El 1 de mayo por la mañana la negociación de El Salvador con el Fondo Monetario Internacional (FMI) estaba casi concluida y se esperaba un anuncio la semana siguiente. Hubo quien calculaba que sería el jueves 6 de mayo. Dos fuentes conocedoras del proceso aseguran que durante la última semana de abril una misión virtual del Fondo había cerrado las discusiones fiscales con el Gobierno y solo quedaba una condición para aprobar el paquete de ayuda por unos 1,300 millones de dólares: que el presidente Nayib Bukele aceptara que fuera público el informe de labores que por esos días preparaba la CICIES.
El asunto era delicado para Bukele. Pese a tener atribuciones limitadas, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), dependiente de la OEA, documentó en 2020 evidentes actos de corrupción en las compras de emergencia hechas por los ministerios de Salud, Agricultura y Hacienda durante la pandemia. Su informe, que el FMI vinculaba a la transparencia en el uso de ayuda internacional, incluidos 386 millones otorgados por el mismo Fondo, podía dañar al Ejecutivo. Aun así, el interés del Gobierno en tener apoyo del Fondo Monetario hacía a los negociadores ser optimistas.
Pero esa misma noche estalló todo. La destitución exprés de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General aquel sábado, sin debate en el pleno legislativo y sin debido proceso, espantó a la comunidad internacional más que la entrada con militares a la Asamblea un año antes. La Casa Blanca condenó de inmediato lo que organizaciones de Derechos Humanos llamaron “un golpe de Estado técnico” y el diálogo con el Fondo se paralizó.
A punto de cerrarse 2021, la negociación no se ha vuelto a formalizar pese a la voluntad expresa de ambas partes. Y tiene un futuro incierto gracias a la tendencia del presidente salvadoreño a dar casi cada semana nuevos motivos de condena internacional, lo que dificulta a los socios del Fondo, encabezados por Estados Unidos, dar un respaldo económico a El Salvador sin que se interprete como un respaldo político a Bukele.
“Si el 1M puso en pausa la negociación, el lanzamiento de la ley Bitcoin en septiembre la hizo retroceder”, dice una fuente en Washington conocedora de las posiciones del FMI. “Y estos últimos meses la idea era que el Gobierno de El Salvador hiciera todo lo posible por lograr el acuerdo y el FMI bajara un poco el listón, pero El Salvador ha estado deshaciendo con una mano lo que hace con la otra.”
Una fuente en el Gobierno de El Salvador confirma que a mediados de año la administración salvadoreña llegó a estar convencida de que no necesitaría al Fondo Monetario para cerrar 2021 y encarar 2022. La ayuda incondicional del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el crecimiento económico superior al 10 % del PIB, con un fuerte incremento en las remesas y tasas de recaudación fiscal por encima de lo previsto, dieron confianza a Bukele. Desde el anuncio en junio de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal hasta su entrada en vigor en septiembre, la relación del Gobierno con el Fondo fue fría cuando no desafiante.
Pero en una parte del Ejecutivo hubo un cambio de opinión. Con el precio de los bonos salvadoreños cayendo desde mayo y un pago de 800 millones de dólares a acreedores internacionales programado para enero de 2023, Hacienda se convenció y convenció a Bukele de que era decisivo contar con el dinero del FMI, pero sobre todo con su aval, de enorme influencia en las decisiones de inversores privados e instituciones como el Banco Mundial y el BID. Y El Salvador comenzó a enviar nuevas señales.
“Que el uso de Bitcoin no sea obligatorio, en contra de lo que dice el texto de la ley, fue claramente parte de la conversación con el Fondo”, dice un analista de inversiones basado en Nueva York. Fuentes en Washington interpretan de esa misma forma que en un plazo de una semana, a finales de octubre, el Tribunal de Ética Gubernamental abriera un proceso administrativo contra el director de la Policía; anunciara un proceso sancionador contra el ministro de Salud, Francisco Alabí, por comprar insumos a una empresa de sus primos durante la pandemia; y que la Asamblea Legislativa reformase la conocida como “Ley Alabí” para que los casos de corrupción no gocen de la inmunidad retroactiva que cinco meses antes había aprobado para todos los implicados en compras de emergencia por la Covid 19. “Me parecieron intentos por mejorar la imagen en temas de corrupción”, dice un funcionario de un organismo multilateral.
