La expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dora Esmeralda Martínez de Barahona, ahora trabaja como magistrada de la Cámara de Menores de la Primera Sección Oriente, en San Miguel. Quien fuera su colega del Tribunal, Luis Guillermo Wellman, ahora ejerce como magistrado en la Cámara Segunda de lo Penal de Sonsonate. Estos nombramientos los hizo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sin seguir el proceso legal que establecen al menos cuatro leyes y los artículos constitucionales 182 numeral 9 y artículo 187.
Para colocar a ambos en las cámaras, la Corte no solo ignoró el proceso constitucional de nombramiento, sino que también les abrió espacio cesando de sus funciones a otros funcionarios. Wellman, de 68 años, pasa del límite de edad establecido por la Ley de la Carrera Judicial para ejercer como juez, según el decreto de depuración que aprobó la Asamblea Legislativa dominada por Bukele, el 31 de agosto de 2021.
Martínez y Wellman estuvieron cinco años en el TSE, nombrados ahí por los partidos Gana y Arena, respectivamente. Gana nombró a la presidenta del Tribunal porque la ley dice que quien gana la elección presidencial pone al presidente del TSE. Bukele obtuvo la Presidencia bajo la bandera de Gana. Arena obtuvo la segunda mayor cantidad de votos y por eso tenía derecho de nombrar otro de los cinco magistrados.
A pesar de haber sido confeccionado por partidos opositores y Gana, el TSE en el que ambos estuvieron fue complaciente con Bukele y su partido Nuevas Ideas. Cuando la Sala de lo Constitucional nombrada por los diputados del bukelismo autorizó la reelección presidencial, el TSE inmediatamente publicó un comunicado para decir que acataría cualquier disposición relacionada a la reelección del presidente. Julio Olivo, el magistrado colocado en el TSE por el FMLN, fue el único que denunció que ese comunicado nunca se aprobó. El TSE pudo haber detenido la inscripción de Bukele para su reelección pero, por el contrario, por mayoría ignoró la Constitución y el Código Electoral. El TSE también rechazó todos los recursos legales que se interpusieron contra la candidatura de Nuevas Ideas.
Martínez y Wellman terminaron su mandato el 31 de julio. El lunes 2 de septiembre, la expresidenta del TSE ya tenía plaza como magistrada propietaria de la Cámara de menores de San Miguel, un cargo que deben ocupar personas que “preferiblemente tengan amplios conocimientos en materia de menores”, según dice la Ley Penal Juvenil en el artículo 44. Wellman comenzó como magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de Sonsonate el 1 de octubre.
El artículo 208 de la Constitución establece requisitos idénticos tanto para magistrado de Cámara como para magistrado del TSE: ser salvadoreño, mayor de 35 años, abogado, de moralidad y competencia notoria, haber sido juez de primera instancia durante seis años o haber obtenido autorización para ejercer la abogacía por lo menos ocho años antes de su elección, entre otros. Ambos cumplen con esos requisitos.
En un proceso idóneo la Corte debería pedir al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) que inicie el proceso de selección para el cargo vacante. El CNJ, en consecuencia, debería buscar el mejor perfil y luego enviar una lista reducida de nombres a la CSJ para que esta haga la selección final. Nada de esto se cumplió con Martínez y Wellman. Sus nombramientos violan los artículos 62 y 78 del Reglamento de la Ley del CNJ, además de diversos artículos del Manual de Selección de Jueces y Magistrados vigente desde 2017.
El Faro llamó a la Cámara de Menores de San Miguel el martes 24 de septiembre. Se pidió hablar con Martínez sobre su nombramiento: la persona que contestó pidió un momento para buscarla y, al retomar la llamada, dijo que la funcionaria estaba en reunión. Se dejó un recado y un número telefónico, pero nunca hubo respuesta. También se escribió un mensaje a través de una aplicación de mensajería al número que ella tenía en el TSE, pero tampoco hubo respuesta. Este periódico llamó también a la Cámara de Sonsonate el jueves 3 de octubre y pidió hablar con Wellman. La persona que atendió dijo que el nuevo magistrado no estaba en la oficina sino que “en la Corte”, es decir, en el edificio administrativo del Órgano Judicial en la capital, San Salvador. Se dejó un mensaje y un número de teléfono pero no hubo respuesta. Este periódico también le escribió un mensaje por WhatsApp a Wellman, pero nunca respondió.
