La historia del juicio en Guatemala contra el periodista José Rubén Zamora es la de una defensa contra las cuerdas en un proceso plagado de irregularidades. En los nueve meses que han pasado desde su captura en julio de 2022, el expediente del premiado periodista y empresario ha pasado por manos de siete defensores privados y dos defensoras públicas. Cuatro han sido detenidos acusados de cometer delitos en la defensa, entre ellos dos que aceptaron cargos de obstrucción a la justicia. Un quinto abandonó el país. Otro tuvo un colapso de salud después de una audiencia. El juicio ha terminado de quebrar elPeriódico, el diario que Zamora fundó hace casi tres décadas y aún preside.
La fragilidad de la defensa del periodista se hizo evidente en la primera audiencia el 3 de agosto del año pasado y continúa hasta el día de hoy. Cuando el juicio público arrancó el pasado 2 de mayo, los dos nuevos abogados que acompañaban a Zamora habían sido contratados por su familia apenas dos semanas antes y solo había tenido acceso a una tercera parte de las 800 páginas del expediente. El jueves 11, después de seis jornadas de testimonios e interrogatorios, ambos estaban ya fuera del caso tras recibir un trato hostil de la jueza que preside el tribunal. Ese equipo legal, por así decirlo, era el repuesto del repuesto del repuesto.
Al día siguiente, el viernes 12, una defensora pública, Fidenza Orozco García, asumió como la novena abogada del periodista.
Zamora está acusado de lavar dinero, incurrir en tráfico de influencias y chantaje con información fiscal reservada, en un juicio histórico que ha colocado la lupa internacional sobre los ataques crecientes a la prensa en el país centroamericano. El periodista y empresario, de 66 años, podría enfrentar hasta 20 años de prisión solo por la acusación de lavado. El juicio, ampliamente cuestionado internacionalmente por irregularidades procesales, podría durar hasta la última semana de mayo, según la estimación de Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que acusa a Zamora.
Tanto la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, como Curruchiche fueron incluidos en julio de 2022 en la Lista Engel de actores corruptos o antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. En febrero del año pasado, una investigación de El Faro reveló que Porras, con la ayuda de Curruchiche, desarticuló y obstruyó a un equipo especial de fiscales que investigaba posibles sobornos al presidente Giammattei. El Ministerio Público ha calificado como “información falsa” este y otros reportajes periodísticos al respecto.
La FECI también imputa al periodista un cargo de conspiración para obstruir la justicia, en un caso derivado del original, junto con los primeros dos abogados que lo representaron. Su familia ha denunciado hostigamientos y amenazas que, según ellos, han obstruido la búsqueda de reemplazos para la defensa. Es por esto que múltiples observadores legales internacionales han señalado una “persecución” o “criminalización” de la defensa.
Raúl Falla, miembro de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), organización de extrema derecha que también ha criminalizado a operadores de justicia encarcelados o exiliados, no tuvo reparos en admitir que sí hay criminalización en el caso de los abogados que han defendido a Zamora, “pero con evidencias”. Él y Ricardo Méndez Ruiz, presidente y fundador de la FCT, son querellantes adhesivos.
El juicio contra Zamora también provocó el colapso económico del medio, incluyendo el despido del 80 por ciento de su personal y el cierre de la edición impresa en diciembre. En su testimonio el 3 de mayo, Zamora denunció que la directora de elPeriódico, Julia Corado, tres periodistas y dos columnistas están exiliados. Por la mañana del viernes 12 de mayo, el periódico, que desde su fundación en 1996 ha dejado un amplio registro de la corrupción, el narcotráfico y los procesos de justicia transicional a raíz del conflicto armado interno, anunció su última edición diaria para este lunes y dijo padecer “persecución, presiones políticas y económicas”.
“Para Guatemala, elPeriódico era un medio en el que por muchísimos años se develaron aquellas investigaciones, historias e informaciones que los sectores corruptos de poder político, económico, militar y criminal no querían que se supiera”, dice Marielos Monzón, destacada periodista guatemalteca y una de las principales voceras del movimiento No Nos Callarán.
“El cierre confirma que a Zamora no le están persiguiendo por su condición de empresario, como lo quiso hacer ver el fiscal Rafael Curruchiche de la FECI para justificarse. Lo están persiguiendo por ser periodista”, agrega. “Además, nos envía un mensaje a todos los periodistas y medios independientes en Guatemala: ‘si lo hicimos con él, un periodista reconocido, emblemático, galardonado, también lo haremos con ustedes’”.
