El Gobierno de Nayib Bukele ha anunciado una reapertura económica para El Salvador (por primera vez con fecha: el 6 de junio) luego de una jornada de 48 horas en la que la Sala de lo Constitucional, los partidos políticos de oposición, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) y un grupo de los más importantes empresarios del país movieron sus piezas para que el Ejecutivo desistiera de su idea de mantener una cuarentena obligatoria hasta mediados de junio.
Luego de los acercamientos del sector privado con el Gobierno y la Asamblea Legislativa, Casa Presidencial aceptó el lunes 18 ceder al objetivo en común de la oposición y los empresarios: acordar una pronta reapertura escalonada de la economía, tras las medidas ocasionadas por la pandemia de covid-19 y una cuarentena obligatoria desde el 21 de marzo. El martes 19, Casa Presidencial ratificó su compromiso con esta apertura y aprobó, aunque — de nuevo — sin el concurso de la Asamblea Legislativa, un estado de emergencia vía decreto ejecutivo que restringe la movilidad y el transporte público hasta el 6 de junio.
“Queremos un acuerdo nacional en el que (durante) 15 días vamos a hacer una cuarentena con las mismas restricciones legales, pero que la vamos a cumplir de verdad. Vamos a bajar esa curva y entonces podemos empezar a abrir la economía. Ese fue el acuerdo”, adelantó Bukele el lunes 18, en una conferencia de prensa en la que informó del resultado de un encuentro con un grupo de empresarios salvadoreños. Para esa fecha, El Salvador registraba 1,498 casos confirmados de covid-19.
Bukele se reunió el lunes con Roberto Murray Meza (Grupo Agrisal), Ricardo Poma (Grupo Roble) y Roberto Kriete (Avianca), tres de los más grandes empresarios de El Salvador y Centroamérica, ligados a Arena y conocidos como “las tres R” en los tiempos de Antonio Saca. Al encuentro también acudieron Mario Salaverría (Asociación Azucarera), Alejandra Araujo de Sola (INCAE Business School) y su esposo Diego de Sola (Inversiones Bolívar); José Antonio Escobar (Cámara de la Industria Textil), Víctor Saca (Laboratorios Vijosa y vicepresidente de la Asociación de Industriales), y Francisco Calleja (Súper Selectos), este último miembro de otro grupo de poder conocido como “Los Torogoces”, y también ligado al partido Arena. Calleja es padre de Carlos Calleja, el principal rival de Bukele en las elecciones presidenciales de 2019.
Con los partidos de oposición en la Asamblea Legislativa, el acercamiento lo protagonizó Javier Simán, presidente de la ANEP, que acudió a la sesión especial de la Asamblea en la que fue aprobada, el lunes 18, una ley que propone una apertura económica gradual.
De fondo, tanto los empresarios liderados por Simán como los grandes empresarios que se reunieron con Bukele lograron que tanto la oposición política como el Gobierno coincidieran en el objetivo común de la apertura económica. En el camino, sin embargo, Bukele aprovechó la oportunidad para reavivar el conflicto con la Asamblea y con la Sala de lo Constitucional. Del lado del sector privado, además, fue notoria una fisura en el sector privado a la hora de encarar al Gobierno. El presidente Bukele incluso aprovechó la oportunidad para acentuar las diferencias entre sus interlocutores, aunque de fondo reculó en sus intenciones de imponer, de manera unilateral, la cuarentena especial hasta mediados de junio.
Bukele habló de un acuerdo alcanzado solo con “los líderes de los principales grupos empresariales” y no con la cúpula de la ANEP, aunque entre los empresarios que se reunieron con Bukele hay unos que rechazan que su cita haya sido una negociación o que se haya alcanzado un acuerdo. En un comunicado publicado por ese grupo el martes 19 admiten que propusieron algunas ideas para la reapertura económica y que habían “abordado temas de interés para el futuro de los salvadoreños”. La ANEP también rechaza ver esa reunión como una negociación. Javier Simán insiste en que la capacidad negociadora la tiene la asociación que dirige.
Aun así, el giro del Gobierno solo puede entenderse como una concesión a la empresa privada. Apenas un día antes del encuentro con los empresarios, en una cadena nacional transmitida en la noche del domingo 17, Bukele insistía en que “no es tiempo de abrir la economía, por más que griten los empresarios”. Pero el recuento de sucesos del lunes 18 de mayo dejó al gobierno, según admitió el mismo presidente, “en una posición de debilidad”. Sin embargo, ante preguntas de El Faro, el mandatario rechazó que la medida sea una concesión y dijo que se trataba de “un diálogo sincero” con “los más grandes empresarios” del país.