Un nombramiento expedito
El CNJ es la institución que por ley debe filtrar y proponer nombres de abogados para que sean nombrados jueces y magistrados de Cámara de todo el país. El trabajo operativo lo hace la Unidad Técnica de Selección. Esta oficina filtra a los aspirantes, elabora una lista corta de nombres para que el CNJ lo remita a la Corte Suprema, donde se hace el nombramiento definitivo.
El procedimiento suele durar entre uno y dos meses, según se observa en los anuncios publicados por el CNJ en su página web. Hay procesos más extensos, y cuando dura menos es porque son nombramientos de urgencia. Pero siempre hay varios pasos: la CSJ solicita una terna al CNJ, este hace una convocatoria para que participen los interesados en la plaza, luego se habilita un plazo para recibir postulaciones, después el CNJ hace los primeros descartes, luego hace exámenes de conocimiento, exámenes psicológicos y sociolaborales, después se hace una entrevista pública, y finalmente se escoge una terna que es la que se envía a la Corte para la elección definitiva.
Antes de que comience el proceso, cada aspirante debe estar registrado en la Unidad Técnica de Selección. En dicha unidad, todo aspirante debe tener su expediente actualizado, de acuerdo a lo que indican las leyes y el manual.
En la página web del CNJ no existe una convocatoria para los puestos de las Cámaras donde Martínez y Wellman fueron nombrados, según un rastreo que hizo El Faro. Consultado sobre los nombramientos que incumplen con el requisito de haber sido convocados oficialmente por el CNJ, Nelson López, jefe de la Unidad Técnica de Selección, dijo que es responsabilidad exclusiva de la Corte Suprema. “Es potestativo de la Corte en qué momento y qué tipo de solicitud (de plazas judiciales) realiza, nosotros activamos el proceso cuando la CSJ lo pide, nada más, no operamos de oficio, conforme lo dice la ley”, dijo a través de una llamada a su oficina el 24 de septiembre.
En otras palabras, este funcionario dice que la Corte a veces incumple el requisito de avisar al CNJ de que necesita llenar vacantes. Expertos consultados por este periódico creen que estos nombramientos, incluyendo el de Martínez y Wellman, son ilegales. “Es un nombramiento ilegítimo e inconstitucional”, aseguró Francisco Díaz, exmiembro del CNJ y consultor en temas de independencia judicial. “Si no se cumple con ese procedimiento que establece la Constitución es un nombramiento al menos irregular”, dijo el especialista.
Aspiraron a la CSJ pero terminaron en Cámara
Martínez y Wellman tenían su expediente activo en el CNJ y ambos se postularon para intentar ser elegidos como magistrados de la Corte Suprema en 2024. Cada tres años, la Asamblea Legislativa debe renovar la tercera parte de las 15 sillas de la Corte Suprema.
A finales del año pasado, Martínez y Wellman aparecieron en la lista de abogados elegibles para someterse al proceso de elección de magistrados de la CSJ. Siendo aún magistrada del TSE, Martínez postuló y avanzó hasta la etapa de la entrevista pública en el CNJ. El día que le tocaba —el 19 de junio— envió una carta desistiendo de continuar. Dijo que se retiraba “por circunstancias ajenas a su voluntad” y “por motivos de salud que requieren tratamiento e intervención quirúrgica urgente”. Esto quedó consignado en los videos que el CNJ publica en su página de Facebook.
Una fuente del TSE aseguró a El Faro que Wellman estuvo valorando la posibilidad de reelegirse como magistrado electoral, pero el 26 de septiembre la Asamblea de Bukele nombró a otras personas en dichos cargos.
Les abrieron espacio en la judicatura
Para acomodar a Martínez en una de las dos magistraturas de la Cámara de menores, la CSJ tuvo que abrirle un espacio y para ello tuvo que terminar el contrato de otro juez. Lo mismo pasó con Wellman.
