La noción de declarar a El Salvador como un país seguro y apto para recibir a los centroamericanos que buscan asilo en Estados Unidos sonaría como una paradoja, incluso un mal chiste, si no fuera porque esa es la intención de Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump está “buscando discusiones” con El Salvador y Honduras para alcanzar acuerdos similares a los que llegó con Guatemala para convertirlos en un “tercer país seguro” para los centroamericanos que buscan asilo en la nación norteamericana. Así lo confirmó Kevin McAleenan, secretario de seguridad interino de Estados Unidos, en una declaración ante periodistas guatemaltecos, este 1º de agosto.
McAleenan realizó una visita oficial días después de que Guatemala firmara un acuerdo que obligará a los migrantes salvadoreños y hondureños a pedir asilo primero en territorio guatemalteco antes de ser elegibles para siquiera aplicar un asilo en Estados Unidos. En la práctica, el gobierno de Guatemala aceptó volverse cómplice de la estrategia antiinmigrantes de Trump, coaccionado por las amenazas de graves sanciones económicas hacia las remesas y restricciones migratorias generalizadas para los guatemaltecos.
Mcaleenan dijo que consideran “una responsabilidad regional” los problemas relacionados a la migración indocumentada. “Queremos buscar mejor acceso al asilo a través de la región, no solo en los Estados Unidos, sino que aquellos que necesitan protección puedan buscarla tan cerca de sus hogares como sea posible. Ahora estamos buscando discusiones con Honduras y El Salvador, tal como el presidente de Estados Unidos mencionó el viernes pasado (25 de julio)”, dijo.
En efecto, Trump respondió a reporteros que sí buscaría gestionar estos acuerdos con los otros dos países del Triángulo Norte, tras anunciar en la Casa Blanca la firma del acuerdo con Guatemala. McAleenan añadió que Trump también “invitó” a los gobiernos de Costa Rica y Panamá a ser parte de esta conversación. “Vemos esto como un esfuerzo regional y una responsabilidad regional”, dijo el funcionario norteamericano.
Estados Unidos busca convertir, por decreto, en países seguros para refugiar a sus vecinos a los tres países centroamericanos que más migrantes expulsan hacia Estados Unidos. En 2018, la patrulla fronteriza realizó una cantidad de arrestos de guatemaltecos, hondureños y salvadoreños combinados que superó la de ciudadanos de México. Los países del Triángulo Norte son, además, los países que han registrado más violencia en los últimos años.
¿El Salvador, país seguro?
Apenas el año pasado, El Salvador fue el país más homicida del Triángulo Norte. Pese a que en 2019, y en particular el recién finalizado mes de julio, han reflejado reducciones importantes en el número de homicidios, El Salvador sigue siendo un país con retos importantes de seguridad, delitos como la extorsión, y tasas de impunidad altísimas para sus propios ciudadanos, sin tomar en cuenta las garantías que sea capaz de ofrecer para extranjeros.
Solo en 2018, tras la notificación del cierre del Programa de Protección Temporal (TPS, por sus siglás en inglés) que beneficia a un cuarto de millón de salvadoreños con permisos de trabajo en Estados Unidos, la propia embajada norteamericana en El Salvador advirtió de lo peligroso que es vivir en este país. La Embajada repartió un manual en el que advertía a los salvadoreños que al país al que regresarán es uno de los más violentos del mundo, en el que operan las pandillas MS-13 y Barrio 18, y en el que los robos y las extorsiones son delitos comunes. 'Recomendamos leer las recomendaciones del Gobierno de los Estados Unidos al viajar y vivir en El Salvador', pidió la embajada a los futuros viajeros. La cancelación del TPS, por el momento, está suspendida por un juez federal que ha visto rasgos de racismo en la decisión del gobierno de Trump.
“Obviamente este no es un país seguro actualmente”, dice Beatriz Campos, procuradora adjunta de derechos humanos para la Defensa de las Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana. “No es solo de medir homicidios, el año pasado se doblaron nuestros casos de desapariciones. Hasta la fecha, la Policía sigue siendo la institución más denunciada en la Procuraduría de Derechos Humanos, y las denuncias subsisten en el mismo número por derecho a la vida o acoso policial”, dijo Campos a El Faro.
Campos retoma un argumento que también esgrime el ómbudsman guatemalteco Jordán Rodas para tratar que la Corte Constitucional bloquee el acuerdo con Washington: la falta de capacidad institucional para dar asilos. Según VICE, Guatemala solo tiene cuatro oficiales de asilo y no ha concedido un caso en dos años.
“Estos países en la práctica no tienen las condiciones para acoger a esta multitud de personas. Aunque quisieran tener recursos, o hacerle frente con los mecanismos que actualmente tienen, pero no dan abasto”, dice la procuradora Campos.
“Vamos a afirmar que El Salvador es un país seguro cuando las víctimas realmente se sientan asistidas humanitaria, psicosocialmente y también sientan que tienen acceso a la justicia. Pero aquí eso no existe totalmente”, añade.
La procuradora señaló que en el país ya hay centroamericanos que buscan acogida, sobre todo nicaragüenses que huyen de la situación social de su país y en busca de un mejor panorama económico. “No hemos tenido condiciones para darles una atención integral. Por el contrario, ha habido mucha discriminación. Nosotros no aplicamos el principio de reciprocidad. Queremos que a nuestros connacionales en otro país los traten bien, pero nosotros no somos así con hondureños y nicaragüenses”, dijo.
