El periodista José Rubén Zamora no había llegado ni a la mitad del juicio que se realiza en su contra desde el 2 de mayo por lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, cuando los querellantes adhesivos en este caso presentaron una nueva denuncia en su contra por tráfico de influencias. El periodista es expresidente de elPeriódico, un diario guatemalteco que fue altamente crítico de los gobiernos de turno, y dejó de operar el pasado 15 de mayo, debido a las presiones económicas que supuso el encarcelamiento del periodista desde julio de 2022.
Este 30 de mayo, la FECI pidió 40 años de cárcel contra el periodista: 20 años por lavado de dinero, 12 años por tráfico de influencias y 8 años por extorsión (aunque estaba señalado de chantaje). Si el tribunal se inclinara por las penas mínimas, podría sentenciar a Zamora a unos 12 años por los tres delitos. En cualquiera de los dos casos, su encarcelamiento se prolongará si va a juicio y lo condenan en un segundo proceso por conspirar para obstruir la justicia. En cuanto a la tercera y nueva denuncia por tráfico de influencias, resta esperar si el MP decide judicializar el caso e iniciar un tercer proceso contra el expresidente de elPeriódico.
En la audiencia de este penúltimo día de mayo, la FECI y la defensa presentaron sus conclusiones, y el tribunal podría anunciar cuándo dictará sentencia.
La nueva denuncia, la tercera contra Zamora desde que está encarcelado, la presentaron Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, miembros de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) y querellantes en el proceso contra el periodista. Méndez y Falla han promovido procesos penales que llevaron a prisión o al exilio a jueces y fiscales, que llevaban casos de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), expulsada del país por el gobierno de Jimmy Morales en 2019.
Los operadores de justicia perseguidos niegan que violaron la ley, y atribuyen la criminalización a la intención de acabar con la lucha contra la impunidad que llevó al cierre de la CICIG. Mientras tanto, Falla y Ruiz explicaron a El Faro que denunciaron nuevamente al periodista porque se le asignó a una defensora pública “a dedo”, y el proceso debe ser por sorteo.
La denuncia parte de la audiencia del 11 de mayo pasado, cuando Zamora pidió cambiar a su abogada Patricia Guillermo de Chea por una de la defensa pública, Fidencia Orozco García. “Ella es muy experimentada; ha llevado casos a la Corte Interamericana, y vi que tiene dominio (como litigante)”, explicó el periodista a El Faro al final de una audiencia, respecto a su impresión de Orozco. “Entonces la pedí aquí; me dijeron que no”. En efecto, Oly González, presidenta del Tribunal Octavo de Sentencia que lleva el juicio, le dijo que no podía instruir al Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) a quién asignarle, porque la asignación es aleatoria. Sin embargo, el 16 de mayo, el tribunal le notificó que el IDPP le asignó a Orozco como su nueva abogada. Zamora afirma que ocurrió sin que él hiciera gestión alguna, pero un día después, le notificaron que la abogada estaba afuera del proceso debido a la denuncia.
“Presentamos una denuncia contra Fidencia Orozco y el señor Zamora porque el día que (pidió) la sustitución de abogado, él, a dedo, manifiesta que quiere que designen a alguien de la defensa pública, sabiendo que se obtiene ese servicio por medio de un sorteo entre diferentes abogados”, explicó Falla. “Casualmente (después) resulta ella nombrada. ¿Qué pauta da eso? Que el día de mañana Zamora diga, ‘quiero al juez séptimo, y al fiscal tal’. Entonces los sindicamos por tráfico de influencias. La denuncia está en el Ministerio Público. También denunciamos al director del Instituto (de Defensa Pública Penal, Idonaldo Fuentes), por designar a una persona a dedo para encargarse de la defensa a petición de Zamora”.
Para la audiencia del 18 de mayo, el periodista estaba representado por Joel Iván Reyes Guzmán, el otro abogado que el IDPP designó, debido a las denuncias presentadas.
