La versión del ministro de Defensa René Merino Monroy de la toma militar de la Asamblea Legislativa el 9 de febrero de 2020 (9-F) es que se trató de un “procedimiento mayor de seguridad” del presidente Nayib Bukele. Merino dijo que lo del 9-F no fue una operación militar, que él solo estaba en la Asamblea supervisando la seguridad, y que todo el despliegue y el número de efectivos requeridos fue coordinado por el Estado Mayor Presidencial (EMP), la unidad militar a cargo de la seguridad del presidente. Merino Monroy, sin embargo, dijo que él no podía responder por “el acto político” de Bukele, quien ese día amenazó con disolver la Asamblea Legislativa.
Durante 10 horas, el ministro de Defensa repitió sus respuestas a un cuestionario de 17 preguntas enviado por la Asamblea: negó y negó hasta el absurdo de negarse a pronunciar, ya entrada la noche, el nombre del coronel Manuel Antonio Acevedo, jefe del EMP, en quien descargó la responsabilidad de la planificación del “dispositivo de seguridad” del 9-F. Sin embargo, ante repreguntas de diputados de Arena que incluso le mostraron una foto de Acevedo detrás del presidente ese día, Merino Monroy sí lo reconoció como el oficial a cargo de un despliegue que incluyó a otras unidades del Ejército como refuerzo por “las circunstancias”, dijo el ministro.
El 9-F es el nombre con el que se conoce al domingo 9 de Febrero de este año. Según la Sala de lo Constitucional, este día el presidente Bukele abusó del ejército para asuntos ajenos a sus funciones y puso en riesgo la democracia. El 9 de febrero Bukele convocó a miles de sus seguidores a la Asamblea Legislativa, invocando el derecho constitucional a la insurrección, y aseguró que tenía el poder suficiente para disolver la Asamblea. “Si quisiéramos apretar el botón, solo apretamos el botón”, dijo Bukele. La excusa era la falta de aprobación de un préstamo para financiar su plan de seguridad, pero en realidad fue ideado como una estrategia para lidiar con un problema de imagen, según ha reportado este periódico. El domingo 9, empleados públicos, simpatizantes movilizados por el gobierno y otros que se sumaron a la invitación del presidente, se instalaron frente a una tarima y varias pantallas que el Gobierno colocó en una de las entradas de la Asamblea. El Ejército limitó la circulación en las calles alrededor de la Asamblea desde un día antes, cuando el gobierno también retiró la seguridad de los diputados y varios de ellos denunciaron presencia militar en sus casas y sedes de trabajo. Esa noche del sábado, Merino Monroy le juró lealtad al presidente y dijo que estaba a la espera de sus órdenes. El domingo, el control de entrada a la Asamblea fue manejado por miembros de la Policía Nacional Civil y el Ejército, y militares armados ingresaron al Salón Azul, donde Bukele, sentado en la silla del presidente Ponce, dio por iniciada una sesión plenaria sin quórum, antes de asegurar que Dios mismo le había pedido paciencia con los diputados, y darles un ultimátum de una semana para la aprobación del préstamo.
Merino Monroy empezó a responder preguntas sobre estos hechos a las 10:16 de la mañana del 21 de agosto. “Voy a informar la verdad de los hechos del 9 de febrero”, dijo, pero optó por una salida semántica. Leyó varias definiciones de diccionarios de términos militares —“todas las actividades que desarrollan las fuerzas de tierra, mar y aire para cumplir con la misión que tengan encomendada en una situación de guerra”— y a partir de ese punto, Merino Monroy construyó su fuerte. El cuestionario de la Asamblea estaba hecho usando los términos operativo y operación militar.
En su primera alocución, Merino Monroy dijo que “la Fuerza Armada no fue la responsable de ese dispositivo de seguridad sino el Estado Mayor Presidencial” y que se realizó dentro de los parámetros que la ley manda; que dicho despliegue no significó ningún costo adicional al Plan Control Territorial (el plan gubernamental de seguridad); que nadie dio una orden porque es parte de las funciones del EMP, que el objetivo era salvaguardar la vida del presidente; y que quien autorizó abrir el Salón Azul fue el diputado Guillermo Gallegos, segundo vicepresidente de la Asamblea.
