Este 2 de mayo, José Rubén Zamora, presidente del diario guatemalteco elPeriódico, empieza juicio en su contra por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. El periodista fue capturado el pasado 29 de julio a raíz de la denuncia de un testigo, y después de que el Ministerio Público (MP) reuniera en 72 horas las evidencias que utilizó para justificar su detención. ElPeriódico ha sido altamente crítico de la administración actual, aunque el MP asegura que no procesa al periodista como tal, sino como empresario.
La captura de Zamora, el principal gestor de financiamiento del diario, impidió al medio continuar con su edición impresa desde diciembre pasado, y lo obligó a despedir al 80 % de su personal.
El presidente de elPeriódico es el único periodista actualmente procesado, aunque otros han sido capturados en el ejercicio de su labor, o criminalizados, y hay al menos seis en el exilio y un número no determinado que han sido amenazados o blanco de ataques directos. Sin embargo, el contexto de criminalización ha afectado principalmente a los operadores de justicia, 32 de los cuales han salido al exilio en los últimos cinco años y al menos otros seis son procesados en Guatemala. Son jueces, fiscales y abogados que llevaron casos de violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado (1960-1996), o que trabajaron con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), llevando casos de alto impacto relacionados con corrupción. La expulsión de la CICIG del país en 2019 precedió el endurecimiento de la persecución judicial contra los operadores y periodistas.
Una de las principales evidencias contra Zamora son Q300,000 en efectivo ($40,000), que el testigo y exbanquero Ronald García Navarijo entregó a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). García Navarijo, a quien el periodista dice conocer desde al menos 2009, explicó que Zamora le entregó el dinero en efectivo para que lo depositara en la cuenta de una de sus empresas y le extendiera un cheque por el mismo monto. García Navarijo también denunció que Zamora lo amenazó con publicar información comprometedora acerca de él si no hacía cuanto le pedía. Este fue el origen de la acusación por chantaje. El presidente de elPeriódico admite que sí le entregó el dinero, pero niega que intentó chantajearlo.
La FECI además acusó al periodista de lavado de dinero porque Zamora no podía justificar el origen del dinero y porque el periodista instruyó a quien fungía como gerente financiera del diario, Flora Silva, elaborar una factura por el ingreso del dinero como pago de publicidad, razón por la cual Silva también fue procesada por lavado de dinero. El periodista podría enfrentar hasta 20 años de cárcel por lavado de dinero, y está sujeto a otro proceso por conspirar para la obstrucción de la justicia, dentro del cual varios periodistas están siendo investigados.
En febrero pasado, el juez en la acusación por conspiración para la obstrucción de la justicia, Jimmi Bremer, autorizó a la FECI investigar a nueve periodistas y columnistas que han trabajado o escrito para elPeriódico, y a cualquier periodista y medio de comunicación que haya publicado artículos cuyo contenido coaccione a las partes procesales: juez, fiscal, querellante adhesivo (la Fundación Contra el Terrorismo, FCT) y testigos, como García Navarijo.
El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), Mario Recinos, señaló que “las críticas a los funcionarios” no son delitos. Entre los nueve investigados figuran la directora del diario, Julia Corado; el periodista Cristian Véliz, y los columnistas Edgar Gutiérrez (también excanciller), Manfredo Marroquín (director de Acción Ciudadana, capítulo en Guatemala de Transparencia Internacional), y Gonzalo Marroquín (exdirector de Prensa Libre y expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa). La lista también incluye a los periodistas Alexander Valdéz y Gerson Ortiz, que son parte del personal separado de elPeriódico debido a que la captura de Zamora llevó al diario a una crisis económica.
El origen de las acusaciones
El querellante adhesivo en este caso, la FCT, dijo por medio de uno de sus miembros, el abogado Raúl Falla, que la simulación de una operación (como la elaboración de la factura por un servicio que no se recibió) era punible por la ley. Sin embargo, uno de los abogados que defendió a Zamora, Cristian Ulate, señaló en agosto del año pasado que para “lavar el dinero” este debía tener un origen ilícito, y eso no lo ha probado la FECI, que sólo cuenta con la declaración de García Navarijo en ese sentido.
La FCT, conformada por militares retirados y activistas conservadores y de extrema derecha, ha presentado junto al MP varias denuncias contra jueces y fiscales, que estos califican de infundadas y les han llevado a la cárcel, o a salir del país. Por ejemplo, esta fundación solicitó que se le retirara la inmunidad a Miguel Ángel Gálvez, cuando era juez de Mayor Riesgo B, para procesarlo, acciones que lo llevaron a salir del país. La persecución ocurrió después de que Gálvez envió a prisión y juicio a varios exmilitares en el caso Diario Militar, que documenta 183 desapariciones forzadas entre 1983 y 1985. La FCT también está detrás del proceso contra Virginia Laparra, exjefa de la FECI en Quetzaltenango (departamento al occidente del país), criminalizada después de que denunció a un juez por filtrar información en un caso bajo reserva.