“Los poderes fácticos en Guatemala… están delineando la ruta que van a seguir. Quieren una dictadura de silencio y de impunidad”.
Una defensa bajo escrutinio
Las acusaciones penales contra los abogados de Zamora empezaron en su audiencia de primera declaración el 3 de agosto de 2022, sólo cinco días después de su captura. La FECI anunció que acusaría a Zamora y sus defensores Mario Castañeda y Romeo Montoya de conspirar para la obstrucción de la justicia.
La decisión fue respaldada por los querellantes adhesivos en el caso, Falla y Méndez Ruiz. Falla además es representante legal del testigo Ronald García Navarijo, exbanquero cuya denuncia contra Zamora dio origen al proceso y generó una investigación de tan solo 72 horas que llevó a la captura del periodista.
“En los estatutos de nuestra fundación, estamos obligados a perseguir que se haga justicia siempre y este es un caso de muchísima relevancia y por eso nos estamos apersonado”, dijo Méndez a El Faro.
El juez de instrucción, Fredy Orellana, indicó a Castañeda y Montoya que debían dejar la defensa porque habría un conflicto de interés debido al proceso en su contra. Llevaban apenas tres días en el caso.
El 8 de agosto, Zamora apareció representado por el costarricense Christian Ulate, exmandatario de la difunta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Ramón Zamora, hijo del periodista, dijo a El Faro que el abogado dejó la defensa el 14 de septiembre y salió del país para atender un proyecto en Honduras. “Al mismo tiempo ya nos había contado que había recibido diferentes tipos de amenazas y que algunos abogados le (confiaron) que había presiones sobre el Colegio de Abogados para quitarle su licencia para practicar en Guatemala”, dijo Zamora hijo.
En octubre pasado, Carlos Aquino, secretario del Colegio de Abogados, dijo que desconocía las supuestas presiones a Ulate. No obstante, José Zamora, otro hijo del periodista, dijo a El Faro que casi todos los otros casos que Ulate tenía en Guatemala se comenzaron a desplomar. Lo percibió como una amenaza con un mensaje: debía dejar la defensa de Zamora padre.
El 22 de octubre, el entonces juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que ahora está en el exilio, dijo a El Faro que Ulate lo visitó dos semanas antes. “Me dijo que lo habían estado siguiendo desde que tomó el caso, y que lo habían comenzado a intimidar”, reveló el juez.
El 3 de octubre asumió su caso la defensora pública Sandra Eugenia Morales García, la cuarta defensora en conocer el proceso. Tres semanas después, el 22 de octubre, el extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, se identificó como el nuevo abogado de Zamora. Un año y medio antes, este defensor recibió medida sustitutiva en un caso por la supuesta falsificación de un acta para la constitución de un partido político en 2019. También fue un testigo clave en la investigación de la CICIG contra el expresidente Otto Pérez Molina, en el caso La Línea, un proceso por corrupción en aduanas y por el cual el exmandatario fue condenado a 16 años de cárcel.
Hacia finales de octubre de 2022, Solórzano Foppa introdujo una nueva prueba para refutar el cargo de lavado de dinero contra Zamora. En agosto, el periodista dijo que los Q300,000 (US$40,000) en efectivo que la FECI le incautó habían sido entregados a Zamora por dos empresarios a cambio de no identificarlos como fuentes del dinero, debido al estigma que suponía financiar o ser anunciante en elPeriódico, y que implicaba presiones del gobierno. En octubre, Solórzano dijo que uno de los empresarios, Alejandro José Girón Lainfiesta, además compró una obra de arte al periodista, y que parte del dinero provenía de esa transacción. El periodista ha dicho que la venta de ese cuadro no se mencionó antes de octubre porque el juez Orellana no quiso aceptar esa transacción como prueba para el juicio, aunque no le correspondía valorarla.
“El cuadro lo compró el 25 de julio de 2022”, dice el periodista, asegurando que recibió Q240,000 en efectivo, retirados de una agencia bancaria. El dinero que le entregó Girón estaba sujetado con cintas bancarias que Ulate decía comprobaban que eran fondos lícitos. “No se lava dinero que ya estaba bancarizado”, decía el abogado. Zamora dijo que complementó la suma con otros Q25,000 con un cheque cobrado de elPeriódico en el Banco Industrial (sujetados con cintas bancarias) y Q35,000 en efectivo (sujetados con hules), que mantenía para cubrir emergencias, para un total de Q300,000. Méndez y Falla sostienen que los cintillos por sí solos no descartan que el dinero haya sido producto de un hecho ilícito, aunque no han presentado pruebas del cometimiento de ninguno.