Bukele cede, pero arremete contra la Asamblea y la Corte
Las conversaciones entre el Gobierno y la empresa privada que derivaron en un compromiso para una reapertura económica también estuvieron marcadas por una realidad pragmática: Casa Presidencial se quedó el lunes 18 sin armas para extender la cuarentena especial hasta mediados de junio, como pretendía el decreto ejecutivo aprobado el sábado 16 de mayo. El fin de semana, la Fiscalía General de la República ya había señalado que extender el estado de emergencia sin la Asamblea constituía una “usurpación de facultades”. La Sala de lo Constitucional resolvió, en la tarde del lunes, suspender el decreto de Casa Presidencial, como medida cautelar tras la admisión de una demanda de inconstitucionalidad.
En la Asamblea, además, los principales partidos de oposición (Arena y FMLN) esta vez se plantaron firmes y no cedieron a las presiones de Casa Presidencial, que pedía una nueva ley de emergencia a tono con la cuarentena especial, que venció el martes 19 de mayo (y que restringe el transporte público de pasajeros). Entre el jueves 14 y el viernes 15 de mayo, esos dos partidos dejaron esperando al Gobierno, que sí se reunió con las bancadas de Gana, PCN, algunos diputados de Arena y el diputado Juan José Martell de Cambio Democrático. Para el fin de semana, hasta el PCN, aliado de Bukele y que dirige la Asamblea, se abstuvo de convocar a una plenaria de urgencia, como pedía el Gobierno, para aprobar su ley de emergencia.
El lunes 18, luego de que se conociera el fallo de la Sala y la reunión entre Bukele y los grandes empresarios, la Asamblea votó con una mayoría de 63 votos la ley de reapertura económica. Condicionado, Bukele dijo que obedecería la resolución de la Sala, pero desde temprano en la tarde había anunciado un veto a la propuesta de la Asamblea. “Vamos a acatar la resolución, aunque la consideramos totalmente violatoria de la misma Constitución, de las leyes de la República, del Estado de Derecho y la consideramos una intromisión del órgano judicial”, dijo Bukele, quien agregó que los magistrados “carecen del más mínimo sentido común”. Un mes antes, el 15 de abril, Bukele había anunciado que no acataría, cosa que cumplió, una resolución de la Sala que prohibía al Gobierno privar de libertad a las personas que infringieran la cuarentena sin una ley de la Asamblea. La ley llegó a principios de mayo, pero las detenciones nunca pararon.
Esta vez, en su diatriba, Bukele incluso amenazó con suspender las transferencias de dinero a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea para priorizar inversiones para atender la emergencia. Sin embargo, el giro anunciado por Bukele (acatar el fallo) parecía cerrar una jornada que él mismo calificó como “bofetadas” tanto de la Corte Suprema como de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en menos de 24 horas, el Gobierno reavivó sus ataques. A la promesa de veto a la ley de la Asamblea anunciada por Bukele, la Secretaría Jurídica de la Presidencia anunció que emitirán un nuevo decreto que sustituye al que la Sala de lo Constitucional prohibió implementar. Casa Presidencial pasó de comprometerse a acatar el fallo de la Sala a anunciar la creación de otro decreto ejecutivo con similares características al que fue suspendido por posibles vicios de inconstitucionalidad.
“Como equipo jurídico, vamos a velar por que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional sean cumplidas, pero también vamos a utilizar todas las herramientas que nos da el derecho”, expresó Conan Castro, el secretario jurídico de la Presidencia, el martes 19 al mediodía.
Por la noche, Presidencia informó la aprobación del decreto ejecutivo 26 del ramo de Salud, que restringe el transporte público y ordena una cuarentena especial hasta el 6 de junio. El decreto, de nuevo, sin pasar por la Asamblea Legislativa, encarna los motivos por los que la Sala suspendió la aplicación del decreto anterior. Según el asesor jurídico Javier Argueta, la normativa es legal porque “el servicio público de defender la salud es de la Presidencia”. Por la mañana del miércoles 20, el mismo secretario jurídico Castro reconoció en declaraciones a medios nacionales que habían cometido un error con el decreto aprobado el sábado 16. La confesión de parte, sin embargo, no tomaba en cuenta el nuevo decreto que la Policía y el Ejército han comenzado a implementar.
