Mientras que Nayib Bukele despertó esperanza de una nueva era en El Salvador —donde habría cambios visibles en lucha contra la corrupción y mejora de la transparencia— la realidad dista de la ilusión que vende en sus discursos gubernamentales.
Una buena mayoría de la ciudadanía salvadoreña se rehúsa reconocer que el presidente ha incumplido varias de sus promesas de campaña. Si bien ha brindado paquetes alimenticios, el bono de $300 durante la emergencia por la pandemia, muchos siguen careciendo de agua, salud y vivienda digna, educación, oportunidades de empleo y otros están siendo desplazados de sus viviendas por las pandillas o sufren consecuencias de familiares o amigos desaparecidos. La seguridad sigue siendo deuda en este Gobierno. A pesar de no tener grandes avances para mejorar su calidad de vida, y de que algunos incluso sufren retrocesos, prevalece un silencio ensordecedor, una inacción de exigencia hacia el presidente para que cumpla sus promesas en favor de la transparencia y lucha contra corrupción de manera general y no solo selectiva, pues de ello depende mejora en sus vidas en años venideros. Ese silencio fortalece su mandato, porque pareciera que perdonan la corrupción actual porque se identifican con un personaje que les sacia la sed de venganza contra partidos políticos que en gobiernos anteriores han estado plagados de corrupción –nada diferente del partido oficial–. Saber canalizar ese hartazgo de la población es precisamente lo que favorece su popularidad.
Su popularidad le ha permitido salir impune, por ahora, pese al incumplimiento de las promesas que hizo durante su campaña en favor de la transparencia. Por el contrario, en los dos años que lleva de gobierno no ha habido más que señales alarmantes de una nueva embestida a la lucha contra la corrupción, arrasando con los pequeños avances que se habían logrado en los últimos diez años. Esta semana el turno le llegó a la Ley de Acceso a Información Pública (LAIP), que entró en vigencia en 2011, y que por casi una década ha significado una ventana de oportunidad para empezar a traer luz a toda la opacidad al interior de las instituciones públicas. La LAIP ha sido y es una herramienta de participación ciudadana y lucha contra la corrupción, permite conocer y vigilar el quehacer de cada funcionario, la toma de decisiones y cuál es el uso que dan a los fondos públicos.
Gracias a esa contraloría que permite la LAIP a la ciudadanía y al periodismo de investigación es que existe una resistencia, casi natural, de la gran mayoría de funcionarios públicos para rendir cuentas de su gestión. De todos es sabido que no es fácil que el Estado garantice el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, someterse a ser fiscalizado socialmente, por esta razón se debe exigir la protección y eficacia del mismo. Entre mayores sean las acciones para mantener en secreto la gestión de los funcionarios, más estruendosamente deberían sonar las alarmas para la población respecto a cómo la corrupción se arrecia en la administración pública.
Esas alarmas de una grave corrupción en el gobierno actual ya están sonando, pero pareciera ser que gran parte de la sociedad salvadoreña tiene sordera selectiva, nuevamente, como lo hicieron con gobiernos anteriores. Luego viene el desencanto, pero esta vez puede ser demasiado tarde. Entre las últimas acciones impulsadas por el presidente, está la iniciativa de reformar la Ley de Acceso a la Información, y busca que los diputados oficialistas y afines de la Asamblea Legislativa, ante la mirada de una Sala de lo Constitucional impuesta por el mismo gobernante, aprueben la confidencialidad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y exfuncionarios públicos. Hay que recordar que la apertura de las auditorías de estas declaraciones, en años anteriores, permitió que autoridades investigaran el enriquecimiento ilícito de expresidentes y otros funcionarios, quienes abusaron de su cargo público para su propio beneficio.
Las propuestas de reformas abren la oportunidad de incrementar los abusos de reserva de información, pues aquella información que es oficiosa, es decir cualquiera puede consultarla sin hacer una solicitud, ya no estará disponible con inmediatez. Se incluye, además, el alargamiento de los plazos de respuesta desde las instituciones públicas, de 10 a 20 días. Esto es una clara violación a los principios de prontitud y sencillez, y contrario a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativos. La cereza en el pastel es que propone brindar un mayor poder administrativo al presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, cambia requerimientos para nombramiento de comisionados del IAIP, entre otras.
Estas reformas, en lugar de reforzar y beneficiar a la legislación para garantizar este derecho y actualizarla a los estándares que brinda la nueva Ley Modelo Interamericana 2.0, atentan contra lo dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que recomienda a los Estados que el derecho de acceso a la información debe estar sometido a un régimen limitado de excepciones, es decir no deben abusar de las reservas de información, y que, ante una duda o vacío legal, debe primar la garantía y efectividad de este derecho, máxima publicidad. El sistema interamericano de derechos humanos ha sido enfático que para garantizar el ejercicio pleno y efectivo del acceso a información, las instituciones públicas (Estado) deben regirse por los principios de máxima divulgación, de buena fe y transparencia activa como regla general.
En El Salvador, buscan oficializar que la regla general sea la reserva y confidencialidad de la información, principalmente aquella que es sensible para los funcionarios, porque pone a la luz pública prácticas corruptas o antiéticas. Estas reformas promueven la corrupción, propician un ambiente de opacidad y por ende, los ciñe de impunidad distanciando al país del cumplimiento de compromisos internacionales sobre promover normas e instituciones cuyo efectivo funcionamiento disuada a los servidores públicos de prácticas de corrupción. Igualmente, son contrarias a cualquier principio democrático que fomenta la contraloría y fiscalización ciudadana a las instituciones públicas; pasarán a formar parte de una serie de acciones que dan cabida a la existencia de una política de opacidad que se enquista en el Estado salvadoreño y se suman al cierre de la CICIES por haber investigado a funcionarios de este gobierno; a los nombramientos irregulares que han afectado la robustez del funcionamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública –ente garante del DAIP–; ataques a la libertad de presa; ocultamiento de información de muertes por otras enfermedades ajenas al COVID-19; aprobación por diputados oficialistas la ley Alabí que brinda impunidad a funcionarios del actual gobierno por la corrupción en el marco de la atención a la pandemia; aprobación de Ley Bitcoin, que abre puertas a lavado de dinero y otros delitos; remoción de la jefa de la Unidad Anticorrupción que investigaba casos de corrupción contra funcionarios de este gobierno; negativa a aplicar principios de gobierno abierto; cierre de espacios cívicos; entre otras.
La estrategia de implementación de este política ha sido a cuenta gotas, dispersa pero muy puntual sobre qué áreas necesitan debilitar, se beneficia de la concentración de poder que tiene el presidente Bukele, del servilismo de funcionarios y profesionales piezas necesarias para consolidar la opacidad e impedir una real y efectiva lucha contra la corrupción, esa que necesitamos trascienda de discursos y propaganda engañosa realizada por el ciudadano presidente y la maquinaria gubernamental.
La corrupción ha sido un flagelo que por años nos ha robado a la ciudadanía salvadoreña una mejor calidad de vida, mejores escuelas, mejor educación, un servicio de salud digno, mejor acceso a tratamientos médicos para personas con enfermedades terminales, políticas de seguridad efectivas y eficaces, así como, una respuesta rápida frente a la escaladas de violencia como desapariciones de personas, desplazamientos forzados, muertes violentas y extorsiones. De no afrontar efectivamente este fenómeno, los afectados seguiremos siendo la ciudadanía, las generaciones actuales y las nuevas en este país.
El Salvador continúa, a pasos acelerados, retrocediendo en democracia, transparencia y lucha contra la corrupción
