Desde este viernes 19, más de una docena de empresas de tecnología y organizaciones de prensa en Estados Unidos han entregado escritos de amicus curiae al Noveno Tribunal de Apelaciones para apoyar la demanda de 18 miembros del periódico El Faro contra la empresa israelí NSO Group, desarrolladora y vendedora del software de espionaje Pegasus, que fue desestimada en marzo y ahora está en fase de apelación. A lo largo de 2020 y 2021, un operador de Pegasus en El Salvador vulneró los iPhones de al menos 22 miembros de El Faro en un ataque sin precedentes a la libertad de prensa en la región.
Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, y Access Now revelaron en enero de 2022 un total de 35 blancos de Pegasus en este lapso en El Salvador, entre ellos periodistas, políticos y defensores de derechos humanos. Un representante de Citizen Lab lo llamó “uno de los casos de espionaje más impactantes y obsesivos que hemos investigado”. El despliegue de este software contra El Faro fue el más flagrante, infectando alrededor de dos tercios de la redacción, según un análisis independiente llevado a cabo a finales de 2021.
En representación de los 18 miembros de El Faro, abogados del Knight Institute de la Universidad de Columbia en Nueva York presentaron en noviembre de 2022 la demanda contra NSO Group en el Distrito Norte de California. Acusaron a la empresa de haber violado la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA) de Estados Unidos, además de una ley similar a nivel estatal, y pidieron a la corte una orden que obligara a NSO a devolver y borrar la información robada de los servidores y dispositivos de Apple, así como revelar a su cliente en El Salvador.
NSO dice sólo vender su herramienta insignia de espionaje a estados y con el aval del Ministerio de Defensa de Israel, lo cual hace más relevante que Citizen Lab y Access Now hayan reportado a inicios de 2022 la existencia de “un cliente de Pegasus que ha operado casi exclusivamente en El Salvador desde al menos noviembre de 2019”.
El pasado 8 de marzo, el juez federal James Donato desestimó la demanda bajo el argumento de forum non conveniens; declaró que el litigio “debe realizarse a una corte en Israel o El Salvador, y no aquí”. “De concluirse lo contrario”, siguió, “se estaría abriendo la puerta de las cortes federales a demandas de entes extranjeros por conductas que ocurrieron completamente fuera de Estados Unidos”.
“Tiene poco sentido cargar a un jurado en este distrito con todo esto”, escribió Donato. “Sería entendible que a un jurado local le pareciera complicado que se les pidiera sentarse para un largo juicio que involucra a querellantes y acusados meramente extranjeros y sobre eventos en tierras extranjeras”.
En una declaración de apoyo a El Faro entregado a la corte el lunes 22, empresas de tecnología lideradas por Microsoft y Google respondieron a ese argumento central del juez: “Los Estados Unidos y California tienen un interés fundamental en proteger empresas domésticas de tecnología de que NSO use sus productos y servicios como vector de espionaje”.
Microsoft agregó en una publicación en su blog que “los mercenarios cibernéticos como NSO Group han explotado nuestra tecnología al atacar a nuestros usuarios y creemos que las víctimas tienen derecho a un recurso legal aunque se ubiquen fuera de Estados Unidos”.
Otro escrito entregado este lunes por organizaciones de prensa estadounidenses como el Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periódicos y la New York Times Company afirma que “la decisión no toma suficientemente en cuenta la excepcionalmente fuerte política federal a favor de la libertad de prensa mundial”.
La profesora de derecho estadounidense Cassandra Burke Robertson, directora del Centro para la Ética Profesional en Case Western Reserve University, una universidad privada de investigación en Ohio, llevó el punto al siguiente nivel: “El querellante Nelson Rauda Zablah vivía en Estados Unidos cuando se inició este caso y se entregó la querella enmendada; el querellante José Luis Sanz reside en Estados Unidos; y el querellante Roman Gressier es un ciudadano estadounidense”, escribió a título personal en su propio amicus.
“Lo que está en juego es la defensa de principios esenciales para la democracia: el derecho a la privacidad, a la libertad de expresión y al ejercicio de la libertad de prensa sin que sea coartada por herramientas tan sofisticadas e invasivas que se supone que son de uso exclusivo para combatir asuntos tan serios como el terrorismo”, dice Carlos Dada, director de El Faro. “Esto va mucho más allá de una denuncia de algunos miembros de El Faro contra una empresa israelí”.
Espionaje sin fronteras
El Electronic Privacy Information Center, un instituto de investigación en el interés público radicado en Washington, D.C., subrayó que los servidores vulnerados en los ataques de Pegasus contra El Faro están en California: “Al no hacer valer la CFAA contra hackers extranjeros como NSO Group, se socava la confianza pública en la infraestructura de Apple de la que depende la mayoría de los estadounidenses”.
“La necesidad de hacer valer la CFAA en lo extraterritorial sólo se ha vuelto más urgente a medida que los datos y la infraestructura informática ha sobrepasado las fronteras”, escribió el centro el martes 23.
En su apertura de argumentos de apelación, el Knight Institute afirmó el lunes 15 que la corte “contradijo directamente su propio análisis de los mismos factores en el caso de Apple”. El juez Donato había desestimado el argumento de NSO basado en geografía y jurisdicción en demandas previas presentadas por Apple y Meta, la sociedad matriz de WhatsApp, contra el desarrollador de Pegasus.
Múltiples amici citaron al presidente estadounidense Joe Biden, que en 2023 declaró que la lucha contra el uso ilícito de las herramientas de espionaje representa un “interés fundamental de seguridad nacional y política exterior”. También recordaron las sanciones del Departamento de Comercio contra NSO en 2021 por “ataques maliciosos contra funcionarios públicos, periodistas, empresarios, activistas, académicos y trabajadores en las embajadas”.
