La Fiscalía General de la República (FGR), dirigida por el fiscal impuesto por el bukelismo, acusó de desacato al tuitero Luis Alexander Rivas, que el domingo 21 de agosto, desde una cuenta en la que ocultaba su identidad, publicó una fotografía de seis guardaespaldas mientras caminaban junto con un grupo de personas en Playa Dorada, Ahuachapán. Desacato, según el Código Penal, es ofender de hecho o de palabra el “honor o decoro” de un funcionario o amenazarlo en persona o mediante un escrito. Conlleva una pena de prisión de entre seis meses y tres años, aunque puede subir a cuatro si el funcionario que se muestra como ofendido es el presidente, un ministro, un juez o algún diputado. En este caso, las supuestas víctimas son la Administración Pública y el presidente de la República, Nayib Bukele. A pesar de no haber sido capturado en un caso relacionado con pandillas, Rivas fue tratado bajo las normas del Régimen de Excepción, y presentado ante un juez hasta 12 días después de su captura, cuando la ley estipula que el plazo máximo es 72 horas.
El caso es particular, pues enfrenta a un tuitero, que publicaba desde el anonimato, con el hombre más poderoso del país. El presidente Bukele ha acumulado todo el poder en El Salvador gracias a sus éxitos electorales, pero también a la utilización de su Asamblea Legislativa para imponer a su fiscal general y a sus magistrados de la Corte Suprema de Justicia; estos últimos se encargaron, por ejemplo, de allanarle el camino a la reelección, si Bukele lo desea. Bukele ha utilizado sus perfiles en redes sociales para llamar 'basura' o 'jaina' (pareja de un pandillero) a un antropólogo y periodista, al tiempo que varios de sus diputados han acusado a periodistas en redes sociales, sin prueba alguna, de ser colaboradores de las pandillas o directamente de ser pandilleros. Algunos personajes aliados del bukelismo, como Walter Araujo, se dedican de forma constante a insultar y denigrar personas en todas sus plataformas.
La audiencia inicial contra Rivas fue este lunes 5 de septiembre en el Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, que decretó que Rivas siguiera procesado, pero con medidas sustitutivas. Es decir, que podía salir libre y con ciertas restricciones tras pagar una fianza de 10,000 dólares. Sin embargo, momentos después de salir del Juzgado, la Fiscalía volvió a detenerlo y anunció por Twitter un segundo caso abierto contra Rivas, aunque no especificó el delito. 'Se ha hecho efectiva orden de captura contra Rivas. Una cosa es la libertad de expresión y otra es atentar contra la integridad de las personas. La libertad de expresión no puede ser usada para cometer delitos', escribió en Twitter el fiscal general, Rodolfo Delgado.
Rivas salió de la primera audiencia antes del mediodía. Los policías lo sacaron y lo llevaron a un vehículo estacionado en el parqueo del Centro Judicial Isidro Menéndez. Ahí lo retuvieron durante una hora hasta que se marcharon los periodistas. Minutos más tarde, el vehículo volvió a ingresar y, ya sin la presencia de medios, los policías que lo acompañaban le leyeron la segunda orden de captura. El fiscal Delgado tuiteó la imagen de ese instante, pero no especificó el delito que le será imputado.
Al tener un segundo caso abierto, Rivas no podrá salir en libertad condicional aunque un Juzgado lo haya ordenado. La ley procesal penal exige que al tener una segunda orden de captura en su contra, el imputado debe permanecer detenido. Si el segundo caso contra Rivas es procesado bajo las mismas reglas que el primero, el requerimiento fiscal será presentado dentro de un plazo de 15 días, que es una de las prerrogativas que el Régimen de Excepción concede a las autoridades en casos relacionados con el combate a las pandillas.
En su requerimiento presentado el viernes 2, la Fiscalía señaló como víctima del caso a la Administración Pública y, como víctima subsidiaria, al presidente Bukele. Según abogados consultados por El Faro, al incluir al presidente Bukele como víctima subsidiaria la Fiscalía está forzando a que el delito imputado sea considerado agravado. Esto es porque el castigo de cárcel para el delito de desacato aumenta en un año cuando la víctima es el presidente.
