El Gobierno de El Salvador no renovó el pasado abril su contrato de cabildeo con la compañía estadounidense Arnold & Porter, por medio de la cual contó durante el último año como asesor y lobista con el ex subsecretario de Estado de Estados Unidos, Thomas Shannon. Una fuente en Arnold & Porter confirmó a El Faro el fin del contrato, por el que el Gobierno salvadoreño (Goes) se comprometió en marzo de 2021 a un pago de 1.2 millones de dólares al año.
Documentos del registro de agentes extranjeros de Estados Unidos detallan que hasta diciembre de 2021 el Goes había pagado un total de $543,676 a la firma de abogados en Washington DC, a cambio de sus gestiones para “mejorar las relaciones del Gobierno de El Salvador con Estados Unidos y con organismos multilaterales”. Thomas Shannon, un diplomático estadounidense con 35 años de experiencia, encabezaba una lista de hasta nueve lobistas asignados por Arnold & Porter a la cuenta de la Presidencia de El Salvador.
Shannon fue subsecretario de Estado durante la administración de Barack Obama (2009-2017) y secretario interino durante el mes de transición de la administración Trump, y goza de respeto en Washington, donde es actualmente co-presidente del tanque de pensamiento Diálogo Interamericano . Tras su retiro como funcionario, fue contratado como asesor senior de política exterior de la firma Arnold & Porter, la misma que asesora a Juan Guaidó en la preservación de activos de Venezuela en Estados Unidos y en el exterior. Según registros públicos, en el último año Shannon también ha asesorado o representado en Washington al Gobierno de Uzbekistán y de Argentina, y a la empresa energética argentina YPF.
El informe presentado por el exdiplomático sobre sus gestiones para el Gobierno de El Salvador incluye una conversación telefónica con Victoria Nuland, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, y tres con el subsecretario adjunto para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Ricardo Zúñiga, además de seis llamadas con reporteros de los periódicos Huffington Post, New York Times, El País y Associated Press. También menciona que el 16 de diciembre de 2021 Shannon envió mensajes de texto al embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg, para discutir “un tema consular”, del cual no da detalles.
El informe también cita la participación de Shannon en un evento organizado por el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro, en noviembre de 2021, y una reunión personal con Castro en diciembre, además de algunos intercambios por correo electrónico. Hace referencia además a un encuentro “relacionado con latinoamérica” en octubre con Mark Feierstein, el asesor principal de la administradora de la Agencia de Los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).
Con estos servicios, Arnold & Porter justificó al Departamento de Justicia de Estados Unidos facturas por $400,000 de los $543,676 que Presidencia de El Salvador le pagó entre el 2 de julio y el 18 de noviembre de 2021. Aunque el contrato ya finalizó, era de 12 meses, y aún no hay informes de lo realizado de noviembre de 2021 a abril de 2022. Durante el último mes, El Faro ha intentado concertar una entrevista con el exsecretario Shannon para hablar de su trabajo para el Gobierno de El Salvador. La Cancillería y el asesor de política exterior de Presidencia salvadoreña no respondieron a los correos con solicitud de entrevista enviados la mañana del 30 de mayo de 2022.
El contrato entre la consultora y el Goes fue firmado el 25 de marzo de 2021, cuando el Ministerio de Hacienda de El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaban cerca de alcanzar un borrador de acuerdo para un crédito de $1,300 millones, malogrado por el golpe al órgano judicial del 1 de mayo dado por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele. En abril de 2021, la gerente financiera de la Presidencia, Claudia Juana Rodríguez, nombrada secretaria privada en marzo de 2022, acordó las condiciones del contrato de “asesoría estratégica y divulgación en respaldo de las relaciones con los Estados Unidos e instituciones multilaterales”.
Un año después, las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos están en su peor momento. La administración Biden recortó en mayo de 2021 su ayuda a la Policía, la Corte Suprema y el Instituto de Acceso a la Información Pública; fue luego clave para que acabase en el congelador el acuerdo con el FMI del que dependía la solvencia financiera del Goes de los próximos tres años; y sancionó a funcionarios de la administración Bukele por corrupción, acciones antidemocráticas y por su pacto secreto con las pandillas.
Antes de suscribir este contrato, Arnold & Porter ya había prestado servicios al Gobierno de El Salvador, tanto durante la administración de Bukele como durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). En marzo de 2017, asesoró al último Gobierno efemelenista en la colocación de $601 millones de dólares en bonos del Estado. El 17 de julio de 2020, de nuevo, asesoró al gobierno actual en la colocación de bonos por $1,000 millones de dólares. Por este último contrato, en concepto de comisión, la compañía estadounidense recibió de El Salvador un pago de $395,000, según el informe de una comisión legislativa creada en 2020 para darle seguimiento a la colocación de esos bonos.