Zamora no tenía un contrato formal de compraventa, sino una constancia que él mismo elaboró y firmó. El periodista explica que nunca le pidió a Girón firmarla porque éste le entregó Q40,000 el mismo día de la venta, 25 de julio y, el miércoles 27, le entregó otros Q200,000 en efectivo. Además, le aseguró que le pagaría Q60,000 restantes en agosto de 2022.
En octubre, según José Zamora, hijo del periodista, Girón estaba preocupado porque parte del dinero que pagó era evidencia en un caso de lavado y “se quería cubrir”. Por eso, se elaboró un documento para registrar la transacción. Sin embargo, el hijo del periodista admite que el error fue la elaboración con una fecha anterior, y en ese detalle se sustentó la FECI para acusar a Solórzano Foppa por obstaculización a la acción penal (aunque la cuenta bancaria de Girón registra los retiros de efectivo el 25 y 27 de julio, previo a la captura del periodista). “Foppa está allí de gratis, porque toda la gestión del cuadro se consumó antes de que él entrara (al caso) como mi abogado”, dijo el periodista.
Méndez cuestiona que la obra de arte, como origen de parte de los fondos, no haya sido mencionada desde un principio. Califica la compraventa de la obra como una “maquinación” de Zamora, su hijo Ramón y Solórzano Foppa, que se hizo después de la captura del periodista, y por lo cual se les investigó. Girón Lainfiesta fue procesado por estos hechos y declaró que primero entregó el dinero como parte de un acuerdo publicitario, pero luego aceptó recibir una obra de arte a cambio del pago.
Zamora dijo el 9 de mayo que supo que su hijo Ramón tenía una orden de captura, aunque el portavoz del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, aseguró a El Faro que tal orden no existía. Zamora agregó que la fotografía de su hijo también fue publicada por la FCT en redes sociales con la palabra “corrupto” sobre el rostro. Ramón era la persona que se había quedado administrando el diario desde el año pasado, hasta que salió del país el mes pasado.
Flora Silva, la exgerente financiera de elPeriódico, dijo en una audiencia que nunca se le comentó acerca del origen del dinero, sino que se le ordenó elaborar una factura por publicidad para registrar el ingreso de los fondos a la contabilidad de la empresa. Zamora, quien dice que eso comprueba que no hubo una concertación, había pedido al testigo García Navarijo depositar el dinero en una de sus cuentas y entregarle un cheque que podría depositar. Esto implicaba identificar a los empresarios anónimos que le dieron el dinero.
En cambio, el banquero denunció ante la FECI, que el periodista lo amenazó con publicar información comprometedora de él si no le entregaba el cheque. De esto último no hay más evidencia que la declaración del denunciante.
Captura de los abogados
El 19 de enero, la FECI anunció la captura de Castañeda, quien había acudido a la Torre de Tribunales para entregarse.
El 2 de marzo, el abogado Solórzano Foppa, quien defendía al periodista junto a su socio de bufete Justino Brito Torres, fue instado por el mismo Zamora a dejar el caso para evitar ser criminalizado. Un día después, ambos anunciaron su retiro del caso. Siete semanas después, el 20 de abril, Solórzano Foppa y Brito Torres fueron capturados a solicitud de la FECI y la autorización del juez del caso, Jimmi Bremer.
Cinco días más tarde, también se entregó a las autoridades Romeo Montoya. Castañeda y él aceptaron los cargos por conspiración para obstruir la justicia y recibieron penas de cárcel conmutables a cambio, como también lo hizo en diciembre la exgerente financiera Silva, también procesada por lavado, aunque desconocía el origen del dinero supuestamente obtenido ilícitamente. Solórzano Foppa y Brito permanecen en la cárcel.
“La criminalización que nos achacan es totalmente cierta, pero con evidencias”, dijo Falla. “Hemos ejercido un derecho criminal o un derecho penal contra los defensores del señor José Rubén Zamora Marroquín, toda vez que se ha podido determinar que los abogados Romeo Montoya y Mario Castañeda estaban amañando un proceso de lavado de dinero”. La evidencia en su contra es una grabación que García Navarijo tenía en su poder desde el 21 de agosto de 2021, y que llevó a la separación de Castañeda y Montoya del proceso el 3 de agosto de 2022.
