Documentos de una corte en Connecticut revelan una disputa por $40 millones de Alba Petróleos de El Salvador, entre el autoproclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y Enepasa, una organización que aglutina a 17 alcaldías salvadoreñas. A finales de 2020, Guaidó intentó nombrar a sus abogados para representar a Alba Petróleos, pero la gerencia nombrada en El Salvador se opuso.
El juez que conoce el caso rechazó que abogados designados por Guaidó representen a Alba Petróleos en un juicio en Connecticut en el que un demandante ha exigido una indemnización de más de $40 millones a la empresa salvadoreña por daños causados por los vínculos de esta empresa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla colombiana que se desmovilizó en 2016. La decisión del juez implica que los abogados nombrados por directivos salvadoreños mantienen el control y la representación legal de Alba Petróleos en este juicio.
Guaidó es un diputado y líder de la oposición venezolana que en enero de 2019 logró el reconocimiento de la Unión Europea y de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, como presidente interino de Venezuela. Tras este reconocimiento, procedió a contratar abogados para asumir el control de los activos venezolanos en el exterior y, a través de un decreto, la Asamblea Nacional -representada por partidos de oposición venezolanos- declaró que una junta directiva ad hoc iba a tomar control de las empresas en las que la petrolera venezolana PDVSA tiene más del 50%.
La junta directiva nombrada por Guaidó exigió ser reconocida como la responsable de nombrar abogados para representar a Alba Petróleos en el litigio en Connecticut en el que la empresa enfrenta una demanda por $40 millones. Pero el representante de Enepasa y vicepresidente de Alba Petróleos, Jaime Alberto Recinos Crespín, respondió a la corte en Connecticut que la empresa mantiene a los abogados nombrados por la gerencia salvadoreña y que no reconoce a los abogados designados por Guaidó. Es decir, el juez rechazó la petición del venezolano.
El caso inició, en octubre de 2020, con una demanda de Antonio Caballero, quien exigió a Alba Petróleos una indemnización millonaria por daños y perjuicios. Caballero es hijo de un político colombiano que fue asesinado por la guerrilla de ese país y ha exigido que le paguen esa indemnización de activos de la petrolera venezolana en Estados Unidos. “Este caso transnacional trata sobre los esfuerzos por recolectar más de $40 millones de la cuenta administrada por un broker en Greenwich, Connecticut. Esta cuenta pertenece a una empresa incorporada en El Salvador, cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Venezuela”, dice el caso No. 3:20-cv-01939.
En 1999, Carlos Caballero -embajador de Colombia ante Naciones Unidas- fue secuestrado y asesinado por la guerrilla colombiana. En 2014, su hijo Antonio demandó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por $41 millones ante una Corte en Florida, utilizando una Ley Antiterrorista de 2002. Ganó la demanda y desde entonces ha abierto procesos judiciales ante distintas Cortes en Estados Unidos para incautar bienes de esta organización.
En enero de 2021, una Corte en Nueva York reconoció a PDVSA como instrumento de las FARC. “Caballero ha demostrado suficientemente que PDVSA, a través del lavado de dinero y el apoyo con armas, ha prestado servicios materiales en nombre o en apoyo de [las FARC]', dice el fallo. Caballero ocupó este precedente a su favor en una demanda ante una corte en Connecticut. En octubre de 2020, Caballero descubrió que Alba Petróleos tiene un fondo millonario en Greenwich, Connecticut, administrado por un broker, la empresa Interactive Brokers LLC, que se dedica a invertir en bonos e instrumentos financieros. Procedió a demandar que de esa cuenta le paguen una indemnización que asciende a $40 millones.
Alba Petróleos de El Salvador, fundada en 2006, pertenece en un 60% al Gobierno venezolano y en un 40% al socio salvadoreño Enepasa. Esta empresa ha sido receptora de la cooperación chavista y fue una importante financista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que gobernó durante 10 años, de 2009 a 2019.