Miembros del Parlamento Europeo han dicho que el uso ilegal de herramientas de espionaje atenta contra la democracia y han hecho recomendaciones para la legislación europea. Más de cuatro decenas de gobiernos alrededor del mundo han acordado “directrices sobre el uso gubernamental de tecnologías de vigilancia” y pedido regulaciones más robustas para la creciente industria de espionaje comercial, incluyendo controles sobre las exportaciones.
“Es dudoso que las cortes israelíes estén abiertas a una demanda hecha por querellantes extranjeros contra un ciudadano corporativo, ya que NSO Group está radicado en Israel”, escribió la Electronic Frontier Foundation en una declaración a la corte el viernes 19. “Las cortes [de Israel] han sido muy complacientes con NSO Group en particular. Por ende, las cortes estadounidenses deben seguir siendo un foro viable para que las víctimas de la vigilancia digital injustificada reivindiquen sus derechos humanos”.
“La tecnología de NSO Group ha sido implicada en cientos de ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y disidentes políticos”, dice Jameel Jaffer, director ejecutivo del Knight Institute. “Si bien estos ataques sucedieron alrededor del mundo, muchos incluyeron una subversión en Estados Unidos de las tecnologías de empresas estadounidenses”.
Sin garantías
En los 26 años desde su fundación, El Faro ha sido reconocido como uno de los principales medios de periodismo de investigación en América Latina. Bajo la administración de Nayib Bukele en El Salvador, el espionaje contra el periódico se ha sumado a auditorías politizadas, amenazas y hostigamiento constante en redes sociales. En este contexto, El Faro trasladó su personería jurídica en abril de 2023 desde San Salvador a San José, Costa Rica, y ahora está registrada bajo la figura de la Fundación Periódica, una organización sin fines de lucro.
“Es la culminación de un proceso que emprendimos hace unos meses ante la falta de condiciones para seguir operando en El Salvador”, escribió la mesa editorial en 2023. “¿Qué posibilidades de defensa hay cuando el presidente que acusa sin pruebas controla todo el aparato judicial y los tres poderes del Estado?”.
Si bien la redacción sigue operando principalmente en El Salvador, a la hora de presentar la demanda en California dos de los querellantes vivían en Estados Unidos, incluyendo al corresponsal en Washington y uno que cursaba una maestría en periodismo en la Universidad de Columbia. La gran mayoría de los querellantes son de nacionalidad salvadoreña, con la excepción del español José Luis Sanz, quien en 2020, durante los ataques en su contra, era director de El Faro; el ex editor del periódico, el mexicano Daniel Lizárraga; y el franco-estadounidense Roman Gressier, actual editor de El Faro English.
En abril de 2023 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado al Estado salvadoreño a que “restableciera los derechos y garantías” anulados bajo el régimen de excepción vigente. El presidente Nayib Bukele ejerce un férreo control sobre el sistema judicial desde que removió ilegalmente en mayo de 2021 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, un control absoluto que allanó el camino a que asumiera un segundo mandato en junio de este año en violación a la constitución.
El Faro ha denunciado una persecución fiscal a raíz de una serie de auditorías que, en abril de 2021, durante la ventana de infecciones de Pegasus, llevaron a acusaciones de evasión intencional de impuestos. En febrero de ese año, la Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares a 34 miembros del periódico en base a “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
El Faro ha dicho que “el único gobierno interesado en crear una operación de espionaje de semejante magnitud en contra de periodistas de medios salvadoreños es el gobierno salvadoreño”.
Se utilizó Pegasus en contra de la estructura entera de El Faro, desde la mesa editorial y sus principales administradores hasta sus reporteros nuevos y las secciones de fotografía, diseño, publicidad y contabilidad. 13 reporteros fueron vulnerados al menos cinco veces, mientras que el jefe de redacción Óscar Martínez sufrió un total de 42 ataques.
El director Carlos Dada y el periodista de investigaciones especiales Carlos Martínez sufrieron infecciones ininterrumpidas que a menudo duraron más de un mes. Dada fue sujeto de 12 vulneraciones de su celular durante 167 días, mientras que en el caso de Martínez, que ha firmado todas las revelaciones de pactos entre políticos y pandillas desde 2012, los investigadores de Citizen Lab y Access Now encontraron una infección viva a la hora de su análisis, una situación inédita que permitió ubicar al operador en El Salvador.
Durante estas fechas, El Faro investigaba al gabinete paralelo de venezolanos en el Gobierno de Bukele, los planes secretos para crear una criptomoneda nacional o el robo de alimentos destinados a atender la pandemia. En septiembre de 2020, tres días después de la publicación de la primera entrega sobre las negociaciones secretas del Gobierno de Bukele con las pandillas, el presidente acusó al periódico en cadena nacional de estar bajo investigación por supuesto lavado de dinero. Según el análisis de Citizen Lab, fue el mes de mayor número de infecciones con Pegasus.
Hace pocos días, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia otorgó el Premio María Moors Cabot al periodista Carlos Martínez, uno de los periodistas que más tiempo estuvo bajo ataque de Pegasus. Martínez es el tercer miembro de El Faro en ganar ese prestigioso galardón. El jurado escribió que “su cobertura de la expansión de las actividades de las pandillas es de lectura obligatoria para quienes quieran entender la manera en que las redes criminales están devastando a Centroamérica, y cómo su influencia está expandiendo a México y los Estados Unidos”.
Fe de errata el 25 de julio a las 3 p.m. hora Centroamérica: La versión inicial de esta nota afirmó que los miembros de El Faro presentaron su demanda contra NSO Group en diciembre de 2021, cuando en realidad la entregaron a la corte federal de California a finales de noviembre de 2022.