Según el reglamento de organización del EMP, este organismo está directamente bajo las órdenes del presidente y esta fue la excusa del Ministro para desligarse de los hechos ocurridos el 9 de febrero.
El ministro de Defensa respondió flanqueado por su viceministro, Ennio Rivera;y el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto, Carlos Tejada Murcia y Miguel Ángel Rivas Bonilla. Al fondo, en el salón de invitados, había otros cuatro militares y una comitiva de apoyo a Merino Monroy encabezada por Ernesto Castro, secretario privado de la Presidencia y una de las principales apuestas del partido Nuevas Ideas para las elecciones 2021, y Sofía Medina, secretaria de Comunicaciones. Otros funcionarios como Conan Castro (secretario jurídico), Mario Durán (ministro de Gobernación), Francisco Merino hijo (encargado de protocolo de la Presidencia), Luis Rodríguez (comisionado presidencial), Manuel Aguilar (superintendente de SIGET) o Rolando Castro (ministro de Trabajo) también acompañaron la expedición, además de una decena de empleados de comunicación. Pero ninguno con el protagonismo visible de Ernesto Castro y, sobre todo, de Sofía Medina.
El ministro dio sus primeras respuestas usando una mascarilla. Antes de que iniciara la ronda de repreguntas, Medina le hizo gestos a Merino Monroy para que se quitara la mascarilla, simulando quitarse la suya. Diputados de Arena y el FMLN pidieron que se presentara un vídeo realizado por El Diario de Hoy que resumía la toma militar de la Asamblea e incluía declaraciones del diputado Reynaldo Cardoza (PCN), encargado de seguridad de la Asamblea, sobre cómo los diputados perdieron el control del recinto. Mientras veía el video, Merino Monroy se puso las manos en la barbilla. Medina y Castro le hicieron señas para que cambiara el gesto. Merino Monroy bajó las manos, se volvió a enderezar en la silla. Luego se puso lentes y empezó a usar el teléfono. A lo largo del día, Medina también le indicó varias veces al ministro que viera el celular.
Los funcionarios del Ejecutivo actuaron como una barra, aplaudiendo o abucheando, y Medina (con una chaqueta verde olivo) actuó como directora técnica o showrunner, incluso iniciando los aplausos en varias ocasiones, como cuando el diputado Adelmo Rivas (GANA) dijo que nunca se había sentido tan seguro como ese 9 de febrero. Durante los recesos, el Ejecutivo usó el salón de Los Constituyentes, un espacio privado en el Salón Azul, como una especie de cuarto de guerra.
Cerca del grupo oficialista pasaron frecuentemente Milena Mayorga y Arturo Magaña, diputados electos por Arena, pero enfrentados con su fracción. Mayorga renunció al partido en junio. Magaña interrumpió sin micrófono en diversas ocasiones, e incluso se acercó a susurrarle al oído a Merino en la tarde.
El uso de la palabra se gestionó entre jefes de fracción. En teoría, los seis partidos tenían tres repreguntas por cada una de las 17 preguntas originales del cuestionario. Es decir, 306 preguntas y cinco minutos para cada una de ellas. El diseño original de la interpelación era de 25 horas y media, en esos términos, sin contar interrupciones.
La Asamblea Legislativa siempre es un juego de aritmética en el cual no solo hay que hacer cuentas con los escaños de cada partido sino con las divisiones internas de esos partidos. La interpelación permitió ver esas fisuras claramente. Arena tiene 37 escaños, de los cuales solo cuenta con 33 por los cuatro diputados plegados al oficialismo (Mayorga, Magaña, Gustavo Escalante y Felissa Cristales). Pero además tiene otros diputados que pertenecen al bloque pero más alejados de la dinámica de la mayoría como Josué Godoy, que no corre por la reelección, o Marcela Villatoro, que ha expresado posturas diferentes al bloque. Ninguno de ellos hizo preguntas en la interpelación. La fracción de 23 diputados del FMLN (mínima comparada con bancadas anteriores) no exhibe fisuras en público. Rodolfo Parker acaparó todas las intervenciones de los tres diputados del PDC (uno de ellos, Reynaldo Carballo, se ha mostrado cercano a Bukele y sus propuestas). Más interesante es el caso del PCN. Mario Ponce, presidente de la Asamblea, actuó como árbitro de la interpelación, y el coronel Antonio Almendáriz esta vez estuvo en el bando oficialista, secundando las explicaciones de términos militares del ministro Merino Monroy, o apelando porque los diputados marginados de Arena pudieran hacer uso de la palabra. Reynaldo Cardoza, quien dijo a Diario El Mundo que perdieron control de la Asamblea, que escuchó al ministro Merino decir que tenía “orden que abramos” el Salón Azul, estuvo notablemente ausente de la interpelación.
