El Salvador / Política
Régimen de Excepción confirma división entre Demócratas y Republicanos respecto a Bukele

El copresidente republicano de la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos se ausentó de la audiencia del lunes tras una queja formal del Gobierno de El Salvador por falta de balance en los invitados. Los testigos del Departamento de Estado y la sociedad civil advirtieron del daño irreversible que el Régimen de Excepción puede hacer a los derechos humanos en el país.

Carlos Barrera

Fecha inválida
José Luis Sanz y Roman Gressier

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Estados Unidos criticó este lunes con dureza el Régimen de Excepción y las violaciones de derechos humanos cometidas en los últimos meses por el Gobierno de El Salvador, en una audiencia especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes que se extendió por dos horas y que también puso en evidencia las diferencias entre Republicanos y Demócratas, e incluso dentro de las mismas filas demócratas, sobre qué estrategia debe seguir Washington frente a la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele.

“Algunas de las medidas tomadas (por El Salvador) contradicen los estándares de derechos humanos”, afirmó en su testimonio ante el Congreso Emily Mendrala, subsecretaria adjunta de Estado para asuntos del hemisferio occidental. “En intercambios privados con el Gobierno de El Salvador, el Departamento (de Estado) ha remarcado la importancia de respetar los derechos humanos, incluídas las garantías de un juicio justo”, siguió. “En una democracia, todo acusado de un crimen debe enfrentar un sistema de justicia transparente”.

Scott Busby, subsecretario adjunto de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo, destacó los cientos de denuncias de detenciones de personas inocentes bajo el argumento del combate a las pandillas, y cuestionó lo dicho por funcionarios salvadoreños respecto a la revisión sistemática de esos casos y la supuesta inmediata liberación de inocentes. “Cualquier mecanismo actual de revisión no está funcionando, o funciona demasiado despacio como para ser efectivo”, dijo Busby. “Si (el Régimen de Excepción) continúa, anticipamos impactos duraderos sobre los derechos humanos y el estado de derecho”.

Antes, el congresista demócrata de Massachusetts James McGovern, que presidió la audiencia, había sido todavía más crudo al calificar de “draconiano” el Régimen de Excepción en El Salvador.

El congresista criticó la política de detenciones masivas impulsada por Bukele y dijo que la cifra de más de 50,000 detenidos en solo cinco meses de la que presume el Gobierno de El Salvador “no tiene equivalente en Latinoamérica, ni siquiera en los peores días  de las dictaduras militares”. “Es un número que me hace pensar en la Turquía de Erdogan o el Egipto de El-Sisi”, dijo, comparando al presidente de El Salvador con dos jefes de estado denunciados internacionalmente por sus políticas represivas.

El representante estadounidense, Jim McGovern, habla durante una conferencia de prensa el 22 de junio de 2022 en Washington, DC., donde pidió a los EE. UU. que se unan a un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Foto de El Faro: Brandon Bell/ Getty Images/ AFP.
 
El representante estadounidense, Jim McGovern, habla durante una conferencia de prensa el 22 de junio de 2022 en Washington, DC., donde pidió a los EE. UU. que se unan a un tratado sobre la prohibición de las armas nucleares. Foto de El Faro: Brandon Bell/ Getty Images/ AFP.

Aunque en tono prudente, Busby dijo en varios momentos que el Departamento de Estado “comparte las preocupaciones” de McGovern, que dedicó casi dos tercios de la audiencia a escuchar el testimonio y las denuncias de representantes de la organización luterana Cristosal, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), y Human Rights Watch, además del periodista salvadoreño Héctor Silva Ávalos, todos ellos férreos críticos del Régimen de Excepción y de la estrategia de concentración de poder ejecutada por Bukele en los últimos tres años. 

La audiencia del lunes, de hecho, fue convocada a petición de diversas organizaciones de derechos humanos en El Salvador, ante la falta de cauces institucionales para denunciar abusos en un país en el que los tres poderes del Estado están controlados por Bukele. Ningún representante del Gobierno salvadoreño fue invitado a testificar.

En su comparecencia, Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, denunció que la cifra de muertos bajo detención en los últimos cinco meses ya alcanza los 76, y recordó que al menos tres decenas de ellos mostraron señas de tortura y de posible “asesinato extrajudicial”. Bullock afirmó ante la Comisión que la Fiscalía General de El Salvador “no ha abierto investigación por ninguno de los salvadoreños muertos bajo custodia estatal”, en contra de lo que el Estado salvadoreño comunicó formalmente a Naciones Unidas el 27 de julio, después de que seis oficinas distintas de la ONU exigieran explicaciones tras detectar patrones de violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción.