Pero que Bukele aparezca como víctima también permite inferir que Rivas no está siendo procesado por los dos tuits que publicó el domingo 21 de agosto, aunque haya sido capturado justo tras su publicación. La oficina de prensa de los juzgados capitalinos, de hecho, confirmó que la Fiscalía retomó tuits antiguos de la cuenta que manejaba Rivas para acusarlo por desacato.
Rivas fue detenido 10 horas después de haber publicado la fotografía desde su cuenta anónima de Twitter (@_elcomisionado_) en la que, según escribió en la red social, se veía a dos de los hermanos del presidente Bukele caminando en la playa, rodeados por un grupo de guardaespaldas. “Tremendo dispositivo de seguridad que anda Karim, la novia, la mamá, y el otro hermano de Bukele. Menos mal que vivimos en el país más seguro del mundo mundial. Ya no se puede bañar tranquilo uno en la playa, porque aparece el vergo de guaruras hijos de puta”, publicó Rivas y agregó la fotografía que luego borró. Según Rivas, en la foto se veía a al menos dos hermanos del presidente Bukele, pero la toma es tan lejana que no se reconoce a nadie.
La fotografía por la que fue detenido Rivas la divulgó la cuenta de Twitter identificada como “El Comisionado”. Era una cuenta anónima que publicaba críticas contra el Gobierno y que, en muchas ocasiones, incluía ataques e insultos contra diputados y diputadas de Nuevas Ideas. Una expresión más de una cuenta trol en una red como Twitter, donde abundan, tanto a favor como en contra de Bukele y sus aliados. Algunos funcionarios reaccionaron a la detención de Rivas e insinuaron que debía ser procesado por las expresiones de violencia contra la mujer, citando algunos tuits donde insultaba a diputadas de Nuevas Ideas.
Durante los 12 días siguientes a la captura, ninguna autoridad explicó a los familiares las verdaderas razones de la detención, y fue hasta el viernes 2 de septiembre que confirmaron, a través de un abogado particular, que Rivas sería procesado por desacato.
Las reglas del Régimen de Excepción se aplicaron al caso. Organizaciones como Cristosal confirmaron a El Faro que han detectado casos en los que las autoridades han excedido el plazo legal de 72 horas para presentar las causas ante un juez, y que lo han hecho —tal como le ocurrió a Rivas— en un plazo de más de diez días, a pesar de que no haya relación con actividad pandillera de ningún tipo.
Según tres abogados consultados por El Faro, que se esté usando el Régimen de Excepción para perseguir cualquier tipo de delitos y a cualquier persona se debe a las posibilidades que abre la redacción ambigua de los decretos que sustentan el Régimen y las sucesivas prórrogas. Se puede prestar a confusiones, en palabra de uno de los abogados.
De hecho, en un copia del acta de audiencia a la que tuvo acceso este periódico, el Juzgado Segundo de Paz estableció que 'existe una probable violación constitucional debido al exceso de la detención administrativa' en la que estuvo Rivas. El Juzgado certificó que existe una probable violación constitucional porque la Fiscalía presentó el requerimiento con un retraso de 'ocho días, quince horas y cuarenta minutos'. 'Para efectos de una eventual responsabilidad, ya sea penal o administrativa, advierte la suscrita que la detención administrativa en que se encontraba el procesado ha excedido las 72 horas que señala el artículo 13 de la Constitución, en vista de que el imputado fue intimado y notificado ade su detención administrativa, a las 20 horas del día 21 de agosto, habiendo sido consignado el mismo a esta sede judicial junto con el requerimiento [el viernes 2]', dice el acta judicial que dio por recibido el requerimiento fiscal.
La Fiscalía, según el acta del Juzgado, justificó la presentación extemporánea del requerimiento por la vigencia del Régimen de Excepción.
Que se haya detenido bajo normas del Régimen de Excepción no ha sido el único agravio contra Rivas. Solo después de 12 horas de su detención, cuando estaba detenido en Ahuachapán, a Rivas le permitieron comunicarse con su familia. Luego fue trasladado a otro lugar, pero su familia no supo adónde sino hasta el martes 23 de agosto. Nadie explicó a la familia por qué Rivas pasó días y noches encerrado en unas oficinas de la Policía Nacional Civil que no son una bartolina sino un laboratorio donde se inspeccionan teléfonos y dispositivos electrónicos. A Rivas tampoco se le permitió que un abogado particular entrara a verlo al lugar donde estaba detenido, aunque el abogado sí pudo hablar con la agente fiscal encargada del caso el día viernes 2 de septiembre, 12 días después de la detención de su cliente. Los familiares creen que Rivas aceptó que lo representara un abogado público cuando se dio cuenta de que no iba a poder comunicarse con nadie.
