Se ha abierto la enésima ventana para que la masacre de seis padres jesuitas, una empleada de la Universidad Centroamericana y su hija, pueda ser investigada plenamente en El Salvador. El intento, esta vez, viene de la mano del Rodolfo Delgado, fiscal general impuesto por los diputados del presidente Nayib Bukele, quien pidió este martes a la Sala de lo Constitucional que revise un fallo de otra Sala que dio por cerrado el tema en octubre del año pasado.
El fiscal Delgado está pidiendo, a través de un amparo, que se examine la decisión de la Sala de lo Penal que declaró la nulidad absoluta del proceso judicial que aún el año pasado mantenía viva la posibilidad de procesar a los autores intelectuales de la masacre ocurrida en San Salvador en noviembre de 1989. La Sala de lo Penal dictaminó que era imposible reabrir el caso de los jesuitas porque, según los magistrados firmantes, el plazo de ley para investigar el crimen ya se había vencido y porque, además, no pueden aplicarse al pasado reglas jurídicas creadas con posterioridad.
El fiscal Delgado quiere atacar esas posturas, y lo anunció este martes mientras presentaba el escrito en la ventanilla de recepción de la Corte Suprema. “Es una decisión personal como fiscal porque considero que el pueblo salvadoreño tiene que conocer la verdad. Debemos promover la búsqueda de la verdad entorno a los hechos mediante los cuales un grupo de soldados que alguna vez juraron defender la patria frente a todo enemigo interno y externo, mancharon el honor de la Fuerza Armada”, dijo.
Delgado explicó que sustenta su amparo en el derecho internacional. “Existen fallos de la Corte Interamericana de Derechos humanos en los que señala que las figuras como la prescripción, la irretroactividad de las leyes, las amnistías amplias están básicamente proscritas en materia de defensa de derechos humanos”, dijo. Es la misma postura con la que los antecesores de Delgado en la Fiscalía habían intentado que se reabriera el caso jesuitas en El Salvador, y no deja de sorprender en un fiscal como Delgado, cuya trayectoria como fiscal auxiliar da cuenta de varios capítulos de violaciones a derechos humanos de personas investigadas.
Si la Sala resuelve favorablemente la petición de Delgado, el sistema judicial salvadoreño podría convertirse en espejo del proceso que se llevó a cabo en Madrid entre junio y septiembre de 2020 y que terminó en la condena de uno de los miembros del Alto Mando del Ejército salvadoreño. El exviceministro de Seguridad Pública Inocente Orlando Montano resultó condenado a 133 años de prisión en España. La potencial apertura del caso en El Salvador también habilita la posibilidad de que más militares salvadoreños sean procesados en el país, pero también el expresidente Alfredo Cristiani, cuyo rol la noche de los asesinatos no está del todo claro.
Las dudas
El fiscal Delgado aprovechó el aniversario número 32 de la masacre para colocar el amparo ante la Sala de lo Constitucional. Tanto el fiscal como los magistrados constitucionalistas fueron impuestos por los diputados aliados del presidente Bukele en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo pasado . Ese día, los diputados destituyeron ilegalmente al Fiscal General Raúl Melara y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal del país, acusándolos de haber aplicado justicia selectiva.
Esto implica que la reapertura del caso jesuitas que busca Delgado tiene amplias posibilidades de reabrirse debido a la sintonía entre la Sala y la Fiscalía. Sería una ruptura histórica respecto de la habitual impunidad con la que el caso jesuitas se ha enfrentado a lo largo del tiempo. Pero también sería una paradoja. Sobre todo si se toma en cuenta que el sistema judicial no tiene independencia respecto de Casa Presidencial, desde donde se urdió el plan para separar de manera forzosa al 30 % de los jueces del país. La Asamblea Legislativa dominada por los diputados de Bukele también juramentó a dos terceras partes de los actuales magistrados de la Corte Suprema sin seguir el debido proceso.
El fiscal Delgado parece estar dispuesto a romper la estrategia de impunidad que ha dominado el caso jesuitas desde que ocurrió la masacre en la madrugada del 16 de noviembre de 1989. “La Audiencia Nacional nos da una idea de cuál es la ruta a seguir y quienes son las personas que tienen que comparecer ante los tribunales, ya sea que se trate de expresidentes, se trate de exministros, de excomandantes de guarniciones militares… vamos tras las personas que dieron la orden, que encubrieron los hechos y las que pusieron en ridículo al sistema de justicia salvadoreño durante 32 años”, dijo.