Martínez encontró un puesto en la Cámara de menores gracias a que trasladaron a quien había sido la presidenta de dicha instancia, Nancy del Carmen Jiménez. Ella fue trasladada a la Cámara de la Segunda Sección Oriente (Usulután), y en este lugar cesaron a Cristóbal Reyes Hernández, uno de los magistrados. “Conozco a la expresidenta del TSE, y no podría decir que por nombrarla a ella me limitaron el cargo a mí, eso quiero dejarlo claro”, dijo Reyes Hernández, a través de una llamada telefónica el 3 de octubre.
El exmagistrado confirmó que a él le notificaron de la limitación de su cargo a través de una llamada y un pequeño memorándum enviado por correo. “No hubo ninguna justificación ni aviso previo ni advertencia ni nunca fui investigado ni sancionado por el Departamento de Investigación Judicial (oficina de la CSJ que investiga a jueces)”, dijo. Dedujo que su remoción ocurrió gracias al “régimen de disponibilidad” en el que él estaba inscrito desde 2021, cuando la Asamblea Legislativa de Bukele reformó La Ley de la Carrera Judicial. Dicha reforma depuró a los funcionarios judiciales con más de 60 años o con más de 30 años de carrera a renunciar. Reyes tiene 55 años y trabajó más de 30 años como juez. No fue cesado en 2021 porque aceptó el régimen de disponibilidad y con ello quedó a expensas de que la Corte lo trasladara o removiera en cualquier momento.
Lo irónico, dice Reyes, es que en la Cámara donde nombraron a Dora Martínez quedó como segundo magistrado José Antonio Flores, un funcionario con 65 años de edad. “Si querían sacar a los mayores de 60 y querían solo jueces jóvenes, no se entienden estas excepciones”, dijo. En general, la depuración judicial promovida por el bukelismo en 2021 fue una farsa porque, en lugar de depurar a jueces corruptos -como se dijo- se removieron funcionarios solo por su edad, mientras que a otros mayores de 60 años permanecieron en sus cargos sin mayor explicación. Una excepción de este tipo es el padre del ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, que tiene 82 años y sigue como magistrado de Cámara en San Miguel, un cargo que ocupa desde hace años.
Reyes Hernández, quien fue depurado para que entrara la exmagistrada Martínez, es un abogado de larga trayectoria que entró en la judicatura en 1995 como juez de Paz en el municipio de San José, en La Unión. Fue magistrado suplente de la Sala de lo Constitucional de la CSJ hasta 2021 y hasta la fecha en que lo cesaron, el 1 de septiembre, era magistrado de Cámara en la Segunda Sección de Oriente, donde estuvo durante cinco años.
Para que Wellman se convirtiera en magistrado de Cámara, la Corte hizo dos cambios. El primero fue trasladar a Miguel Ángel Umaña Argueta, quien era magistrado presidente de dicha instancia, a la Cámara Mixta de Ahuachapán. Para que Umaña Argueta ocupara ese puesto, la Corte cesó a Wilson Edgardo Sagastume Galán, de 64 años, quien había ejercido como segundo magistrado.
El Faro tuvo a la vista el documento con el que la Corte cesó a Sagastume. Desde el 1 de octubre se llamó al número telefónico de trabajo que el exmagistrado ocupaba para su labor como magistrado, pero la llamada siempre redirigió al buzón de voz. También se le llamó y enviaron mensajes al número que diversas fuentes señalaron como su nuevo teléfono, pero no hubo respuestas. El viernes 4 de octubre, este periódico llamó en múltiples ocasiones a la oficina de la Cámara de Ahuachapán pero nadie contestó. Otros juzgados del departamento de Ahuachapán dijeron que la Cámara “había cerrado”.
El Faro habló con funcionarios judiciales cercanos al exmagistrado Sagastume que trabajan en Santa Ana y San Salvador y a quienes él comunicó la decisión de la Corte, la noche del 31 de septiembre. “La Corte le envió un ‘correograma’, un correo electrónico interno, para notificarle sobre el cese de funciones sin ninguna explicación”, dijo una de las fuentes que pidió anonimato por miedo a repercusiones laborales. Otras dos fuentes judiciales, entre ellas un magistrado suplente de la Corte, también pidieron anonimato por temor, pero confirmaron la salida de Sagastume.