El Faro conversó brevemente con Rivas el miércoles 24 por la tarde. “Quieren que me haga cargo de una supuesta red. Quieren que les diga quién me paga, quién me financia, con quién me coordino (para tuitear). Pero, como no tengo nada de eso, no han encontrado nada. Tienen mi celular, lo están inspeccionando desde que me trajeron, pero no han encontrado nada. Me están acusando de desacato, pero dicen que no estoy colaborando, pero ¿por qué voy a aceptar que soy de una red cuando eso no es cierto?”, dijo Rivas, escuetamente, desde una de las ventanas del lugar donde estaba detenido, la tarde del miércoles 24. Un periodista de este periódico conversó con él desde la calle que pasa frente al lugar. Rivas se asomó por una ventana, mostró sus manos esposadas, y respondió unas preguntas.
La detención de Rivas provocó ya algunos titulares en medios de prensa nacional y extranjeros, y todas las noticias narraron que la captura ocurrió tras publicar una fotografía en redes sociales. En Twitter, diversos usuarios y activistas denunciaron la detención y fueron los primeros en revelar la identidad de Rivas, con autorización de la familia. Pero a nivel de organizaciones de derechos humanos, ha habido mucha cautela.
Un tuit del investigador de Human Rights Watch (HRW), Juan Pappier, es el único pronunciamiento que El Faro encontró. “Pedimos su liberación”, tuiteó Pappier, dos días después de la captura. Consultado por El Faro, el investigador que ha indagado y ha emitido pronunciamientos sobre distintas crisis de derechos humanos en el continente, agregó: “El delito de desacato, tal y cómo está previsto en la legislación salvadoreña, contradice estándares internacionales sobre libertad de expresión. Nadie debería ser perseguido penalmente por supuestamente afectar la honra de una figura pública, en este caso, el hermano del Presidente Bukele. Este tipo de detenciones son propias de regímenes autoritarios que no respetan la libertad de expresión”.
Para que el delito de desacato se configure, los tuits de Rivas de aquella mañana de domingo tendrían que haber mencionado a funcionarios. Rivas no nombró al presidente Bukele y solo mencionó la presencia de dos hermanos que no tienen ningún cargo público, aunque sí cumplen funciones de asesores y emisarios. Los únicos funcionarios en la foto, si acaso, eran los guardaespaldas.
La Fiscalía y la Policía procesan a Rivas por los cientos de tuits críticos al presidente y su Gobierno, tuits que comenzó a publicar el 3 de febrero de 2021, cuando surgió la cuenta @_elcomisionado_. Sin embargo, en el momento de su captura, a Rivas no le explicaron que quedaba detenido por viejos tuits, solo le dijeron que iban a hacerle unas preguntas y que para eso debían trasladarlo a una sede policial. El caso fue remitido a la Fiscalía por la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía, una unidad especializada que la década pasada fue acusada de resolver casos a base de torturas y maltratos a sus capturados.
El Batallón Presidencial llegó primero
Rivas es un ingeniero en informática de 38 años que pasaba el fin de semana del 20 y 21 de agosto en una casa de playa frente al mar junto con su hija menor de edad, su exesposa y otros amigos de la familia con sus respectivos hijos. Eran unas diez personas en total. Celebraban un cumpleaños.
A las 9:18 de la mañana del domingo 21, desde la cuenta de El Comisionado, Rivas publicó aquella crítica contra lo que consideraba un derroche de recursos públicos cuando guardaespaldas brindaban seguridad a la familia presidencial. Después tuiteó la fotografía, sin ningún texto, solo con el emoticón de una persona encogida de hombros.
A pesar de que @_elcomisionado_ dijo que entre aquellas personas bañándose en el mar estaban dos de los hermanos del presidente, en la fotografía es imposible reconocerlos.
