El jueves 3 de febrero, Andreu Oliva, rector de la Universidad Centroamericana 'José Simeón Cañas', Andreu Oliva, compareció a una de las comisiones que la Asamblea Legislativa ha creado para supuestamente investigar la entrega de fondos públicos a organizaciones no gubernamentales. Durante más de dos horas, los diputados de Nuevas Ideas y Gana cuestionaron a Oliva por supuestas donaciones que la universidad había recibido en años anteriores, pero el rector, documentos en mano, respondió cada vez que aquellas no eran donaciones sino proyectos ejecutados con el Ministerio de Educación. 'No confundamos de nuevo a la población, usted está haciendo una falta grave porque el Gobierno no donó nada a la UCA', señaló Oliva al al diputado Caleb Navarro. Pero las acusaciones siguieron y Oliva tuvo que recurrir a un lenguaje simplificado para darse a entender. 'Explique eso en salvadoreño', le pidió en una ocasión el diputado de Gana, Romeo Auerbach. Hacia el final de la sesión, con evidente hastío, Oliva aceptó su molestia: 'Me parece que ustedes están prejuiciados. Ustedes tienen la obligación de decir la verdad, igual que yo', les dijo a los legisladores.
La escena refleja la relación tirante que la UCA ha tenido con el Gobierno desde la llegada de Bukele al poder. La UCA ha reclamado la falta de rendición de cuentas y transparencia sobre todo con el manejo de fondos para la pandemia, y por el otro, el Gobierno y el presidente Nayib Bukele ha acusado a la universidad de haber perdido el legado de Ignacio Ellacuría, quien era el rector cuando un escuadrón militar lo asesinó junto a otros sacerdotes en noviembre de 1989. La masacre, de hecho, ha sido utilizada por el Gobierno como nueva arma arrojadiza contra la casa de estudios. El día que se cumplieron 32 años del crimen, el 16 de noviembre del año pasado, el fiscal general impuesto por el bukelismo, Rodolfo Delgado, pidió al Órgano Judicial la reapertura del expediente. El presidente Bukele, cuya bancada en la Asamblea impuso a Delgado como fiscal general hace ocho meses, aprovechó la coyuntura para lanzar dardos contra la universidad. 'La UCA pidió esto durante 3 décadas... 3 décadas. Con vigilias, pronunciamientos, en conferencias, en la prensa, en libros, comunicados, entrevistas, demandas y un largo etcétera. Imagino que estarán muy felices de que, al fin, su petición de justicia se hará realidad', dijo Bukele, en un tuit.
El tuit no era más que una provocación. Parece tenerlo claro el rector Oliva. 'La decisión de reabrir la investigación de la masacre viene de más arriba, promovida a través de la Fiscalía General, probablemente en aras a darle cierta legitimidad, tanto al fiscal general como a la Sala de lo Constitucional impuestos por el partido oficialista, de manera inconstitucional', dice Oliva, en esta entrevista. La reapertura del caso jesuitas es una paradoja. Por un lado, dice el rector, es positivo que la Sala de lo Constitucional revirtiera un fallo ilegal de la Sala de lo Penal que archivó el caso. Pero por el otro, es negativo el contexto. 'Este es el principal problema de este asunto. Estamos ante una Sala de lo Constitucional que, a pesar de haber sido nombrada ilegalmente, lo que actúa en el caso de la masacre en la UCA es legal”, agrega el sacerdote, que este mes de enero cumplió 11 años al frente de la UCA.
La masacre nunca se investigó a fondo en El Salvador. Ha habido amagos de justicia, pero ha sido hasta ahora que algunas piezas parecen haberse alineado para que el caso se reabra en los tribunales nacionales. No son cualquier tipo de piezas. La poderosa Fiscalía, encargada de promover los casos ante los jueces, y la Corte Suprema, que el año pasado nombró nuevos jueces en todo el país con otro procedimiento irregular. “Es por ello que debemos estar vigilantes en todo este proceso', agrega Andreu.