La grabación registra una conversación el 21 de agosto de 2021 entre los abogados, Zamora, Silva y García Navarijo para registrar en la contabilidad del diario un préstamo en cheque girado por Q200,000 que el periodista recibió en 2013, de una empresa del Banco de los Trabajadores —de donde García Navarijo era gerente— y acerca del cual ya había declarado ante la FECI para 2018.
En el caso del costarricense Ulate, Falla insiste —aunque erróneamente— en que sólo las personas nacidas en Guatemala pueden ejercer abogacía en este país. “Salió (del proceso) porque se sintió presionado, e indicó que la Fundación lo iba a perseguir, (y) pues sí íbamos a hacer unas gestiones en el Colegio de Abogados porque no nos parecía mucho su actuación”, reconoció el abogado.
“¿Qué pasó con Juan Francisco Solórzano Foppa y Justino Brito Torres? ¡También los criminalizamos!”, continúa Falla. “El Ministerio Público pudo establecer que el contrato de compraventa del cuadro para acreditar el origen del dinero era falso”. Falla se sustenta en que el contrato no se realizó el 25 de julio de 2022 —día de la venta del cuadro, según Zamora—, sino en octubre, cuando el periodista ya estaba encarcelado.
Zamora insiste en que Solórzano Foppa tomó su caso después de que el documento fuera elaborado. Su hijo José explica que en una transacción privada es innecesario un documento formal. “Pero además, el Estado interviene cuando se vulnera algún interés del Estado”, señala. “¿Cuál es el interés vulnerado del Estado aquí? Ninguno”.
Las últimas capturas de abogados ocurrieron en la misma semana cuando la familia de Zamora contrató a otros dos defensores, Ricardo Sergio Szejner Orczyk y Patricia Guillermo De León De Chea. El 2 de mayo, cuando el juicio comenzó, ambos estimaban que tenían once días de haber tomado el caso. “Desde que lo tomaron, se mantuvieron en silencio, y que nadie (lo) supiera, porque no querían que los empezaran a hostigar”, dijo a El Faro José Zamora hijo.
El silencio no duró. Una cuenta anónima de Twitter reveló el 30 de abril, dos días antes de que comenzaran las audiencias, que Guillermo representaría a Zamora. La publicación, que citaba supuestas fuentes del Organismo Judicial, incluía un segmento de la película bélica estadounidense Saving Private Ryan, en la que un francotirador recibe una bala en el ojo.
El comienzo fue rocoso. “Ha cambiado abogados (y) no se han dejado documentos en orden; ha sido todo muy abrupto”, explicó la abogada. Szejner agregó que “por la premura” habían tenido poco acceso a las pruebas.
Ambos abogados explicaron a El Faro que, aunque por ley el Ministerio Público está obligado a facilitar la copia completa del proceso, incluyendo acceso a las pruebas, por haber ya existido abogados defensores previos, estos debían entregarles un expediente actualizado y ordenado. Ya que los abogados anteriores –Solórzano Foppa y Brito Torres– estaban encarcelados, recibieron sólo una parte del expediente y en desorden, donde faltan los vídeos y grabaciones de voz. En la audiencia del 4 de mayo, la fiscal Cynthia Monterroso, encargada del caso en la FECI, ofreció facilitar el resto de los documentos hasta el 10 de mayo, explicando que tenía otros compromisos en los días previos.
La nueva representación “amable”
Los primeros argumentos de Guillermo y Szejner reflejaban que habían tenido poco tiempo para estudiar los documentos. El 2 de mayo, Guillermo comenzó su primera intervención con una reflexión acerca de “la cooptación del Estado guatemalteco por el crimen organizado en el año 2000”. La abogada explicó a El Faro que pretendía explicar que el lavado de dinero requiere de una estructura, y cómo los argumentos contra Zamora carecen de este elemento.
Sin embargo, la presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, Oly González —la misma que condenó a la exfiscal de la FECI Virginia Laparra— se lo impidió. Primero, la escuchó impaciente con el mentón apoyado sobre su mano derecha, un gesto que se volvería frecuente en los días siguientes. Después, la interrumpió para recordarle que “el alegato de apertura es un argumento sobre los hechos”. Por la tarde, la regañó por su “falta de argumentación”. La abogada, quien suma al menos 40 años de litigar, le respondió escuetamente: “Mis disculpas por no hacerlo de la forma que usted me pide”.