El primer proceso contra Zamora por tráfico de influencias se sustenta en que supuestamente recibió información privilegiada de Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), quien denunció ser destituido ilegalmente el 23 de julio de 2021. Desde entonces, la FECI ha logrado la emisión de cuatro órdenes de captura en su contra. Según la fiscalía, Zamora pretendía influir en una investigación que lo involucraba, y buscaba información que supuestamente usaría para chantajear al exbanquero Ronald García Navarijo. El exbanquero, de quien Falla además es representante legal, denunció al periodista el 26 de julio de 2022, quien fue capturado el 29 de julio también por lavado de dinero y chantaje.
La acusación por lavado de dinero se sustenta en que Zamora entregó Q300,000 (US$40,000) en efectivo a García Navarijo y le pidió depositarlo en la cuenta de una de sus empresas, y que le entregara un cheque a cambio. El dinero fue documentado como pago por publicidad en la contabilidad del diario. En octubre pasado, el periodista aseguró que, de la suma, Q240,000 provenían de la venta de un cuadro al empresario Alejandro José Girón Lainfiesta, cuyos movimientos bancarios registran el retiro del dinero la última semana de julio de 2022, pero no fueron considerados como evidencia. Girón le compró el cuadro el 25 de julio de 2022, sin la extensión de recibos de por medio.
Juan Francisco Solórzano Foppa, uno de los diez abogados que han representado a Zamora, y que fue capturado en abril pasado, argumentó que la simulación de una operación financiera no constituye lavado cuando el origen del dinero es lícito. La fiscal de la FECI, Cynthia Monterroso, afirmó en el juicio que el concepto de lavado sí se sustenta en la simulación de una transacción financiera, aunque todavía no ha comprobado que el origen del dinero es ilícito. Sólo tiene la declaración de García Navarijo quien antes del juicio dijo que el dinero “podría haber provenido de chantajes”.
Defensa dijo que designación de fiscal también fue “a dedo”
En agosto de 2022, fue capturada Flora Silva, entonces gerente financiera de Aldea Global, empresa sombrilla de elPeriódico. Silva fue acusada también de lavado de dinero por generar una factura y recibo por venta de publicidad para ingresar el dinero en forma de cheque a la contabilidad del diario. Lo hizo siguiendo instrucciones de Zamora. Después de su primera audiencia judicial, su defensor Gustavo Ovalle, dijo que todo el proceso estaba viciado desde su origen, y que toda la evidencia admitida después debía ser inadmisible.
¿Por qué lo decía? Según Ovalle, hubo irregularidades en la presentación de la denuncia de García Navarijo porque reflejaba un acuerdo previo con la FECI. ¿En qué forma? El abogado argumentó que la Ley Orgánica del Ministerio Público (MP) ordena que la asignación de casos nuevos debe ser aleatoria “para garantizar la imparcialidad de las investigaciones”, y que así lo maneja la Oficina de Atención Permanente (OAP) del MP (donde Ovalle trabajó hace algunos años). El abogado argumentaba que, si García Navarijo presentó la denuncia a las diez de la noche del 26 de julio de 2022, ¿cómo sabía—sin previo acuerdo—que a esa hora había alguien en la FECI? Ovalle dice que, por la hora, la lógica indicaba que debía presentar la denuncia ante la OAP que atiende las 24 horas, y la asignaría aleatoriamente a una fiscalía.
En agosto pasado, el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, dijo a El Faro, que él y dos agentes fiscales—una de ellas, Monterroso—estaban en la fiscalía cuando llegó García Navarijo. Ovalle insistió en que Curruchiche, como jefe de una fiscalía de sección, debió hacer una asignación aleatoria del caso cuando todos los agentes fiscales estuvieran presentes, aunque Monterroso hubiera recibido la denuncia. “(Si) el caso se asignó a dedo por el jefe, debió haber una instrucción escrita indicando la manera de proceder con (esa denuncia)”, señaló el abogado en 2022.
La inobservancia de la designación aleatoria de un o una agente fiscal es el mismo argumento bajo el cual Falla y Méndez denunciaron a Zamora, Orozco y al director del IDPP por tráfico de influencias el 16 de mayo, por la supuesta designación “a dedo” de la defensora pública. Sin embargo, Falla, quien acompañó a García Navarijo a denunciar a Zamora ante la FECI el 26 de julio de 2022, sostiene que no hubo irregularidades en la designación de Monterroso.