11 contactos con cinco funcionarios
Aparte de sus conversaciones con periodistas y su mensaje de texto al embajador en Colombia, Shannon reporta que el 1 de agosto de 2021 tuvo una conversación por teléfono con el enviado especial para Centroamérica y hoy subsecretario adjunto de Estado, Ricardo Zúñiga. La llamada sucedió un mes después de que Estados Unidos sancionó a través de la Lista Engel al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro; la jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el director de Centros Penales, Osiris Luna; y los exministros de Seguridad y Agricultura, Rogelio Rivas y Pablo Anliker. La conversación se repitió el 26 de octubre y el 17 de noviembre de 2021. En las tres llamadas conversaron, según el informe, sobre “asuntos relacionados a política de El Salvador”.
El Faro consultó a la oficina de Zúñiga sobre estas conversaciones con Shannon y se pidió saber si hablaron sobre el golpe al Órgano Judicial, la Lista Engel o las negociaciones de El Salvador con el FMI. El 10 de mayo, un vocero del Departamento de Estado respondió por escrito a El Faro que no podían confirmar o brindar declaraciones sobre comunicaciones oficiales de sus empleados, pero la respuesta también deja entrever que, desde el 1 de mayo de 2021, la relación bilateral ha cambiado poco.
“La separación de poderes y la integridad del sistema de justicia constitucional y electoral son el corazón de cualquier democracia y las acciones del presidente Bukele socavan esos elementos de Gobierno”, dice la respuesta del vocero del Departamento de Estado. “Esperamos que el presidente restablezca una fuerte separación de poderes y demuestre el compromiso de su gobierno y su partido con la transparencia y la rendición de cuentas al pueblo de El Salvador”.
El 10 de agosto de 2021, Shannon detalla que participó en una reunión con el 'asesor principal de la Agencia Internacional para el Desarrollo' (USAID)”. Mark Feierstein, exdirector en el Consejo Nacional de Seguridad de Barack Obama, ocupó ese cargo hasta el 18 de diciembre de 2021.
El exfuncionario confirmó a El Faro el encuentro, pero afirmó que no discutió con Shannon temas relacionados con su trabajo. “La reunión del 10 de agosto fue un almuerzo entre amigos y excompañeros para ponernos al corriente de asuntos personales, recordar nuestro trabajo con la administración Obama y conversar sobre las américas”, dijo Feierstein el 5 de mayo pasado.
Nueve meses antes, Feierstein se había mostrado muy crítico con la administración Bukele y con su ofensiva diplomática en Estados Unidos a través de cabilderos. “Si Nayib Bukele piensa que pagar a un grupo de cabilderos en Washington DC le permitirá escapar de responsabilidades por sus movimientos antidemocráticos, está muy equivocado. Sus problemas están en El Salvador, no en Washington”, dijo Feierstein en su cuenta de Twitter el 18 de noviembre de 2020.
El 7 de abril de 2021, Estados Unidos se había mostrado interesado en financiar con $2 millones a través de USAID la Comisión de Investigación contra la Corrupción (Cicíes), para apoyar a la Fiscalía en la investigación de delitos de corrupción. El 4 de mayo, con Feierstein aún en la agencia, USAID retiró su ayuda a la PNC y la Corte Suprema. El 4 junio, el Goes anunció, a través del fiscal de facto, Rodolfo Delgado, que daba por terminado el convenio con la Cicíes. Tras este anuncio, esta entidad fue desmantelada.
El 13 de julio de 2021 Shannon se comunicó por teléfono con la subsecretaria de Estado Victoria Nuland para discutir 'asuntos relacionados con la política de Centro América', según su reporte del Departamento de Justicia. Nuland es la segunda funcionaria más importante del Departamento de Estado y un mes antes, a finales de junio de 2021, había estado en El Salvador, donde aprovechó para expresar las dudas del Gobierno de Estados Unidos sobre la implementación del bitcoin como moneda de curso legal.
“Hablé con el presidente y le expliqué que, después de un ataque cibernético en Estados Unidos, bitcoin es un tema de preocupación. Le pedí que cualquier cosa que decida hacer El Salvador con este tema debe estar bien regulada, debe ser transparente y responsable para que estén protegidos de actores malignos”, dijo durante una conferencia de prensa del 30 de junio de 2021.
La preocupación de Estados Unidos no ha remitido. El 16 de febrero de 2022 el senador demócrata Bob Menéndez y dos senadores republicanos, Jim Risch y Bill Casidy, exigieron un informe al Departamento de Estado y un “plan para mitigar los riesgos de empoderamiento de China y de actores del crimen organizado” a raíz de la adopción del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador.
Shannon, como lobbista para El Salvador, también conversó al menos dos veces en persona, el 15 de noviembre y el 8 de diciembre de 2021, con el congresista demócrata Joaquín Castro sobre “asuntos prioritarios para América Latina”, según el reporte de Arnold & Porter. El 5 de mayo, El Faro pidió por correo a la oficina del congresista Castro más detalles de la reunión, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
