El ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, presentó una petición este 25 de enero a la Asamblea Legislativa para que renueven, otra vez, las medidas extraordinarias. Al hacerlo, Ramírez descalificó a la Organización de Naciones Unidas -que pidió la derogación de las medidas- y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), que certificó que el plan emblemático de seguridad de esta administración viola derechos humanos.
Ramírez Landaverde dijo que el informe del alto comisionado de los derechos humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, “se basa en una falsedad”. Al Hussein visitó el país en noviembre pasado. En su informe, condenó la violencia de las pandillas; “el retorno de los escuadrones de la muerte” y las ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Ramírez Landaverde, que se resistió a opinar sobre estos otros reclamos, centró su descalificación a la ONU por el diagnóstico que la misión de Al Hussein hizo a las condiciones generadas en las cárceles a raíz de la puesta en marcha de las medidas extraordinarias.
Al Hussein había dicho en noviembre que las medidas provocan “condiciones realmente inhumanas” en los centros penitenciarios, y ejemplificó su denuncia con los brotes de tuberculosis y desnutrición. En junio de 2017, la PDDH ya había informado que los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro a partir de la implementación de las medidas en las prisiones. En su informe, Al Hussein no planteó matices y pidió la derogación de este plan, y que se “garantice acceso a estos centros de detención a las organizaciones internacionales independientes, incluyendo mi Oficina”, dijo.
El ministro Ramírez Landaverde, en un ejercicio de honestidad, reconoció que en las cárceles existen condiciones inhumanas, pero negó que estas sean una consecuencia del plan insignia del Gobierno contra las pandillas. Según el ministro, esas condiciones son previas a la puesta en marcha de las medidas extraordinarias. “Le fue planteado al alto comisionado que la epidemia de tuberculosis no era consecuencia de las medidas extraordinarias. Falso”, dijo.
El gobierno de Sánchez Cerén soslaya el más reciente informe de la ONU sobre El Salvador justo el día en que otro informe se comienza a gestar. Este 25 de enero marca el inicio de la visita de Agnes Callamard, relatora especial de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, otro tema por el que El Salvador fue ampliamente denunciado en 2017.
En una conferencia de prensa celebrada en la Asamblea Legislativa, El Faro le hizo ver a Ramírez Landaverde que la idea de que los casos de tuberculosis aumentaron gracias a las medidas no solo proviene de la ONU, sino del informe en el que la PDDH reveló que los casos de tuberculosis se multiplicaron por cuatro en las cárceles a partir de la implementación de las medidas. Pero el ministro no está para críticas, y arguye que detrás de la intención de atacar las medidas extraordinarias hay una 'pretensión' de grupos criminales. “Lo que está en juego es una pretensión de la criminalidad para que no se prorroguen las medidas extraordinarias y con ello recobrar esos privilegios que en el pasado le han permitido seguir dirigiendo y coordinando ilícitos”, dijo, gesticulando con los puños cerrados, y luego también atacó a la Procuraduría.
—La Procuraduría de Derechos Humanos también dijo que las medidas provocaron una grave crisis de tuberculosis. ¿Eso es falso? -preguntó El Faro.
—Bueno, es falso también. La epidemia de tuberculosis es anterior a la implementación de las medidas. A finales de 2015 ya se presentaban más de 900 casos. En la actualidad tenemos más de mil casos en todo el sistema.
Pero los señalamientos a las medidas extraordinarias no se reducen, como quiso hacer ver el ministro, a la tuberculosis. Más reos están muriendo. El año pasado, la cantidad de reos que se murió por problemas de salud en centros penales se duplicó respecto al año anterior. Entre enero y septiembre de 2017, 126 reos murieron en las cárceles; más del doble que en todo 2016, cuando se registraron 61 casos. Estas son cifras oficiales de la Dirección General de Centros Penales recolectadas recolectados por el Servicio Social Pasionista.
