Fiscalía allana oficinas de fiscales que realizaron la investigación Catedral

La Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del fiscal Rodolfo Delgado, impuesto por el oficialismo en mayo de 2021, ha iniciado una investigación en contra de siete fiscales que documentaron cómo funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele cometieron diferentes actos de corrupción entre marzo de 2020 y abril de 2021, incluidas las negociaciones con las pandillas y el robo de alimentos de la pandemia. Se trata de los investigadores del caso Catedral y de quienes investigaron los contratos firmados por titulares de esta administración que se supone favorecieron a sus familiares en la compra de equipo médico durante la pandemia por la covid-19.

La Fiscalía pidió autorización al Juzgado 5° de Paz de San Salvador para allanar los puestos de trabajo de los fiscales, algunos de ellos ya fuera de la institución tras la llegada de Delgado. La Fiscalía actual justificó los allanamientos diciendo tener información para concluir que revelaron información confidencial. El nuevo titular de dicho juzgado, el juez Rafael Antonio Iraheta Tamayo, avaló los registros que iniciaron el lunes 10 de enero a las 8:00 de la mañana. 

El Faro tuvo acceso a la orden judicial donde aparece detallado lo siguiente: “La diligencia se ha autorizado de las ocho horas del día diez de enero hasta las ocho horas del día 12 de enero con la finalidad de incautar objetos (dispositivos de almacenamiento de información digital) que se utilizaron para la revelación o divulgación de hechos, actuaciones, información o documentación que debería permanecer en reserva. Así como la información obtenida en el curso de la intervención de las telecomunicaciones autorizadas judicialmente relacionado al expediente (...). Y que se encuentran relacionados con la comisión de los delitos de divulgación de material reservado, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos por empleado judicial (sic)”, dice parte de la orden judicial. Tres exfiscales que participaron en esas investigaciones confirmaron a El Faro que las oficinas desde las que trabajaban fueron allanadas este lunes. 

Además de ello, el juez autorizó que la Fiscalía extraiga información que está almacenada en los aparatos electrónicos de los fiscales. “Se autoriza la obtención o extracción y resguardo de información electrónica y análisis de la misma contenida en los dispositivos digitales que se encuentren. Específicamente de la información que tenga relación al delito o delitos investigados” y agrega que este trabajo lo realizarán dos peritos de la Fiscalía. 

El juez que aprobó los allanamientos es Iraheta Tamayo, quien resultó beneficiado por la reforma de la Carrera Judicial que los diputados de Nuevas Ideas y sus aliados de Gana, PDC y PCN aprobaron el martes 31 de agosto de 2021. Esta modificación jubiló de manera automática a jueces que tienen 60 años de edad, y aquellos que cumplieron 30 años de servicio, y fue interpretada por muchos sectores del Órgano Judicial como una manera de nombrar jueces obedientes al Ejecutivo o al menos deshacerse de los que no consideraban leales. Esto permitió a la Corte Suprema de Justicia, impuesta por Nuevas Ideas, realizar una reorganización en los juzgados y nombrar a nuevos funcionarios. Así fue como ocurrió con Iraheta Tamayo, quien se desempeñaba como juez de Paz de Arcatao, Chalatenango, y ahora está en San Salvador, por donde pasan decisiones más trascendentales, como estos allanamientos.

La persecución contra este grupo de investigadores empezó en el momento mismo en que el nuevo fiscal tomó posesión la madrugada del 2 de mayo de 2021, según algunos de ellos confirmaron a El Faro. El pasado diciembre, la agencia de noticias Reuters conversó con el exfiscal Germán Arriaza, quien está en el exilio. Él confirmó a Reuters que el Grupo Especial Antimafia (GEA), creado por el mismo y dedicado a documentar casos como las negociaciones secretas con pandillas, fue desmantelado tras la llegada de Delgado, quien conocía las revelaciones que estas investigaciones habían arrojado. En esta ocasión, el Gobierno y su Fiscalía parecen haber cambiado de rumbo: ya no solo buscan mantener en secreto los rastros de esas investigaciones y deshacerse de los fiscales que las llevaron a cabo, sino también llevarlos a juicio.