El Faro reconstruyó los hechos con base en el testimonio de Rivas y de otra persona que estaba en el rancho ese día. También se habló con familiares y con personas que conocieron de primera mano lo ocurrido en las primeras 24 horas. Aquel domingo, dos horas después de haber subido la foto, a las 11 de la mañana, tres hombres vestidos de pantalón negro y camisa blanca que se identificaron como miembros del Batallón Presidencial del Estado Mayor Presidencial llegaron a tocar la puerta de la casa de playa. Uno de ellos era un capitán y portaba el gafete del Batallón Presidencial, que es el escuadrón del Ejército encargado de brindar seguridad a la familia presidencial. El cuidador de la casa abrió la puerta, pero no los dejó pasar.
Según un testigo que estaba en el rancho y que habló con El Faro, los militares dijeron “que querían saber quién había tomado una fotografía que habían subido a redes sociales y que se había hecho viral”. El testigo relató a El Faro que los soldados se quedaron en la fachada mientras el cuidador fue a llamar a la responsable de haber alquilado el rancho para aquel grupo de amigos. Ella y los soldados hablaron unos minutos. Los soldados le enseñaron un celular para que viera la foto que les interesaba. Otros de los invitados llegaron a la puerta, pero nadie se hizo cargo y los militares se marcharon.
Antes del mediodía, Rivas eliminó la foto de la cuenta de Twitter, pero dejó el otro tuit con la crítica al despliegue de seguridad. Después del mediodía, dos personas vestidas de civil llegaron a la casa de playa. Eran un hombre y una mujer. Las fuentes de El Faro creen que se trataba de policías encubiertos, ya que querían ingresar al rancho para verlo, con la excusa de que estaban interesados en alquilarlo. El cuidador no los dejó pasar de la puerta.
A las 4 de la tarde, los mismos soldados del Batallón Presidencial llegaron de nuevo, pero acompañados por tres agentes de la Policía. Esta vez, el cuidador de la casa abrió la puerta y les permitió entrar. A pesar de que en esta zona costera conocida como la Barra de Santiago hay un puesto policial, los agentes no eran de ahí. Fueron amables, dice el testigo, pero el tono de ellos era implacable: debían confesar quién había tomado la foto si no querían ser procesados todos juntos. Les pidieron a todos los adultos que entregaran sus documentos de identidad y sus celulares para someterlos a una revisión rápida.
Rivas dijo a El Faro que él admitió que era el dueño de la cuenta cuando percibió el miedo y la zozobra de toda la gente que estaba en el rancho, incluyendo a los niños. Rivas terminó confesando que él era quien había publicado la foto.
Uno de los parientes de Rivas que habló con El Faro, aunque no estuvo ahí el día de la captura, contó lo que le dijeron otros adultos que sí fueron testigos. “Los policías dijeron en ese momento que no era delito lo que Luis había hecho y que no lo iban a retener mucho tiempo, y que era preferible que nadie se fuera del rancho todavía porque era muy posible que podrían irse todos juntos de regreso a San Salvador”. Según este relato, los policías dijeron que solo estaban “esperando indicaciones de los altos mandos para proceder”.
Según la familia de Rivas, cuando la orden llegó, los policías dijeron que todos, a excepción de Rivas, quedaban desvinculados “y que solamente él (Rivas) se iba a ir, porque él ya se había hecho cargo de la publicación”. El testigo narra que a eso de las 7 de la noche, todos, excepto Rivas, subieron en los dos vehículos que andaban -un microbús y un sedán- y se largaron.
A Rivas le dijeron en ese momento que solo iban a hacerle unas preguntas por labores de inteligencia policial. No le dijeron que quedaría arrestado. Rivas salió caminando del rancho apenas unos segundos después de que todos los demás se fueran. No iba esposado y subió a los asientos traseros de la patrulla policial que se había quedado estacionada afuera, sobre la calle que atraviesa Playa Dorada. El acta judicial a la que tuvo acceso El Faro dice que la captura fue a las 8 de la noche.
A la mañana siguiente de su captura, tras enterarse de que Rivas había sido detenido y al no obtener información sobre su paradero, sus familiares concedieron permiso a algunos activistas para que denunciaran la captura y que revelaran la identidad detrás de @_elcomisionado, según contaron tuiteros en sus redes sociales. “Decidimos hacerlo porque solo así podíamos hacer presión, no sabíamos de su paradero, nadie nos decía nada, solo sabíamos que había sido capturado pero nada más, así que decidimos sacarlo del anonimato”, dijo a El Faro uno de los familiares de Rivas.