La impunidad alrededor del caso ha sido amplia. Entre 1991 y 1992 el caso se procesó en un juzgado salvadoreño. Siete militares de bajo rango resultaron absueltos y los únicos condenados fueron dos oficiales de la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. El coronel Guillermo Benavides y el teniente René Yusshy Mendoza fueron condenados a 30 años de prisión pero ambos salieron libres con la aprobación, en 1993, de la Ley de Amnistía. Años más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó que aquel juicio en El Salvador fue totalmente anómalo debido a abundantes irregularidades que fueron denunciadas y documentadas incluso por los fiscales del caso, Sidney Blanco y Henry Campos. El juicio en Madrid también reveló que el Alto Mando, conformado por miembros de la selecta generación de militares conocida como “La Tandona”, maniobraron las pruebas y el caso para que ningún oficial de las capas superiores saliera salpicado. En su versión, Benavides el director de la Escuela Militar había actuado por su propia voluntad.
Nuevas Ideas, el partido de Bukele, parece estar interesado en que el caso se investigue, pero también usa la coyuntura para golpear a quienes considera sus adversarios políticos. Horas antes de la presentación del ampar0, diputados de Nuevas Ideas atacaron a las autoridades jesuitas de la UCA, como parte de su estrategia de desgaste a tanques de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil que fiscalizan la gestión pública.
La UCA ha sido una de las voces más incómodas para el Gobierno debido a su constante análisis y fiscalización de la gestión Bukele. Walter Coto, diputado de Nuevas Ideas , criticó a la UCA el lunes 15 por su postura que busca otorgarle beneficios jurídicos a uno de los implicados del caso, el coronel Guillermo Benavides. Durante años, la UCA y su Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) han pedido beneficios carcelarios para Benavides porque consideran, entre otras cosas, que hay personas de mayor rango que ordenaron el crimen y que él solo obedeció órdenes superiores. “Se sabe cuál fue su participación en el crimen, a quién dio órdenes para ello y qué instrucciones impartió. Se ha hecho justicia porque el militar fue llevado a un tribunal”, escribió la UCA en un editorial de 2017 . Benavides fue sentado en el banquillo de los acusados en 1991 en un juzgado en El Salvador junto con otros ocho militares. Aunque el juicio fue completamente anómalo procedimentalmente , terminó en la condena de dos de los nueve militares, entre ellos Benavides. 'Se le impuso la pena máxima que las leyes establecían en aquel momento”, agregaba la UCA en su editorial. El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, también atacó a la UCA a través de Twitter: 'Nuestro respeto hacia su legado (jesuitas). Y nuestra decepción, también por cómo la UCA del presente se ha transformado, con el tiempo, en cómplice de los asesinos', escribió Castro. Un día despues, el día 17, la Asamblea aprobó archivar una petición de indulto para Benavides que habían pedido sus abogados.
El jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, también ha usado el caso para atacar a opositores. Hace unas semanas insinuó, por ejemplo, que Cristiani, expresidente de Arena, sería citado a la Asamblea para responder preguntas sobre crímenes de lesa humanidad, como la masacre de la UCA. Nuevas Ideas también ha usado el caso jesuitas para atacar a Rodolfo Parker, exsecretario general del partido PDC, otro opositor político. Parker fue abogado asesor de la Comisión de Honor del Ejército que comenzó a investigar el crimen de la UCA. Un testigo que compareció en Madrid durante el juicio señaló que Parker había alterado las declaraciones escritas de muchos de los soldados que fueron entrevistados en las pesquisas. Parker negó esos señalamientos en una entrevista que le hizo El Faro.
Caben más preguntas sobre la autenticidad del interés del fiscal Delgado en esclarecer el crimen. Por ejemplo, desde abril pasado, la Fiscalía tiene en su haber todo el expediente del caso jesuitas que se ventiló en la Audiencia Nacional de España . Dos organizaciones de derechos humanos entregaron a la Fiscalía salvadoreña y a la Sala de lo Constitucional los 18 tomos del expediente en la Audiencia, las grabaciones de las ocho sesiones del juicio de Madrid y las dos piezas con la opinión de expertas que dieron su testimonio ante la Audiencia: Terry Karl y Katherine Doyle. La Fiscalía podría haber retomado esas pruebas para plantear una demanda en algún juzgado salvadoreño pero, por ahora, lo que ha hecho es intentar reabrir un caso ya existente.
