En la madrugada del domingo 17 de abril, dos hombres realizaron hostigamientos e insultos fuera de la casa de Jorge Guzmán, el juez que investigó el caso por la masacre de El Mozote y que fue destituido en septiembre de 2021. El juez no estaba en su casa, en la zona oriental del país, pero su hijo atestiguó las amenazas que Guzmán hizo públicas este 18 de abril. El Faro habló con el exjuez y con su hijo, quién denunció los hechos a la Policía Nacional Civil (PNC) a través de una llamada al sistema 911.
El hijo de Jorge Guzmán dijo que estaba en la sala de su casa con audífonos cuando escuchó voces afuera de la casa, pasadas las 12:30 de la madrugada del domingo. No prestó atención, porque dijo que no es inusual que personas circulen en la zona. 'Pero luego alzaban la voz y uno dijo 'Jorge Guzmán, juez maldito de Gotera''. Entonces se levantó. Una ventana de la casa estaba abierta y las cortinas corridas, entonces apagó la luz. Desde la calle le contestaron: 'apagaste la luz, maldito'.
Según su denuncia, en ese momento llamó a la Policía. 'Las voces perduraron tres o cuatro minutos más. Ellos decían que saliera y alcancé a identificar dos voces distintas. Luego escuché que sonaron dos o tres puertas de vehículo cerrando pero no me asomaba mucho a la ventana porque me podían ver', relata. '(En la Policía) me contestaron y dijeron que iban a mandar una patrulla. Me quedé esperando si llegaba la Policía pero no llegaron', agrega el hijo del Guzmán cuyo nombre no se menciona en esta nota por privacidad.
El Faro preguntó a la unidad de comunicaciones de la Policía si había recibido la denuncia y si tenía una investigación abierta por los hechos pero, como es usual, no hubo una respuesta.
La denuncia fue publicada en Twitter por el juez Antonio Durán. Por sí sola, podría parecer un incidente aislado pero no si se considera el contexto de El Salvador contra voces críticas de Bukele en los últimos ocho meses. Guzmán es parte de un grupo de cerca de 200 jueces que fueron destituidos en septiembre de 2021, cuando la Asamblea de Bukele aprobó un decreto que jubilaba a todos los jueces mayores de 60 años. Se trató de un tercio de todos los jueces del país. En noviembre de 2021, durante una conversación en el Foro Centroamericano de Periodismo, Guzmán reveló que había sido objeto de seguimiento dos veces durante el trámite del proceso, además de llamadas y avisos de amenaza.
El de Guzmán fue un caso emblemático porque, un año antes de ser destituido, tuvo un enfrentamiento público con el presidente Bukele. Guzmán había ordenado al Ejército abrir sus archivos para que inspectores buscaran información útil para la investigación sobre la mayor masacre de la guerra civil salvadoreña, con mil víctimas. Bukele, que al principio de su mandato prometió entregar los archivos, cambió de planes. No solo negó el acceso a los cuarteles militares, sino que acusó al juez, a las víctimas y a sus abogados de formar parte de un complot político en contra de su gobierno.
Desde entonces, las represalias contra los jueces que sobrevivieron a esa primera purga han continuado. El juez Durán, que denunció las amenazas contra el juez Guzmán, fue trasladado del Juzgado Tercero de Sentencia a San Salvador al Segundo de Sentencia de Zacatecoluca, en septiembre de 2021. Ese mismo mes, Durán había denunciado la presencia de policías y militares fuera de su casa, algo que volvió a ocurrir este 8 de abril, según Durán.
No es el único caso. En enero de 2022, Gladys Salgado, jueza del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, fue trasladada al juzgado de Panchimalco, un mes después de haber desestimado una demanda por difamación interpuesta por una diputada del partido de Bukele. El 1 de abril, Godofredo Salazar, juez especializado de Sentencia de San Salvador, fue trasladado al juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, solo horas después de que Bukele lo acusara en Twitter de “intentar liberar pandilleros”.
Los traslados de la capital hacia el interior del país son tradicionalmente usados por la Corte Suprema de Justicia como una degradación, al apartar a los jueces de los casos más relevantes del sistema judicial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría de Independencia Judicial de la ONU consideran que los traslados “podrían caracterizar sanciones encubiertas como represalia a sus decisiones o amedrentamiento para el desempeño independiente de sus labores”, en un comunicado difundido tras la purga de jueces de septiembre de 2021.
En un comunicado, la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia —Fecajud— manifestó “su enorme preocupación por los actos de hostigamiento e intimidación” contra el juez y recordó que “los Estados tienen la obligación de garantizar el respeto de la integridad de personas que imparten justicia”.
Bajo la tutela de Guzmán, el juicio por El Mozote caminó entre septiembre de 2016 y septiembre de 2021. Guzmán supervisó las entrevistas a más de 50 testigos, incluidos exsoldados que participaron en el operativo militar, autorizó peritajes de expertos internacionales, realizó inspecciones de los sitios que testigos describieron y llevó el caso adelante. Ahora, el expediente lleva inmóvil siete meses, en manos de la nueva jueza Mirthala Portillo de Cruz.
El 17 de marzo, en el juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, El Faro pidió una entrevista con la jueza Portillo para conocer el avance del caso. Una empleada judicial trasladó la respuesta de la jueza: para hablar con ella, cuyo despacho estaba a 10 pasos, hay que pedir permiso en San Salvador, en la Corte Suprema de Justicia controlada por Bukele.
