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Corte de Cuentas a Fiscalía: Hacienda retuvo $75 millones de alcaldías sin base legal

La Corte de Cuentas detectó que al retener $75 millones de un préstamo con el BID a las alcaldías, el Ministerio Hacienda pudo haber incurrido en delitos que deben ser investigados por Fiscalía. También anuncia un juicio de cuentas contra Mitur por más de $700 mil en alquileres de hoteles durante la pandemia e investigaciones por retenciones de Hacienda a fondos Fodes por $165 millones y a salarios en la Asamblea por $3.2 millones.

 
 

La Corte de Cuentas de la República tiene tres auditorías en marcha contra el Ministerio de Hacienda y en una de ellas ya notificó a la Fiscalía General de la República (FGR) por el posible cometimiento de un delito: la retención, fuera de cualquier marco legal, de $75 millones que Hacienda debía transferir a las alcaldías del país, provenientes un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

"Hemos detectado algunas situaciones que se están valorando comunicar preliminarmente al ministro de Hacienda [Alejandro Zelaya] y a otras autoridades intermedias en el ministerio. También se ha hecho una comunicación preliminar de algún indicio de responsabilidad penal ante la Fiscalía porque se ha valorado (...) que puede haber indicios de alguna conducta contraria a la ley", dijo este jueves Roberto Anzora, presidente de la CCR. 

Una segunda auditoría es porque Hacienda tampoco trasladó a las municipalidades el dinero correspondiente a cuatro meses del Fondo de desarrollo económico y social (Fodes), cuyo monto asciende a $165.16 millones. La tercera auditoría es por los $3.2 millones que Hacienda no transfirió en septiembre para pagar los salarios de 2,500 empleados del Órgano Legislativo. 

De las tres auditorías, solo la relacionada a los 75 millones de dólares del BID ya ha sido notificada a la Fiscalía, en base a lo que dice el artículo 8 numeral 6) de la Ley de la Corte de Cuentas. "Corresponde al Presidente de la Corte: 6) Comunicar al Fiscal General de la República, de los posibles ilícitos penales, de conformidad con el Art 312 del Código Penal". Este artículo establece que "el funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de veinticuatro horas al funcionario competente, será sancionado con multa de cincuenta a cien días multa".

Sobre esos $75 millones que no se trasladaron a las alcaldías, el BID ya había informado a los auditores de la CCR, en septiembre, que los fondos de uno de los préstamos estaban disponibles desde agosto pero que aun así no se habían transferido. 

Sobre los otros dos exámenes especiales en marcha, la Corte de Cuentas aun sigue trabajando y no tiene hallazgos en firme. 

La investigación a Hacienda por no haber transferido el pago de salarios de empleados de la Asamblea Legislativa en septiembre pasado, según Anzora, la lleva la Dirección de Auditoría Uno. "De acuerdo a los datos financieros que tienen los auditores, hemos corroborado que sí había existencia de fondos para hacer la transferencia en el pago de los salarios", dijo Anzora, en conferencia de prensa. 

El retraso del pago Fodes se investiga desde el martes 22 de septiembre, día en que la Corporación de Municipalidades de El Salvador (Comures) solicitó a la Corte de Cuentas una auditoria a Hacienda por el uso de este fondo. Días después, cientos de empleados municipales marcharon en protesta por la falta de diligencia de Hacienda en la transferencia del dinero. La mayoría de comunas del país (168) la dirige funcionarios de Arena; mientras que el FMLN gobierna en 68 localidades. Gana, el partido que llevó a Bukele al Ejecutivo, obtuvo 25 y el Partido de Conciliación Nacional, 24. El resto de comunas están repartidas entre el PDC y coaliciones entre partidos.