Zamora, adelgazado y vestido de traje azul marino con corbata roja de cachemir y gafas delgadas, levantó tímidamente la mano dos veces durante la apertura para agregar detalles sobre irregularidades en su arresto o sus condiciones de cárcel. “Esta corte no puede admitir nada de lo que usted ha dicho”, le interrumpió la jueza González. “Tendrá una oportunidad de dar su testimonio si lo desea”. “El material es enorme y en dos, tres días, creo que los abogados no lo pudieron asimilar”, afirmó después Zamora al salir de la sala.
El martes 9 de mayo, en la quinta audiencia, en el receso del almuerzo, las cosas nuevamente empeoraron para la defensa. Szejner pedía agua. Zamora le preguntaba si se sentía bien. Horas después, el abogado fue directo al hospital, donde le fue diagnosticada una crisis hipertensiva y arritmias severas, razón por la cual, según un diagnóstico médico al cual El Faro tuvo acceso, su médico le recomendó evitar “excesos de trabajo y tensión nerviosa”. Para las cuatro de la tarde corría la noticia de que el periodista se había quedado otra vez sin uno de sus abogados, y que Guillermo se quedaba encargada de la defensa. Habían pasado ocho días desde que se presentaron ante la corte, duraron sólo cinco días más que sus primeros dos defensores.
Así fue que Guillermo se quedó sola en la defensa. Fue directora del Sistema Penitenciario (SP) de 2004 a 2005 y miembro en 2014 de la Comisión de Postulación de Fiscal General. Un día antes, el periodista solicitó a la presidenta del tribunal sugerir al SP que le permitiera recibir la visita de su esposa en el área de bartolinas para el Día de las Madres, donde está recluido en la cárcel en la Brigada Militar Mariscal Zavala. “Yo no puedo darle órdenes al Sistema Penitenciario”, dijo la jueza. “Esto es algo que usted debe solicitar”. Guillermo intervino diciendo que, como una corte superior, el tribunal sí tenía la facultad de interceder sugiriendo el curso de acción en casos especiales —afirmaba que lo era el de su cliente, por estar recluido en una bartolina— como lo manda la Ley del Régimen Penitenciario. “Ya le dije que no puedo intervenir”, repitió la presidenta del tribunal.
Desde un principio, Guillermo sabía que caminaba sobre una cuerda floja. “Vamos a hacer los argumentos, pero nunca venir a denigrar a ninguna de las partes ni atacar, no”, comentó. “El ambiente ha de ser amable”. En un gesto diplomático hacia uno de los querellantes, en su argumento de apertura, la abogada dijo: “Yo respeto el trabajo de la Fundación Contra el Terrorismo”. El tono de la contraparte era otro: minutos antes del juicio, Falla subió a Twitter una selfie tomada al pie del estrado, con dos colegas de la fundación, anunciando su llegada al “inicio del debate en contra del lavador de dinero, chantajista y facilitador de influencias, @ChepeZamora”.
En un receso, se le preguntó a la abogada acerca de la posible criminalización a la defensa. Guillermo marcó distancia de sus colegas que la antecedieron. “Ha habido errores, errores grasos”, sentenció en una entrevista con El Faro. “Todos han cometido errores que se aprovechan. Es evidente. Si tú cometes un error, la otra parte lo que hace es que te ataca. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que se hable, con lo que se diga. No ofender las estructuras, no atacar, defender nada más”.
Guillermo dijo que la aceptación de cargos de Silva, y los abogados Castañeda y Montoya, así como la aceptación de cargos en diciembre de Flora Silva, la exgerente financiera de elPeriódico, incidirían en su estrategia. “Son hechos que evidentemente afectan el caso principal”, señaló. “Pero lo importante es esclarecer cómo declararon, en qué forma lo hicieron, en qué entorno lo afirmaron… El contexto jurídico tiene que ver mucho con cómo está establecida la aceptación de cargos”, dijo a El Faro el primer día del juicio.
Méndez Ruiz asegura que estas admisiones sí llevan una carga fuerte para Zamora porque los abogados y la exempleada de elPeriódico reconocieron haber lavado dinero y conspirar para obstruir la justicia, “porque fueron condenados”. Sin embargo, en la audiencia de ese día, la presidenta del tribunal impidió que la fiscal Cynthia Monterroso preguntara a Silva, una de las testigos declarantes, acerca de su proceso y qué tipo de sentencia recibió. “¡No conteste!” le espetó González a la testigo. Esta era una indicación de que ese antecedente no era relevante para el tribunal y no debía incidir en la sentencia final al periodista.
La última dimisión
El 11 de mayo, dos días después de la salida de Szejner por su crisis de salud, Guillermo también quedó fuera de la defensa, a solicitud de Zamora. En las primeras horas del día, cuando no sospechaba ese desenlace, la abogada había dicho que no era uno de los procesos más difíciles que había enfrentado.
