revuelo nacional, pero es Guatemala y el transfuguismo es un fantasma con el que todos han aprendido a convivir.

El nuevo presidente ignoró la acusación. “Es un gran acuerdo para hacerle frente al peligro que existía que ganara una bancada que no fuera a fin a los intereses del país”, dijo Giammattei, después de la votación. El jefe de bancada de Vamos, según publicó Prensa Libre, es Gabriel Mejía Popol, investigado por la Cicig por su vínculo con una empresa investigada por corrupción de Otto Pérez y Roxana Baldetti.

El Congreso entrante está dominado por fuerzas conservadoras a pesar de que el 70% de los escaños estará ocupado por primerizos. Diputados reformistas o progresistas de izquierda no lograron reengancharse, principalmente, por la atomización del voto en ese lado del espectro. La primera diputada abiertamente lesbiana, Sandra Morán, por ejemplo, quedó fuera pero en su último día de trabajo, el martes 14, entregó simbólicamente la estafeta de trabajo al primer legislador (hombre) abiertamente gay y VIH positivo, Aldo Dávila. Ambos, en compañía de más diputados de izquierda y decenas de simpatizantes, marcharon desde el Parque Concordia hasta las cercanías del Congreso en la zona 1, para el acto de juramentación. Este grupo ha pactado una alianza para promover una agenda conjunta. “Estamos haciendo historia. Confíen en nosotros, vamos a incomodar al pacto de corruptos, vamos a auditar”, decía Dávila.

Esta alianza es inédita. Según una entrevista publicada por Plaza Pública,  el bloque sabe que no tiene mayor margen para imponerse en las votaciones, pero también sabe que puede aprovechar las buenas intenciones de los diputados nuevos. La población, dicen, comenzará a distinguir “lo bueno de lo malo”.

Pese a la estrategia política que ha sentado las bases del reacomodo en el Congreso, todavía es prematuro preveer cómo Giammattei usará su poder en el Congreso. Morales, por ejemplo, hizo de ese recinto un apoyo clave para debilitar la agenda contra la corrupción. Los diputados rebajaron los castigos para delitos de corrupción y dejaron exentos de responsabilidad a los dirigentes que recibieron el dinero ilícito. También rebajaron los castigos por corrupción cuando hubiera confesión de parte. Esta ha quedado en suspenso por orden de un tribunal constitucional. Por ese tipo de decisiones, la tercera parte del Congreso no pudo reelegirse.

La justicia, según Giammattei

En Guatemala, pese a los signos y a las nuevas alianzas, también resulta difícil definir cómo será la agenda anticorrupción de Giammattei. Como precaución, los analistas más agudos recomiendan no confundirse con los espejismos, como el que protagonizó Morales. El expresidente pasó de ser el principal apoyo de la Cicig, pero terminó convertido en su sepulturero tras las investigaciones contra él y sus familiares.

Morales salió del Gobierno con un récord de 17 solicitudes de la Fiscalía para retirarle la inmunidad por diversos casos. Rafael Curruchiche, un jefe fiscal, admitió un día después del traspaso de mando que había dos casos por los cuales Morales pudo haber sido capturado al entregar la banda presidencial. Sin embargo, dijo, “era humanamente imposible hacerlo”, porque en el sistema judicial aún hay personas con afinidad al expresidente. Según el fiscal, iba a ser imposible realizar una audiencia después de las 3:30 de la tarde, hora de salida de los empleados públicos. En un país como Guatemala, el fiscal a cargo de investigar a un expresidente por delitos electorales admite que no pudo cumplir su trabajo “de manera responsable, objetiva e imparcial” y nadie se mosquea.

Photo caption: The riot police from the National Civil Police tried to clear the streets surrounding Parlacen that had been blocked by college students protesting the inauguration of former president Jimmy Morales as representative to Parlacen on January 14, 2020. Photo by Carlos Barrera.
 
Photo caption: The riot police from the National Civil Police tried to clear the streets surrounding Parlacen that had been blocked by college students protesting the inauguration of former president Jimmy Morales as representative to Parlacen on January 14, 2020. Photo by Carlos Barrera.