A finales de agosto, Comures denunció que en junio se había pagado el Fodes de mayo, y que desde entonces Hacienda adeudaba el pago de junio y julio. La deuda, desde entonces, se extendió varios meses más, aunque hay alcaldes que difieren de la postura de Comures y aseguran que el impago abarca los meses de entre julio y octubre, según consignó El Diario de Hoy. El Fodes representa el 10 % de los ingresos totales del Estado salvadoreño. Esos ingresos se reparten mensualmente entre las 262 alcaldías. Según información del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM), entre enero y noviembre de 2020, la asignación mensual, según el presupuesto general, iba a ser de $41.29 millones. Esto quiere decir que la deuda para los cuatro meses en cuestión es de $165.16 millones de dólares. El Fodes se paga cada mes vencido, es decir, a finales de cada mes. 

Desde finales de septiembre, y luego de que las alcaldías del país denunciaran el no pago del Fodes, el Gobierno ha insistido en que nunca existió una retención y que los traslados no se habían realizado debido a una supuesta falta de fondos en las arcas del Estado. Sin embargo, según el presidente de la CCR, los auditores encontraron que desde enero hasta septiembre el Estado salvadoreño tenía ingresos para hacer dicha transferencia. "Es una situación que estamos valorando porque Hacienda ha hecho una priorización de fondos a través de un memorándum, pero en el caso de las transferencias del Fodes es una asignación que por ley debe de otorgársele a los municipios", dijo Anzora. En este caso —según agregó el funcionario— los auditores están profundizando en el análisis para determinar las responsabilidad puntual de cada funcionario de Hacienda. 

El ministro Alejandro  Zelaya confirmó, horas más tarde, la existencia de auditorías de Corte de Cuentas y dijo que aun está en la etapa de poder entregar más información para tratar de desvanecer los hallazgos. Sin embargo, Zelaya no dijo ni una palabra de los 75 millones de dólares provenientes del BID y se centró en desestimar las otras dos auditorías sobre el Fodes y el pago de salarios de la Asamblea.

En la argumentación del ministro, el Gobierno puede incumplir una asignación normada por una ley cuando enfrente tiene otras prioridades. "Todavía tengo espacio para decirle cuál es nuestro programa de priorización del gasto. Yo no le voy a pagar el Fodes a las alcaldías para dejar de pagar deuda externa, eso es lo que quiere el presidente Anzora pero no lo va a lograr, presidente, por más que nos trate de amenazar", dijo Zelaya al estatal Canal 10.

Contrario a sus primeros argumentos con los cuales justificó el no pago de salarios, Zelaya confirmó el hallazgo de la CCR de que sí había saldos para pagar salarios a los empleados del Órgano Legislativo y trasladar el Fodes. Sin embargo, cuando lo confirmó, lo hizo con un tono acusativo: "Ellos dicen 'aquí hay fondos', pero es como cuando hay que decidir entre comprar ropa o comida. Hay 300 dólares, y vos decidís que en vez de comprarte comida, comprar ropa. Lo mismo es en este caso. Antes que las obligaciones con los señores alcaldes que no rinden cuentas del Fodes, tengo que pagar deuda externa, salarios, insumos del hospital El Salvador. No les vamos a dar el gusto de no pagar para la compra de medicamentos del hospital El Salvador", dijo. Según Zelaya, "no es él (Anzora) quien puede decir qué deudas o pagos se deben realizar desde el Ejecutivo". 

El Gobierno Bukele, que aseguraba a mediados de año que solo la Corte de Cuentas era la entidad que podia auditar sus gastos, insiste ahora que el ente contralor promueve una fiscalización selectiva. "Preguntémosle a ellos cuáles son las alcaldías que ha auditado, que nos presente los informes ya de cómo usaron los alcaldes los fondos para el covid19. ¿Por qué a nosotros se nos audita de manera exprés y a los alcaldes no?", añadió.

Los reparos contra el Ministerio de Hacienda abarcan dos administraciones, si se toma en cuenta la denuncia original de Comures por el no pago del Fodes de junio, mes en el que esta cartera seguía dirigida por el ex ministro Nelson Fuentes. El Faro intentó obtener una reacción del exfuncionario pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. Sin embargo, según un informe de Hacienda presentado a la Asamblea el 1 de octubre, esta cartera sí habría depositado los fondos Fodes hasta junio. Ese informe fue entregado junto con el proyecto de Presupuesto 2021 y en él se reportó que son $256.7 millones los entregados a las alcaldías hasta junio, a un ritmo de 41 millones mensuales.