Uno de los fundadores de Alba Petróleos y principal asesor de negocios es José Luis Merino, Ramiro, un excomandante guerrillero, quien junto al entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, Nayib Bukele, impulsó en 2012 el nacimiento de un canal de televisión en El Salvador, TVX, con el que Bukele impulsó su imagen al inicio de su carrera política. El financiamiento provino de una empresa hija de Alba Petróleos, Inverval: Bukele admitió que recibió $3 millones de esa empresa. Entre los deudores de Alba Petróleos están el exministro de Agricultura, Pablo Anliker, y la comisionada presidencial para operaciones de Gabinete, Carolina Recinos, ambos sancionados por el Gobierno de Estados Unidos a través de la Lista Engel de actores antidemocráticos.
En julio de 2021, el Departamento de Estado también incluyó a José Luis Merino en la Lista Engel. “Incurrió en corrupción a través de sobornos y participó en un plan de blanqueo de capitales”, dice el informe del Departamento de Estado. En 2019, Merino, el socio de Bukele en el nacimiento del Canal TVX, fue incluido en la Lista Magnitsky del Departamento del Tesoro y del Departamento de Estado, por considerarlo como 'beneficiario de Alba Petróleos' y por sus vínculos con la corrupción de la petrolera venezolana PDVSA. 'José Luis Merino y su hermano, Sigfredo Ismael Merino Cabrera, presuntamente desviaron más de $400 millones a través de una serie de empresas fantasma a cuentas en Panamá y otras empresas fachada', dice el reporte de 2019.
En el último balance inscrito, del año 2020, Alba Petróleos reportó activos por $1,209,578,386. Pero desde su fundación, en 2006, la empresa acumula préstamos que no ha podido cobrar a deudores: $276.8 millones de cuentas a cobrar; $17 millones de cuentas incobrables; y cuentas por cobrar a partes relacionadas por $224.5 millones. El 31 de mayo de 2019, la Fiscalía de Raúl Melara inició una investigación por lavado de dinero contra el conglomerado de Alba Petróleos, pero el 1 de mayo de 2021 la Asamblea, controlada por Bukele destituyó al fiscal general.
A raíz de este juicio, la gerencia de Alba Petróleos en El Salvador y la directiva nombrada por Guaidó para administrar los activos venezolanos en el exterior entraron en una disputa. El 24 de marzo de 2021, Horacio Francisco Medina -el presidente de PDVSA nombrado por Guaidó- envió una carta a una firma de abogados con oficinas en Houston, Texas, en la que comunican su contratación para representar a Alba Petróleos en Estados Unidos. “Esta carta confirma que la directiva ad hoc autoriza a White & Case a representar los intereses de PDVSA y sus afiliadas”, dice la carta.
Con esta carta, Guaidó intentó sustituir a la firma de abogados que la directiva de la empresa en El Salvador había nombrado. El documento menciona que la junta de Guaidó pidió a la Corte en Connecticut que ya no reconozca al abogado estadunidense Marcos D. Jiménez como representante de Alba Petróleos.
Jiménez, sin embargo, argumentó ante la Corte en Connecticut que la gerencia de la empresa en El Salvador, dirigida por Jaime Alberto Recinos Crespín, lo había mantenido en el cargo, y se presentó como el abogado de Alba Petróleos. Recinos Crespín es el vicepresidente de Alba Petróleos y fue alcalde de Cuscatancingo y, según la credencial de junta directiva de noviembre de 2018, acabó funciones en diciembre de 2021. Antes de conocer la demanda de Antonio Caballero, la Corte de Connecticut deliberó sobre quién tiene la potestad de representar a Alba Petróleos en el juicio.
El juez Jeffrey Alker Meyer determinó que el abogado nombrado por la directiva de Alba Petróleos en El Salvador estaba autorizado y rechazó a los abogados nombrados por Guaidó. “El secretario del tribunal anulará las comparecencias de Claire A. Delelle, Nicole Erb, Ivan J. Ladd-Smith y Joseph W. Martini como los abogados registrados de ALBA”, dice la moción del juez. El juez determinó que la empresa, al estar inscrita en El Salvador, se rige por las leyes de las empresas anónimas de ese país y determinó que la administración nombrada en El Salvador es la responsable de designar a los abogados que la representen.