Oliva advierte que otro riesgo podría ser que el caso se termine instrumentalizando político-partidariamente. “Ese temor existe, por las incoherencias que vemos ante estos casos, tú mismo te has referido al caso de la masacre de El Mozote, que no ha contado con la colaboración del Ejecutivo como debería haber sido. No vemos en el Ejecutivo ni en el Legislativo un interés genuino por la verdad y la justicia, tampoco por la reparación y las garantías de no repetición”, dice Oliva.
Si el caso finalmente se reabre, será gracias a una antigua petición del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) que, en abril de 2018, provocó que el juez Tercero de Paz de San Salvador ordenara revivir la acusación penal contra siete presunto autores intelectuales. En aquella ocasión, el fiscal general de turno (Douglas Meléndez) dijo que estaba a favor de la reapertura del caso, pero el proceso se suspendió por continuas apelaciones de tres de los imputados, hasta que la Sala de lo Penal decidió archivar el expediente de manera definitiva. El fiscal Delgado pidió que se revirtiera esta decisión en noviembre y así fue como, a principios de enero, la Sala de lo Constitucional impuesta ordenó la reapertura. Eso nos lleva al punto actual. La audiencia inicial del caso podría ocurrir a mediados de febrero. Sería todo un hito.
Historia distinta ocurrió en España, donde la Audiencia Nacional de Madrid ya investigó y procesó el caso durante 12 años hasta terminar, en 2020, en la condena del único militar de alto rango procesado ante un juez: el viceministro de Seguridad Pública (1989-1992), coronel Inocente Orlando Montano. La UCA solo concedió esta entrevista con la condición de que las preguntas se hicieran por escrito.
¿Cómo valoran la decisión de la reciente resolución de la Sala de lo Constitucional con la cual, en la práctica, se ordena la reapertura del caso de la masacre de la UCA?
En primer lugar, hay que distinguir entre lo jurídico y lo político. Con esta decisión se abre la posibilidad de hacer realidad lo que la UCA siempre ha buscado y sostuvimos recientemente en un pronunciamiento : “que el caso sea conocido y resuelto en instancias salvadoreñas...”. Desde la perspectiva jurídica, la decisión de la Sala es conforme a derecho. Reconoce el derecho a la verdad y a la justicia que tienen las personas involucradas en el caso y la sociedad salvadoreña en general. Es una resolución que ratifica lo que la UCA ha denunciado desde hace décadas: en la masacre, como en la gran mayoría de masacres que se cometieron, y de otros crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, hasta la fecha ha existido una constante violación al debido proceso pues, sistemáticamente, se ha bloqueado el acceso a la justicia, y se ha denegado el conocimiento de la verdad a través de la aplicación de distintos artilugios por parte de los funcionarios judiciales que en su momento han tenido participación en el caso. Desde una perspectiva política, es claro que esta es una decisión que viene de más arriba, promovida a través de la Fiscalía, probablemente en aras a darle cierta legitimidad, tanto al fiscal como a la Sala de lo Constitucional impuestos por el partido oficialista con mayoría en la Asamblea, de manera inconstitucional. Desde esta perspectiva se ve que detrás de ello hay un interés político que está por encima del interés jurídico y del respeto a los derechos humanos.
¿Qué influencia puede tener el juicio de Madrid en el presente caso?
El trabajo en la Audiencia Nacional fue un trabajo arduo y profundo, que permitió contar con las pruebas suficientes para condenar no solo a Inocente Montano, sino para mostrar que había sido un acto de terrorismo de Estado, planificado al más alto nivel de la jerarquía militar salvadoreña. Lo lógico será que las autoridades pidan el expediente a la Audiencia y lo tomen en cuenta. (El 6 de abril de 2021 el expediente y las pruebas fueron entregadas por los querellantes a la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía). También puede ocurrir lo contrario, que el expediente de Madrid no se tome en cuenta y se aparten de lo trabajado en España, por una visión nacionalista de la justicia, que rechaza la justicia universal. La responsabilidad de Montano ha sido confirmada por el Tribunal Supremo en España y ello es una garantía que hubo un juicio con base a derecho y con las pruebas necesarias para condenar a Montano, y a otros militares que, según la Audiencia, también participaron en la decisión de asesinar al padre Ellacuría.
