El Salvador / Política

“El Salvador no va a tener unas elecciones justas”

Carolina Jiménez, presidenta de WOLA, afirma que la falta de transparencia y de independencia de poderes, las reformas a medida del sistema electoral, las irregularidades en la campaña y la candidatura inconstitucional de Nayib Bukele “ponen en entredicho la legitimidad del proceso”. Pide a las misiones internacionales de observación no pasar por alto “los defectos del registro, los abusos en publicidad y las amenazas a los contrincantes o su silenciamiento”.


Jueves, 1 de febrero de 2024
José Luis Sanz / Washington

El Salvador espera reelegir este domingo como presidente a Nayib Bukele, que en cinco años de mandato se ha consolidado como un fenómeno comunicativo y político en todo el continente. Su popularidad entre los salvadoreños —y la fascinación que ejerce en otra decena de países— solo se ve igualada por el grado de poder que ha acumulado: controla a su antojo el congreso y la Corte Suprema de Justicia; la Policía y el Ejército siguen su dictado al instante; incumple leyes o las reforma en horas, ante la impotencia de los partidos de oposición que en estas elecciones se arriesgan a desaparecer si no logran suficientes votos. Sus resultados en seguridad, pero sobre todo su neoimagen de hombre fuerte, le catapultan como el rostro autoritario de moda mientras él dice estar acuñando una nueva democracia.

Una de las banderas del mandatario es el ataque a quienes defienden los Derechos Humanos. Carolina Jiménez Sandoval, la presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos de América Latina (WOLA), ha tenido varios choques virtuales con él. Uno reciente es continuación de otro en 2022 por los ataques del presidente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Poco original”, dijo ella del discurso antiderechos de Bukele.

En esta entrevista, Jiménez, que es venezolano-mexicana y antes dirigió por siete años el área de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dice que la reelección del domingo “envía una señal negativa para quienes creemos en la democracia”. Acusa a Bukele de manipular el mapa electoral, denuncia la falta de transparencia del sistema de voto online que está usando la diáspora en insiste en que la legitimidad de la votación “está en entredicho” con independencia de cómo aplastante sea la victoria del presidente.

WOLA nació en 1973 en respuesta a los crímenes de Pinochet y por medio siglo ha denunciado las violaciones de derechos en toda América. Esta semana publicó un documento en el que asegura que El Salvador “no ha cumplido los estándares mínimos” fijados por la CIDH para que sus elecciones sean consideradas libres y justas. A pocas horas de que abran las urnas, Jiménez critica el silencio de la mayoría de la comunidad internacional sobre la reelección inconstitucional de Bukele y los miles de casos de detención arbitraria y tortura cometidos bajo el estado de excepción que ya casi dura dos años. “Cuando se da el tipo de violaciones a los derechos humanos que se están viendo en El Salvador, es necesario que se llame las cosas por su nombre”, dice.

¿Le parece confiable el proceso electoral salvadoreño?

Hay toda una serie de factores que ponen en entredicho la legitimidad del proceso. Empezando por un problema de origen: que un presidente, sin duda muy popular, se valga de la interpretación de una Corte puesta a medida para lanzarse a la reelección consecutiva, algo que está prohibido por la Constitución. Todos los presidentes anteriores elegidos democráticamente habían respetado eso. Se trata de una violación constitucional, un daño a la base de la pirámide legal.

Pero además, otras reglas mínimas que deben primar son las instituciones electorales independientes, el acceso a la información para poder auditar el proceso, etcétera. En conjunto, hay un marco de irregularidades que pone la legitimidad del resultado en entredicho, como la reducción del número de escaños y alcaldías y el cambio del sistema de recuento sólo unos meses antes de la elección. Es lo que en inglés se llama gerrymandering. Aquí en Estados Unidos se ha cuestionado mucho la redistribución de distritos, especialmente por parte del Partido Republicano, como una herramienta que claramente tiene por fin acomodar las preferencias de los votantes en ciertos territorios a tu propio interés.