“Ronald llegó primero a (la Oficina de) Atención Permanente, (donde) el jefe, al escuchar quiénes estaban relacionados (en el caso), de qué denuncia se trataba, y las pruebas que él iba a presentar, suspende (la declaración) y dice, ‘aquí puede haber una fuga de información’ (…) y lo pone en conocimiento del despacho (de la fiscal general) a través de Secretaría General”, relata el abogado.
Es verdad que García Navarijo no era cualquier denunciante, ni era un extraño para la FECI, que lo acusaba de lavado de dinero y otros delitos en los casos “Bantrab: un negocio de familia” y ARCAS, que la CICIG abrió en 2016 y 2017. Bantrab es el Banco de los Trabajadores, del cual el denunciante fue gerente general. Así, la FECI tomó un testimonio de un sujeto a quien procesaba desde hacía seis años, que estuvo prófugo casi dos años hasta su captura en 2018, y que estaba libre desde 2020 al obtener un amparo mientras llega a juicio.
Según Falla, la fiscal general Consuelo Porras revisó el acuerdo de creación de la FECI para confirmar que esa fiscalía estaba facultada para investigar los hechos que relató el denunciante, y designó a Curruchiche para que escuchara la declaración.
“Yo ya había hablado con Ronald del caso y, para no caer en una omisión de denuncia, lo orienté (para) que fuera al Ministerio Público a presentar la denuncia”, dice Falla, revelando que el testigo no denunció a Zamora por iniciativa propia.
El abogado relató que, al llegar su cliente a la FECI, lo atendió Curruchiche, quien, al ver que sólo Monterroso estaba en la fiscalía, le trasladó el caso a ella, y ambos escucharon a García Navarijo (en agosto de 2022, dijo a El Faro que estaban él y dos agentes fiscales, y que los tres escucharon a García Navarijo). Sin embargo, el acta que consigna la declaración sólo está firmada por Monterroso, según lo advirtió el abogado Ovalle cuando el documento fue mostrado en una audiencia de Silva.
Falla dice que le pidieron llegar a la FECI porque García Navarijo no podía declarar sin un abogado defensor presente. “Cuando llegué, establecí que había anuencia de la fiscal general para que (la denuncia) se tramitara por medio de la fiscal Monterroso”, agregó Falla. “Lo más sensato era que se quedara en la Fiscalía con la persona que captó primero la información, en atención a la certeza jurídica, y a que no se perdiera ningún elemento probatorio”.
El acuerdo 59-2019 de la Secretaría General, del Libro de Acuerdos del MP, sí establece que la jefatura del MP decide cuáles casos se asignan a la FECI. Sin embargo, no establece la asignación a una agencia específica en la Fiscalía, y menos a un o una agente fiscal en particular. Este acuerdo lo firmó la actual fiscal general Porras, a quien el presidente Alejandro Giammattei la reeligió en 2022 por cuatro años más.
El denunciante testificó durante casi tres horas hasta entrada la madrugada del 27 de julio de 2022. Después de 72 horas, la FECI, con orden judicial, allanó las oficinas de elPeriódico, la casa de Zamora, y lo capturó. En las mismas oficinas de la fiscalía, también capturó a la auxiliar fiscal Samari Gómez, a quien acusó de filtrar información de los casos contra García Navarijo, por lo cual la fiscalía pidió que sea sentenciada a ocho años de cárcel. Gómez llevaba esos procesos en la FECI.
Después de su captura, Zamora denunció que la fiscal general y el mandatario (dos de los blancos principales de críticas en elPeriódico, en relación con casos de corrupción) habían querido “armarle un caso” desde 2021 para encarcelarlo. Agregó que, a finales de junio de 2022, García Navarijo (con quien creía tener amistad desde 2009) se quejó de que Curruchiche le propuso “quemar a (…) personajes molestos para el Ministerio Público y el régimen de turno” a cambio de liberar una cuenta con Q33 millones que le habían congelado en el proceso de Bantrab. Un mes después Zamora fue capturado, aunque Curruchiche aseguró que los señalamientos del periodista son falsos.