Además, en diciembre de 2020, el Idhuca demandó ante la Fiscalía a los dos magistrados de la Sala de lo Penal que cerraron el caso y los acusó de haber cometido prevaricato, un delito que castiga con cárcel a los jueces que emitan sentencias contrarias a la ley. Hasta la fecha, no obstante, el fiscal Delgado no ha tomado ninguna medida contra los dos magistrados que firmaron el archivo del expediente, Roberto Argueta Manzano y Juan Manuel Bolaños Sandoval.
Tanto el fiscal Delgado como la Sala de lo Constitucional actual han mostrado lealtad a Bukele, y este ha mostrado no siempre estar dispuesto a que se investiguen los crímenes de guerra, como por ejemplo, la masacre de El Mozote. Pese a los iniciales gestos que tuvo al comenzar su Gobierno, como cuando ordenó la remoción del nombre de un perpetrador de crímenes de lesa humanidad de una guarnición militar, Bukele terminó bloqueando al juez de El Mozote cuando intentó inspeccionar los archivos de la Fuerza Armada. La justificación del presidente no tenía sustento legal, según expertos .
El Idhuca observa el gesto del fiscal Delgado con cautela. Consultado vía telefónica, José María Tojeira, director del Idhuca y excompañero de los jesuitas asesinados, manifestó que había que observar los siguientes pasos que den la Fiscalía y la Sala de lo Constitucional para emitir una opinión sustentada. “Es demasiado pronto para opinar”, dijo Tojeira, quien el año pasado fue uno de los testigos del juicio en Madrid.
Michael Reed Hurtado, director de operaciones del Centro Guernica para la Justicia Internacional, recordó que la acción del Fiscal es sencillamente parte de su deber como representante de los intereses del Estado. “La Sala de lo Constitucional, cuando anuló la Amnistía, dejó vía libre para la investigación de este y otros casos en donde recordemos que para no investigarse ha contado con la complicidad no solo del Órgano Judicial sino también de todos los poderes del Estado”, dijo, a través de una llamada telefónica. El Centro Guernica fue una de las asociaciones demandantes contra Montano en Madrid. “Este caso ejemplifica cuando un Estado no quiere investigarse a sí mismo y no quiere encontrar la verdad. Después de la condena en Madrid, el Estado debe hacer lo razonable para que los otros involucrados en el crimen sean encontrados responsables”, agregó.
El expediente
El expediente que podría reabrirse surgió a raíz de una demanda colocada en la Fiscalía por el Idhuca hace 21 años, en marzo de 2000. El entonces director del instituto, Benjamín Cuéllar, pidió a la Fiscalía que procesara a los miembros del Alto Mando militar cuando ocurrió la masacre: Cristiani, en su rol de comandante general de las Fuerzas Armadas; René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor Conjunto; Rafael Humberto Larios, ministro de Defensa; Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa; Inocente Orlando Montano, viceministro de Seguridad Pública; y Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de antería; y Juan Rafael Bustillo, comandante general de la Fuerza Aérea.
El caso nunca prosperó porque, entre otras cosas, cuando la Fiscalía retomó el caso para plantearlo en el Juzgado Tercero de Paz de San Salvador pidió el sobreseimiento definitivo de los implicados. La Fiscalía decía que no se debía investigar el caso debido a la Ley de Amnistía, aprobada en 1993 por una mayoría de derecha en la Asamblea (Arena y PCN). La jueza Tercero de Paz, Ana Rodríguez, declaró el sobreseimiento del caso pero por otra razón: dijo que el plazo de ley para investigar el crimen ya había vencido, es decir, que el caso ya había prescrito.
El Idhuca apeló la resolución pero el sobreseimiento fue confirmado por instancias superiores. Fue así como el caso se llevó ante la Audiencia Nacional de Madrid, en 2008. Esta vez los demandados no solo eran los miembros del Alto Mando sino también otros 13 militares que habían participado operativamente en los asesinatos dentro del campus de la UCA, en la madrugada del 16 de noviembre.
En 2016, la Sala de lo Constitucional anuló la amnistía de 1993 y ordenó al Estado a investigar los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos contenidas en el informe de la Comisión de la Verdad, entre ellos, la masacre de la UCA. En noviembre de 2017, el Idhuca pidió al juzgado Tercero de Paz que reabriera el caso. El juez José Alberto Campos pidió opinión a la Fiscalía y luego en abril de 2018 ordenó la reapertura del caso . A partir de entonces, los abogados defensores de los militares involucrados interpusieron una serie de impugnaciones y contrademandas y lograron que el caso llegara a la Sala de lo Penal, la cual en septiembre de 2020 resolvió que la reapertura debía declararse nula.