Alguien cercano al Gobierno salvadoreño asegura que los esfuerzos por cumplir las exigencias del Fondo incluyeron un considerable recorte de última hora en el presupuesto 2022, que el ministro Alejandro Zelaya presentó a la Asamblea esa última semana de septiembre. Incluso el presidente Bukele llegó a participar en octubre en una de las reuniones virtuales con Alina Carare, jefa de la misión del Fondo para El Salvador, y su equipo para reafirmar su voluntad de dar los pasos necesarios para un acuerdo.
El Salvador pretendía de hecho que la visita en noviembre a Washington de una delegación integrada por el ministro Zelaya y el Presidente del Banco Central de Reserva para revisar el conocido como Artículo IV, el diagnóstico anual que hace el Fondo de la situación económica y financiera de cada país, sirviera para cerrar antes de fin de año el acuerdo frustrado en mayo. Por eso la encabezó Ibrahim Bukele, que pese a no tener un cargo formal opera allí donde va como máximo representante del Gobierno de su hermano. Y por eso se gestionó a última hora una reunión de la delegación salvadoreña con el Departamento del Tesoro estadounidense en la que, según confirman fuentes en Washington, participó Michael Kaplan, vicesecretario adjunto del Tesoro para Asuntos del Hemisferio Occidental.
No bastó ni la presencia de uno de los hermanos Bukele ni el gesto de acercamiento a Estados Unidos, socio principal del Fondo. El 18 de noviembre el vocero del FMI, Gerry Rice, rompió la burbuja y afirmó en una conferencia de prensa que la conversación de los días anteriores, y por el resto del año, se limitaría al Artículo IV.
Consultada por El Faro a mediados de noviembre sobre el estado de las conversaciones con El Salvador, Alina Carare se limitó a reafirmar lo dicho por Rice: “Acontecimientos después de abril requerirán que El Salvador recalibre políticas para asegurar sostenibilidad fiscal y estabilidad financiera”, dijo, y recordó que el proceso de aprobación del Artículo IV, que incluirá “el diálogo sobre políticas que podrían sustentar un potencial programa del FMI” terminará con su discusión en el Directorio del Fondo y tardará en completarse al menos dos meses.
'Mentiroso, mentiroso'
Fuentes del sistema bancario tanto en Nueva York como en San Salvador confirman que el gobierno había sembrado entre los inversores nacionales e internacionales la expectativa de un acuerdo con el Fondo antes de que acabara el año. “Zelaya ha quedado como un mentiroso”, dice con crudeza un analista de inversiones de un banco estadounidense. “Él mismo había dicho a inversionistas, en una llamada concertada a través de Bank Of America, que lo del Fondo ya estaba casi resuelto y se iba a anunciar un acuerdo el 15 de noviembre.”
Aunque el Ejecutivo insiste en mantener a ultranza un discurso de optimismo, su crisis de credibilidad internacional se agrava. Desde mediados de mayo el precio de los bonos salvadoreños ha caído sin cesar hasta alcanzar mínimos. “Y pese a esos bajos históricos, los inversionistas no los consideran baratos, porque piensan que pueden seguir cayendo”, dice uno de los analistas de inversiones consultados por El Faro.
El informe de la misión del Fondo publicado el 23 de noviembre no alivia esas preocupaciones. Aunque Bukele y el ministro Zelaya lo presentaron en redes sociales y en cadena nacional como un respaldo a su gestión por las alabanzas que hace el Fondo Monetario a su gestión sanitaria de la pandemia y a la rápida recuperación de la economía tras la caída global de 2010, el documento incluye críticas durísimas a la apuesta gubernamental por el Bitcoin y advierte varias veces de la fragilidad de las finanzas nacionales: “El aumento en las necesidades brutas de financiamiento, y la incertidumbre en la dirección de políticas desde mayo de 2021 (…) acrecentó los costos de endeudamiento considerablemente”, dice en una nueva referencia a los sucesos del 1M. “Si se mantienen las políticas económicas actuales (…) la deuda pública crecerá más allá del 95 por ciento del PIB (incluidas las pensiones) para 2026”.
