La Policía Nacional Civil, ya bajo el Gobierno de Nayib Bukele, investigó en 2020 al director general de Centros Penales y viceministro de Seguridad y Justicia, Osiris Luna Meza, según una presentación que resume el expediente de la Subdirección de Inteligencia Policial, SIPOL. La investigación, según el documento, inició tras la publicación de unas fotografías de 2019 en las que Luna aparece junto a una acompañante en un jet privado en algún lugar de México. Las conclusiones de las pesquisas fueron compartidas internamente por autoridades policiales, y perfilan a Luna como alguien con relaciones criminales con líderes de dos pandillas y con narcotraficantes, en lo que los policías de inteligencia definieron como el 'círculo delictivo del señor Osiris Luna Meza' .
El Faro obtuvo el documento a través de DDoSecrets, una organización que recibió millones de correos de la Policía Nacional Civil de El Salvador directamente de Guacamaya, los hackers que vulneraron millones de correos de los cuerpos de seguridad en El Salvador y otros países de América Latina.
El viaje en jet que propició la investigación costó $27,000, y la SIPOL consigna una hipótesis que no trascendió públicamente: Luna pagó el vuelo con fondos de las tiendas penitenciarias. “El 10 de octubre de 2019, Osiris Luna realiza viaje a México junto a otras dos personas a un costo de 27,000 dólares, gastos que supuestamente fueron pagados por la empresa Seguritech, aunque se presume que fueron tomados de Asocambio”, dice el informe policial.
La 'Asociación Yo Cambio' (o, por sus siglas, 'Asocambio') fue fundada el 31 de julio de 2018 por Mauricio Ramírez Landaverde, Raúl López, Marco Tulio Lima, quienes eran ministro, viceministro y director de centros penales del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). Tenía la siguiente finalidad: 'que administre las actividades y la gestión comercial de las tiendas institucionales de los diferentes centros penales', dice la escritura de constitución.
El 26 de junio de 2019, en una rueda de prensa, el presidente Nayib Bukele y su director de centros penales, Osiris Luna, acusaron al exministro y sus subordinados de corrupción y de la malversación de $14 millones a través de Asocambio, y el 10 de septiembre de 2021, el fiscal impuesto Rodolfo Delgado ordenó la captura de Landaverde y de 20 personas más. La hipótesis del informe de la SIPOL es que Luna está desviando fondos de las tiendas de las cárceles.
La presentación que obtuvo Guacamaya está contenida en un correo enviado desde una cuenta oficial e incluye 13 láminas con información de expedientes de los registros de inteligencia. “Respetuosamente y por este medio envío presentación caso número uno para su revisión. Esperando instrucciones”, dice el correo del 30 de abril de 2020 enviado a un inspector con cargo de jefatura en la SIPOL. Esta subdirección de la Policía tiene cuatro oficinas: la división de recopilación de información, la división de análisis y producción de inteligencia, la división de operaciones de inteligencia y la división de contrainteligencia. El reporte fue generado por esta última.
El informe no es concluyente con el origen de los fondos y el costo del vuelo privado, pero el documento sí menciona la hipótesis que involucra a Luna en una red de corrupción en centros penales según informantes de la Policía. Según Inteligencia, “a su llegada a la Dirección General de Centros Penales, Osiris Luna recibe de Asocambio 4 millones de dólares, así como $80 mil del penal Apanteos, de los cuales se desconoce su destino”, dice el informe.
La SIPOL construyó un mapa de relaciones del viceministro con estructuras delictivas a partir de las conclusiones del informe, pero no detalla el proceso para arribar a esas conclusiones. La presentación menciona que Luna utiliza su cargo para mantener reuniones en cárceles con Borromeo Henríquez, 'Diablito de Hollywood', el líder más conocido de la Mara Salvatrucha-13, organización criminal con la que este Gobierno ha negociado desde su llegada al poder. La presentación también apunta a relaciones entre Luna y Jorge Ernesto Ulloa Sibrián, conocido como 'el Repollo', quien cumple una condena de 77 años de cárcel por tráfico internacional de drogas. La anotación de la presentación dice de Luna: 'se reúne en penal' y dos flechas apuntan a Ulloa Sibrián y al exdiputado Wilber Rivera Monge, condenado a 15 años de prisión por lavar dinero de Ulloa Sibrián.
