La Fiscalía de Nayib Bukele acusa al expresidente Félix Alfredo Cristiani por omisión en la masacre de seis sacerdotes jesuitas, una de sus colaboradoras y su hija, en 1989, hacia el final de la guerra civil salvadoreña. Por ese caso, el Juzgado Tercero de Paz emitió una orden de captura contra Cristiani, con lo cual todos los expresidentes salvadoreños vivos tienen orden de captura o están presos. La Fiscalía intentará llegar hasta donde la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, una comisión del Congreso estadounidense y la Audiencia Nacional Española no llegaron: responsabilizar del crimen al comandante general de la Fuerza Armada. Pero para ello no ha presentado evidencias distintas de las que ya desfilaron en esas instancias y en las que, hasta ahora, Cristiani no ha sido encontrado culpable.
El requerimiento fiscal, del que El Faro tiene copia, utiliza dos testimonios y el organigrama del Ejército para asegurar que Cristiani tuvo que haber sabido de la operación, pero ninguna prueba lo sitúa en una reunión o establece claramente cómo se enteró del plan para asesinar a los padres en la UCA, sin dejar testigos. Es el mismo problema con que los acusadores de Cristiani se han enfrentado desde 1989. El requerimiento dice que el asesinato de los jesuitas se acordó en una reunión en el Estado Mayor, en la noche del 15 de noviembre de 1989, unas horas antes del crimen. Cristiani, según la Fiscalía, no estuvo en esa reunión.
Sí estuvo el resto del Alto Mando de la Fuerza Armada: el ministro de Defensa, Rafael Larios; el viceministro, Juan Orlando Zepeda; el jefe del Estado Mayor, René Emilio Ponce; el viceministro de Seguridad, Inocente Orlando Montano; el director de la Escuela Militar, Guillermo Alfredo Benavides, y otros dos oficiales: Rafael Bustillo, jefe de las Fuerza Aérea y Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería de San Salvador.
En total, el nuevo requerimiento apunta a 13 personas: el expresidente, los siete miembros del alto mando, cuatro oficiales militares, un miembro de la extinta Policía Nacional y el exdiputado de la Democracia Cristiana Rodolfo Parker, el único civil acusado, por su posterior rol en el encubrimiento del crimen. El juez decretó la detención contra Parker y Cristiani, así como contra Inocente Montano, quien ya cumple una pena de prisión en España.
La Fiscalía dice que en esa reunión “se acordó consultar estas medidas con el Presidente de la República Alfredo Cristiani”. Eso es, textualmente, lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en marzo de 1993. Hace 29 años, Cristiani dijo a la Comisión que participó en una reunión con el Alto Mando, entre la medianoche y las 2:30 de la mañana, y que aprobó el uso de unidades de Caballería y Artillería para enfrentar la ofensiva que la guerrilla había llevado a la capital. Cristiani dijo que en la reunión nunca se mencionó nada de la UCA. La Comisión de la Verdad no encontró pruebas suficientes y no mencionó a Cristiani en sus conclusiones sobre este caso.
“La defensa manejaba que la versión planteada por la Fiscalía era una copia del informe de la Comisión de la Verdad pero la hipótesis nace producto de una investigación”, dijo Julio Larrama, fiscal de la unidad de delitos del conflicto armado. “El informe de la Comisión de la Verdad es un indicio muy importante, pero hay otros muchos elementos”, afirmó Larrama.
Arnau Baulenas actúa en el proceso como representante legal de familiares de Ignacio Ellacuría, y también es apoderado de familiares de otra víctima, Martín Baró, además de la UCA. Durante la audiencia inicial, el juez le negó el derecho de intervenir como querellante, una petición a la que se unieron abogados de la defensa y sin oposición de la Fiscalía. “Nosotros como Fiscalía somos los que llevamos la dirección de la investigación y representamos en todo momento a las víctimas”, dijo el fiscal Larrama.
“Es cínico que venga el licenciado Larrama a decir que representan a las víctimas si ni siquiera se han acercado”, dijo Baulenas a El Faro. “No han tenido ningún tipo de contacto con familiares, con la comunidad universitaria ni con la comunidad religiosa”, aseguró. Baulenas dijo que se reunió con los fiscales el 25 de febrero para tratar de unir esfuerzos, pero que los fiscales no compartieron información con él. “Es un requerimiento bastante deficiente, porque no han contado con la participación de las víctimas. No han hecho prácticamente nada”, dijo Baulenas.
Las pruebas contra Cristiani: Yusshy Mendoza y Rodolfo Parker
Dos testimonios ya vertidos en etapas anteriores de investigación sirven para sustentar el caso contra Cristiani.
El caso jesuitas tuvo sus primeras condenas en 1991, tras una investigación entorpecida por la Fiscalía de la época, y desde entonces la lucha ha sido por llevar a la justicia a los autores intelectuales. En marzo de 2000, la UCA presentó una denuncia contra el Alto Mando y Cristiani, pero la Fiscalía dijo que solo actuaría con el aval de la Sala de lo Constitucional. Ante la inacción de la justicia salvadoreña, en julio de 2011, un juez en Madrid emitió órdenes de captura internacional contra 10 militares. El Estado salvadoreño respondió con impunidad: el Ejército albergó a los militares y luego la Corte Suprema negó su extradición. El caso solo pudo llevarse a cabo en España gracias a que una jueza estadounidense avaló la extradición del coronel Inocente Montano a ese país, en 2016. En 2020, Montano fue condenado a más de 100 años de prisión en España.