¿Qué opinión tienen de que la Sala de lo Constitucional en funciones surgió producto de un descabezamiento ilegal de la Sala anterior, ocurrido el 1 de mayo de 2020?
Como UCA ya nos hemos expresado sobre ello. Esta Sala de lo Constitucional es impuesta, pues fue elegida sin seguir los procesos establecidos en la Constitución, y es uno de los actos espurios que realizó la Asamblea el mismo día en que tomó posesión. Es una Sala que no es independiente, sino que está bajo el control de la misma Presidencia de la República, lo que pone en riesgo la justicia constitucional en el país.
¿Puede conciliarse la búsqueda de la justicia en el caso jesuitas en El Salvador y el respeto a la legalidad, tomando en cuenta que en la práctica no hay una verdadera separación de poderes?
Este es el principal problema de este asunto. Estamos ante una Sala de lo Constitucional que a pesar de haber sido nombrada ilegalmente, lo que actúa en el caso de la masacre en la UCA es legal. Los especialistas en derecho dicen que todo acto jurídico goza de la presunción de legalidad mientras la autoridad competente no declare su ilegalidad, presunción que en este caso se refuerza éticamente porque la resolución pronunciada tiende a posibilitar el alcance del valor constitucional de la justicia. Es una resolución que en principio aparenta tener una finalidad justa y recta, aunque haya emanado de una autoridad cuyo nombramiento ha sido inconstitucional. Es por ello que debemos estar vigilantes en todo este proceso. Si la resolución del Amparo presentado por el fiscal Rodolfo Delgado, no se hubiera basado en el derecho, y hubiera sido una resolución ilegal, fraudulenta o injusta, no se podría aceptar.
El presidente se ha pronunciado en público apropiándose muchas decisiones de la justicia, en algunos casos como el caso del exalcalde Muyhshondt o exfuncionarios del FMLN. ¿Consideran que el presidente Bukele ha sido coherente en materia de memoria histórica y derecho a la verdad?
El presidente ha asumido un papel que no le corresponde, ser juez y pronunciarse sobre las resoluciones de varios casos. Los pronunciamientos del presidente apropiándose de las decisiones judiciales no le hacen ningún favor al Estado de Derecho y más bien dan la imagen que quién decide las sentencias es el presidente y no los jueces. Igual ha ocurrido con la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre este caso de la masacre en la UCA. En un Estado de Derecho hay que respetar la independencia de poderes, y el órgano judicial debe ser independiente del órgano ejecutivo, es más, está llamado a ser su contrapeso en ciertos casos.
¿Cómo puede interpretarse la postura del presidente de ordenar el bloqueo de un juez a los expedientes militares acerca del Mozote y que ahora básicamente el presidente busque que se haga justicia en el caso de la masacre de la UCA?
En el comportamiento del Presidente se observan este tipo de incoherencias. También rechazó la Ley de Justicia Transicional por inconstitucional, en lugar de hacer las observaciones necesarias para que fuera una mejor ley y se pudiera avanzar en los procesos de justicia a los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado. Tampoco ha dado su apoyo a una ley que proteja a los defensores de derechos humanos, ni a una ley que ofrezca una reparación a las víctimas por los daños sufridos. También nos preocupa el creciente apoyo a la Fuerza Armada, su alto nivel de involucramiento en la vida del país, el mayor número de efectivos, la asignación de más presupuesto cada año, el discurso armamentista, condecoraciones a militares señalados por violar los derechos humanos… todo ello no parece conciliarse con un genuino interés por la justicia en la masacre en la UCA, ni en otras masacres que se atribuyen a los militares. Las palabras deben confirmarse con hechos. Además de dedicar un día a las víctimas del conflicto armado, es necesario que el Estado se comprometa con hacer justicia en todos los casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en la guerra, y se pongan los medios adecuados para ello. El caso de la UCA no es el más importante ni el más grave. Las masacres de El Mozote, del río Sumpul, del río Lempa, fueron hechos tremendos, más graves y dolorosos, por el gran número de víctimas que hubo en esos lugares.