El caso salvadoreño es más profundo, porque el cambio afecta aspectos presupuestarios y de control territorial más allá de lo electoral, pero en todo caso lo que hemos visto en las últimas semanas de campaña es a un presidente al que lo único que le importa al final del día es tener una absoluta mayoría en el Congreso, y esa redistribución territorial le ayuda porque, como muestran los estudios de opinión pública, su maquinaria partidista no es tan fuerte como su popularidad personal. Al final, la aspiración de todo liderazgo autoritario es el control de todas las instituciones y la permanencia en el poder. Lo vemos en todos los casos de autoritarismo en América Latina.

En un documento publicado esta semana, WOLA se refiere también a cómo afecta a un proceso electoral la falta de independencia judicial. En Guatemala hemos visto el enorme impacto que la independencia o no de la Corte Suprema o el tribunal constitucional puede tener en una elección.

No es solo el caso de Guatemala, que obviamente es peculiar porque pocas veces se ve una judicialización tan excesiva de un proceso electoral. También en Venezuela ves cómo se utiliza el sistema de Justicia para controlar lo electoral. Al final, es vital tener un sistema independiente de Justicia que garantice que cualquier persona que tenga una discrepancia con los resultados o un cuestionamiento al proceso, previo o posterior, pueda recurrir a éste para que solucione el conflicto o discrepancia, venga esta de un ciudadano común o de un candidato. Cuando el sistema judicial no es independiente, recurrir a él se vuelve algo puramente nominal, porque hay ya una respuesta predecible que dependerá del Poder Ejecutivo.

El voto desde el exterior es uno de los ejes centrales de la campaña electoral del actual gobierno. Ustedes han denunciado también que el nuevo sistema de votación online y electrónica no tiene supervisión técnica ni observación directa.

Defendemos, obviamente, el derecho al voto. Y en países con diásporas importantes, como El Salvador, el voto en el exterior sin duda tiene que ser garantizado por el Estado. La pregunta es cómo lo garantizas. Los datos hablan de un aumento radical de la participación...

Han votado ya más de 140 mil salvadoreños en el exterior. Es casi 40 veces el número de votos que la diáspora emitió en la elección presidencial anterior.

Sí. Y eso es importante, porque en muchos países con diásporas grandes la participación en el exterior es extremadamente baja. Que las personas de un país que viven en otro —en el caso salvadoreño casi todos en Estados Unidos— puedan ejercer un derecho fundamental es excelente. Pero al mismo tiempo tienes que entender que las reglas electorales deben, por principio, generar pocas dudas y muchas certezas. En El Salvador el partido del presidente, Nuevas Ideas, hizo una nueva ley para el voto en el exterior pero ignoró recomendaciones de organismos independientes como la IFES, que sugirió elaborar también un reglamento. Los reglamentos que desarrollan las leyes se hacen precisamente para despejar dudas, y en una elección la confiabilidad es una de las principales garantías de que los resultados serán respetados no solo por la mayoría sino incluso por las minorías cuyo voto fue contrario al ganador.

En esa ley de El Salvador hay grandes vacíos. No hay, por ejemplo, claridad en los criterios de legibilidad para voto en el exterior; no se ha generado un padrón o registro electoral que permita saber exactamente quién puede votar y dónde, sea en Washington DC, en una ciudad de California o en Nueva York. Al saltarte esto, porque el propio Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconoce que no hay un registro, incrementas las dudas, las preguntas.

¿Por qué no se solventó, si la sociedad civil ha denunciado varias veces la falta de ese registro?

Los magistrados del Tribunal dijeron primero que no es su responsabilidad y luego que, si la preocupación es por la posible duplicidad de votos, el sistema electrónico garantiza que no suceda. Pero se suma el problema de que ese sistema electrónico está basado en dos empresas de las que una, según reveló la revista Focos, arrastra dudas sobre el proceso de licitación. Y además, a diferencia de otros países, el desarrollo del sistema tendría que haber pasado por observación electoral tanto ciudadana como internacional, por una revisión exhaustiva o aleatoria de todos los sistemas de voto electrónico hecha por monitores independientes, no solo pertenecientes al Estado. En El Salvador esto no sucede.

Entonces, si hay cuestionamientos sobre la falta de padrón electoral, una de las empresas está cuestionada, no ha habido una revisión independiente de los sistemas, no se cumplieron las recomendaciones de institutos especializados, y al mismo tiempo aumenta drásticamente el número de personas que están ejerciendo el voto fuera del país, las dudas aumentan. La forma en que está sucediendo el voto en el exterior vuelve el proceso general menos transparente y menos confiable.