El freno, de ser la información de ese informe la correcta, arrancó a finales de julio, coincidiendo con las nuevas funciones en la cartera de Alejandro Zelaya, quien fuera viceministro de Hacienda hasta el 28 de julio cuando sustituyó a Fuentes, días después de que este renunciara por estar en desacuerdo con la orden de perseguir fiscalmente a los opositores del Gobierno Bukele. Zelaya es fundador del partido Nuevas Ideas de Bukele y también está siendo investigado por la Fiscalía debido a su nexos con la empresa SYGM Asesores, S. A. de C. V., que vendió 750,000 dólares en protectores faciales al Ministerio de Salud, durante la emergencia por covid-19.

Zelaya también se negó cuatro veces a rendir explicaciones a los diputados sobre el uso de dinero público para atender la pandemia por coronavirus. La Policía recibió la orden de presentarlo ante la Comisión de Hacienda, pero la corporación decidió no hacerlo y permitió que el ministro Zelaya fuera a Metapán a inspeccionar una obra de una constructora privada. Por ese desacato, el director de la Policía Mauricio Arriaza Chicas enfrentará un antejuicio en la Asamblea. Días después de desobedecer la solicitud de la Asamblea, el director Arriaza fue nombrado viceministro de Seguridad, un cargo que le otorga fuero

En la mira de la CCR también están los Ministerios de Turismo, Salud y Agricultura. "Estamos realizando exámenes especiales", dijo Anzora. El proceso más avanzado es el de Turismo donde ya una Dirección de Auditoría finalizó su informe y subirá a un juicio de cuentas para que se determine la responsabilidad patrimonial o administrativa, o ambas, de los funcionarios. El caso es por la contratación de hoteles donde el Mitur no pudo justificar su uso. El monto investigado, explicó Anzora, asciende a un total de 700,000 dólares. El Faro reveló en julio que un primo del ministro de Salud, Francisco Alabí, ganó 19,500 dólares por alquilar una casa con siete camas como centro de cuarentena al Ministerio de Turismo desde finales de marzo hasta junio.

Salud y Agricultura tienen tres exámenes en proceso, explicó Anzora, quien detalló que los hallazgos tienen aun un carácter preliminar. En el caso del MAG, las auditorías tienen un avance del 80%. 

Anzora reclamó a los titulares de dichas carteras que no están cooperando con la entrega de información. "Tenemos muchas limitantes respecto del flujo de información y nos preocupa que sea así, por parte de los funcionarios, de los titulares de estas carteras de Estado porque los titulares somos los responsables de gestionar la transparencia, la rendición de cuentas y fomentar y fortalecer los sistemas de control interno en las instituciones públicas", dijo el presidente de la CCR. 

Las auditorías de la Corte de Cuentas suponen una pieza más en el rompecabezas en el que se arma la imagen de un Ministerio de Hacienda que abre y cierra el grifo de los fondos como premio y castigo político a aliados y adversarios de Gobierno, un reparo que ya había advertido la Sala de lo Constitucional en una medida cautelar a favor del Legislativo tras la retención de los fondos para el pago de planillas. El aviso del ente contrallr es, también, la segunda alerta formal de irregularidades en el manejo de fondos públicos señalado contra el Gobierno Bukele en menos de dos semanas. El 8 de noviembre, la Fiscalía arrancó una investigación exhaustiva contra los ministerios de Salud, Hacienda, Agricultura, Seguridad, Gobernación y otras instancias del Ejecutivo por las millonarias e irregulares compras de insumos médicos y alimentos durante la pandemia. Son más de 135 millones de dólares bajo investigación, la mayoría adjudicados y ejecutados por Agricultura. En Salud, la otra cartera más cuestionada, la Fiscalía persigue el delito de negociaciones ilicítas en la aseignación del 66.8 % de los contrados para insumos médicos (20 de 31 millones de dólares).

*Con reportes de Roxana Lazo y Jimmy Alvarado


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