Entre la audiencia de primera declaración de Zamora, del 8 y 9 de agosto, y mediados de octubre pasado, cuando Ulate dejó el caso, este abogado siempre señaló, como se lo aseguró su cliente, que el dinero provenía de dos empresarios y financistas quienes lo retiraron de una agencia bancaria. Ambos le entregaron dinero en efectivo para no dejar un rastro en papel de su vínculo con elPeriódico, y no ser blanco de acoso del gobierno por esa razón. Ramón Zamora, hijo del periodista, denunció después que desde hace años los anunciantes y financistas de elPeriódico, públicamente identificados como tal, han sido blanco de acoso y presiones económicas para que desistan de apoyar al diario.
Ulate dijo que las cintas bancarias con las que estaban sujetados los billetes, y que incluían el nombre del Banco Industrial, comprobaban que el dinero salió de un banco. Es decir, de una fuente lícita, y por lo tanto no sustentaba el cargo de lavado. No obstante, también reveló que la FECI descartó las cintas como evidencia. Falla dijo que las cintas bancarias son irrelevantes porque no implican que el dinero no se retiró para pagar un chantaje.
Por aparte, la FECI justificó la acusación de tráfico de influencias en una grabación que García Navarijo hizo de una conversación telefónica entre Zamora y el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval (que el MP luego despidió en julio de 2021), y en la que supuestamente el periodista trata de influir en casos que llevaba la fiscalía. La cinta compartida en la audiencia de primera declaración de Zamora, en agosto pasado, no revela ninguna componenda entre el periodista y el fiscal, según la defensa. La FECI también capturó a la auxiliar fiscal Samari Gómez por supuestamente filtrar información confidencial del caso, con base en otra grabación de García Navarijo.
Argumentos de una defensa contra las cuerdas
El pasado 2 de marzo, los entonces abogados del periodista, Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torres, renunciaron a la defensa a petición del mismo Zamora, quien explicó que buscaba evitar que fueran criminalizados. Sin embargo, ambos fueron capturados el pasado 20 de abril, y señalados por la obstaculización a la acción penal, por haber supuestamente simulado que el dinero incautado provenía de la compra de una obra de arte, para intentar dar apariencia de legalidad a los fondos.
El 9 de diciembre pasado, Solórzano dijo a El Faro que uno de los empresarios que entregó el dinero a Zamora había comprado una obra de arte y acudió al MP a declarar y comprobar que el dinero provenía del Banco Industrial. El abogado aseguró que este fue el caso desde un principio, aunque la compra de la obra nunca fue mencionada por Mario Castañeda y Romeo Montoya, los primeros abogados de Zamora, ni por Ulate.
Al menos cinco abogados han dejado la defensa del periodista por persecución penal o amenazas, además de un número no determinado de abogados que se rehusaron a defenderlo porque recibieron amenazas, o fueron intimidados por vía electrónica, según Ramón Zamora, hijo del periodista.
En la audiencia de primera declaración de Zamora, la fiscal Cynthia Monterroso anunció que los abogados Castañeda y Montoya serían sujetos a una investigación por conspirar para obstruir la justicia, y ambos debieron dejar el caso para evitar un conflicto de interés. Esto a raíz de otra grabación de García Navarijo, de una reunión de agosto de 2021, cuando los abogados, Zamora y el testigo planifican cómo registrar en la contabilidad del diario un cheque por Q200,000 (US$26,666), que el presidente de elPeriódico aseguraba haber recibido como préstamo en 2013.
Una vez Ulate se encargó de la defensa del periodista, argumentó que toda la evidencia recabada por García Navarijo fue obtenida de forma ilegal porque el MP es quien debió encargarse de intervenir las líneas telefónicas y grabar las conversaciones. Gustavo Ovalle, abogado de Silva, siempre argumentó que la misma Constitución de la República sólo faculta a policías y funcionarios públicos a actuar como agentes encubiertos y recabar evidencia, y no a civiles. García Navarijo además está acusado de lavado de dinero en otro caso.
Ulate se retiró de la defensa de Zamora a mediados de octubre. Ramón Zamora señaló que les dijo haber sido objeto de presiones para dejar el caso, como haber sido amenazado con perder su licencia para ejercer abogacía en Guatemala. Por aparte, el entonces juez Miguel Ángel Gálvez también dijo a El Faro que Ulate le confió que había sido objeto de seguimientos desde que tomó el caso del periodista. El hijo de Zamora agregó que su familia tuvo dificultades para conseguir un abogado debido a las intimidaciones de que eran objeto los defensores.
Zamora será juzgado en un proceso donde Silva ya aceptó haber sido responsable de lavar dinero, al generar la factura para justificar el ingreso de los Q300,000 a la contabilidad del diario, siguiendo instrucciones del presidente de elPeriódico. La ley guatemalteca contempla penas que oscilan entre los 6 y 20 años de cárcel. Silva recibió la pena mínima, 6 años, que fue rebajada a la mitad por reconocer su responsabilidad, según el MP.
El periodista también enfrenta otro proceso, el mismo caso por el cual los abogados Castañeda y Montoya fueron procesados, por conspirar para obstruir la justicia. En fechas separadas, los dos abogados se declararon culpables y recibieron penas mínimas conmutables por el pago de una multa. La pena mínima por este cargo es de seis años de cárcel, y la pena por chantaje es de tres a ocho años de cárcel, según el Código Penal.