“El Bitcoin no debería ser adoptado como moneda de curso legal (…) se debería obligar a Chivo a asegurar completamente los fondos de los usuarios (…) deberían evaluarse con prontitud medidas como eliminar el fideicomiso o retirar los subsidios presupuestarios a Chivo”, escribe el Fondo.
El presidente no reconoce el golpe pero tras la difusión del informe ha arreciado sus críticas públicas a las políticas de la Reserva Federal ―“¿Chicos, pueden dejar de imprimir dinero? Solo están empeorando las cosas”, tuiteó en inglés al regulador estadounidense―, al Banco de Inglaterra , que critica la bitcoinzación de El Salvador, y ha enfatizado el mensaje de que las criptomonedas son una alternativa al sistema financiero tradicional , una llave hacia la libertad económica.
No solo parece cada vez más claro que cree haber encontrado en el Bitcoin una vía de financiamiento alternativa al FMI en el corto plazo, sino que ha comenzado a aplaudir en redes a quienes, desde redes sociales o medios como Rusia Today sugieren que su apuesta por la criptomoneda le permitirá algún día pagar toda la deuda externa del país sin apoyo alguno del Fondo Monetario.
Ahora Bukele narra en sus redes sociales, en inglés y en tiempo real, cómo especula con dinero público. Dice que su apuesta por Bitcoin ya ha dado ganancias a las arcas del Estado ―las está gastando en construir un hospital para mascotas que costará 4 millones de dólares― y presume de contar, en caso de que la cotización baje, con las reservas de oro del país.
El sábado 4 de diciembre por la noche, unas horas después de comprar para El Salvador un nuevo paquete de Bitcoins por 7.3 millones de dólares , el presidente respondió con una sola palabra a quienes le preguntaban si esas transacciones las hace él mismo, desde su laptop personal: “Phone”, tuiteó . Según él, lo hace desde su teléfono y con la velocidad de los corredores de bolsa. Horas antes se burló de su mala suerte por no haber cazado, por minutos, el precio más bajo del día mientras la criptomoneda caía en picado un 18 %: “Missed the f***ing bottom by 7 minutes”, tuiteó , y añadió un emoji que lloraba de risa.
“Uno a veces se pregunta quién está al frente de la estrategia de El Salvador”, dice un funcionario de una multilateral en Washington. “Dudo que el Ministerio de Hacienda haya sabido con mucha antelación que se iba a lanzar el Bono Bitcoin. Y en todo caso no creo que su opinión pesara en la decisión a pesar de que hasta ahora ellos estaban a cargo de la venta de Bonos en el mercado nacional e internacional”.
Anunciado el pasado 21 de noviembre en una fiesta de playa con fuegos artificiales, en la que un video presentó a Nayib Bukele llegando en platillo volador desde el espacio, el Bono Bitcoin será una emisión de deuda soberana en criptomoneda por un valor de 1,000 millones de dólares que, según el presidente, servirán para construir al pie del volcán de Conchagua una nueva ciudad alimentada por energía geotérmica y sin impuestos al ingreso, el capital o la propiedad. Los analistas tradicionales de mercados lo han recibido con reacciones que van del excepticismo a la burla. Los bonos de El Salvador han continuado cayendo tras el lanzamiento.
El 26 noviembre, la empresa británica de análisis financiero EMFI ―que el 28 de octubre ya había titulado “Mentiroso, mentiroso” uno de sus informes sobre El Salvador― publicó un nuevo y demoledor reporte titulado “Escondiendo la basura macro debajo de la alfombra del Bitcoin”. En él, critica la propuesta del Bono Bitcoin con el argumento de que sus condiciones de oferta “ignoran por completo la mala situación macroeconómica y fiscal de El Salvador”, cuestiona una vez más el excesivo optimismo de los cálculos oficiales del Gobierno de Bukele y concluye que el anuncio del nuevo Bono complica aún más la posibilidad de “un acuerdo con el FMI en el corto plazo”.