Los abogados de Guaidó presentaron documentos para sustentar por qué debían ostentar la representación de la empresa salvadoreña: comunicados de la Casa Blanca, de la administración Trump, en la que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. También mencionan que el Gobierno de El Salvador reconoce a Guaidó como mandatario y formalmente el 2 de noviembre de 2019 Bukele expulsó de El Salvador al cuerpo diplomático de Nicolás Maduro. Durante su primera gira como mandatario, entre febrero y marzo de 2019, Bukele cortejó a organizaciones y a políticos cercanos a Trump, entre ellos al asesor de seguridad nacional John Bolton, a quien le prometió apoyar a Guaidó. “Estamos ansiosos por identificar nuevas oportunidades para aumentar el apoyo al presidente interino venezolano Juan Guaidó”, dijo Bolton después de la reunión con Bukele.
Tras asumir la Presidencia de El Salvador, Bukele se rodeó de dos grupos de asesores venezolanos cercanos al partido de Guaidó: el primero, liderado por Sara Hanna; y el segundo, por Lester Toledo, quien trabajó de cerca en la creación del partido Nuevas Ideas creado en torno a la figura de Bukele. En 2020 y 2021, estos asesores tuvieron funciones de un gabinete paralelo a cargo de los planes más determinantes de la administración Bukele.
El reconocimiento de la administración Bukele a la presidencia interina de Guaidó no convenció al juez en Connecticut de que fuera suficente para que los abogados de Guaidó ejercieran representación legal de Alba Petróleos. “El hecho de que El Salvador reconozca al Gobierno Interino en general no significa que consienta más específicamente en el derecho del Gobierno Interino de entrometerse en la operación de la ley corporativa de El Salvador o de comprometer el 40% de participación accionaria de ENEPASA como representante”, dice la moción del juez.
Documentos inscritos en el Registro de Comercio de El Salvador muestran que Alba Petróleos inscribió un acta del 17 de febrero de 2019 de Junta General Ordinaria de Accionistas. Ese documento indica que dos gerentes venezolanos fueron designados para manejar la compañía: Charli Yermil Crespo Romero, como gerente de comercio, y José Rafael Hernández Guía, como gerente de finanzas, quienes reportan tener como domicilio el municipio de Nuevo Cuscatlán, en El Salvador.
El juez Jeffrey Alker Meyer preguntó a los abogados de Guaidó por qué no habían procedido en El Salvador a invalidar el nombramiento de Jaime Alberto Recinos Crespín como representante legal de Alba Petróleos en El Salvador, pero los abogados respondieron que no tenían conocimiento de ese tema. “Cuando le pregunté a White & Case en el alegato oral si había ido a El Salvador y buscado alguna declaración de invalidez de la posición del Sr. Crespín o tomado algún tipo de recurso bajo la ley salvadoreña”, el abogado respondió que “no estoy al tanto de actos tomados en El Salvador.”
Este caso no es el único vaso comunicante entre el gobierno interino de Guaidó con El Salvador. A inicios de abril de 2021, el Gobierno salvadoreño contrató los servicios de cabildeo de la firma Arnold & Porter, un contrato de $1.2 millones, para mejorar las relaciones con Estados Unidos y con organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional. Esta firma de abogados es la misma que tiene un contrato con el Gobierno interino de Juan Guaidó para ayudar en las gestiones de 'preservación de activos venezolanos' ante el Gobierno de Estados Unidos y en otros países.
José Ignacio Hernández, quien trabajó hasta junio de 2020 como procurador de Juan Guaidó y estuvo encargado de los acercamientos con firmas de abogados en Estados Unidos, dijo a El Faro que Arnold & Porter no tiene relación con las gestiones del caso Alba Petróleos en Connecticut. 'Arnold & Porter ya venía prestando servicios y no tiene funciones de recuperación de activos sino de defensa de la República (Bolivariana de Venezuela)', dijo.
Del caso de Alba Petróleos dijo que es un caso que continúa y que la Corte de Distrito no aceptó a la firma de abogados designada por Guaidó para representar a la empresa salvadoreña. 'La Corte de Distrito consideró que la junta ad-hoc de PDVSA no puede representar a Alba, pues el presidente encargado nunca removió a sus directores. Por ello, Alba tiene sus propios abogados, que responden a Maduro. White & Case, que representa a PDVSA, está apelando de esa decisión', dijo.