¿No aporta certeza el hecho de que las encuestas pronostican una victoria abrumadora del presidente Bukele y su partido?

Eso es parte del problema: que todo esto sucede en un contexto en el que está totalmente afianzada la idea de que no importa el proceso, porque el resultado final será la reelección del presidente debido a su popularidad. Pero ese no puede ser el argumento. No importa si un presidente gana con el 99 % o el 50.1 % de los votos; lo importante es que mereces un sistema electoral que dé garantías de confianza y eficiencia, con independencia de que el presidente sea muy popular o no. De lo contrario pueden estar quedando instaladas prácticas que luego será difícil cambiar.

Aun así, si Bukele logra el 80 % o el 90 % de los votos dirá que su legitimidad democrática es incuestionable.

La democracia no depende exclusivamente de los votos o del respaldo que tiene un líder político. La democracia es un sistema de reglas, normas, instituciones... y sobre todo de ciudadanía. Hay algo muy interesante: en las encuestas de El Salvador la gente está abrumadoramente de acuerdo con que se detenga a los miembros de pandillas, pero cuando desgranas los datos y preguntas a un salvadoreño o una salvadoreña si está de acuerdo con que se detenga a una persona arbitrariamente, te dicen que no. Al final hablamos de una ciudadanía que, de tener mayor información, probablemente estaría en contra de alguna de las prácticas del gobierno. Pero el presidente, como todos sabemos, controla la narrativa y buena parte de los medios de comunicación del país.

América Latina tiene una historia larga y triste de esos hiperpresidencialismos autoritarios en los que el líder cree que es el pueblo y piensa que él es la democracia, pero la democracia va mucho más allá de un liderazgo individual. Las reglas básicas de la democracia representativa se basan en la idea de que necesitas contrapesos para evitar los excesos.

Si el presidente Bukele y sus defensores piensan que por ganar con el 70 % o el 90 % de los votos puede hacer lo que le parezca, sin respeto por las instituciones, se equivocan. El sistema de legalidad está concebido justamente para proteger a las sociedades de líderes autoritarios que abusan de la voluntad popular, de dictadores.

Dos misiones internacionales observarán las elecciones en El Salvador: la de la OEA y una más reducida de la Unión Europea. ¿Qué espera de ellas?

A los Estados les gusta decir que hubo una observación neutral del día de la votación, pero el monitoreo ha de incluir un análisis objetivo de todo lo ocurrido pre-elección, durante la elección y post-elección. Y eso incluye no solo resaltar las virtudes de un sistema de voto y un proceso, como la amplia participación. Es probable que esta vez haya menor abstención, sobre todo en el exterior, pero también corresponde a una misión electoral hablar de los defectos del registro, de los abusos en publicidad, de las amenazas a los contrincantes o su silenciamiento, de cómo se trató o no a la prensa, del grado de acceso a información sobre el proceso que tuvieron los observadores nacionales o el periodismo independiente y crítico.

En los partidos de oposición, que están muy reducidos en intención de voto, hubo debates internos sobre la conveniencia o no de participar en esta elección, porque consideran que no compiten igualdad de condiciones y no creen que el TSE ofrezca garantías de independencia. ¿Cree que la participación del resto de partidos lava la cara a un proceso electoral injusto?

El Salvador no es el único país en el que hemos visto esa disyuntiva. Obviamente cada actor político toma sus decisiones basado en su propia lectura del escenario, pero yo creo que los partidos tienden a fortalecerse más cuando participan que cuando dejan de hacerlo. De esa forma están presentes, tienen voz, construyen liderazgos visibles y, aunque sea en minoría, movilizan a sus simpatizantes. Eso los va preparando para el futuro.

Lo hemos visto en los contextos más difíciles. Incluso en países en los que las elecciones parecían totalmente amañadas o decididas a priori ha habido sorpresas. ¿Quién hubiese dicho que Bernardo Arévalo y el partido Semilla ganarían la presidencia en Guatemala? ¿Qué hubiese pasado si hubieran decidido no participar? Incluso en los lugares más autoritarios ha habido una apuesta de la oposición política por seguir utilizando el voto como método de cambio político.

A pesar de todos los cuestionamientos al proceso electoral, la comunidad internacional no parece muy preocupada por la limpieza de la elección en El Salvador.