Este 11 de enero, El Faro contactó a la Unidad de Comunicaciones de la Fiscalía. Esta fue su respuesta: "Lo que puedo adelantarle es que, si existen tales diligencias, no podrán ni negarlas ni confirmarlas, pues si son parte de investigación son confidenciales". 

Allanamientos

El primer registro ocurrió en la oficina fiscal ubicada en la colonia San Benito, San Salvador. En dicho lugar trabajó Germán Arriaza, el entonces director contra la Corrupción y la Impunidad de la Fiscalía que, junto a tres fiscales más, conforman el desaparecido GEA. Este grupo investigó el caso conocido como “Catedral”, un expediente fiscal que contiene escuchas telefónicas, fotografías, registros de seguimientos y documentos que confirman la negociación del Gobierno con las tres principales pandillas del país. La negociación estuvo a cargo del director de Tejido Social, Carlos Marroquín, y de Osiris Luna Meza, director de Centro Penales. El GEA también investigó la corrupción dentro de Centros Penales liderada por Luna y su madre; y la compra y distribución de paquetes del PES para el uso de campaña política. Los fiscales, además, habían elaborado un organigrama con más funcionarios involucrados en la toma de decisiones sobre los casos de corrupción. De hecho, los llamaron, el “centro de poder”, integrado por los tres hermanos del presidente Bukele: Karim, Ibrahim y Yusef Bukele, quienes toman las directrices del Gobierno y del partido Nuevas Ideas sin tener ningún cargo. Abajo de ellos, según la investigación, estaba Carolina Recinos, jefa de Gabinete del Ejecutivo, como la persona que traslada las órdenes, y también algunos de los venezolanos que controlan el Gabinete. 

El 8 de diciembre de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Recinos por ser “la cabeza de un esquema de corrupción multimillonaria en múltiples ministerios, que incluye contratos sospechosos en la construcción de un hospital”, según el comunicado. También sancionó a Luna y Marroquín por negociar con la Mara Salvatrucha-13 y las dos facciones del Barrio 18 para conseguir un descenso de homicidios y apoyo de las pandillas a Nuevas Ideas en las elecciones de 2021.

La Fiscalía y agentes de la Policía, comenzaron a buscar los aparatos donde podría estar la información y desde donde, supuestamente, la filtraron, aunque en la orden judicial no se revela a quién. Uno de los dispositivos incautados fue la computadora que Arriaza utilizó y dejó en el despacho después de haber renunciado a su cargo como director hace más de siete meses. La figura de Arriaza es importante porque lideró las investigaciones que, según dos asesores fiscales, estaban listas para ser presentadas a tribunales desde antes de abril de 2021. Las razones por las que no procedieron bajo el mando del fiscal general Raúl Melara siguen siendo una duda. Arriaza huyó de El Salvador porque, tras la llegada del fiscal impuesto por el bukelismo, recibió amenazas de una posible captura por investigar al Gobierno. La misma situación viven los otros fiscales que estaban bajo su cargo: amenazas y seguimiento desde que Catedral salió a la luz pública, de acuerdo a fuentes fiscales. El Faro pudo constatar que al menos otros dos fiscales que participaron en Catedral han abandonado el país en busca de refugio.

El Faro dio a conocer estos casos a partir de agosto de 2021. El fiscal Delgado no se había pronunciado al respecto y lo hizo hasta el jueves 23 de diciembre durante un programa estatal: “No se trata de andar mencionando que existen supuestos grupos antimafia o no sé, que son creados y solo figuran en la mente de manos fiscales que ya dejaron la institución, tampoco es que una investigación sea exclusivamente una presentación de Power Point que cualquier persona pueda perfectamente manipular”. El fiscal continuó su discurso agregando que “no se vale andar jugando con la institucionalidad, no se vale andar tirando cualquier tipo de porquería disfrazada de noticia periodística a la Fiscalía ¿Por qué? Porque la oficina del Fiscal General de la República se tiene que respetar”. A pesar de esas declaraciones, sus fiscales han terminado por allanar las oficinas donde creen está la información sobre Catedral. 