Un problema político
El Fondo no quiso en su reciente informe valorar el Bono Bitcoin. “Los planes anunciados recientemente para utilizar los ingresos de las nuevas emisiones de bonos soberanos para comprar Bitcoin y las implicaciones de una negociación más amplia en el mercado de Bitcoin requerirán un análisis muy cuidadoso de las implicaciones y los riesgos potenciales para la estabilidad financiera”, se lee. Un funcionario de una multilateral dice que lo considera una advertencia, un anticipo de críticas aún más duras.
“Los temas fiscales no son el problema. Eso está listo desde abril”, dice una fuente cercana a la negociación con El Salvador. “El tema es lo político, y en ese sentido no hay problemas con los socios europeos del Fondo, pero el reto es convencer a Estados Unidos para que no haya presiones adicionales”.
Con la relación de Bukele con la Casa Blanca virtualmente rota, la reunión de Ibrahím Bukele con el Tesoro el 10 noviembre pretendía convencer a la administración Biden de que su percepción del actual Gobierno de El Salvador es errada y está escuchando a las personas equivocadas. Fuentes en Washington que conocieron el contenido de la reunión dicen que fue cordial e incluso constructiva. Pero el intento se ahogó de inmediato. Ese mismo día, el miércoles 10, Bukele envió a la Asamblea su propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que obligaba a toda persona u organización salvadoreña que reciba fondos del exterior a someterse a registro, a inspecciones selectivas y a un nuevo impuesto del 40 % sobre esos ingresos.
La medida, entendida de inmediato como un ataque a la sociedad civil y a medios de comunicación independientes financiados por la cooperación internacional, desató reacciones diplomáticas más rotundas todavía que los sucesos del 1 de mayo. Si el Gobierno estadounidense presionó en privado, Alemania anunció la congelación de programas de ayuda financiera como una advertencia de sanciones mayores. La ley finalmente no se sometió a votación, pero reavivó la crisis de confianza internacional en el proyecto político de Bukele, que como Daniel Ortega, Juan Orlando Hernández o Alejandro Giammattei no fue invitado la semana pasada a la Cumbre por la Democracia convocada por el presidente Biden.
Se suman al espinoso panorama las nuevas presiones explícitas desde el Congreso de Estados Unidos para que se aplique a El Salvador sanciones comerciales y se mantenga presión sobre el FMI en lo referente a un posible acuerdo. Si ahora es el senador Bob Menéndez quien lo sugiere, durante todo el año defensores de Derechos Humanos han repetido que el Fondo puede ser una de las últimas palancas de presión para frenar el avance autoritario de Nayib Bukele.
Un funcionario del departamento de Estado acepta que Estados Unidos ha insistido desde hace meses en que el Fondo Monetario imponga a el Salvador condiciones básicas de gobernanza “no solo financiera, sino democrática” antes de prestarle ayuda, pero asegura que problema para El Salvador no es solo con sus fracturas con la Casa Blanca: “Es evidente que no apoyamos la ayuda a El Salvador en este momento, pero el Fondo tiene sus propias preocupaciones sobre el Gobierno de Bukele, no necesitan consultarnos para eso.”
Otra fuente en Washington con acceso directo a las discusiones internas del FMI lo confirma: “Los europeos y varios burócratas del Fondo no tienen objeciones, pero Estados Unidos y la Directora son los que parece que están más claros sobre la falta de transparencia y la debilidad fiscal del Gobierno de El Salvador”, dice en referencia a Kristalina Georgieva.
