En Guatemala, un político que se pone al servicio del Cartel de Sinaloa —o al menos eso creía que hacía el desafortunado Mario Estrada— puede llegar a candidato presidencial sin ningún reparo del sistema de justicia. Por el contrario, una aspirante con un historial de lucha contra la corrupción es cuestionada hasta quedar prácticamente fuera de las elecciones del próximo 16 de junio.
Estrada, uno de los aspirantes presidenciales que buscaba sustituir al polémico Jimmy Morales, creyó reunirse múltiples veces entre enero y abril de este año con el Cartel de Sinaloa, la mega corporación criminal mexicana de la que formaba parte el célebre Chapo Guzmán. Estrada estaba engañado. Sus reuniones eran con informantes y agentes encubiertos de la Administración Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). El candidato no se cortó en sus peticiones y ofertas al “cartel”: pidió 12 millones de dólares para su campaña y, a cambio, prometió que una vez en la Presidencia facilitaría los puertos y aeropuertos de Guatemala para enviar seis cargamentos de cocaína mensuales a Nueva York y Miami. También ofreció a los falsos narcotraficantes puestos de alto nivel en la cartera de seguridad si sus sicarios asesinaban a dos candidatos presidenciales.
De esas reuniones nos enteramos hace poco, unas semanas después de que él lograra inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como aspirante por un partido pequeño, la UCN, que él mismo fundó hace una década. Lo supimos, de hecho, cuando la DEA lo detuvo en Miami. Antes, ninguna autoridad guatemalteca, ninguna institución de control, alertó siquiera de la posibilidad de que Estrada fuera un delincuente. Este candidato pasó sin problemas los filtros de su país. De hecho, era la cuarta vez que competía por la Presidencia. Su candidatura acaba de ser anulada por el TSE.
Thelma Aldana ha demostrado un compromiso serio con la gran reforma de Guatemala: entre 2014 y 2018, como jefa fiscal y de la mano de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) , dirigió investigaciones contra unos 500 personajes vinculados a estructuras corruptas de poder: presidentes y expresidentes de la Republica, ministros, empresarios, narcos, diputados y alcaldes. Ella destronó en 2015 al Gobierno del derechista Partido Patriota (PP), liderado por Otto Pérez Molina, quien está en prisión provisional por fraude, cohecho y lavado de dinero. En 2018, acusó por financiamiento ilícito al actual presidente Jimmy Morales. Él, en respuesta, la ha atacado incesantemente en público. Morales no ha ido a juicio porque los diputados de varios partidos han votado tres veces para evitar que se le retire el fuero.
El proceso que aleja a Aldana de la Presidencia es oscuro. Lo poco que se sabe del contrato irregular por el que hay una orden de captura en su contra es —gracias a declaraciones del demandante y de la propia exfiscal— que el Ministerio Público de Aldana contrató al decano de la facultad de derecho de la universidad estatal, Gustavo Bonilla, para que capacitara a fiscales, pero que este, dicen, no asistía a trabajar. Toda la seriedad del proceso se tambalea al saber que ningún fiscal fue entrevistado para comprobar si Bonilla impartía efectivamente clases o no. También sorprende que la acusación por un delito menor en un país con el expresidente entre rejas y donde un candidato intenta que el narcotráfico asesine a sus adversarios avance bajo reserva judicial. En el triángulo norte de Centroamérica, la reserva se usa poco, en casos donde hay menores involucrados, por ejemplo. Pero también se ha utilizado en múltiples ocasiones cuando un juez busca complacer a fiscalías sospechosas que prefieren blindar del escrutinio público un caso.
Lo sucedido con Aldana se asienta en otro hecho elocuente: involucra a políticos que tienen razones para quererla lejos de una campaña presidencial. Quienes demandaron la supuesta plaza fantasma son miembros del partido Todos, cuyo secretario general es Felipe Alejos, actual vicepresidente del Congreso y uno de los detractores más virulentos de Aldana. “Felipao” también está incluido en la larga lista de políticos a quienes la exfiscal acusó penalmente. En 2018 quiso procesarlo por tráfico de influencias para favorecer a grandes empresarios ante el sistema tributario, pero su caso no prosperó porque, en una controversial decisión, la Corte Suprema de Justicia mantuvo la inmunidad al diputado. El caso de la Fiscalía, sin embargo, estaba bien planteado: incluía escuchas telefónicas y abundantes documentos.
Todas estas denuncias contra Aldana más parecen una treta para obstaculizar su aspiración presidencial. La jugada, eso sí, ha surtido efecto: mes y medio después de haberse convocado las elecciones, la exfiscal sigue sin ser candidata. Es como si muchos de aquellos a quienes investigó hubieran pactado para boicotear a Aldana. La estrategia es la acumulación de causas independientemente de su sustancia. Ruido.
Una vez más, estamos ante un Estado guatemalteco cuya justicia tiene dos caras. Una laxa, blandengue, que permite a peligrosos criminales competir para la Presidencia varias veces sin dudar siquiera de ellos. Y la otra, severa, rigurosa, forzada incluso, que se aplica arbitrariamente a los enemigos del establishment. En Guatemala, a la única candidata a quien se le puede creer cuando dice que quiere renovar el mandato de la CICIG es a Aldana. Lo prometió desde que anunció que buscaría la Presidencia. A eso es a lo que temen muchos de sus adversarios. Parte de la sociedad usa el hashtag #pactodecorruptos.
No se trata de comprar una imagen impoluta de la candidata del partido Movimiento Semilla, creado en los últimos meses por profesionales de cierta credibilidad. Aldana tiene sus bemoles. Aún debe rendir cuentas, por nimias que parezcan, sobre sus financistas y las conexiones con ciertos asesores, entre ellos, uno que fue del equipo del expresidente de El Salvador Antonio Saca, hoy condenado a prisión por desviar más de 300 millones de las arcas públicas salvadoreñas. Aldana debe ser cuestionada, como todos los demás. Pero no de forma particular.
Ninguna de las querellas contra ella muestra el grado de seriedad de las investigaciones de su Fiscalía y la CICIG emprendieron en los últimos años contra las grandes estructuras de corrupción de Guatemala. Cuando Aldana acusó al presidente Morales de financiamiento ilegal por más de un millón de dólares, lo hizo con documentos contables, testimonios y muchas otras pruebas.
Aldana está atada de manos y juega a ser candidata lejos de Guatemala, desde San Salvador, donde ha montado su base operativa. La campaña electoral, sin embargo, termina en menos de mes y medio. Las cortes podrían todavía dar luz verde a su participación, pero cuando eso ocurra probablemente será muy tarde. La favorita de esta carrera rocambolesca es Sandra Torres, política de viejo cuño, exesposa y socia política del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), a quien la misma Aldana investigó por financiamiento ilícito, pero a la cual la actual Fiscal solo acusó cuando ya tenía inmunidad por ser, irónicamente, candidata. El TSE, en este caso, no recibió ninguna solicitud de nulidad. En este escenario, independientemente del resultado de la elección, el próximo 16 de junio Guatemala habrá retrocedido una vez más.