Hubo un momento, cuando se comenzó a hablar de la reelección presidencial, en que sí hubo una respuesta de la comunidad internacional, que cuestionó la legitimidad y legalidad de esa reelección. Pero una vez que el presidente Bukele avanzó y realizó su registro creo que se tomó como un fait accompli, un hecho consumado, y se generalizaron posturas de “bueno, esta es una realidad salvadoreña” y “la popularidad del presidente se lo permite aunque sea una práctica abiertamente inconstitucional”.

Parte de la comunidad internacional probablemente apuesta a que en un segundo periodo presidencial de Bukele puedan darse avances para tratar de frenar su carrera hacia el autoritarismo, las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo, etcétera. Por eso, lamentablemente, ha habido mucha menos crítica de la que hubiésemos querido ver.

La popularidad nunca es un cheque en blanco para un líder político. Ser popular no significa ser democrático. Con base en esa popularidad de la marca que el presidente construyó para sí mismo se está dando paso libre a prácticas que son totalmente inaceptables.

El caso más visible es el de Estados Unidos, que comparó a Bukele con Hugo Chávez hace dos años y ahora evita cualquier crítica pública. ¿Qué opina de ese cambio de postura y tono?

Es un giro pragmático con el cual en WOLA hemos sido muy críticos. En sus primeros años en el poder hubo tensión entre la administración Bukele y el gobierno de Estados Unidos, que cristalizó en una relación compleja y muchas veces antagonista con la embajada. Creo que el Departamento de Estado ha decidido en este momento, que es además un período preelectoral en Estados Unidos, hacer suya esa idea de la popularidad como razón para, en vez de confrontar con las prácticas antidemocráticas de Bukele, generar una relación de posible cooperación mientras se le hacen llegar mensajes privados de otro tipo, pensando que eso puede generar cambios en su manera de actuar.

¿Usted cree que puede funcionar?

Cuando se da el tipo de violaciones a los derechos humanos que se están viendo y experimentando en El Salvador, cuando el retroceso democrático es tan marcado, creo que es muy importante que la aguja medidora de Estados Unidos y de otros en la comunidad internacional esté presente. Es necesario que se llame las cosas por su nombre. Podemos estar de acuerdo con relaciones bilaterales basadas en la cooperación, pero callar frente a los retrocesos democráticos y las violaciones graves de derechos humanos no es aceptable.

¿Esto lo ha discutido con funcionarios estadounidenses? ¿Qué le responden?

Consideran que la diplomacia privada puede funcionar y que es una estrategia válida cuando se percibe que la confrontación no funcionó. Quienes trabajamos de lado de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, los que hablamos con los periodistas en el exilio o con personas dentro de El Salvador que están siendo atacadas, tenemos una perspectiva muy diferente. Pensamos en cómo esas personas se sienten protegidas por el uso de la palabra de la comunidad internacional. Esa protección no sucede cuando se opta por la diplomacia silenciosa.

Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés ), organización fundada en 1973 para la defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Antes de llegar a WOLA en 2021, Jiménez ocupó por siete años el cargo de Directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, con sede en México.
Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés ), organización fundada en 1973 para la defensa de los Derechos Humanos en América Latina. Antes de llegar a WOLA en 2021, Jiménez ocupó por siete años el cargo de Directora de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional, con sede en México.

Lo que el Departamento de Estado repite últimamente en público es que apoyará a todo presidente que emane de elecciones libres y justas. Después de lo que hemos conversado, ¿diría usted que las elecciones en El Salvador van a ser libres y justas?

Es una pregunta difícil, porque la popularidad del presidente hace pensar que las y los salvadoreños probablemente dirían que votan libremente, en el sentido de que se van a poder expresarse en favor de su candidato de preferencia. Pero el proceso ha sido tan irregular que sí creo que va a sufrir de una falta de legitimidad.

Por las violaciones constitucionales, en primer lugar, estas elecciones no son completamente legales. Todo el aparato del Estado está siendo utilizado para garantizar la reelección y dar apariencia de legalidad a algo que no permite la Constitución del país.