Aficionado a jugar con varias barajas, Nayib Bukele se distancia en público del FMI y se victimiza frente a Estados Unidos entre los aplausos de quienes presentan el Bitcoin como “la moneda de la resistencia”, en palabras del anarco-criptoactivista Max Keiser . Pero al mismo tiempo flirtea con China como un posible salvavidas, y parece confiar en que la Casa Blanca no le impondrá sanciones comerciales ―el asesor de Biden Juan S. González ha dicho que prefiere las sanciones individuales― y en que la naturaleza del Fondo, una herramienta para dar estabilidad a los mercados, lo incline a su favor en última instancia.
“Si el Fondo Monetario ha sido permisivo con Guatemala y Honduras, por ejemplo, ¿por qué no deberían serlo con El Salvador?”, dice una fuente de una multilateral. Otro funcionario de una entidad financiera tira de cinismo y resta importancia no solo a las tensiones públicas sino también al puntillismo de los análisis financieros de coyuntura: “Al final habrá acuerdo entre El Salvador y el FMI por las buenas o las malas”, dice, si no para sanear las cuentas del país será para rescatarlo.
“El Ministro de Hacienda de El Salvador sabe que los mercados están pidiendo señales”, dice una de las fuentes consultadas en el sector financiero. Otra asegura que el gabinete económico de Bukele “entiende que 2022 tendrá que ser un año de disciplina fiscal, aunque el presidente salvadoreño actúa de manera natural en dirección contraria” tanto en lo que se refiere al gasto público como en su constante discurso de confrontación.
“Lo que el Fondo está buscando es un clima político en el que no sea absolutamente vergonzoso para ellos llevar el tema de un acuerdo con El Salvador a su Directorio”, dice uno de los analistas de riesgo consultados por El Faro. “Pero hay mucho pesimismo porque todas las señales van en dirección contraria: por ejemplo, la decisión de hacer que ANDA y el FOVIAL emitan deuda es exactamente lo opuesto a lo que quería el Fondo. Bukele está empeñando sus ingresos futuros para poder gastar ya, porque sigue dedicado a crear entre la población una ilusión de bonanza.”
El presidente, que actualmente se presenta en su estado de Twitter como “CEO de El Salvador” ―antes fue “el presidente más cool del Mundo”, “instrumento de Dios en nuestra nueva historia”, “papá de Laila” o “dictador de El Salvador”― insiste en una narrativa que no reconoce fracasos y presumió el pasado día 2 de los resultados de una encuesta sobre su gestión de la pandemia realizada por CID Gallup, empresa vinculada a su campaña: “96 % of shareholders say I'm doing a good job as CEO”, tuiteó . Mientras los mercados le retiran la confianza, Bukele se aferra a su popularidad y dice que sus “accionistas”, los salvadoreños, le apoyan.
Este mismo domingo recurrió al argumento de la popularidad no solo para despreciar la cuarta manifestación en su contra celebrada en San Salvador en cuatro meses, sino para acusar de nuevo a Estados Unidos de financiar a la oposición: “Los contribuyentes estadounidenses deberían saber que su gobierno está usando su dinero para financiar a movimientos comunistas contra un gobierno elegido democráticamente (y con un 90 % de aprobación). Pero no le está funcionando”, tuiteó junto a fotos de la protesta .
Lo hace después de una semana de extrema confrontación con la Casa Blanca. El viernes acusó a la exembajadora Jean Manes de injerencia y a Washington de buscar el “sometimiento” de su Gobierno, después de que el Departamento del Tesoro impusiera por primera vez sanciones a la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, y al viceministro Osiris Luna por negociar en secreto con las pandillas y por corrupción, precisamente, en las compras de emergencia por la pandemia . Aquellas que la CICIES en teoría documentó en un informe que todavía no se conoce.
“La pregunta del millón es si el acuerdo con el Fondo es totalmente imprescindible para el Gobierno de Bukele o no”, dice una fuente que ha mantenido conversaciones sobre El Salvador con el FMI. “Si lo es, eso le vuelve vulnerable a presiones internacionales. Si no, si encuentra una salida financiera, por ejemplo en el Bitcoin, no creo que nada pueda evitar que termine con lo poco que queda de institucionalidad o cierre los espacios para quien le incomode, y tendrá el camino libre para la reelección”.