Bullock denunció también que su organización ha recibido reportes de familiares de “advertencias de las autoridades de que sufrirán represalias por hablar con organizaciones de derechos humanos, con mención específica a Cristosal”. La organización ha documentado 416 casos de familiares de detenidos que sufrieron intimidaciones o violencia por denunciar abusos. De ellos, 112 fueron amenazados con nuevos arrestos y, de estos últimos, 68 fueron detenidos como represalia.

Diferencias internas

Durante la audiencia, la subsecretaria adjunta Mendrala pidió en nombre del Departamento de Estado “respaldo bipartidista en el Congreso” para impulsar que el combate a la violencia en el continente se haga “de forma sostenible, ética y democrática”, en un esfuerzo por no individualizar en Bukele una práctica —el abuso de la fuerza por parte de gobiernos autoritarios— que se ha repetido por años en el continente. Entre líneas, era además un lamento por la brecha partidaria que, desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, ha limitado el ya de por sí complicado margen de acción del Gobierno estadounidense en Centroamérica.

En las últimas semanas, fuentes en el Departamento de Estado han asegurado a El Faro que las posibles diferencias con el partido republicano “no han sido un factor importante” en los evidentes problemas de la administración para concretar su estrategia diplomática en El Salvador, “a diferencia de lo que sucede en Guatemala”, donde según la misma fuente “incluso pocos demócratas dimensionan el aparato de lobby que han creado en Washington” la élite empresarial y el Gobierno de Alejandro Giammattei. Aun así, en la audiencia del lunes sobre El Salvador ni siquiera había algún republicano que pudiera escuchar la petición de unidad de Mendrala.

El congresista de New Jersey Christopher Smith, que preside junto a McGovern la Comisión Tom Lantos de Derechos Humanos en la Cámara de Representantes, tenía previsto participar pero se excusó a última hora y se limitó a enviar un pronunciamiento escrito que, si bien tiene palabras duras para Bukele, resta importancia a sus excesos y dedica la mitad del espacio a denunciar la represión en Nicaragua y cuestionar las prioridades de los demócratas en la región.

“Todos estamos de acuerdo en que el presidente Bukele no ha estado a la altura de las expectativas de muchos observadores que esperaban que marcara una ruptura con el pasado y con los partidos tradicionales corruptos de izquierda y derecha”, escribe Smith en su declaración, obtenida por El Faro, en la que afirma que Bukele “es en esencia un populista”. “Uno podría incluso compararlo con un peronista”, dice el republicano, en referencia al movimiento personalista y con vocación transideológica fundado en los años 40 por Juan Domingo Perón.

“Bukele continúa confundiendo”, escribe Smith. “Pero dicho esto, me pregunto por qué nos estamos enfocando en El Salvador y no en Nicaragua, donde las violaciones a los derechos son mucho, mucho más avanzadas y severas.” “Bukele debería ser condenado por bullying a los otros dos poderes”, dice, pero destaca que aun así los salvadoreños “en su sabiduría”, le dieron una super mayoría parlamentaria en la elección de 2021: “Pueden no gustar los resultados, pero El Salvador es todavía una democracia”.

La ambivalencia de múltiples líderes republicanos hacia Bukele es en parte mérito de la millonaria inversión que el Gobierno de El Salvador ha hecho en lobistas para evitar que los principales políticos republicanos acuerpen mayores medidas de presión en su contra. El pasado 28 de julio, en una audiencia del Senado para evaluar a William Duncan como posible embajador ante El Salvador, el republicano de Florida Marco Rubio dijo del Gobierno de Bukele: “No hay que aplaudir o celebrar todas las cosas con las que no estamos de acuerdo, pero tenemos un interés de seguridad nacional que hay que balancear”.

La ausencia de Smith se puede interpretar como otra pequeña victoria diplomática de Bukele. El Faro confirmó que la Embajada de El Salvador envió el viernes 9 de septiembre al congresista republicano una queja formal por la selección de testigos invitados a la audiencia, en la que instó a la Comisión a “considerar incluir en el panel una mirada más balanceada” —se ofreció para proponer nombres— y protestó por que se tomara como fuente una publicación periodística, esta de El Faro, para afirmar que el repunte de homicidios de finales de marzo, que sirvió de motivo para decretar el Régimen de Excepción, fue causado por la ruptura de una negociación del Gobierno de Bukele con las pandillas.

En su carta, la Embajada ofreció al congresista una reunión con la embajadora en Washington, Milena Mayorga, para “clarificar la posición del Gobierno” y “los hechos distorsionados por esa información engañosa”. Ese mismo día, la embajadora había protestado en redes sociales por la inclusión del periodista Héctor Silva entre los panelistas.