La familia pudo comunicarse brevemente con Rivas hasta 12 horas después de su detención, pero supo con claridad dónde estaba detenido Rivas hasta la mañana del martes 23; es decir, más de 36 horas después de la detención. La familia y compañeros de trabajo de Rivas lo habían buscado en distintos lugares, entre ellos, distintas delegaciones y puestos policiales de Sonsonate, el 911 de San Salvador, y el llamado “Penalito”, donde las personas detenidas fueron llevadas al comienzo del Régimen. Pero nadie les dio información. “En Sonsonante me mandaron a las bartolinas, pero me dijeron que la gente estaba ocupada y no había quién diera información de él y me mandaron que esperara hasta a las 5 de la tarde. No podíamos esperar porque teníamos justamente una cita con unos abogados que nos iban a ayudar”, dijo uno de los parientes a El Faro.
Para encontrar a Rivas, los parientes obtuvieron una pista de parte de unos policías, cuando estos llegaron a la casa de residencia de los papás de Rivas a dejarle sus pertenencias. Los papás preguntaron a los agentes por el paradero de su hijo y estos solo respondieron que era en la colonia San Francisco. Con la ayuda de abogados conocidos, la familia supo que el lugar al que se habían referido los agentes era la División Técnico Científica de la Policía (DPTC) en San Salvador.
La DPTC fue el segundo lugar donde lo llevaron. La noche de la detención, Rivas fue trasladado a la sede de Ahuachapán de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), la división élite. La DECO habitualmente interviene cuando hay funcionarios públicos involucrados en la investigación de un crimen. En el mundo policial, la DECO se ha ganado un relativo prestigio por la forma rápida en la que obtienen evidencia y logran las capturas. Pero desde el mundo de los derechos humanos hay algunos antecedentes negativos. Tres informes de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de los años 2003, 2006 y 2009 revelaron que la DECO suele torturar a testigos y acusados de los casos con el objetivo de obtener información.
Rivas aseguró a El Faro que el domingo por la noche, cuando estaba en manos de la DECO en Ahuachapán, nadie lo torturó físicamente, “pero me colocaron grilletes en los pies y me pasaron interrogando mucho, varias personas”. Fueron los agentes de esta unidad los que comenzaron a pedirle información de la supuesta red a la que pertenece, y los que comenzaron a decirle que lo procesarían por el delito de desacato si no colaboraba.
Un día después de la detención, el lunes 22, Rivas fue llevado a la sede de la División Técnico Científica, unas oficinas que no tienen bartolinas y que no suele usarse para mantener a personas detenidas. Esa unidad policial se dedica al análisis forense de teléfonos y computadoras cuando se sospecha que han intervenido en algún delito.
Un trol
Rivas, según la Fiscalía, tenía una vida virtual de la que no todos en su familia cercana estaban enterados. La cuenta @_elcomisionado_ usaba el anonimato para insultar, criticar -en muchas ocasiones con lenguaje soez- al presidente, la primera dama, funcionarios y simpatizantes del partido. Sus ataques no eran para nada distintos a los que decenas de funcionarios y aliados del bukelismo utilizan desde sus cuentas oficiales para insultar a quienes consideran de la oposición.
La cuenta de Twitter @_elcomisionado_ existía antes bajo otro nombre. “Suspendieron mi cuenta anterior, pero acá estoy de nuevo” , reveló el 3 de febrero en un tuit. Por “cuenta anterior”, según se desprende de publicaciones posteriores, el propietario se refería a una cuenta de nombre muy similar, @el_comisionado_, que funcionó al menos desde el 12 de octubre de 2020 hasta la madrugada del 3 de febrero de 2021, cuando Twitter la canceló por haber violado las reglas de la red social. Fue así como apareció la segunda cuenta, que es la que existía cuando Rivas fue detenido. Las dos cuentas se autodefinían en su biografía como “anti Bukele” o “anti ‘golondrinos’”, que es el término que la oposición salvadoreña ocupa para identificar, despectivamente, a los seguidores del partido oficial Nuevas Ideas. Ambas cuentas tenían exactamente la misma imagen de perfil: un dibujo del comisionado Jim Gordon, uno de los personajes aliados del superhéroe Batman. La segunda cuenta ha tuiteado unas 22,000 veces, a ritmo de entre 41 y 43 publicaciones diarias. Hasta el día de la captura, tenía menos de 8,000 seguidores.
