La Asamblea Legislativa tenía previsto aprobar, este martes 1 de febrero, 17 reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, pero la resistencia de al menos cinco diputados de la bancada oficialista de Nuevas Ideas frenó la iniciativa, según afirmaron a El Faro dos diputados de Nuevas Ideas que fueron consultados de forma independiente este mismo día y que solo se atrevieron a hablar con la condición de anonimato. Un hecho como este no tiene precedentes dentro de la administración legislativa controlada por el bukelismo.
La iniciativa que fracasó buscaba bloquear la entrega información clave sobre el quehacer del Gobierno y, de ser aprobada, volvería más engorroso el trámite para solicitar información al Estado, más probable declarar la información como reservada y habilitaría sanciones a ciudadanos cuando, a juicio del Gobierno, estos compartieran información sensible, algo que antes solo está previsto para servidores públicos. El freno, según explicaron los dos diputados, fue provocado por diferencias entre dos altos funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele: Ernesto Castro, presidente de la Asamblea y exsecretario privado de la Presidencia, y Conan Castro, secretario jurídico de Presidencia. Ambos leales a Bukele desde que era alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012. La bancada oficial, como ocurre desde el 1 de mayo de 2021, no necesitaba de la aprobación de ningún diputado opositor. Bastaban sus votos para realizar las reformas, pero no ocurrió.
Todo apunta a que hubo diputados oficialistas, incluido el presidente de la Asamblea, que se retractaron de votar tras ponderar el costo político que esto tendría, tras aprobar este día también unas reformas que incluyen la figura agentes digitales encubiertos.
Según los dos diputados con quienes El Faro habló por separado, en la bancada cyan había legisladores conscientes de la gravedad de lo que se aprobaría y que prefirieron no asumir los costos políticos. “Hay una diferencia entre la Asamblea y la Secretaría Jurídica [de Casa Presidencial], sobre todo porque con este tipo de reformas quien paga el desgaste es la Asamblea”, explicó la fuente, quien agregó que el Secretario Jurídico de la Presidencia era uno de los que más pujaba para que los cambios sucedieran. Según este legislador, fueron al menos cinco diputados los que se opusieron a desmantelar la LAIP, entre ellos, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. El Faro también obtuvo la confirmación de estos sucesos de parte de otro diputado de Nuevas Ideas que prefirió no ser citado por temor a ser separado de su bancada.
Fue gracias a la LAIP que pudo conocerse que el salario de Conan Castro era de 8,000 dólares mensuales, cuando él había manifestado trabajar ad honorem. 'Conan Castro era uno de los que más pujaba para que los cambios sucedieran', dice uno uno de los diputados. De hecho, el secretario quería que se aprobara una reforma para que, en el IAIP, cualquier suplente de los comisionados pudiera sustituir en votaciones a cualquier propietario ausente, algo que, por ahora, es imposible. Castro también fue incluido en la lista Engel del Departamento de Estado por haber promovido la destitución ilegal de magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal General el año pasado.
Las grietas en el oficialismo comenzaron a ser notarias en diciembre, cuando Nuevas Ideas tuvo que recurrir a 19 diputados suplentes para lograr mantener en el cargo al fiscal general, Rodolfo Delgado. También recurrieron a suplentes para aprobar una cuestionada ley del agua y el presupuesto general del país de 2022. Sin embargo, hasta ahora, no había evidencia de que estas diferencias internas hubieran frenado una votación de esta magnitud.
La Presidencia de Bukele promovió estas reformas a la LAIP a través de su ministro de Gobernación en julio del año pasado, con el argumento de que la LAIP —una herramienta que marcó una etapa sin precedentes en la revelación de información sobre abusos de poder de expresidentes y corrupción estatal— debía acoplarse a parámetros de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), aprobada en 2018. De hecho, ese fue el único argumento de los diputados de Nuevas Ideas que pretendían aprobar las reformas. Ningún diputado argumentó que el derecho de acceso a la información pública se fortalecía o se mejoraba. El único argumento era ese: había que sujetar la LAIP a los parámetros de otra ley.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que estudia las reformas, puede volver a elevar al pleno el pliego de los cambios cuando lo estime conveniente.
En la reforma hay claros retrocesos. Uno de ellos posibilita la reserva de toda la información que, hasta ahora, las instituciones de Gobierno estaban obligadas a poner a disposición del público de manera oficiosa, sin que mediara ninguna solicitud, y otro de estos retrocesos habilita que el IAIP cierre casos sin escuchar a los ciudadanos que los promueven.