Las medidas limitan al máximo los derechos de los internos en las cárceles que albergan pandilleros, impiden visitas familiares, suspenden las salidas de reos a sus audiencias o incluso su movilidad dentro de las cárceles. La PDDH encontró casos de personas que tenían más de tres meses sin salir ni siquiera de su celda. También obligan al aislamiento total de la comunicación electrónica en las zonas donde se ubican las prisiones, aunque el ministro admitió que esta meta no se ha cumplido a la totalidad, aunque culpó de ello a las operadoras telefónicas.
Ramírez Landaverde habló de un plan “de carácter especial, extraordinario y temporal” que, si se renueva otra vez, cumplirán tres años, en abril de 2019. Es decir, habrán estado vigentes durante la mayor parte de la gestión Sánchez Cerén. Su principal argumento es la reducción de homicidios: un 25 % en 2017, respecto al año anterior. Sin embargo, la relación causa- efecto entre las medidas y esa disminución no están claras. Y, con todo, El Salvador sigue teniendo una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
El régimen en las cárceles provoca violaciones al debido proceso -retrasos en los procesos judiciales- y el incumplimiento de la obligación de rehabilitar personas que, según la Constitución, tiene el sistema penitenciario.
En 2016, un grupo de jueces denunciaron que las medidas extraordinarias causaban la suspensión de procesos penales contra pandilleros, por la falta de tecnología y carencia de personal. El ministro de Seguridad asegura que ese es un problema superado. “Se ha avanzado mucho. Hay salas de audiencia en centros penales debidamente equipadas con la tecnología del caso y espacios acondicionados con mobiliario suficiente”, dijo Ramírez.
Para la jueza de menores Delmy Orellana, las medidas extraordinarias son “un elemento que viene a aumentar más la retardación de justicia. Estamos en fila esperando el turno para poder realizar las audiencias”. Orellana dice que ella nunca ha podido hacer una audiencia virtual. Otros dos jueces y dos funcionarias judiciales consultados por El Faro dicen que, aunque la situación dista de ser el escenario ideal planteado por el ministro, hay avances significativos, sobre todo logísticos para la realización de audiencias virtuales. Aún así, el sistema es insuficiente para atender todos los casos.
En la renovación de las medidas extraordinarias votada en 2017, diputados de Arena como Norman Quijano y Rodrigo Ávila señalaron las falencias del plan, pero terminaron votando por la renovación. Por ahora, Ávila ha prometido revisarlas. “Estamos preocupados por el brote de tuberculosis. Y no queremos pensar que hay una mala intención en este tema”, dijo Ávila en una entrevista con El Faro. “Si se está impidiendo que una madre visite a su hijo, perdonáme, pero eso no está definido en el decreto que aprobamos”, agregó el exdirector de la Policía.
El diputado Mauricio Vargas, un general retirado, está en la misma lógica. “¿Dos años no son suficientes? ¿Por qué? ¿Cuáles son las estadísticas que justifican que eso continúe?”, pregunta Vargas. “Los reportes que nos envían no dicen absolutamente nada. Queremos ver la sustanciación de para qué hay que prorrogarla”, asegura Vargas. Estos cuestionamientos son similares a los que Arena ya hacía el año pasado, cuando solo el diputado Johnny Wright votó en contra.
En contraste con los organismos nacionales e internacionales, que reclaman violaciones a los derechos humanos en las actuaciones de agentes del Estado a través de la puesta en marcha de una política de seguridad represiva, buena parte de la población salvadoreña mantiene altos niveles de tolerancia a esta apuesta del segundo gobierno de izquierdas. De acuerdo con un estudio de la UCA y la Universidad de la Florida, el 40.1 % de los salvadoreños aprueba el uso de tortura para lidiar con miembros del crimen organizado; el 34.6 % aprueba las ejecuciones extrajudiciales; y el 17.2 %, consiente la práctica de limpieza social.
Sin embargo, Al Hussein había instado a los salvadoreños en su informe a repensar esta tolerancia. ”No importa cuán serias sean las violaciones a los derechos humanos cometidas por la violencia pandilleril, todas las personas que perpetran la violencia deben rendir cuentas por sus acciones a través de los mecanismos judiciales”, dijo en su informe.