¿Temen una manipulación político-partidista del caso de la masacre de la UCA?
Ese temor existe, por las incoherencias que vemos ante estos casos, tú mismo te has referido al caso de la masacre de El Mozote, que no ha contado con la colaboración del ejecutivo como debería haber sido. No vemos en el ejecutivo ni en el legislativo un interés genuino por la verdad y la justicia, tampoco por la reparación y las garantías de no repetición. No tenemos certeza de que en el caso de la masacre de la UCA se busque una verdadera justicia, más bien pensamos que lo que se quiere es fortalecer la imagen del fiscal general, de la Sala de lo Constitucional y buscar su legitimación. Igualmente es muy posible que el presidente Bukele pretenda que este juicio lo muestre ante el mundo como un defensor de los derechos humanos y un gobernante que trabaja contra la impunidad.
¿Cuál es la postura que tiene la UCA sobre la potencial participación del expresidente Cristiani en este caso?
La participación del expresidente Cristiani, como la del resto de los imputados, debe aclararse en el proceso judicial en El Salvador. En el juicio en España, Cristiani fue desestimado como imputado, y por tanto no arrojó luces al respecto, quizás en El Salvador se pueda conocer a mayor profundidad que pasó y cuál fue su papel en este crimen. A la UCA le interesa que se conozca la verdad en un juicio desarrollado con todas las garantías del debido proceso, sin importar quiénes resulten ser los responsables.
Durante una sesión de una comisión especial instalada por la Asamblea Legislativa, Salvador Samayoa, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz, señaló que él viajó a Madrid, junto con otras personas, en 2009, para intentar frenar que se acusara penalmente al expresidente Cristiani en la Audiencia Nacional. Samayoa dijo que consideraba muy peligroso para el país que se acusara penalmente a Cristiani porque eso podía provocar que eventualmente se abriera un caso contra alguno de los funcionarios del FMLN. ¿Qué opinión le merece ese cabildeo y ese intento de evitar que se procesara penalmente al expresidente Cristiani? [Nota de la Redacción: El Faro pidió una entrvista con Samayoa pero este declinó comentar sobre el tema.]
No conozco este tema a fondo. Dicho esto, me parece que si se dio ese cabildeo a nivel político con el fin que señala, debería calificarse como un intento de influir en la justicia, y por tanto una acción para no permitir ni el acceso completo a la verdad ni el derecho a la justicia, que debe tratar a todas las personas por igual y sin influencias políticas de ninguna clase. La justicia, para ser verdaderamente justicia, debe tener total independencia del poder político, y no hacer diferencias entre las personas.
¿Se corre el riesgo de que la eventual reapertura del caso en el sistema judicial salvadoreño pueda ser señalada como una reapertura que violó el debido proceso o las formalidades legales?
Yo creo que no existe este riesgo, pues el fallo de la Sala de lo Constitucional corrige los defectos existentes en el fallo de la anterior Sala de lo Penal. La ilegalidad estuvo en esa resolución de fecha 8 de septiembre de 2020, y hay una denuncia por prevaricato contra los magistrados Argueta y Bolaños que firmaron esa sentencia. Denuncia que no ha avanzado en la FGR a pesar de llevar más de un año allí.
La democracia salvadoreña va cediendo ante un régimen cada vez más autoritario. ¿Hay riesgo de que el juicio del caso jesuitas caiga en vicios procesales como ocurrió en el juicio de 1991 contra algunos de los autores de la masacre?
