Raquel Caballero de Guevara, la exprocuradora para la defensa de los derechos humanos, quien estuvo en ese cargo entre septiembre de 2016 y septiembre de 2019, gracias a un reparto de cuotas entre Arena, el FMLN y GANA, quiere volver a dirigir esa institución, pese a que durante su período como funcionaria fue declarada culpable de nepotismo y condenada al pago de multas por el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG). La exfuncionaria fue multada por contrataciones y ascensos irregulares en 2019, pero pagó las multas 20 días antes de su entrevista en la Asamblea Legislativa, programada para este 12 de septiembre.
Caballero Guevara fue juramentada como procuradora de derechos humanos el 22 de septiembre de 2016 y una de sus primeras acciones fue mejorar el salario de Gaby Lourdes Guevara Quintanilla, su hijastra. En febrero de 2018, El Faro reveló que Gaby Lourdes tenía una plaza de “jurídico”, pero la nueva funcionaria la cambió a “asistente técnico”. Gracias al cambio de plaza, el salario de la hijastra de la exprocuradora subió de $1,200 a $1,800 mensuales. Luego, en abril de 2017, recibió un aumento de $100 más.
No fue el único caso. El 10 de enero de 2017, la administración de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) que dirigía Caballero de Guevara contrató a Xiomara Juana Margarita Guevara de Zelaya, otra hijastra de la exprocuradora, como “asistente II”, con un salario mensual de $1,300.
El Tribunal de Ética Gubernamental falló que la exprocuradora violó el artículo 6, literal H, de la Ley de Ética Gubernamental, el cual prohíbe nombrar, contratar, promover o ascender a familiares. “El respeto al interés general en el ingreso al empleo público, a la permanencia y mejora del mismo exige la selección inicial y la evaluación del desempeño mediante un procedimiento transparente y objetivo, en el cual se descarte cualquier indicio de nepotismo”, informó el tribunal sobre este caso. Diputados de la anterior Asamblea Legislativa promovieron un antejuicio contra ella, pero la solicitud no tuvo éxito.
La resolución que manda al archivo el caso contra Caballero de Guevara no detalla el monto de las multas que pagó la exfuncionaria. Sin embargo, en enero de 2019, el Tribunal de Ética informó que le impuso a la exprocuradora una multa de $1,006.80; mientras que en octubre de 2019 confirmó otras dos multas por un monto de $3,600.
La tarde del viernes nueve de septiembre de 2022, El Faro solicitó una entrevista con la exprocuradora para concederle su derecho de respuesta. “Le agradezco su interés, pero estoy algo complicada de tiempo, ojalá podamos platicar el lunes u otro día con más calma”, respondió por medio de su cuenta de Twitter.
Candidatos a favor del Régimen
El seis de septiembre de 2022, la Comisión Política comenzó a entrevistar a los nueve abogados que quieren dirigir la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, tiene la llave para elegir al funcionario estatal encargado de velar por los derechos humanos, un puesto clave para controlar posibles cuestionamientos estatales al Régimen de Excepción, la política de seguridad pública que el Gobierno impulsa desde el 27 de marzo pasado, cuando se rompió el acuerdo secreto entre el Gobierno de Bukele y las tres principales pandillas del país.
Hasta la última semana de agosto, Casa Presidencial reportaba la captura de 50,500 personas, mientras que Medicina Legal contabilizaba 73 reos asesinados durante el Régimen de Excepción, muchos con señales de tortura.
Organizaciones de derechos humanos y familiares de los detenidos denuncian cientos de capturas arbitrarias y asesinatos ocurridos bajo vigilancia del Estado, pero el procurador de derechos humanos y aspirante a la reelección, Apolonio Tobar, no ha condenado los abusos de poder y ha evitado decir si el Régimen de Excepción viola los derechos humanos. “Lo que hay en la Procuraduría son denuncias sobre detenciones arbitrarias que estamos investigando”, dijo Tobar el seis de septiembre, durante su entrevista en la Comisión Política.
'Fuimos a la Procuraduría de Derechos Humanos, pero no hemos visto ningún movimiento', dice un familiar de Gerardo Lozano, un vendedor del mercado La Tiendona, capturado el 25 de agosto pasado. Lozano padece de presión arterial e insuficiencia renal y no ha recibido el tratamiento necesario. 'Su salud está bien deteriorada', denuncia uno de sus familiares. El de Lozano es uno de los miles de casos que no ha recibido respuesta de la PDDH.