En el bando oficialista y justificando los hechos del 9-F, estaba Gana con sus 10 diputados, el diputado Juan José Martel (fundador del Frente Democrático Revolucionario, una organización de lucha social contra el régimen militar en los años 80), los diputados extrañados de Arena y Almendariz. Los diputados en este grupo hicieron una de dos: interrumpir el interrogatorio o hacer preguntas para asistir a Merino Monroy. Martel preguntó al ministro “¿cuántas tanquetas trajo hoy?” y le sacó del semblante serio con que se mantuvo toda la jornada. “No me acompaña nadie de seguridad”, dijo, esbozando una sonrisa. El diputado Gallegos preguntó: “¿coincide que no hubo violencia ni violaciones de derechos humanos el 9 de febrero?” Gallegos, por cierto, protestó que pasar el video resumen “era ilegal y estaba en contra de la Constitución”.
La controversia del video fue el primer gran enfrentamiento de la interpelación. El coronel Almendariz dijo que, si se iba a presentar un video, el ministro también tiene derecho a presentar un video, lo que despertó aplausos de los funcionarios del Ejecutivo detrás de él. Numan Salgado (GANA) lo secundó. Se puso de pie y gritó “entonces que se muestre nuestro video”. Guadalupe Vásquez se puso de pie, caminó hasta la curul de Salgado y le tocó el brazo, para que Salgado se sentara y este le obedeció.
Al otro lado del pasillo, Arturo Magaña también alzó la voz en protesta y sus compañeros de bancada golpearon sus escritorios en protesta. La diputada Rosy Romero se había volteado para reclamarle a Magaña y este le respondió quitándose la mascarilla y movió los labios hacia adelante, como tirándole un beso. Desde su asiento en la Junta Directiva, Alberto Romero gritaba a Numan Salgado “¡calláte vos!”. Mario Tenorio (GANA) gritó: “¡bienvenidos al circo!” y Romero también le respondió a él:
“¡Bienvenidos!”
Merino Monroy: “no me corresponde a mí responder sobre el acto político”
Al mediodía, en el primer turno de preguntas del diputado Rodolfo Parker, el ministro Merino Monroy calificó la intervención del presidente dentro del Salón Azul el 9 de febrero como “un acto político” por el que él no tenía que dar cuentas. Parker preguntó si el procedimiento u operativo fue necesario para que el presidente de la República pudiese haber ingresado a la Asamblea Legislativa y haber abierto la sesión plenaria, estando sentado en la silla del presidente de la Asamblea. “Estoy acá para explicar qué sucedió con el empleo de las fuerzas militares. Me pasan diciendo que la Fuerza Armada no se debe de meter en actos políticos. Le estoy respondiendo técnicamente, no políticamente. Ese acto político no me corresponde a mí contestarlo”, dijo Merino Monroy.
Parker no desconoce de temas militares: fue asesor jurídico de la Comisión de Honor del Ejército durante la guerra. También fue quien tuvo las confrontaciones más severas con Merino Monroy durante la interpelación. Preguntó quien ordenó o condujo el procedimiento de seguridad del 9-F. Merino respondió citando la ley de funcionamiento del EMP. Parker buscaba un nombre e insistió en su pregunta. Fue la primera vez, pero no la última, que Merino hizo en sus respuestas alusiones personales. “Cada quien de acuerdo a su capacidad intelectual puede entender”, dijo el ministro. “No puedo responder algo que alguien quiera escuchar”, agregó. Tras 20 minutos en ese ir y venir, Parker concluyó: “si fue el Estado Mayor Presidencial quien dio las órdenes para el procedimiento realizado el 9 de febrero, esas esas acciones fueron realizadas por órdenes directas del presidente Nayib Bukele”.