Tanto los nombramientos como los despidos ocurrieron bajo dos administraciones distintas de la Corte Suprema. El nombramiento de Wellman y la separación de Sagastume ocurrieron bajo la nueva administración del presidente recién nombrado Henry Mejía, juramentado el 23 de septiembre junto con otros cuatro magistrados propietarios por la Asamblea de Bukele. El nombramiento de Martínez y la separación del cargo de Reyes Hernández ocurrió bajo la administración de Óscar López Jerez, quien fue presidente de la Corte entre 2021 y 2024.
Este periódico llamó dos veces a la Dirección de Comunicaciones de la Corte el 4 de octubre para pedir una versión oficial de los cambios, pero en ambas ocasiones la persona que atendió dijo que el responsable no estaba disponible. El 24 de septiembre también se llamó al expresidente de la CSJ, Óscar López Jerez, para pedirle una explicación. Cuando el periodista de El Faro se identificó, el funcionario colgó. López Jerez consiguió reelegirse como magistrado en la Corte, pero ya no como presidente.
Supera el límite de edad
El nombramiento de Wellman revela que el sistema judicial está dispuesto a ignorar el nuevo límite de edad para jueces establecido por el bukelismo en la Ley de la Carrera Judicial.
Wellman tiene 68 años y es originario de Sonsonate. Es un funcionario con trayectoría política entremezclada con la justicia. Fue juez entre 1980 y 1984. Luego trabajó en la alcaldía de Sonsonate como síndico, fue diputado suplente por Arena y trabajó en la Asamblea como asesor de ese mismo partido. Desde el 2000 hasta 2019 fue asesor jurídico en la Corte, según su currículum vitae publicado en el sitio web del TSE.
El 1 de julio de 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que incluyó a Wellman en la Lista Engel por retrasar labores electorales de forma intencional y por permitir la influencia de China en elecciones. Según el documento, Wellman recibió a cambio “beneficio personal”.
Martínez cumplió 50 años este año. En 2019, antes de ser nombrada magistrada electoral, Martínez era agente auxiliar de la Fiscalía General de la República, donde trabajó por más de 10 años. Previamente, había trabajado en un despacho jurídico en San Miguel, donde residía.
Desde 27 de septiembre de 2021, la Corte ha realizado cambios exprés en la judicatura, saltándose los procesos de selección y sin explicar las razones de los traslados, de los nuevos nombramientos y de los despidos que, además, no aparecen en actas de Corte Plena. Mucho menos han brindado eclaraciones al respecto. Este periódico ha podido comprobar más de 15 traslados de jueces de los que, a la fecha, no se saben las razones, ya que únicamente fueron comunicados mediante un correo electrónico. “Yo estoy a la expectativa de que en algún momento me van a cambiar o despedirme a pesar que no estoy apegado al régimen de disponibilidad”, dijo uno de los jueces consultados para esta nota. Tiene menos de 60 años y tampoco ha cumplido 30 años de carrera en la judicatura con lo cual, en teoría, tiene su trabajo asegurado, pero aseguró sentir inestabilidad laboral.
La Corte informó sobre más cambios el lunes 30 de septiembre. Por ejemplo, trasladaron a los jueces de los juzgados Segundo y Cuarto de Instrucción de San Salvador y hubo dos nuevos nombramientos en los Tribunales de Crimen Organizado. “Cambiar un sistema de justicia históricamente corrupto es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana y requiere del apoyo de muchos sectores. Paso a paso…”, publicó el presidente Bukele en redes sociales en junio de 2022.
*Por un error, en esta nota se aseguró que Dora Martínez de Barahona tiene 60 años. Su edad correcta es 50 años. Algunas oraciones en el texto respondían a la edad equivocada, por lo que dichas frases han sido eliminadas de la nota. Pedimos disculpas a nuestra audiencia por esta equivocación. Esta corrección fue hecha el martes 8 de octubre de 2024, a las 9:25 a.m.