¿Había alguna diferencia entre sus expectativas del juicio y la realidad? “No”, respondió sin dudar. “Me lo imaginé más difícil todavía en las pruebas, pero todos los peritos y los exámenes que se han adjuntado no tienen un peso fuerte”. Un desafío sí es innegable: un expediente de 800 páginas se navega con mayor dificultad si es la única defensora, particularmente después de la salida de Szejner.
“Hemos trabajado en tribunales más amables, más accesibles, pero él no se sintió bien, y lo malo es que padecía del corazón, y la arritmia lo comenzó a complicar”, dijo la abogada. “(Szejner) me dijo, ‘no puedo más’. La jueza le dio una gritada horrible, ¿verdad? Y ya no quiso venir. Tomó dos días de reposo por orden del doctor. Yo no tengo esa dificultad. Por eso le decía a mi estimado José Rubén, ‘soy valiente y no importa que me humillen’. (Podemos) estructurar lo poco que conocemos del juicio y terminar con algo verdadero”.
La abogada Guillermo dijo que, durante la audiencia del 11 de mayo, su cliente le había propuesto renunciar debido al trato hostil que recibían del tribunal, algo a lo cual se opuso. “Esto es imposible, te tratan muy mal”, le dijo, refiriéndose a cómo se dirigía a ella la jueza Oly González. “Luego, en la audiencia, me escribió en una nota que si yo renunciaba por la hostilidad del tribunal, yo quedaba bien, y él por su lado demostraría la animadversión que tiene el sistema en su contra. Le respondí, ‘Déjame presentarte el domingo las conclusiones que ya elaboré’, pero ya no me respondió”. Luego, en los últimos minutos de la audiencia, Zamora solicitó el cambio de abogados. La movida tomó a Guillermo por sorpresa.
La jueza González respondió que pediría a la Defensa Pública Penal asignarle uno. Guillermo se encargaría de la defensa hasta que sea nombrado un defensor o defensora pública. Al terminar la audiencia, los periodistas presentes reportaron que Zamora atribuyó su solicitud a que ya no puede pagar los honorarios de Guillermo. La jueza González pospuso la continuación del juicio para el 18 de mayo próximo.
José Zamora, hijo del periodista, dijo que su familia piensa que la defensa podría haber sido más fuerte desde agosto pasado, aunque sí enfrentan dificultades para pagar los honorarios, y que su padre quería evitar que continuara la criminalización de sus abogados, como ocurrió con cuatro de ellos (a dos de los cuales también les solicitó renunciar). “A los abogados los hostigan mucho”, dijo Zamora hijo. “(Y a la licenciada Guillermo) la jueza la trata muy mal; todas las intervenciones se las para, la interrumpe, la regaña, que también ha pasado con los demás”. Es la razón por la que Szejner acabó en el hospital, según el hijo del periodista, por la tensión que le provocaron las audiencias.
En la noche del 11 de mayo, la abogada tuiteó: “El día de hoy, el Ing. Zamora informó que la Defensa Pública Penal se haría cargo de su caso. J. Rubén, yo soy una reconocida abogada penalista, no tu cómplice, ni defensora de otras causas”.
La defensora explicó a El Faro que su cliente le entregaba, para que utilizara en las audiencias, “documentos no relevantes jurídicamente, sin sustento legal y extemporáneos” que podían perjudicar el caso, y por eso escribió que se rehusaba a ser su cómplice.
Un día después, el 12 de mayo, elPeriódico anunció que su última edición se publicará el 15 de mayo próximo, y que cierra definitivamente después de 27 años de publicación. En noviembre pasado publicó su última edición impresa, despidieron al 80 % del personal, y el plan era permanecer con la edición digital. Sin embargo, Ramón Zamora dijo a El Faro el año pasado que aún así enfrentaban dificultades debido a las presiones del gobierno sobre los financistas y anunciantes del diario para retirar su apoyo al diario.
El caso contra Zamora sigue a la deriva, con tropiezos constantes en la defensa, y consecuencias definitivas para elPeriódico, cuyo presidente acabó en la cárcel intentando conseguir capital para mantenerlo a flote. Después de ocho abogados, Zamora no está más cerca de salir libre para revivir el diario.
Nota del editor: Se actualizó este reportaje a las 10:30 p.m. del domingo 14 de mayo para incluir el nombramiento de la nueva defensora pública de Zamora, Fidenza Orozco García.