Y no creo que sean unas elecciones justas para otros partidos y otros aspirantes debido al control que Bukele tiene de las instituciones, a la falta de independencia de los poderes públicos, la falta de acceso a la información, las amenazas contra los medios, contra quienes piensan distinto... No hay condiciones verdaderamente competitivas para quienes disienten, no importa si son el 10 % o el 50 % de la población, si es un candidato o son 20. Debería haber condiciones de igualdad para todos y no creo que en este caso las haya, considerando el control que ejerce el presidente sobre todos los órganos del Estado y, sobre todo, sobre el sistema electoral. Eso le quita el adjetivo “justas” a esas elecciones.

Lo que sí creo, y esto hay que aceptarlo, analizarlo y entenderlo en su contexto, es que la mayoría de los salvadoreños reelegirán al presidente Bukele.

En unas elecciones que suceden bajo un estado de excepción que cumple ya 22 meses.

Es parte del retroceso democrático en El Salvador. Primero violas la Constitución para reelegirte, y luego te reeligen en un contexto en el que ya has quitado a los ciudadanos un montón de garantías constitucionales. Es una doble inconstitucionalidad. Si hay un mensaje que uno quisiera hacer llegar al presidente Bukele es justamente que utilice su reelección para desistir del Estado de Excepción, que es no sólo un atentado contra el Estado de Derecho sino contra la ciudadanía. Ojalá esta reelección casi asegurada abra la oportunidad para poner fin de una vez por todas a un estado de excepción que se volvió un estado de normalidad inaceptable, está generando muchísimas víctimas y consolida prácticas que luego son muy difíciles de revertir, como los abusos policiales, el rol de las Fuerzas Armadas o la falta de transparencia.

Si el mismo Bukele está diciendo que este será su último mandato, que lo use para dejar un legado a favor de la sociedad y los ciudadanos, no este legado de autoritarismo.

A raíz de la reciente decisión de la Corte Suprema de Colorado sobre la participación o no de Donald Trump en las primarias del Estado, Bukele cuestionó de nuevo la legitimidad de Estados Unidos para cuestionar a otros países. ¿Cree que Estados Unidos ha perdido legitimidad para hablar sobre la democracia en América Latina?

Es evidente que Estados Unidos está luchando por salvar su propia democracia, algo que era impensable hace 20 años. Enfrentan como siempre muchísimas críticas a su política exterior, y sus instituciones fueron mucho más fuertes que hoy en día. Esa lucha interna por su propia democracia les pone en un lugar difícil para intentar proteger o pronunciarse sobre otras democracias. Eso es una realidad.

Dicho esto, hace poco se cumplieron tres años del 6 de enero, un evento insurreccional -aparte de surreal- al que tal vez países con instituciones más débiles no hubiesen sobrevivido. Estados Unidos completó la transición de poder, superó aquella prueba. Las elecciones de este año serán una segunda gran prueba, que nos permitirá conocer las preferencias ciudadanas pero también si las instituciones logran o no salvar la democracia del país. Eso influirá en la posibilidad de Estados Unidos de contribuir a la estabilidad democrática de otras regiones del mundo.

¿Qué impacto tendrá en la región la reelección de Bukele?

América Latina está en retroceso democrático y una reelección de Nayib Bukele, más aún si es con una mayoría importante, envía una señal negativa para quienes creemos en la democracia. Es muy preocupante porque no queremos ver réplicas de Bukele y su modelo, que es un término usado para referirse a su estrategia de seguridad pero que incluye mucho más. Deberíamos advertir del modelo Bukele para la reelección consecutiva cuando no está permitida, o del modelo Bukele de cooptación de todas las instituciones del Estado, que son cosas que otros líderes autoritarios ya hicieron, pero que en este caso suceden todas al mismo tiempo y a una velocidad increíble.

Hay que reconocer que la seguridad es un tema importantísimo para la ciudadanía y esa es una lección que es muy importante analizar, porque todas las salvadoreñas y salvadoreños tienen derecho a una vida libre de violencia y los gobiernos anteriores habían fallado en garantizarla, pero el sistema de Bukele es violatorio de derechos fundamentales, no va a ser sostenible, y luego probablemente tendrá que recurrir a otras prácticas represivas para mantener esos índices de criminalidad. Ojalá otros liderazgos en el continente no tomen su éxito electoral como una señal de que debilitar la democracia y violar la constitución es premiado por la ciudadanía.

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