2019, el año en que México se erigió en un muro contra los centroamericanos que buscan migrar a Estados Unidos, registró un aumento de 67 % en la cantidad de salvadoreños deportados desde México, respecto al año anterior. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número pasó de 10,548 personas deportadas en 2018 a 17,609 el año recién finalizado. Los datos comparan el periodo entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de cada año y fueron entregados por la Dirección General de Migración salvadoreña, a partir de una petición de acceso a la información realizada por El Faro.
Esos números no lucen en ningún spot publicitario del gobierno pero hablan de un aumento generalizado del 41 % en la cantidad de deportados a El Salvador, en su mayoría de Estados Unidos y México. La cifra pasó de 24,842 en los primeros 11 meses de 2018 a 35,129 en el mismo periodo de 2019. Son 10,287 personas más. Un análisis más detallado permite ver que México es el país que destaca. Las deportaciones desde Estados Unidos también aumentaron, pero en un 23 %.
Las cifras hablan de la continuidad del flujo migratorio de salvadoreños hacia Estados Unidos, pese al aumento de las trabas que cada gobierno de la región ha impuesto, dirigidos por la administración de Donald Trump. El Salvador, al igual que Honduras y Guatemala, firmaron en 2019 acuerdos de asilo para que Estados Unidos pueda enviar a los solicitantes de asilo a los países centroamericanos, en un esfuerzo por cerrar al mínimo las posibilidades de obtener asilo en Estados Unidos. El gobierno mexicano también alcanzó un acuerdo migratorio con Trump para detener a los miles de centroamericanos que cruzan México en ruta a Estados Unidos.
El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador además lanzó una patrulla fronteriza, ideada y parcialmente financiada por Estados Unidos, para desalentar la migración irregular y para custodiar los puntos ciegos. Esa unidad integrada según el gobierno por más de mil personas —entre policías, soldados y agentes de migración— solo realizó 15 derivaciones desde su lanzamiento hasta el 1 de diciembre, cinco al mes en promedio. Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, consideró ese resultado como “un llano despilfarro de recursos”. Alianza Américas aglutina a varias organizaciones que trabajan por los derechos de los migrantes en Estados Unidos. “Los recursos financieros que se invierten en desplegar una fuerza como esta podrían ser ocupados de una manera mucho mejor y más beneficiosa para la sociedad salvadoreña que estar haciendo esta pantomima de detenciones que es ridículo”, dijo Chacón.
Aún con todos estos obstáculos y políticas, los flujos de migrantes centroamericanos siguieron su peregrinación hacia Estados Unidos. Hondureños (43.2 %), guatemaltecos (27.5 %) y salvadoreños (12.1 %) encabezaron, un año más, las principales nacionalidades de personas detenidas por el Instituto Nacional de Migración (INM) de México, según estadísticas de los primeros 11 meses de 2019.
La previsible continuidad de la migración es un reto para la administración de Nayib Bukele, quien prometió que en su quinquenio detendría por completo la migración irregular. Los números contrastan con el triunfalismo usual del gobierno Bukele y de su director de Migración, Ricardo Cucalón. “Estamos contentos porque no tuvimos una sola caravana este año”, dijo Cucalón en una entrevista en radio 102.9 este 7 de enero, en referencia a los éxodos masivos de centroamericanos que ocurrieron a finales de 2018 y principio de 2019.
“La gente considera que El Salvador está cambiando”, agregó Cucalón, quien no dio ni un solo dato de los deportados y prefirió hablar de tareas del gobierno que no le competen a Migración como el abastecimiento de medicinas en hospitales o la remodelación de escuelas. En septiembre, tuvo una postura similar en el lanzamiento de la patrulla fronteriza. “Las estadísticas de deportaciones han bajado considerablemente, porque sencillamente la gente está yendo menos a los Estados Unidos ahora que estamos creando mayores oportunidades de trabajo, de seguridad y también de salud a nivel nacional”, dijo Cucalón. Entonces, como ahora, mintió: las deportaciones no han bajado, sino aumentado.
El Faro buscó al director Cucalón a la salida de su entrevista en radio 102.9 pero él se dirigió inmediatamente a su camioneta y dijo que no tenía tiempo.
—Solo quiero preguntarle por el aumento de deportados. Pero de verdad, porque me cuesta que me dé entrevista este gobierno.
—Nombre. Dale, dale con Astrid que te dé una entrevista.
Se refería a Astrid Ávalos, directora de comunicaciones de Migración, quien luego explicó que ella no puede concertar una entrevista con su jefe porque el único autorizado es Ernesto Sanabria, secretario de prensa de Casa Presidencial. Sanabria no contestó llamadas ni mensajes de El Faro solicitando entrevista.