Según Presidencia, su decreto unilateral responde a que el estado de emergencia es necesario para “todos los lineamientos que pueda emitir salud o las restricciones constitucionales que se puedan llegar a dar”. De fondo, Presidencia obvia que la Asamblea rechaza aprobar otro estado de emergencia por la falta de rendición de cuentas de los gastos del Gobierno. La Presidencia, en cambio, asegura que actúa de manera transparente y denunció que la Asamblea no quiso reunirse el lunes 18 con personeros del gobierno, que llegaron a recinto legislativo, según Capres, para intentar dar aportes a la ley aprobada por los diputados de oposición.
Aunque todas las partes están de acuerdo en que la reapertura económica debe de ser gradual y debe de comenzar en la primera semana de junio, el conflicto entre Bukele y la Asamblea Legislativa ha provocado que a partir del 20 de mayo El Salvador amanezca sin una ley de emergencia construida de común acuerdo entre el legislativo y el ejecutivo. El estira y encoje de la Presidencia ha provocado, además, la implantación de un nuevo y cuestionado decreto ejecutivo. En la práctica, a pesar del debate jurídico que ya hay sobre su legalidad y las demandas que ya se han presentado en su contra, el cumplimiento de este decreto es vigilado, en las calles, por la Policía Nacional Civil y el Ejército.
Un país en el limbo
A partir del miércoles 20, ninguna ley garantiza el estado de emergencia o la obligatoriedad de la cuarentena en El Salvador, aunque la recomendación del gremio médico es no romper las restricciones en este momento ni de manera súbita.
El vacío legal se explica en la falta de entendimientos entre la Asamblea y la Presidencia. En el tablero está la “Ley Especial Transitoria para la Atención Integral de la Salud y la Reanudación de Labores en el Marco de la Pandemia COVID-19”, aprobada por la Asamblea, y que busca abrir la actividad económica bajo un proceso escalonado en cuatro etapas.
Antes de que se aprobara, Bukele anunció que la vetaría. Por eso los diputados buscaron consensos con más de 56 votos, algo que asegure la eventual de superación del veto. Lograron 63: 23 votos del FMLN, 36 votos de Arena, dos de PDC y dos de PCN. Esa ley ya está en manos del presidente para que la apruebe pero Bukele se rehúsa.
La ley establece que, a partir del día 8 de su entrada en vigencia, habilita la modalidad 'para llevar'en restaurantes (actualmente solo operan a domicilio), y los aeropuertos podrán operar para la repatriación, aunque mantiene suspendidas las actividades presenciales de educación, eventos deportivos y fiestas patronales. En la fase dos (del día 31 al 51) abre iglesias y demás sitios de culto. La fase tres (del día 52 al 72) contempla la reapertura de los centros de convención. Y la fase cuatro (del día 73 al 120) reduce el espacio del área de trabajo a 1.5 metros cuadrados por persona.
La nueva ley permitiría al Ministerio de Salud seguir declarando zonas de control sanitario pero bajo una debida justificación, limita la discrecionalidad de los cuerpos de seguridad para la retención, reactiva los plazos de la ley de acceso a la información, y obliga al Ejecutivo a que las cuarentenas no deben ser por más de 15 días. De igual forma, la ley obliga al ramo de Salud realizar un “plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia por COVID-19” que deberá tener cronograma y presupuesto a ejecutar a más tardar cinco días después de la entrada en vigencia de la ley.
La ley de reanudación de labores crea un “Comité Interinstitucional y Multidisciplinario” que podrá pedir cuentas de los planes, protocolos, cronogramas y fondos que utilice el Ejecutivo durante la pandemia, y le da facultades incluso para separar del cargo a los funcionarios que denieguen la información. Estas facultades parecen orientadas a que no ocurra otro descalabro como el del desintegrado comité que vigilaría el uso de dos mil millones de dólares .
Expertos como Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción, y Manuel Escalante, subdirector del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), dieron su visto bueno en general a la ley. Pero la Presidencia, principal obligada a cumplirla, no esperó ni a leerla para descalificarla.
Sin posibilidad de diálogo, el Ejecutivo presentó un nuevo decreto muy similar al que la Sala ya ha suspendido, aunque ahora el gobierno dice que cumple los requisitos. En el análisis del secretario jurídico Castro, el nuevo decreto no alteraría ningún orden constitucional porque supera los vacíos señalados por el demandante ante la Sala de lo Constitucional. Aunque eso es algo que deben determinar los magistrados, no Casa Presidencial.
En la medida cautelar que suspendió el decreto ejecutivo 18, los magistrados consideran que, si el demandante tiene razón, la acción de Bukele 'representaría una amenaza al propio sistema democrático'. La resolución expone el riesgo de que 'el presidencialismo puede deformar en un hiperpresidencialismo, en donde el Presidente de la República concentra poder (aunque la Constitución lo prohíba)', además de suprimir o volver “ineficaces los controles que corren por cuenta de la Asamblea Legislativa”.