Esto es posible siempre, y más cuando la judicatura no es independiente y tiene presiones de otros poderes del Estado. Por eso nosotros vamos a estar muy vigilantes de que no haya manipulación de este proceso y todo se haga conforme a derecho.
¿Cómo puede interpretarse que una verdadera investigación objetiva y transparente de la masacre solo haya podido efectuarse en la Audiencia Nacional de España? ¿Y que, cada vez que El Salvador ha amagado con hacer justicia en el caso, solo ha sido posible bajo regímenes autocráticos o casi autocráticos como el actual?
Hay que tener en cuenta que los imputados son la máxima autoridad militar y civil de ese momento histórico. Que los militares tenían y siguen teniendo mucho poder, y se protegen unos a otros corporativamente. Que se trata de La Tandona, un grupo grande dentro del ejército y que tuvo mucho poder y tiene mucha influencia todavía en la Fuerza Armada. Que se trata de los militares que condujeron la guerra y que no solo tienen ese crimen a sus espaldas, sino muchos, por tanto para ellos sería abrir la caja de pandora. Pero también hay que tener en cuenta que existía una fuerte vinculación entre la oligarquía y el ejército, y que se protegían mutuamente. Por ello ambos sectores no han tenido ningún interés en la justicia y se han protegido utilizando todo el poder del Estado.
A la UCA se le ha criticado tener una supuesta postura para favorecer a algunos de los implicados en el caso de la masacre de la UCA, como el caso del coronel Benavides. El gobierno o algunos de sus voceros ocupan ese caso para señalarles de supuestamente no estar a favor de la verdad del caso. ¿Qué responden ante esos comentarios?
Es una acusación sin fundamento alguno y que muestra que no conocen el caso, ni entienden lo que se está pidiendo para Benavides, ni por qué. Por otro lado, no comprenden que desde una perspectiva cristiana el ciclo de verdad, justicia y reparación debe terminar con la reconciliación y el perdón. El coronel Benavides es el único miembro con este grado militar que fue condenado a 30 años por dar las órdenes a un grupo del Batallón Atlacatl para ir a la UCA a cometer la masacre. La Fuerza Armada lo ha utilizado como chivo expiatorio, vendiendo la idea de que Benavides es el único responsable de esa masacre, pues afirman que fue una idea de él, y él se encargó de ejecutarla también. Por ello debe seguir privado de libertad hasta cumplir la pena de 30 años que recibió en el año 1991. De no ser por la ley de amnistía, el año pasado hubiera cumplido su pena y hubiera recuperado la libertad. Hoy es un hombre muy mayor de edad, adolece de enfermedades crónicas, ha tenido un buen comportamiento. Por humanidad y porque en su caso ya se conoció la verdad, y se hizo justicia, al ser condenado por este crimen, nos parece que es justo que como víctimas pidamos un ocurso de gracia para él, y pueda recuperar su libertad, por medio de la conmutación de la pena. La UCA no solicitó un indulto a la Asamblea como de manera errónea se ha querido hacer ver.
En un escenario ideal, ¿cómo sería la mejor manera de que termine este proceso judicial?
Con un juicio transparente, siguiendo el debido proceso, presentando las pruebas y dando lugar a todas las partes a participar conforme a la ley, sin intrusión ni manipulación de parte de los otros poderes del Estado. Sería ideal que los imputados estuvieran dispuestos a colaborar y compartir una versión real de los hechos. Que se aplicaran las penas que correspondieren a quién se comprobara su participación en ese crimen atroz. Que los responsables lo reconocieran y pidieran perdón al pueblo salvadoreño por el daño que le hicieron. Que el ejército, como institución armada al servicio del país, también pidiera perdón por esta actuación del pasado. Que si las víctimas lo consideran oportuno puedan también perdonarlos. Lo ideal es que logremos avanzar en todos los aspectos que requiere un proceso de este tipo. Esclarecimiento de la verdad, aplicación de la justicia, reparación por el daño realizado, garantías de no repetición y avanzar en la reconciliación nacional.