El informe menciona reuniones del 3 y del 4 de abril de 2020 en un penal de máxima seguridad y sin cumplir con los protocolos de las cárceles. “Osiris Luna llegó con cuatro personas e ingresaron evadiendo los controles de seguridad, reuniéndose con Borromeo Enrique Henríquez Solórzano (Diablito de Hollywood) y con Jorge Ulloa Sibrián”, dice el informe. El Informe no brinda más detalles sobre lo conversado en esa reunión.
El informe interno de inteligencia policial también menciona que la carrera política de Luna en el partido Gana, como asesor legislativo primero, luego como diputado suplente y luego como diputado propietario, inició gracias a su experiencia en el negocios de drogas y con el apoyo de un diputado de Gana: 'El diputado Guillermo Gallegos, en 2013, lo recluta y lo vuelve su operador en el negocio de las drogas', se lee en el informe que cita 'fuentes abiertas'. Gallegos es actualmente diputado de Gana y aliado legislativo del presidente Bukele.
El Faro buscó la versión de Luna el 1 de noviembre de 2022, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El 3 de noviembre se buscó la versión del diputado Gallegos a través de mensajes a su asistente, pero la única respuesta que hubo fue que querían copia del informe para luego decidir si responder.
Aparece Herbert Saca
La presentación elaborada por Inteligencia Policial hace un perfil en el que cita fuentes “abiertas” y “humanas”. Según el informe, Luna era un vendedor ambulante con contactos dentro de la pandilla Barrio 18, del sector de la Comunidad Las Palmas, en San Salvador, uno de los principales bastiones de esa pandilla. “Ahí contactó a la pandilla 18 y se inició en el narcomenudeo (comercio de marihuana)”, dice la presentación.
Aun así, dice el documento, fue contratado por un diputado oficialista: “El diputado Guillermo Gallegos lo reclutó y convirtió en su mano derecha, hasta llegar a ser su asesor legislativo”. Luna Meza empezó su vida política en Gana, el partido dirigido por Gallegos. Fue diputado suplente y luego resultó electo, aunque no concluyó su mandato como diputado tras ser fichado por el Gabinete de Seguridad de Bukele en junio de 2019.
La carrera como empleado público de Luna empezó en la Dirección de Centros Penales, donde ocupó la plaza de digitador, menciona el expediente.
Según las láminas elaboradas por agentes de inteligencia, Luna recibió dinero en efectivo de un operador político que fue muy importante durante los Gobiernos de Antonio Saca (2004-2009) y de Mauricio Funes (2009-2014). Se trata de Herbert Saca, quien el 31 de agosto fue captado en fotografías en una fiesta con financistas del partido Gana a la que asistió el presidente Nayib Bukele. En la presentación policial se consigna la entrega de un maletín con dinero en efectivo cuando la Policía estaba bajo la administración del Gobierno de Sánchez Cerén. “En el 2018, (Osiris Luna) recibió de parte del señor Herbert Saca un maletín que contenía $150,000.00 dólares, transacción que se realizó en zona de restaurantes de metrocentro, San Salvador (sic)”, dice el informe citando el testimonio de un informante anónimo.
En los registros internos de la Policía, específicamente de la Dirección de Protección a Personalidades, consta que desde enero de 2020 hasta diciembre de 2021, Herberth Saca ha recibido seguridad financiada con fondos públicos, a pesar de no tener ningún cargo oficial en el Gobierno. La Presidencia ordenó al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, asignar escoltas a Saca.
El 3 de noviembre también se buscó la versión de Saca al llamar a su oficina en su negocio de venta de vehículos y escribirle un correo solicitando una entrevista. Tampoco hubo respuesta.
Señalados como corruptos
El 17 de mayo de 2021, Estados Unidos incluyó al diputado Gallegos en una lista de actores corruptos. Luna también fue sancionado por su participación junto con el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, en las reuniones para negociar una tregua entre el Gobierno y las pandillas. 'Facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas con líderes pandilleros encarcelados, en los cuales a conocidos miembros de pandillas se les permitió entrar en instalaciones de prisiones y reunirse con altos líderes de sus pandillas', dice el comunicado del 8 de diciembre de 2021 emitido por el Departamento de Estado de Los Estados Unidos.