Fisuras en la empresa privada
El 12 de mayo, el presidente Bukele anunció que desconocía a Javier Simán, ex precandidato presidencial de Arena, como presidente de la ANEP, cargo que asumió el 1 de mayo de 2020. Aunque Simán y la Anep ya habían protagonizado un acuerdo de rescate de 1,000 millones con el Gobierno y la Asamblea, desde que el presidente de la gremial criticó las medidas restrictivas de la circulación de la cuarentena especial (dijo que eran un “caos, abusos” y “producto de la improvisación y la falta de consulta a los sectores involucrados”) se acabó la luna de miel con el Ejecutivo.
Según la Presidencia, Simán dinamitó los acuerdos entre la Anep y el Gobierno. Según Simán, fue el gobierno quien no cumplió su parte del trato ya que, aunque había prometido no hacer un cierre total en la llamada cuarentena especial, “ lo primero que hizo fue paralizar el transporte público, básicamente paralizó el país ”.
En la conferencia de prensa del 18 de mayo, Bukele profundizó su distanciamiento con la Anep dirigida por Simán, pero dijo que eso no significaba que desconocía a la empresa privada, “el motor de la economía nacional” y “la forma más eficaz para generar riqueza”.
Para Bukele, esos apelativos solo representan a los empresarios con los que él sí dialoga, entre estos los grandes empresarios con los que se reunió el lunes 18. Todos ellos, sin embargo, están representados por ANEP, e incluso algunos acudieron como invitados especiales al último Encuentro nacional de la Empresa Privada (Enade), celebrado en 2019, y en el que ratificaron un respaldo al Gobierno de Bukele. Para el mandatario, sin embargo, reunirse con ese grupo no significó una interlocución con la Anep que dirige Simán. “Este personaje, que todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas, no representa a la empresa privada ni representa sus intereses”, dijo Bukele. Sin embargo, tanto la propuesta de los empresarios con los que Bukele se reunió como la propuesta apoyada por Anep que se aprobó en la Asamblea tienen a su base los mismos estudios técnicos.
“Propusimos la definición de una ruta a seguir para una reapertura pronta y ordenada de manera gradual y coordinada según el plan recomendado por INCAE y ESEN”, se lee en un comunicado difundido y firmado por Ricardo Poma, Roberto Murray, Francisco Calleja, Roberto Kriete, Alexandra Araujo, Mario Salaverría, Victor José Saca, Andrés Tesak, Diego de Sola, Eduardo Alfaro y Fidel Chávez Mena. La ley aprobada por la Asamblea también recoge esos insumos técnicos del INCAE y la ESEN.
Sin embargo, pese a las coincidencias en los objetivos y las apuestas, la reunión entre el Gobierno y los grandes empresarios provocó fisuras en el sector privado. El mismo lunes 18, Simán cuestionó ese encuentro. “ANEP representa a 15,000 empresarios. No hablamos por los grandes empresarios pues ellos buscan directamente resolver sus propios problemas”, publicó en Twitter, cuando ya era pública y notoria la encerrona de dos horas de Bukele con los grandes empresarios. “Nosotros buscamos resolver los problemas de los salvadoreños emprendedores que no son escuchados”, agregó Simán en redes sociales.
Dos miembros de importantes consorcios familiares también se encargaron de abonar a la idea de las fisuras. El hijo de Roberto Murray Meza, Patrick Murray, publicó en redes sociales un comentario en el que indicaba que los que se habían reunido con Bukele -entre ellos su padre- habían caído “en una trampa cazabobos” de Casa Presidencial y que habían “validado a un dictador”. El líder del Grupo Simán, Ricardo Simán, primo del presidente de la ANEP, también expresó su descontento con el cónclave en Capres. “Son los mismos de siempre, falta de principios (...) Bien dijo Lenin: los empresarios van a vender el lazo con el que los vamos a ahorcar”.
Al día siguiente, miércoles 20, los ánimos en la empresa privada seguían caldeados. Ricardo Poma, líder del Grupo Roble y uno de los que se reunió en Casa Presidencial, respondió en un chat privado de empresarios esas acusaciones: 'Algunos (...) nos han llamado, a los que asistimos, traidores, vendepatrias, tontos útiles. NO voy a tolerar que personas que han sido mis amigos, y a quienes he respetado y me conocen muy bien, me tilden de traidor o de ingenuo', se lee en un mensaje que circuló en redes sociales y cuya autencididad fue confirmada a El Faro por un asistente de Poma.