Trump buscará el acuerdo con dos mandatarios proclives hacia sus intereses. En Honduras, Juan Orlando Hernández está en el poder en parte por el el respaldo que Estados Unidos dio a su reelección, aún en contra el consejo de la comunidad internacional que pedía repetir las elecciones de 2017. En El Salvador, Nayib Bukele se ha declarado 'alineado' con Estados Unidos. El presidente incluso ya anunció un acuerdo por visas de trabajo temporales, justamente uno de los beneficios que Guatemala ha ganado, tras firmar el acuerdo de tercer país seguro.
El Faro intentó obtener una reacción de la Cancillería salvadoreña sobre la estrategia anunciada por McAleenan, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
En 2018, de acuerdo con cifras publicadas por National Geographic, la Patrulla Fronteriza estadounidense detuvo a 117 000 guatemaltecos, más que las detenciones reportadas a hondureños y salvadoreños combinados. McAleenan dio un vistazo general en cifras a esta nueva crisis migratoria: dijo que en los últimos nueve meses han llegado 800 000 migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. Son 450 000 familias y 300 000 niños. Según cálculos del secretario de Seguridad, mil familias centroamericanas deciden cada día emprender el viaje hacia la frontera.
El énfasis estadounidense en Guatemala, un país permeado por la desigualdad y una intrincada lucha contra la corrupción, también viene de los números. De acuerdo con McAleenan, el 30 % de la migración que llega a Estados Unidos es de guatemaltecos, y el 50 % de quienes llegan a la frontera transita por Guatemala, “por su posición única en el istmo”, en su ruta migratoria.
Lo que las cifras de McAleenan omiten es el gran componente político que tiene para la administración Trump la dureza de su política migratoria. Trump competirá por retener la presidencia en 2020 y actualmente negocia con el Congreso el presupuesto nacional para el siguiente año. Desde que inició su campaña por la presidencia en 2016, Trump se ha basado en un discurso de cero tolerancia y criminalización de los migrantes, sobre todo mexicanos y centroamericanos, para ganar popularidad entre la clase obrera estadounidense.
El enésimo intento por disuadir la migración
Estados Unidos cree que hacer más difícil el acceso a asilo puede ser un factor disuasivo para los centroamericanos que buscan migrar. Por eso ha buscado bloquear el acceso desde el Ejecutivo. Ahora que las cortes federales le han impedido seguir adelante con sus decisiones unilaterales, porque contraviene leyes internacionales que protegen el derecho a buscar asilo, busca la aprobación de la medida desde sus contrapartes centroamericanas.
“El asilo es un compromiso importante en las leyes internacionales. Es por razones de persecución política, racial, religiosa o por la pertenencia a un grupo social. No es un camino económico para cambiar de país. Tampoco es un proceso donde puedes escoger al país donde quieras vivir”, dijo McAleenan en su comparecencia ante periodistas a quienes no se les dio oportunidad de hacer preguntas.
“Lo que está pasando ahora es que las familias usan el sistema estadounidense, que está saturado, para pedir asilo como una forma de quedarse en Estados Unidos”, explicó McAleenan. Algunos cálculos estiman que la mora de casos de asilos está entre los 800,000 y un millón de casos. “Pero si necesitan protección, deberíamos atender eso tan pronto como sea posible. Y debemos asegurarnos que puedan buscar asilo”, dijo el secretario.
En la lógica de McAleenan, “los migrantes económicos probablemente tomarán una decisión diferente si no tienen acceso a un plan de asilo en Estados Unidos”.
Sin embargo, esa lógica tiene varios problemas. En 2018, El Salvador fue el país que más solicitudes de asilo reportó en Estados Unidos, y es el sexto que más solicitudes hizo en el mundo. 46,800 salvadoreños hicieron solicitudes de asilo a nivel mundial, aunque un año antes esa cifra llegó casi a 60 mil aplicaciones. Es un contraste enorme con las cifras de inicio de la década, porque en 2010 solo 3,700 salvadoreños pidieron refugio, de acuerdo con datos de la Agencia de Naciones Unidas para refugiados (ACNUR).
Aún con esas cifras, el porcentaje de los migrantes que buscan asilo es muy bajo. Solo el 12 % de los migrantes que integraban una de las caravanas que salieron de El Salvador en 2018 sabía cómo pedir asilo, según una encuesta realizada por la Organización Internacional de Migrantes (OIM). Muchos de ellos solo buscan salir de El Salvador, de cualquier forma. Huyen.
Y las políticas disuasivas, cómo se ha comprobado históricamente, no tienen un efecto positivo y permanente. En el último año y medio, la administración Trump eliminó el programa de protección TPS, separó familias en las fronteras, encerró niños en cárceles, acordó con México una política más represiva, criminalizó las caravanas de migrantes y buscó bloquear el asilo. Con todo eso, las cifras de salvadoreños que migran no han hecho más que aumentar. Entre enero y junio de este año, 18,174 salvadoreños habían sido deportados, según reportó LPG Datos con cifras de la dirección de Migración. Significa que cada día regresan al país 100 salvadoreños, un promedio mayor al de los años 2017 y 2018, cuando regresaban entre 73 y 75 personas diarias.