En horas de la tarde, Merino Monroy volvió a atacar a Parker. “Se menciona acá que la peor vergüenza que se ha pasado es el 9 de febrero. Pero una vergüenza que sí es reciente es lo que estuvo pasando en España por un acontecimiento de 1989”, en alusión a la masacre perpetrada por el Ejército contra los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas señala al diputado Parker como encubridor de la investigación en ese caso. “Vea ministro —replicó Parker— cuando quiera discutir asuntos personales conmigo, cuando quiera. Pero aquí vamos a seguir con la interpelación, le guste o no le guste'.
Ese intercambio muestra uno de los factores clave de la crisis política de El Salvador desde 2018. Las principales figuras de la oposición tienen problemas de legitimidad por sus antecedentes. Aunque las preguntas de Parker hayan sido de las más incisivas en la interpelación, la estrategia de Bukele ha sido señalar esas incongruencias que, por otro lado, saltan a la vista. Por ejemplo, el general Mauricio Vargas, miembro de La Tandona —una numerosa generación de oficiales del Ejército y cuestionada por violaciones a derechos humanos— dijo que “fue aterrador ver un presidente rodeado de militares ingresar al Salón Azul”. Vargas es cuestionado por la labor de sus tropas en Morazán y en su despacho tiene una foto de Domingo Monterrosa, señalado como el oficial responsable en el terreno de la masacre de El Mozote, donde casi mil civiles fueron asesinados en 1981.
En sus preguntas, Vargas no interrogó a Merino Monroy sobre los hechos del 9-F sino sobre conceptos militares como apoliticidad y subordinación. “¿Cuáles son los criterios de apoliticidad al andar entregando bolsas familiares…”, dijo Vargas, antes de ser interrumpido por Ponce por no ceñirse a las reglas del juego y desperdiciar una de sus preguntas.
En otro de sus turnos, el diputado Parker cuestionó al ministro Merino Monroy sobre quién comisionó al EMP con las unidades que lo reforzaron. Por su parte, la diputada Cristina Cornejo (FMLN) preguntó si era desproporcionada la fuerza utilizada para garantizar seguridad. Esa línea de preguntas llevó a Merino Monroy a admitir que hubo otras unidades presentes en el Salón Azul además del EMP (de lo que hay fotos) y a responsabilizar al “oficial de avanzada del EMP” de la planificación. “El jefe (del EMP) puede coordinar para reforzar dispositivos de seguridad. No hubo fuerzas especiales pero sí hubo otras unidades. Necesitaba más efectivos porque el dispositivo así se lo pedía”, dijo Merino.
Merino Monroy aseguró que el EMP “elabora órdenes tácticas cada vez que se va a hacer un despliegue” y que “por economía de fuerza requirió otras unidades que tienen características para dar seguridad”. Sobre la proporcionalidad del uso de esas fuerzas, contestó que el EMP la determinó. “El oficial de avanzada del EMP elaboró su planificación que le indicó cómo debería ser el dispositivo”, dijo y comparó que en 2013, durante una rendición de cuentas, el ministro Munguía Payés usó efectivos de la Fuerza Aérea, con aviones que sobrevolaron la Asamblea. Esa vez, sin embargo, ningún militar armado ingresó al Salón Azul.
El diputado Emilio Corea recordó que el presidente Bukele llegó a la Asamblea el 3 de junio 2019 y el 9 de enero 2020 sin “el dispositivo de seguridad” del 9-F. Merino Monroy justificó que las circunstancias eran distintas, una de ellas la cantidad de gente alrededor de la Asamblea.
Antes del receso para almorzar, que ocurrió cerca de la 1:30 de la tarde, faltaba otro de los grandes enfrentamientos de la jornada, esta vez en la Junta Directiva, entre el presidente Mario Ponce y el diputado Gallegos. “Yo hablé con usted por teléfono ese día. Sino, no se hubiera abierto”, dijo Gallegos. Ponce, que en casi todo el día limitó sus participaciones y a pedir orden, sí intervino esta vez. “Quiero aclarar que yo no tuve comunicación con el diputado Gallegos ese día. La Junta Directiva toma decisiones colegiadas y hay una comisión de seguridad. Yo veo cosas eminentemente administrativas. Quiero aclarar que yo no autoricé el uso de alguna llave”, dijo Ponce.