El empresario aseguró que su interés de participar era para expresar sus inquietudes. 'Tampoco aceptamos que se piense que la única forma de comunicarnos es a través de terceros, de representantes o intermediarios. Yo he participado por muchos años en algunos gremios empresariales y he apoyado decididamente a ANEP, gremiales , tanques de pensamiento, fundaciones y otras instituciones, algunas de las cuales somos fundadores. Pero NUNCA vamos a abrogar nuestro derecho a expresarnos y a opinar. Seguiremos luchando', se lee en el mensaje.
Poma aseguró que él quería 'presentar al Ejecutivo la Propuesta de Reapertura Económica y Social de la ESEN', la escuela de economía de la que él es rector y fundador.
Un día antes, tanto el presidente de la Anep como uno de los empresarios que se reunió con Bukele intentaron matizar el desencuentro. “En el caso de los que nos reunimos con el presidente, somos solamente personas que él conoce, que nos pide algunas opiniones. No tenemos ninguna representatividad. Es solo una conversación entre amigos sobre cómo podría reactivarse el país, no fue una negociación ni hubo acuerdos”, dice a El Faro José Escobar, presidente de Camtex, y uno de los participantes en la reunión en Capres.
Escobar fue el único del grupo que se reunió con Bukele que apareció junto al presidente de la Anep en una conferencia en la que se buscó sentar una postura unificada.
El Faro preguntó a Escobar de qué lado surgió la propuesta de que la reapertura fuera el 6 de junio. “El presidente lo decidió. Lo demás fue una conversación entre amigos”, dijo este empresario textilero.
—¿Usted se siente representado por la ley aprobada por la Asamblea? —preguntó El Faro a Escobar.
—No he podido ver el documento de la Asamblea. He pasado ocupado.
—¿Cómo se explica que el presidente Bukele rechaza dialogar con Javier Simán pero sí está conforme con aparecer en fotografías con ciertos empresarios donde, según él, se toman decisiones que afectan a todo el país?
—Puede ser cuestiones de interpretación, y de diálogo. Es cuestión de tiempo que ojalá el Presidente de Anep y el presidente de la República se puedan juntar.
—Los puentes parecen quemados.
—A veces el diálogo se rompe debido a diferencias, igual que en cualquier otra negociación, igual que en todo, en un matrimonio, en la casa, familia, los hijos. Hay espacios, hay silencios. Pero si esas diferencias se superan, los problemas se resuelven.
En su mensaje, contrario a lo que dice Escobar, Poma asegura que la reunión con Bukele sí fue para alcanzar resultados concretos. 'Logramos algo muy importante: el compromiso del Presidente de anunciar la reapertura para el 6 de junio y dar un plazo de 15 días desde la aprobación del decreto para preparar a los sectores, actividades y personas en los protocolos necesarios para minimizar los contagios', se lee en el mensaje.
Luego de haberla criticado, el presidente de la ANEP también le bajó el tono a sus comentarios sobre la reunión entre Bukele y los grandes empresarios. “Las persona que fueron a visitar al presidente lo hicieron en su carácter personal y estamos seguros de que ellos, con su experiencia, han hecho buenos aportes al presidente, pero la representación está en las 55 gremiales de la ANEP”, dijo Simán.
El Faro le preguntó sobre las diferencias existentes entre quienes se reunieron en Capres con Bukele y los que negociaron bajo la sombrilla de la Anep en la la Asamblea Legislativa. “De ninguna manera vamos a permitir que nos dividan aquellos que tienen esa intención. El sector privado se mantiene unido y fuerte”, respondió. Aun así, las palabras de Poma en el chat revelan que las fisuras han dejado cicatrices en el sector privado: 'Toda mi vida he luchado por mi país. Mi familia y yo hemos pagado un precio muy alto por ese amor y dedicación a nuestra tierra, El Salvador. Tampoco vamos a permitir, mientras tengamos fuerzas, que nadie se apodere de nuestro país. No toleramos esos insultos...'
Simán evadió responder más preguntas sobre las señales de fricción, y prefirió centrarse en que al final de cuentas no queda claro cuándo se reabrirá la economía. “Ni los empresarios que se reunieron con el presidente ni nosotros [Anep] tenemos facultad de iniciativa de ley. El Ejecutivo debe ir a la Asamblea y ponerse de acuerdo en cuál va a ser la ley aplicable. Por eso es que estamos viendo un [choque] entre dos Órganos y el sector privado queda en medio, sin saber qué ley está vigente. La división es entre el Ejecutivo y la Asamblea”, respondió.
*Con reportes de Roxana Lazo y Jimmy Alvarado