En una respuesta por escrito, la oficina de Smith descargó en sus colegas demócratas en el Comité la responsabilidad por la composición de los paneles y expresó que compartía con la Embajada la preocupación “por la falta de balance en los testigos”, aunque aclaró que “hay aspectos de la política y las conductas del Gobierno (de El Salvador) que pueden ser cuestionadas de forma legítima”. La tarde del lunes este periódico preguntó al equipo del congresista si la correspondencia con el Gobierno de El Salvador motivó en alguna medida su ausencia en la audiencia, pero no obtuvo respuesta.

La abogada constitucionalista Leonor Arteaga, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), una de las promotoras y participantes en la audiencia del lunes, lamentó el lunes por la tarde la ausencia de Smith: “Si los republicanos siguen dando espacio o incluso cierto respaldo a Bukele, él se va a aferrar a eso”, dijo. “Es algo que le puede dar oxígeno para rato”.

“Una pistola sobre la mesa”

También entre los demócratas persisten las grietas a la hora de definir una política hacia El Salvador. McGovern se dirigió el lunes “a aquellos que refrenan su crítica al Gobierno de El Salvador diciendo que las acciones del presidente Bukele son populares y que sus índices de aprobación son altos”, una evidente alusión a quienes en Washington, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado y el Congreso, citan las encuestas como una limitante para que Estados Unidos sea más tajante en sus condenas públicas o aplique a El Salvador y sus funcionarios sanciones más duras. “Ser popular no significa estar en lo correcto”, les dijo McGovern.

Tiziano Breda, analista para Centroamérica de International Crisis Group, afirma que el destinatario del mensaje de esta audiencia “podría ser la misma administración Biden, para que se empuje alguna proactividad mayor en relación con gestiones diplomáticas y posibles medidas a tomar”. “Hasta ahora el Gobierno de Biden ha sido bastante cauteloso en expresarse y no ha tenido clara la estrategia a utilizar”, dice Breda.

El periodista Héctor Silva, que el lunes testificó en la audiencia sobre El Salvador, coincide: “En general, en la administración Biden no saben qué hacer con el Triángulo Norte. Hay dos visiones en la administración y en el Congreso: una es conciliadora y dice que pensando en el tema chino y ruso, que tiene enorme peso en Washington, no se pueden quemar todas las naves. La otra apunta a que, si no se ataca el problema de manera más directa, en El Salvador y Guatemala se va a reproducir el escenario de Nicaragua. Este sector, aun así, no tiene claridad de rumbo y aún debate cómo utilizar las herramientas con las que cuenta Estados Unidos”.

McGovern está en el segundo grupo. El congresista pidió a la Casa Blanca más presión a Bukele, incluyendo a través de instituciones multilaterales, comercio, calificaciones de riesgo para viajeros estadounidenses y auditorías al dinero de cooperación y préstamos. El lunes dejó ver su preocupación por la posibilidad de que en la administración Biden se impongan los más pragmáticos.

Por ejemplo, criticó abiertamente el más reciente informe sobre la estrategia internacional de control de drogas, elaborado por el Departamento de Estado, que dice que el retroceso democrático en El Salvador no ha reducido la capacidad del país para ser un socio de los esfuerzos antidrogas de Estados Unidos: “Me impactó esa afirmación”, dijo el demócrata. “Yo pensaría que despedazar el estado de derecho, como Bukele ha hecho sistemáticamente desde que llegó al cargo, sería un obvio golpe a cualquier esfuerzo serio de lidiar con las pandillas atrincheradas en El Salvador”.

Agentes policiales custodian a dos de los detenidos durante el Régimen de Excepción. Ambos fueron presentados ante un defensor público en la Procuraduría General de la República, el 25 de abril de 2022. Foto de El Faro: Víctor Peña. 
 
Agentes policiales custodian a dos de los detenidos durante el Régimen de Excepción. Ambos fueron presentados ante un defensor público en la Procuraduría General de la República, el 25 de abril de 2022. Foto de El Faro: Víctor Peña. 

Las organizaciones que dieron testimonio en la audiencia tomaron la misma línea. La directora interina de la división Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, instó a Estados Unidos a “enviar un mensaje contundente de que no se aliará con gobiernos que no respetan la independencia judicial y que los ataques constantes contra las cortes y las violaciones generalizadas a los derechos humanos, como las que se están cometiendo en El Salvador, tendrán consecuencias incluyendo, de ser necesaria, la suspensión de ayuda militar”.

La administración Biden ha retirado las visas y congelado los bienes de una decena de funcionarios y exfuncionarios de la administración Bukele acusados de corrupción o conductas antidemocráticas. En 2021, USAID ya cortó su financiamiento a la Policía Nacional Civil, Fiscalía General, Corte Suprema e Instituto de Acceso a la Información Pública, tras la destitución ilegal de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general. El anuncio de que esos fondos se redirigirían a la sociedad civil y al refuerzo del periodismo independiente alimentó meses después críticas de Bukele contra Estados Unidos y otros países, a los que en septiembre del año pasado acusó de haber financiado masivas protestas contra su Gobierno.