Ante las críticas de organizaciones de derechos humanos y de familiares de los capturados durante el Régimen de Excepción, el procurador Tobar las minimiza:'Lo que ocurre es que algunos sectores quieren que digamos lo que ellos quieren escuchar (...) Sumémonos al trabajo positivo para que las personas tengan menos afectaciones a sus derechos. Eso es lo que nosotros estamos haciendo desde la Procuraduría', dijo Tobar durante el programa Diálogo con Ernesto López, el cuatro de julio pasado.
Tobar y otros cuatro abogados que fueron entrevistados el seis de septiembre apoyaron al Régimen de Excepción. Gustavo Adolfo Rivas Reina, Carolina María Hernández de Hernández, Yanira Guatemala Martínez y Roberto Martínez Díaz calificaron esa política de seguridad como 'una buena medida' o 'una medida saludable' ante preguntas de los diputados.
Los más conocidos
El procurador Tobar y la exprocuradora Caballero de Guevara son los perfiles más conocidos que aspiran a dirigir la PDDH. Dos fuentes de esa institución, un empleado y un mando medio, ambos con más de dos décadas de trabajo en esa insitución, dijeron a El Faro que la exprocuradora tiene una ventaja política sobre Tobar y otros aspirantes, por su cercanía con GANA y el actual Gobierno.
El esposo de la exprocuradora, Marco Antonio Guevara Arévalo, trabajó como director de la Global Legal Information Network de la Asamblea Legislativa (2012-2015). En 2017, el TEG condenó al esposo de la exprocuradora al pago de $960.60 por litigar un caso de familia al mismo tiempo que trabajaba para la Asamblea. Un hijastro de la exprocuradora también ocupa un puesto importante en el actual Gobierno: Miguel Antonio Guevara Quintanilla es cónsul en Montreal, Canadá. El cónsul Guevara Quintanilla fue nombrado en ese cargo por la administración Bukele y en el 2018 el TEG también lo multó con $2,611.80 por tener una plaza en la Universidad de El Salvador (UES), pero en el mismo horario trabajar como capacitador de la Judicatura.
La exprocuradora Caballero de Guevara también tuvo una relación comercial con una de las empresas de Christian Guevara, actual diputado y jefe de la bancada de Nuevas Ideas. Según la orden de compra 158/2018, el 23 de octubre de 2018, la PDDH contrató a la empresa Plan B por $5,300 para el 'Servicio de consultoría estratégica de comunicaciones'. Plan B era una de las empresas de Guevara. Las fuentes de la PDDH explicaron que el objetivo del contrato era publicar notas que favorecieran la imagen de Caballero de Guevara en Última Hora, un sitio de internet manejado por Porfirio Chica, exdiputado suplente de Arena.
En noviembre de 2019, El Faro publicó un reportaje sobre los mensajes telefónicos encontrados en el celular del exfiscal Luis Martínez, procesado por corrupción. En los mensajes, Chica le aseguraba al exfiscal que manejaba una red de opinadores de televisión y columnistas de opinión.
Los diputados reanudarán las entrevistas de los candidatos este 12 de septiembre. Caballero de Guevara es una de las convocadas, pese a que en 2019 el TEG le impuso unas multas por beneficiar laboralmente a dos de sus familiares. El 17 de agosto de 2022, la exprocuradora presentó un recibo al TEG para demostrar que ya canceló las multas ante el Ministerio de Hacienda. El TEG cerró los casos y, por tanto, Caballero de Guevara eliminó cualquier obstáculo para presentarse ante la Comisión Política.
“Tiénese por ejecutada la sanción de multa impuesta a la señora Raquel Caballero de Guevara y, en consecuencia, archívese el presente expediente”, se lee en una resolución del Tribunal de Ética del 23 de agosto de 2022.
Además de Caballero de Guevara, para el 12 de septiembre de 2022, los diputados planean entrevistar a otros tres candidatos: Juan José Zaldaña Linares, David Oswaldo Escobar Menéndez y Clovis Yeral Mondragón Hernández.