El cambio de México
Para explicar los números que vienen de México hay que entender el viraje entre la política sobre migración con la que López Obrador (AMLO) empezó el 2019 y la política con que lo terminó. El 18 de enero, mes y medio después de asumir el poder, el gobierno mexicano abrió las puertas a una caravana y les ofreció visas humanitarias. Desde la administración AMLO se hablaba de un “cambio de paradigma” frente al fenómeno migratorio.
Duró poco. En abril, los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) volvieron a ser esa fuerza represora y temible para los migrantes. Estados Unidos había empezado a presionar a México con una subida de aranceles y medidas económicas para que el gobierno de AMLO incrementara sus controles de seguridad para impedir el paso de centroamericanos. En medio de esa negociación, el INM pasó de ser dirigido por Tonatiuh Guillén, un sociólogo y académico, a Francisco Garduño, excomisionado de prisiones. En junio, Trump logró su objetivo con un acuerdo migratorio que tuvo en el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur mexicana su principal cara. Ese mismo mes, México realizó casi 20 mil deportaciones, el pico del año.
El Faro preguntó al INM si aumentar las deportaciones de centroamericanos era uno de los objetivos trazados con la implementación del acuerdo migratorio. Edith Gómez Quintero, directora de comunicación del INM, dijo que el gobierno mexicano trabaja “para otorgarles a todos los extranjeros las facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales, ordenados y seguros que permitan su ingreso y estancia en territorio nacional con estricto apego a proteger los derechos humanos”. Sin embargo, la gestión de AMLO ha sido criticada por organismos de derechos humanos.
“La política mexicana es hoy 100 % alineada con los intereses de la administración Trump en aras de no causarle ningún berrinche a Trump que conlleve a amenazarles otra vez con castigos arancelarios”, asegura Óscar Chacón.
“A partir de abril empezamos a ver esas redadas masivas. Las personas, aunque estuvieran esperando un trámite de tarjeta por razones humanitarias, fueron deportadas”, explicó a El Faro Rita Robles, investigadora del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, una organización que trabaja protegiendo los derechos de los migrantes en Tapachula, Chiapas.
Robles contabiliza cuatro migrantes que murieron bajo responsabilidad gubernamental solo en 2019: una salvadoreña de 19 años a quien le dispararon en un retén policial; dos guatemaltecos, incluida una niña de nueve años; y un haitiano cuya causa de muerte no se determinó. “No ha habido en otra administración, en detención, en un primer año, tantos muertos como lo hubo en esta”, dice Robles.
Hay números que permiten ver los efectos de esa política. La cantidad de mujeres salvadoreñas deportadas de México se duplicó en un año: en 2018, 3097 mujeres fueron deportadas; en 2019, esa cantidad escaló hasta 6457, según cifras de la Dirección General de Migración de El Salvador.
El INM mexicano confirmó a El Faro que detectó “mayor número de mujeres, menores y familias viajando a nuestro país”. La cantidad de menores acompañados de al menos uno de sus padres o un responsable que fueron presentados al INM creció en un 80.8 % de 2018 (19 808 casos) a 2019 (35,814). La cantidad de menores no acompañados también se disparó en un 82 % de 9,450 a 17,196 casos entre los últimos dos años. La cantidad de mujeres migrantes detenidas también creció pero en mucho menor medida: un 11 % entre 2018 (31,679) y 2019 (35,283).
“Sí ha habido un aumento de mujeres que son cabeza de familia o mujeres que vienen con toda la familia completa. Las mujeres accedían más fácilmente al asilo y las mujeres con hijos alcanzaban alternativas a la detención. Ahora no, las detienen igual”, explicó la investigadora Rita Robles.
Las solicitudes de asilo en México se duplicaron, en otro dato que refleja como, ante la dificultad de llegar a Estados Unidos, México se está convirtiendo en destino final. De 29,630 solicitudes en 2018, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) pasó a recibir 70,302 en 2019. Honduras mantuvo el primer lugar de peticiones en ambos años pero con una diferencia de 16,367 solicitudes más en 2019. El Salvador pasó del tercer lugar en 2018, con 6,193 solicitudes al segundo el año pasado, con casi nueve mil aplicaciones. La cantidad de solicitudes de Guatemala también aumentó en 2,400, pero no llegó al top tres de solicitudes por el crecimiento de solicitudes de ciudadanos de Cuba, Venezuela y Haití.