Los reportajes presentados por El Faro contienen incluso capturas de pantalla de las cámaras de los penales de máxima seguridad que muestran a Luna acompañando a los encapuchados hacia sus negociaciones con los líderes pandilleros. Previamente, El Faro había documentado, gracias a decenas de copias de los libros de novedades de los penales de Zacatecoluca e Izalco Fase III, la entrada de estos encapuchados sin identificarse y dejando registro de que iban a reunirse con líderes de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18. en los reportajes también se presentaron documentos internos de Centros Penales, oficios firmados y sellados e incluso mensajes enviados en código por los pandilleros presos hacia sus estructuras en las calles.

Hace tres semanas, los diputados de Nuevas Ideas volvieron a respaldar a Delgado y lo eligieron por tres años más como fiscal general. Antes de ocupar dicho cargo fue uno de los abogados de Alba Petróleos de El Salvador, subsidiaria de la petrolera venezolana PDVSA, empresa que en 2018 era investigada por la Fiscalía por lavado de dinero. En este caso está  involucrado el presidente Nayib Bukele. También fue abogado del director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, cuando la Fiscalía lo procesó por desobediencia. 

El otro registro a las oficinas fiscales en búsqueda de información sobre Catedral inició también el día lunes 10 de enero, a la misma hora, en la sede de la FGR ubicada en la avenida Olímpica, San Salvador, donde labora el Grupo Contra la Impunidad (GCI). Estos fiscales trabajaron en conjunto con la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (Cicíes) en varias investigaciones de posible corrupción en el manejo de fondos para atender la pandemia. El mismo Bukele fue quien impulsó en 2019 está alianza para investigar casos de corrupción, pero todo cambió cuando se hizo público que la Cicíes también investigaba a su propio Gobierno. Un mes después de que asumió Delgado como fiscal general, rompió el acuerdo con la Cicíes bajo el argumento de que la Organización de Estados Americanos contrató de asesor a Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador acusado de negociar con las pandillas y que se encuentra bajo detención provisional.

Uno de los casos de interés en estos allanamientos, además de Catedral, es la información sobre los  funcionarios que otorgaron contratos a familiares y a empresas cercanas para adquirir  insumos médicos para atender  la covid-19.  La investigación permitió concluir que del presupuesto de 31 millones habilitado del fondo de emergencia (Fopromid) $20 millones lo utilizaron para hacer negocios irregulares en la adquisición de recursos médicos. Es por ello que el martes 10 de noviembre de 2020, El GCI allanó los ministerios de Salud, Agricultura, Seguridad, Gobernación, el Seguro Social y otras entidades del Ejecutivo porque existía una investigación en curso contra empleados públicos, como Francisco Alabí, ministro de Salud, por negociaciones ilícitas, de acuerdo a la Fiscalía.

Ese allanamiento fue en gran medida el comienzo de una clara rivalidad entre el Gobierno de Bukele con la Fiscalía dirigida por Raúl Melara. Ese martes 10 de noviembre en la noche  la Policía trató de impedir el ingreso de los fiscales al Ministerio de Salud a pesar de que existía una orden de un juez para que realizaran el procedimiento. Tras eso, Melara solicitó a la Asamblea un cuerpo Técnico de Investigación Criminal que no dependa de la Policía para realizar capturas, allanamientos e investigaciones, porque ya no confiaba en la institución. Esto, por supuesto, no procedió. Después del 1 de mayo muchas cosas cambiaron. Incluyendo la relación de la Policía con la Fiscalía. Su colaboración en diferentes actividades es notoria. El último ejemplo es contundente: esta semana han colaborado en el allanamiento de las oficinas de los fiscales que investigaron al Gobierno de Bukele, las mismas investigaciones que la Policía ya había intentado detener en las puertas del Ministerio de Salud.