La información oficiosa incluye 25 categorías: desde contratos con fondos públicos, remuneraciones de los empleados públicos, pasando por listado de viajes oficiales, el listado de asesores, hasta cosas tan básicas como el organigrama institucional o una memoria de labores. A partir de la reforma, el concepto de información oficiosa desaparece y entra en la categoría de información que podría llegar a ser reservada. El Gobierno solo tiene que justificar y dejar por escrito una explicación en cada caso.
El dictamen favorable surgió, de manera exprés, en la sesión de trabajo del lunes 30 de enero en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y fue aprobado solo por diputados de Nuevas Ideas. El FMLN, Arena y Gana no votaron. Este martes, durante la sesión plenaria, el dictamen favorable estaba incluido en la agenda para ser sometido a votación del pleno, pero justo cuando era el momento para ello, fue retirado por una petición que expresó la presidenta de la comisión, Marcela Pineda. 'Que vuelva a la comisión para continuar con su estudio', dijo en una breve intervención desde su curul, a eso de las 5 de la tarde.
Las reformas habían permanecido seis meses sin mayor estudio en la Asamblea. Tan de improviso surgió el tema que el lunes mismo, el presidente del IAIP, Ricardo Gómez, llegó a la comisión a dejar cinco nuevas propuestas de reformas que se insertaron en el documento final aprobado por la comisión. Otra prueba de la extraña celeridad con la que aprobaron el dictamen fue que la diputada Rebeca Santos ni se fijó que una de sus propuestas no se incluyó por completo en la versión final aprobada.
Uno de los cambios más drásticos implicaría que cualquier particular pueda ser multado al violar la LAIP. Hasta ahora, la ley solo contempla multas para funcionarios que divulguen datos personales o confidenciales de personas. En marzo de de 2019, por ejemplo, el entonces presidente de la Asamblea, el diputado Mario Ponce, fue procesado en el IAIP por divulgar información de un ciudadano. Igual Michelle Sol, actual Ministra de Vivienda , fue procesada en 2020 por exponer el DUI de una ciudadana en Twitter.
Pero con la reforma al artículo 77, la multa también recaería sobre el particular que cometa infracciones establecidas en la ley. Son infracciones muy graves, entre otros: “A) Sustraer, destruir, ocultar, inutilizar o alterar, total o parcialmente, información que se encuentre bajo su custodia o a la que tengan acceso o conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. B) Entregar o difundir información reservada o confidencial”.
La LAIP establece tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las multas que se imponen oscilan entre uno y cuarenta salarios mínimos, según el artículo 77 de la LAIP, es decir, que podría oscilar entre los $300 y los $12 mil. Otra reforma propuesta por Bukele establece que para establecer el monto de la multa se tomará en cuenta el salario del infractor.
Esta sanción a particulares va en consonancia con otras reformas que el Ejecutivo ha promovido y que también aprobó este martes, como la reforma a la Ley de Delitos Informáticos, el cual establece penas de entre 5 y 8 años de cárcel por la obtención y transferencia de 'información de carácter confidencial'. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció el lunes que esta reforma no hace distinción de la labor periodística, algo que debería ser contado como una excepción debido a la naturaleza del periodismo que es la de revelar hallazgos que sean “de interés público”. 'Desde la perspectiva de la transparencia y liberta de prensa, este artículo, se puede prestar para abusos' y 'es un atentado al quehacer periodístico', denunció César Castro, presidente de la APES.
Críticas contra las reformas
Las reformas a la LAIP han provocado el rechazo de especialistas en la materia. “Las reformas (...) amplían plazos de entrega de información, promueven la reserva discrecional y tener un IAIP débil quitando atribuciones al colegiado. En resumen, fomentan la opacidad y la corrupción”, dijo el lunes en su Twitter Liduvina Escobar, comisionada del IAIP que fue suspendida por la Presidencia de Bukele y cuyo proceso de destitución sigue entrampado.
El Grupo Promotor de la LAIP también se pronunció en contra de las reformas, catalogándolas como enmiendas que “favorecen la opacidad”. Uno de sus miembros, el abogado Javier Castro, de Fusades, señaló: “La evolución era mediante reformas progresivas a laLAIP conforme a los mejores estándares internacionales, como los de la Ley Modelo 2.0 de la OEA; pero no, la involución con las reformas, de aprobarse, sería de graves retrocesos, como si no hubiera LAIP.”