Uno de esos recuentos es el testimonio del teniente Yusshy Mendoza, quien en julio de 2020 vinculó a Cristiani en su declaración ante la Audiencia Nacional de España, durante el juicio contra el coronel Inocente Montano. “Si no hubo contraorden (al operativo para asesinar a los jesuitas), el presidente tuvo que haberlo aprobado”, dijo Mendoza, aunque sin ubicar temporalmente o dar detalles de la supuesta aprobación de Cristiani. Mendoza es un oficial de la escuela militar que acompañó a unos 40 hombres del Batallón Atlacatl cuando asesinaron a los jesuitas.
La Fiscalía usa también el testimonio del exdiputado Parker contra Cristiani. La inferencia es que “el expresidente Cristiani pudo haber encubierto y protegido” a los imputados “porque el teniente Espinoza Guerra —comandante de la unidad que ejecutó los asesinatos— le dijo al coronel Benavides al darle la orden de llegar a la UCA que tenía ‘luz verde de arriba’. De acuerdo con el requerimiento, “Parker afirmó haber puesto esa información a conocimiento del entonces presidente Cristiani”. La Fiscalía basa esa afirmación en el testimonio de Parker, en poder del juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador.
El resto de la prueba contra Cristiani se basa en la teoría del “aparato organizado de poder” es decir que, en su condición de presidente, Cristiani “tenía el control sobre el dominio del hecho , y como tal podía dar una contraorden para frenar lo planeado por dicha estructura militar”. Según el requerimiento, Cristiani “tenía la capacidad de decidir en última instancia la ejecución o no de la operación militar y sin embargo estando en posición de garante no hizo nada para que este no se cometiera”.
La Fiscalía cita reglas militares, como la Ordenanza de Ejército Salvadoreño de 1934, vigente al momento de la masacre, para decir que el mando superior “será también responsable de las faltas , abusos y desórdenes que resultaren de su negligencia o debilidad de vigilar la conducta de sus subalternos”. Aunque la acusación reconoce que Cristiani encargó la investigación del crimen a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD), lo acusa también de “no hacer nada por investigar a los responsables intelectuales de estos crímenes de guerra”.
La Fiscalía incluso dice que las condecoraciones y ascensos a algunos de los militares involucrados en el crimen “constituyen un intento por encubrir la acusación de asesinato que ha hecho la Comisión de la Verdad, y un indicio de la comisión por omisión de la investigación para esclarecer los hechos, por parte del señor Alfredo Cristiani” . Además, dice que Cristiani “tenía la obligación de tener conocimiento” de un cateo realizado el 13 de noviembre en la UCA “ya que se realizó en las proximidades del centro neurálgico de la Fuerza Armada”.
Aunque no usa los hallazgos para elaborar su hipótesis, la Fiscalía ha pedido al juez que incorpore el peritaje que Terry Karl entregó en España al juicio. Karl, quizá la mayor experta en documentos de la guerra civil salvadoreña, asegura que Cristiani tuvo que haber escuchado los disparos en la UCA durante su estancia en el Estado Mayor y que las amenazas públicas emitidas en los días previos al asesinato se retransmitieron a través del Centro de Información Nacional del gobierno. 'La denegación del Presidente Cristiani de su implicación en estos asesinatos no es creíble”, escribió Karl.
Cristiani niega haber tenido control sobre la Fuerza Armada
En su defensa, Cristiani ha relativizado el control que ejercía sobre el Ejército. Claudia Cristiani, su hija, publicó un comunicado en que el expresidente dice que “la subordinación al poder civil no ocurrió de la noche a la mañana y no se consolidó sino hasta después de la firma de los Acuerdos de Paz”. El ex mandatario se encuentra fuera de El Salvador, residiendo en un país europeo.
A su favor, Cristiani dice que no fue mencionado “en el informe de la Comisión de la Verdad, el reporte de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos liderada por el congresista Joseph Moakley y que la Audiencia Nacional de España desestimó en dos ocasiones las acusaciones en su contra, por falta de fundamento”.
Hay evidencias históricas de esa disputa de poder entre el Ejecutivo y la Fuerza Armada. Los peritajes en el caso de El Mozote, al principio de los 80, revelan que el poder se ejercía en el Ministerio de la Defensa, y no en Casa Presidencial. Esa disputa también alcanzó a Cristiani. En medio de una disputa por el nombramiento del ministro de Defensa, la Fuerza Aérea se amotinó contra Cristiani y hubo quienes discutieron planes de asesinarlo, según cables desclasificados de la CIA. Los encontronazos de Cristiani con algunas facciones del ejército se mantuvieron durante la negociación de los Acuerdos de Paz e incluso después. Un documento fechado el 16 de septiembre de 1992, publicado por el exoficial de inteligencia militar Luis Parada, asegura que la inclusión de altos oficiales en una lista destinada a depurar al Ejército, provocó que algunos generaron “planes de desestabilización a la Fuerza Armada, al Gobierno y al mismo proceso de cumplimiento de los Acuerdos de Paz y democratización”.
El rol de Cristiani incluso ha sido cuestionado por las propias víctimas. Aunque en el año 2000, el padre Tojeira opinaba que el papel de Cristiani había sido de encubridor, su posición ha cambiado. Tojeira responsabilizaba a Cristiani por no impulsar la depuración de militares señalados por violaciones a derechos humanos, e incluso condecorarlos y ascenderlos. Sin embargo, casi dos décadas después, en diciembre de 2017, Tojeira dijo estar convencido de que Cristiani no fue informado previamente del plan de asesinar a Ellacuría, e informó que la universidad pediría el sobreseimiento del expresidente, cuando se reabriera el caso. La universidad ha dicho que no ve en el presente caso una intención verdadera de hacer justicia.
*con información de Gabriel Labrador