Según Falla, antes que él llegara a la FECI, García Navarijo expresó la frase “Temo por mi vida; me van a matar” y pidió protección al MP, una protección perimetral que recibió y conserva hasta la fecha. “La policía pasa por su casa bocinando”, agregó el abogado.
En el juicio, cuando declaró el 22 de mayo, García Navarijo dijo—sin mostrar evidencias—que después de las capturas, “el equipo del señor Zamora” lo seguía para establecer con quiénes se reunía, información que atribuyó a un periodista que no identificó. “Yo puse dos denuncias, porque también tuve dos conatos de atraco a la salida de mi casa, por eso conseguí seguridad”, testificó. “Me empezaron a perseguir”. Esto, en la época en que el diario estaba casi en quiebra, con el pago de salarios atrasado, cuatro meses antes de despedir al 80 % de su personal y clausurar su edición impresa por falta de fondos.
La segunda denuncia lleva a traslape de procesos
La denuncia de tráfico de influencias contra Zamora, por la designación de Orozco como su abogada, es la tercera denuncia contra el periodista desde su captura. La primera fue la que presentó García Navarijo y acabó en el juicio que enfrenta actualmente. La segunda se derivó de ese caso, por conspiración para obstruir la justicia, por un cheque de Q200,000 (US$26,667) que recibió en préstamo del Bantrab (vía su empresa ARCAS) en 2013, pero que no justificó en la contabilidad del diario. El denunciante, García Navarijo, grabó una conversación en la casa de Zamora el 21 de agosto de 2021, cuando él, Zamora, sus abogados Mario Castañeda y Romeo Montoya, y Flora Silva conversaban al respecto.
El caso ARCAS, que la FECI investigaba, ya había llevado a Sandoval (cuando dirigía la fiscalía todavía en 2018) a interrogar a Zamora. El periodista dice que comprobó el depósito del cheque a la cuenta del diario, y que el fiscal no encontró irregularidades en el uso del dinero. Sin embargo, ya con Sandoval despedido, y con Curruchiche al frente de la FECI en agosto de 2021, García Navarijo convocó a la reunión en casa del periodista—según Zamora, algo que el testigo desmiente—y grabó todo (un año antes de denunciar a Zamora ante la FECI).
En la cinta, García Navarijo es quien primero propone mecanismos para registrar el pago. “Yo todavía tengo (contacto con) el contador y el representante legal de estas fechas”, dijo. “Yo digo que tratáramos de buscarle un cierre a la operación, (porque) la FECI va a empezar a buscar de dónde jala para empezar a joder”. Los demás comentan y preguntan al banquero acerca de cuanto propone.
Con base en la grabación, la FECI abrió un segundo proceso contra Zamora por conspirar para obstruir la justicia. El 28 de febrero pasado, el juez Jimmy Bremer resolvió enviarlo a prisión preventiva. Para entonces, el periodista ya tenía siete meses de ocupar una bartolina de aislamiento en la cárcel en la Brigada Militar Mariscal Zavala. La FECI también consiguió capturar a los abogados Castañeda y Montoya en 2023, y volvió a procesar a Silva también por conspirar para obstruir la justicia. Los tres aceptaron cargos y quedaron libres al recibir penas cortas conmutables por una sanción económica. Silva hizo lo mismo con el cargo de lavado de dinero. Su abogado, Ovalle, en un intento por marcar distancia con el proceso contra Zamora, tuiteó el 20 de mayo pasado que sí se cometieron delitos.
El proceso por conspiración para obstruir la justicia contra el periodista está en fase de investigación, y le impediría salir de la cárcel si el tribunal que dirige González lo absuelve, o le dicta una pena conmutable. Lo mismo ocurrió con Virginia Laparra, exfiscal de la FECI condenada por abuso de autoridad continuado, quien recibió una pena conmutable del mismo tribunal en diciembre pasado. Sin embargo, no salió libre por enfrentar otro proceso por filtración de información en un caso bajo reserva, por el cual guarda prisión preventiva. Laparra sostiene que es inocente. En su caso, Falla y Méndez también son querellantes adhesivos.