Gallegos y Ponce, sentados a la par, se enfrascaron en un intercambio caricaturesco —”no es cierto”, “sí es cierto”— y se acusaron mutuamente de estar mintiendo. Ponce zanjó: “guarde la compostura”. Gallegos: “no, porque no acepta. Usted es cobarde”, le dijo, fuera de micrófono.
Sobre la llave y la forma de abrir el Salón Azul, el diputado Raúl Beltrán Bonilla (PCN) recordó que el ministro Merino puso a disposición “un helicóptero para ir a traer al encargado de la llave por la prontitud, si era necesario”. Merino Monroy no lo desmintió, pero ningún diputado repreguntó al ministro sobre este ofrecimiento que plantea que su misión el 9-F era más que solo un rol de supervisión.
Uno de los ministros estelares de Bukele
En la primera ronda de preguntas, Yanci Urbina (FMLN) preguntó a Merino Monroy qué hacía en la Asamblea el 9-F si, como había dicho, no tenía competencia. “Una de mis facultades es la supervisión. La población me ha visto en Las Margaritas o en Sierra morena. Pasé a verificar si todo se estaba desarrollando de manera normal”, dijo Merino Monroy.
La población lo ha visto, en parte, por el despliegue comunicacional del gobierno alrededor de algunos de sus funcionarios. Merino Monroy fue el funcionario que estrenó la modalidad del presidente de dar órdenes por Twitter. El 1 de junio de 2019, Bukele le ordenó a Merino que quitara el nombre de Domingo Monterrosa de la Tercera Brigada de Infantería en San Miguel, una orden inédita que incluso los gobiernos del FMLN se resistieron a cumplir. La disposición de Merino Monroy y del gobierno Bukele a colaborar con la investigación de El Mozote todavía está por verse y el 28 de agosto, el juez de El Mozote lo ha convocado a una audiencia para determinar cómo serán las inspecciones judiciales de archivos militares.
Merino Monroy y el Ejército han tenido protagonismo en casi todas las crisis que el gobierno ha enfrentado en el último año y medio, incluida la crisis de contaminación de agua de enero 2019, la emergencia por la pandemia de Covid-19, el cerco militar a La Libertad por el que el fiscal general lo citó a declarar, las inundaciones provocadas por tormentas en mayo, una campaña de prevención por la plaga de langostas, y evidentemente, el domingo de febrero que lo llevó a ser interpelado. En las semanas previas a esta cita con los diputados, el aparato comunicacional mostró a Merino Monroy en videos y con hashtag rescatando ancianas de lugares con inundaciones e incluso, partiendo un coco con un machete, en unas fotos que han sido objeto de elogios y burla en redes sociales.
Antes de convertirse en ministro, cuando fungía como Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Naval, Merino Monroy fue denunciado por nepotismo en el Tribunal de Ética. Las denuncias, de las que El Faro tiene copia, fueron presentadas el 11 de septiembre de 2018. En síntesis, afirman que Merino benefició a sus hijos para que integraran el grupo Élite Tridente de la Fuerza Naval. El TEG no se ha pronunciado al respecto desde ese entonces.
En enero de 2020, Merino Monroy defendió su ascenso a Contralmirante de la Fuerza Naval, después de que El Diario de Hoy publicara cuestionamientos sobre la legalidad de ese ascenso por la conformación del Tribunal de Ascenso y porque Merino ya había pasado a situación de retiro antes de ascender.
Arena: “Debe estar preocupado el jefe del Estado Mayor Presidencial”
Tras el receso del almuerzo, la plenaria reinició a las 2:30 de la tarde y solo hubo un receso más. Dina Argueta (FMLN) pidió al ministro el nombre y el rango del oficial a cargo del operativo del 9-F. Merino Monroy dijo que había explicado las divisiones básicas de tareas en el Ejército y que “no poner atención o no tener la capacidad de entender eso es la que hace que se den situaciones como esa”. La bancada del FMLN empezó a protestar, incluidas Urbina y Cornejo, sus dos diputadas de la junta directiva. Ponce dio un receso de 10 minutos y al regreso, las mujeres de todos los partidos de oposición se acercaron al estrado donde estaba Merino Monroy para entregarle copias de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra la Mujer (LEIV), por considerar que su respuesta había sido ofensiva.