Estas reformas llegan después de un año en el que el IAIP ha disminuido la cantidad de audiencias orales y en el que diversas organizaciones han reclamado un retroceso en índices de transparencia. En su primer trimestre en funciones, el nuevo presidente del IAIP se mostró a favor de las reformas que disminuían el acceso a la información pública y prefirió no pronunciarse sobre la manipulación de información pública sobre El Mozote, según quedó registrado en audios y actas del IAIP.
Más opacidad y burocracia
Hasta ahora, el IAIP tiene la potestad para ordenar la desclasificación de información que se hubiera puesto bajo reserva por una determinada cantidad de años. Por ejemplo, podría ordenar —sin que nadie se lo pida— al Ministerio de Salud que saque de la reserva la información sobre el plan de vacunación contra la Covid-19 y sobre las compras por la pandemia. La reforma impediría que el IAIP tome la iniciativa de ordenar la desclasificación de la información y obligaría a que siempre medie una apelación ciudadana para ello. El IAIP —máxima autoridad en materia de derecho de acceso a la información— tiene actualmente entre sus facultades la posibilidad de quitar la reserva a cualquier documento que considere de interés público.
La reforma también volvería más lenta y burocrática la respuesta del Gobierno. La mayoría de plazos aumentarían. El tiempo que tiene el Gobierno para responder a una solicitud de información es de 10 días hábiles, con una posibilidad de prórroga de cinco días. La reforma aumentaría el plazo regular a 20 días hábiles y la prórroga, a 10.
Actualmente, cuando un ciudadano no está conforme con la respuesta ofrecida por una oficina de Gobierno, puede apelar y el caso se eleva a conocimiento del IAIP y este celebraba una audiencia oral para aportación de pruebas. Así fue como, por ejemplo, el IAIP ordenó a la Presidencia de Bukele quitar la reserva a información sobre el Organismo de Inteligencia del Estado ; también ordenó entregar información sobre operativos militares, o información relacionada con los salarios de funcionarios. El Instituto estaba obligado a responder en tres días después de la audiencia oral, aunque ese plazo no siempre se cumplía debido a la acumulación de casos y resoluciones.
La reforma propone cambiar este procedimiento y se abre la posibilidad de que ya no se efectúe la audiencia oral. Cuando el caso se haga del conocimiento del IAIP, este podría admitir o rechazar el caso en cinco días y, si lo admite, podría eliminar la audiencia oral si considera que la situación por la cual el caso llegó al IAIP no ha cambiado. Eso abrirá la puerta para que el IAIP se convierta en un simple ratificador de la negativa de las oficinas públicas a entregar información. En la práctica, la gran mayoría de apelaciones ocurren porque los funcionarios se niegan a entregar datos públicos y, en esos casos, es muy difícil que el ciudadano aporte pruebas novedosas. Cuando eso ocurra, el IAIP puede resolver el caso 'de mero derecho' sin antes escuchar al ciudadano en audiencia.
Otra reforma eliminaría la potestad que tienen los oficiales de información de ir a las distintas dependencias de sus instituciones a verificar la existencia de los documentos solicitados.
Otro de los cambios a la LAIP eliminaría el blindaje que existe para evitar que en los casos que conoce el Instituto haya conflicto de interés. Actualmente, cuando el IAIP conoce un caso, designa a uno de sus cinco comisionados para que sea el encargado de conducir el expediente en sus etapas iniciales, incluyendo la audiencia oral. Terminada esa fase, el comisionado designado se aparta para no influir de manera indebida la deliberación del pleno. Con la reforma, eso se elimina, y el mismo comisionado encargado de administrar el expediente puede participar en la deliberación final del caso, y lo único que tiene prohibido hacer es firmar la resolución final.
También cambiaría la manera en la que se elegirían los comisionados del IAIP. Con la reforma, el presidente de la República definiría un reglamento para designar a los encargados de velar por el derecho de acceso a la información pública. El artículo 53 anterior establecía parámetros para la designación de los nuevos comisionados, eso incluía plazos que debían cumplirse para evitar nombramientos sorpresivos. Este procedimiento causaba incomodidad en Casa Presidencial porque en 2019 la Secretaría de Comunicaciones del Ejecutivo violó ese artículo para nombrar a algunos de los nuevos comisionados que terminaron paralizando la labor del IAIP . Tras las reformas todo el proceso para designar comisionados dependería del reglamento que haga el Ejecutivo.