A la mañana siguiente a la detención, los tuits con ofensas y agresiones de El Comisionado comenzaron a circular a través de capturas de pantallas, y hubo diputadas, como Evelyn Merlos, de Nuevas Ideas, que aseguraron que Rivas “debe pagar por su violencia contra las mujeres”. En un tuit, El Comisionado insultó a la primera dama y la criticó por supuestamente no hacer trabajo de relevancia; en otro, insultó a la alcaldesa de Soyapango por su reacción a una noticia sobre la poca transparencia en su gestión; a dos diputadas oficialistas también las insultó por, supuestamente, tener un pobre desempeño en la Asamblea. El jefe de bancada, Christian Guevara exhortó a que todos los que se sintieran ofendidos pusieran denuncias en su contra. Y el diputado William Soriano aseguró, sin mostrar prueba alguna, que el lugar de trabajo de Rivas había montado un “trol center” con fondos supuestamente malversados por gobiernos anteriores.
Las acusaciones de los diputados contra Rivas por violencia de género son parecidas a las que organizaciones feministas o políticos de oposición han hecho cuando funcionarios del bukelismo o sus aliados como Walter Araujo y Roberto Silva han agredido a mujeres.
Un Régimen sin excepciones
Durante todo el procedimiento de la captura de Rivas, nunca le dijeron que lo estaban investigando por tuits anteriores a ese día. Lo que tuiteó ese domingo —”guaruras hijos de puta”— podría ser considerado como ofensa para los miembros del Batallón Presidencial, que son agentes del Estado. En cambio, los hermanos del presidente, a quienes supuestamente fotografió, no tienen un puesto formal en el Gobierno. Karim Bukele es uno de los nueve hermanos del presidente, pero es quizás el más influyente asesor que tiene el mandatario. Sus otros hermanos menores, Ibrajim y Yusef, tampoco tienen cargo oficial en el Gobierno y asesoran al presidente en materia económica.
Siendo desacato el delito por el que lo acusan, el plazo máximo legal para presentarlo ante un juez se cumplió el miércoles 24, es decir, 72 horas después de su captura, según lo establece el Código Procesal Penal.
El Faro preguntó a tres abogados si jurídicamente el Régimen de Excepción puede aplicarse de manera arbitraria a todos los que sean detenidos mientras esté vigente, sin tomar en cuenta si el delito está relacionado a pandillas. Los tres abogados coinciden en que la redacción de los Decretos Legislativos que dieron vida al Régimen de Excepción y sus prórrogas es deficiente y que dejó vacíos de ley.
Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de la organización Cristosal, explicó que su organización ha observado que, en general, el plazo de las 72 horas se ha cumplido cuando ha habido capturas por delitos que no estaban relacionados a pandillas, pero que hay excepciones. “La Policía y Fiscalía están aplicando el Régimen de manera generalizada por todos los delitos y contra todas las personas. Eso no es compatible, porque el Régimen debiese haberse referido a los casos en los que han participado grupos de estructuras criminales, pandillas o terroristas”, dijo Navas a El Faro.
“No se hace diferencia con respecto a qué tipo de delitos, eso hace que podría dar lugar a confusión”, dice Navas. Waldo Feussier, abogado penalista y catedrático universitario, coincide con esa explicación. “Una cosa es regular ‘se le suspenden la garantías a los salvadoreños’; y otra es decir ‘se le restringirán sus derechos fundamentales a tal sector'. Esto último no está en el decreto, es un vacío, y se tiene que rellenar con la interpretación que permite el artículo 2”, dice Feussier.
Para los especialistas, la razón de que se pueda estar usando el régimen para perseguir delitos no relacionados a pandillas es el vacío de ley. Según el artículo 2 del Decreto Legislativo 333 que dio vida al Régimen, este se aprobó como respuesta a la violencia generada por “grupos delincuenciales” que han provocado “las graves perturbaciones al orden público que atentan contra la vida” de los salvadoreños. Sin embargo, el artículo 4 del Régimen de Excepción no especifica cuáles son los delitos cuya investigación podrán hacer uso de las herramientas otorgadas por el Régimen.