A estas alturas, GANA, PCN, CD y el diputado no partidario ya habían renunciado a hacer preguntas. Los primeros tres partidos porque dijeron sentirse satisfechos con las respuestas. Los diputados Numan Salgado y Adelmo Rivas incluso se congratularon por las declaraciones del fiscal Raúl Melara, quien aseguró que el 9-F ocurrieron excesos pero no delitos. “No se preocupe, hasta la misma Fiscalía dijo que no hay nada que investigar”, dijo Rivas. En el caso de Bonilla, porque consideró que Merino no estaba respondiendo e incluso pidió que se votara para suspender la plenaria. El entusiasmo de los miembros del Ejecutivo también había disminuido y ya no estaban participando tan activamente como en la mañana.
Javier Valdez (FMLN) le preguntó a Merino Monroy si volvería a actuar de la misma manera en caso de que se repitieran las circunstancias. Merino dijo que no podía contestar a suposiciones. Ante la insistencia de Valdez, Ponce le recordó que no se puede obligar a nadie a incriminarse. Valdez asintió pero dijo que la Fuerza Armada debería decir que no y recordó la resolución de la Sala de lo Constitucional que ordena a Bukele abstenerse de usar al Ejército y poner en riesgo la democracia.
Entrada la noche, la interpelación siguió su curso solo en manos de Arena, FMLN y PDC. Schafick Hándal preguntó a Merino Monroy sobre la presencia de militares en una sede del FMLN en San Marcos. Merino Monroy respondió esquivo: dijo que “hay elementos de la Fuerza Armada que andan en todo el país” y pidió a Hándal que si tenían información de irregularidades, denunciara. René Portillo Cuadra (Arena) reveló que su casa “fue militarizada” desde el sábado 8 de febrero, y dijo que no lo había reconocido ni a su propia fracción, solo a tres embajadores. Cristina Cornejo, quien también denunció acoso militar en su residencia, dijo: “el 8 de febrero fue mi casa, mañana puede ser la suya”.
El ministro Merino Monroy ya tenía horas de estar repitiendo las mismas respuestas. El diputado Ricardo Velásquez Parker le señaló una contradicción. Mientras la versión de Merino fue de que el 9-F no hubo más que un procedimiento de seguridad, Bukele respondió al rapero René Pérez “Residente” que se había tratado de “una forma de presión” al Congreso, e incluso puso un clip de esa entrevista. En su intervención, Karina Sosa, le dijo a Merino: “admiro su posición de permanecer negando lo innegable. Su puesto y el mío son efímeros pero usted hizo historia”.
Pasadas las ocho de la noche, en su última ronda de preguntas, el diputado Julio Fabián insistió a Merino Monroy: “Deme el nombre de la persona que en ese momento estaba a cargo del Estado Mayor Presidencial”. Merino Monroy dijo que ya había respondido, aunque nunca pronunció el nombre. Fabian cambió la forma. “¿Usted conoce al coronel Manuel Antonio Acevedo López, y en qué lugar se encontraba destacado en ese momento?”. Merino Monroy solo respondió a la primera pregunta: “Sí lo conozco”, ante los aplausos de los funcionarios del Ejecutivo. Fabian le preguntó la brigada en la que estaba destacado. El ministro dijo: “No es mi obligación saberlo. Está en la Orden General los destinos de cada comandante”.
Ricardo Godoy retomó donde se quedó su compañero Fabian, quien le pasó una fotografía donde aparece Acevedo. Señalándolo en una fotografía impresa, Godoy le preguntó si era la persona que estaba detrás del presidente. Merino Monroy dijo: “sí, el jefe del EMP es el que asiste al presidente en todas sus actividades”.
Alberto Romero ya lo había dicho horas antes: “aquí le vinieron a descargar todo a él. ahí espero en la comisión al jefe del EMP”, en alusión a la comisión especial que la Asamblea ha conformado para investigar los hechos del 9 de febrero. Carlos Reyes advirtió: “debe de estar bastante preocupado el jefe del EMP”.
*con información de Roxana Lazo