La gestión de Luna al frente de las tiendas penitenciarias estaba bajo investigación de la Fiscalía anterior. El expediente Catedral, elaborado por el Grupo Antimafia que fue desarticulado por el actual fiscal bukelista, menciona que Luna gastó $278,000 en plazas fantasmas. Diez supervisores cobraban salarios desproporcionados a cambio de entregar dinero a Luna. Dos de esos supervisores, protegidos bajo la clave 'Sol' y 'Luna' dieron su testimonio a la Fiscalía, que además contaba con pruebas aportadas por el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones (CITE): intervenciones telefónicas a Luna y a su madre Alma Yanira Meza Olivares. Ese mismo expediente menciona que Luna, su madre y un empleado de confianza, Wilfredo Ostorga Hernández, participaron en un esquema de hurto y venta de 42,000 sacos de comida, valorados en $1,609,087, de un programa de alimentación creado por el Gobierno para atender a hogares vulnerables durante la cuarentena obligatoria ordenada en 2020 para mitigar el avance de la pandemia de Covid-19.
SIPOL: el vuelo fue pagado con fondos de las cárceles
El 10 de noviembre de 2019, fotografías de Luna y una mujer en un vuelo privado circularon por redes sociales. El escándalo fue tal en redes sociales que en Twitter se popularizó un mensaje que increpaba al Gobierno: #QuiénpagóelviajedeOsiris. El funcionario tuvo que salir a aclarar que no había utilizado fondos públicos para pagar el viaje en ese jet privado. “Jamás he pagado un vuelo privado con fondos públicos”, dijo Luna ese día en su cuenta de Twitter. “Fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad. Viajé ida y regreso por Avianca (también invitado) y, para poder realizar el viaje completo en poco tiempo, los vuelos internos (dentro de México) nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado”, aseguró. El 11 de diciembre de 2019, el Gobierno de México, a través de un memorando del Ministerio de Relaciones Exteriores, negó haber girado una invitación a Luna.
El 30 de abril de 2020, la SIPOL recibió una presentación titulada “Cuestionada visita del viceministro de Seguridad y el superintendente de la Siget a la empresa Seguritech, en México”. Los datos del correo y el archivo no determinan si el viceministro Luna y el titular de la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget), Manuel Aguilar, obtuvieron algún beneficio económico indebido tras una visita a México a las oficinas de una empresa que vende equipo de videovigilancia y que aspiraba a ser contratista del Gobierno de El Salvador. Aunque el título de la presentación menciona a dos funcionarios, el documento se centra en Luna.
El informe de inteligencia asegura que no hay ningún vínculo entre Aguilar y Luna, que ambos viajaron a una misión de trabajo a México en vuelos comerciales de Avianca, pero también menciona que el viaje de Luna y su acompañante tenía “la particularidad del uso de un jet privado, desconociéndose la naturaleza de esos vuelos internos”. Partiendo de esa observación del vuelo privado, la Policía abrió un expediente al viceministro de Seguridad y la SIPOL presumía que Luna había utilizado fondos de las tiendas penitenciarias: $27,000 para pagar ese vuelo privado.
El Faro pidió dos cotizaciones con empresas que dan servicio de transporte en jets en el interior de México. Un viaje ida y vuelta para dos personas en un jet privado entre dos ciudades en México puede llegar a valer entre $6,000 el más barato y $29,000 el más caro. El costo varía según la distancia, el número de personas que viajan y las características del jet.
El Ministerio de Seguridad se negó a transparentar el costo del viaje y el origen de los fondos. “Solo se está obligado a brindar información referente a vuelos que han sido pagados con fondos públicos y si no fuera el caso solo cuando se obtenga el consentimiento del tercero”, respondió el Ministerio de Seguridad a un ciudadano que solicitó esa información el 26 de noviembre de 2019.
El expediente policial también tiene otras líneas de investigación donde menciona a subordinados de Luna que han cometido irregularidades. Por ejemplo, la presentación menciona a Luis de Jesús de la O Tobar, el jefe del Departamento de Registro Penitenciario. “Fue el encargado de la elaboración y manipulación de los expedientes de 25 mil internos del sistema penitenciario”, dice el informe. Revista Factum reveló que De la O Tobar falseó documentos de sus estudios para obtener una jefatura en Centros Penales. Tras la publicación de este medio, Luna lo trasladó a otra área. “Lo cambió de puesto y lo nombró encargado de tiendas penitenciarias, desde enero 2020”, dice el informe policial.