El subsecretario Busby subrayó en la audiencia del lunes el programa Voces, anunciado por la encargada de USAID Samantha Power en la Cumbre de las Américas en junio, que destinará $42 millones a “promover la democracia digital y libertad de expresión, fortalecer a los medios independientes y contrarrestar la criminalización” para “proteger, defender y promover el espacio cívico en Centroamérica”. En su testimonio, Héctor Silva citó a otra periodista que considera el régimen de excepción una advertencia permanente a las voces críticas: “una pistola sobre la mesa, que aun cuando no te apunten con ella te recuerda que en cualquier momento pueden tomarla y disparar contra ti”.

Desafío internacional

Pese a las hostilidades verbales entre ambos gobiernos, Estados Unidos afirma que aún tiene líneas de comunicación con Bukele. Busby aseguró también este lunes que, en la aprobación de la quinta extensión consecutiva del Régimen de Excepción, en agosto, el Gobierno de El Salvador accedió a sus peticiones de restaurar el derecho de libre asociación. Los derechos a la defensa efectiva, la presunción de inocencia, la privacidad de comunicaciones y a no autoincriminarse siguen suspendidos.

El Departamento de Estado aún no ha definido si certificará a El Salvador para seguir recibiendo cooperación de Estados Unidos, un aval que en teoría incluye requisitos en combate a la corrupción y la impunidad, transparencia e institucionalidad, independencia del sistema judicial y protección de derechos de la sociedad civil, la oposición política y la prensa. Según documentos públicos publicados en el Registro Federal, en el norte de Centroamérica solo Honduras ha sido ya certificado este año.

Otras delegaciones diplomáticas han guardado silencio en público sobre las numerosas denuncias de detenciones arbitrarias y torturas durante el Régimen de Excepción. Esta semana Birgit Gerstenberg, coordinadora residente de las Naciones Unidas en El Salvador, se vio envuelta en una intensa polémica después de que el periódico gubernamental Diario El Salvador usara una declaración suya para titular “La ONU valora positivamente el Régimen de Excepción”. Las críticas inmediatas de organizaciones de Derechos Humanos forzaron a Gerstenberg a hacer una aclaración, en la que, si bien afirma que el Régimen “es una decisión soberana de los Estados”, enfatiza que “las medidas deben estar enmarcadas en el respeto a los derechos humanos”.

Según cifras gubernamentales, desde que se proclamó el Régimen de Excepción el 27 de marzo, las autoridades han detenido a un promedio de alrededor de 304 personas al día. Organizaciones de derechos humanos han denunciado constantes detenciones arbitrarias, y torturas como el uso de gas pimienta, racionamiento de comida y obligar a los detenidos a permanecer parados, invasiones a la propiedad privada y violaciones al debido proceso. Una investigación de El Faro reveló cientos de arrestos bajo argumentos espurios como mostrar “nerviosismo” ante las autoridades o tener una ficha policial por condenas ya cumplidas o incluso por cargos que terminaron en un veredicto de inocencia.

Bullock dijo ante la Comisión del Congreso que su organización ha recibido 2,698 denuncias corroboradas de irregularidades bajo el Régimen. “Esta experiencia ha dejado en evidencia que la defensa legal de salvadoreños acusados de crímenes bajo el Régimen de Excepción es virtualmente imposible”, dijo. Cristosal tiene reportes de entre 200 y 600 individuos que en el momento de su audiencia de defensa no estaban presentes en el tribunal.

Breda, de Crisis Group, coincide con Cristosal. Afirma que la audiencia del lunes “es el resultado de la poca eficacia de las instancias tanto nacionales como de circuito interamericano y de la ONU en abrir espacios para ciertos cambios en esta política de gobierno”.

Taraciuk, de Human Rights Watch, testificó que se han documentado al menos siete casos de personas con enfermedades mentales que fueron detenidas y acusadas de nexos con pandillas, e insistió en que hay prácticas sistemáticas de privación de tratamiento médico a detenidos con enfermedades crónicas, así como casos de detenidos sin acceso a comida y agua potable. Hizo un llamado a “mecanismos más robustos de rendición de cuentas para préstamos existentes y nuevos, para que contribuyan a la protección de derechos humanos”.

“Ellos saben lo que se ha dicho aquí hoy”, dijo Taraciuk en referencia a la comunidad internacional que guarda silencio al respecto, “pero no es prioritario cuando hablan de derechos humanos en la región”. “Estamos en un punto de inflexión'', agregó, y poco después de la audiencia tuiteó: “Estados Unidos tiene que jugar un rol central en evitar que El Salvador se vuelva la siguiente dictadura de la región”.

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