En un primer vistazo, Giammattei renegó de una Cicig por las mismas razones que Morales: no quiso lidiar con investigadores internacionales y de la Policía y Fiscalía que sean independientes, que armen casos a espaldas del sistema. La Cicig tenía la potestad de presentar casos a la Fiscalía y si esta lo autorizaba, el caso se investigaba en conjunto. Pero ahora Giammattei parece que necesita que el sistema funcione a la vieja usanza, donde la investigación del delito dependa únicamente del MP, que en los últimos meses, con Consuelo Porras a la cabeza, ha bajado el ritmo en la presentación de casos. En su último día de trabajo, la Cicig presentó 11 denuncias al MP, investigaciones que a la comisión internacional no le dio tiempo de procesar. A la fecha, el MP solo ha procesado una de esas denuncias.

Durante toda su campaña, Giammattei también vendió la idea del falso nacionalismo, que Guatemala no necesitaba ayuda para combatir la corrupción y entonces propuso su Comisión Nacional Anticorrupción dependiente del Ejecutivo y que tiene como aliados tres instituciones que ya causan dudas: el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.

Giammattei parece olvidar que cuando hubo una comisión presidencial de ese tipo, los jefes del Estado terminaron presos por corrupción: Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti. “Preocupa que los tres pilares de la lucha contra la corrupción que ha planteado el presidente Giammattei sean esas instituciones”, escribió en su editorial el periódico La Hora. Las tres instituciones convocadas han sido señaladas de haber contribuido al plan de Morales de cercar y expulsar a la Cicig.

A la propuesta de Giammattei se suma, en la era postCicig, un atrincheramiento de las élites para favorecer la impunidad. Jueces que han estado detrás de numerosas condenas por corrupción están al centro de una campaña de desprestigio; y a esto se suma que la Procuraduría de Derechos Humanos estuvo desfinanciada varios meses, producto de un bloqueo de las fuerzas aliadas a Morales en el Congreso.

En esta Guatemala asume Giammattei, donde cinco de cada 10 guatemaltecos creen que el presidente está implicado en casos de corrupción, según el Latinobarómetro. En 2004, 19% de los guatemaltecos creía que “algo” o “mucho” se hacía para combatir la corrupción. Para 2017, ese porcentaje aumentó a 30%, según el mismo estudio. Está por ver si el país soporta la salida de la Cicig, aunque a decir del jefe de la Fiscalía contra la corrupción, Juan Francisco Sandoval, seguramente habrá un retroceso.

En este escenario, cuando tuvo la oportunidad de marcar una distancia, Giammattei evitó hacerlo. Un día antes de la toma de posesión, al referirse al gobierno saliente, Giammattei se limitó a decir que iba a “contradecir a toda la gente, estos cuatro años han sido un desperdicio”.

La tarde de su juramentación, entró a paso lento, acompañado por la tonada de A mi manera, la versión en castellano de una canción francesa, popularizada por Paul Anka y Sinatra, My way. Parecía un gesto calculado: la canción habla de un hombre mayor que reflexiona sobre sus logros. Giammattei, si acaso, quiso mandar el mensaje de creerse un héroe solitario, que nunca necesitó de nada y de nadie. Un presidente sin deudas ni cola que le pateen. Un mensaje que muy pocos le creen, dados todos los vasos comunicantes con la élite política guatemalteca y con una oscura y vieja guardia militar.

En su discurso, Giammattei evadió mencionar a Morales (a quien le esperaban las antorchas en la calle) y a los señalamientos contra funcionarios del gobierno saliente. Escueto, dijo: “Cualquier delito de corrupción, por muy reciente que sea, lo tenemos que investigar y tenemos que someter a la justicia a quien lo haya cometido. Terminemos con la asquerosa corrupción”. La fiscal Porras y los más de 2 mil asistentes en la sala, entre ellos los principales representantes del status quo, aplaudieron largo y tendido.

A las 7:39 pm, después de la juramentación, hubo celebración en las calles, pero no por su llegada sino por la salida de Morales. Algunos protestantes siguieron el acto a través de una transmisión en internet que captaban en sus móviles. Y entonces reventaron la madre de las piñatas que habían llevado, una réplica de 2 metros y medio del expresidente, vestido de militar. A falta de justicia, la Guatemala que se resiste a la impunidad dejó claro, en las calles, que todavía no ha muerto. Unos minutos después, una joven manifestante, megáfono en mano, daba el anuncio de que a Morales ya se le podía llamar expresidente y acto seguido, leyó un comunicado donde simbólicamente el pueblo emitía una orden de captura en su contra.

Pasadas las 8 de la noche, los manifestantes esparcieron estiércol de ganado sobre la calle, justo frente a la entrada peatonal del Parlacen. Un profundo vaho se extendió por toda la cuadra. “Eso es más limpio de lo que está allá adentro”, gritó un ingenioso, y todos echaron a reír.

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