El 24 de julio, el presidente Nayib Bukele presentó un programa especial de televisión en el que prometía “zanjar por fin el debate” sobre su gestión de la pandemia. Fue, al final, un largo video editado, de una hora de duración, en el que se presentó a sí mismo como víctima de un boicot de todos los sectores nacionales que no le son sumisos. Según el presidente, grandes empresarios, medios de comunicación, partidos políticos, universidades, periodistas y organizaciones de derechos humanos han conspirado en su contra para impedirle enfrentar la crisis y salvar vidas.
La superficialidad del argumento no es nueva. Tampoco lo es que el video omitiera eventos cruciales para analizar los hechos políticos de 2020, como su entrada con soldados a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero o su negativa a cumplir resoluciones de la Corte Suprema. Como su fatal manejo de los centros de contención de contagios, las miles de detenciones arbitrarias cometidas por la Policía o el cerco militar al Puerto de La Libertad. Como la falta de equipo de protección para el personal de salud, que ha causado ya decenas de muertes. Como su veto a los decretos legislativos que le otorgaban casi todas las herramientas legales que pedía, pero le exigían a cambio transparentar los gastos de emergencia durante la pandemia. Como las decenas de irregularidades en compras de emergencia que ha hecho su gobierno y las denuncias de corrupción contra miembros de su gabinete que continúan acumulándose ante su silencio cómplice.
Lo que el presidente presentó y presenta como la explicación definitiva de la crisis de salud, económica y política que atraviesa en estos meses El Salvador es, en realidad, simple propaganda.
Desde su llegada al poder, Bukele ha fabricado una realidad alternativa según la cual él es el único defensor del pueblo frente lo que llama “los mismos de siempre”, una categoría en la que incluye a cualquiera que exprese una crítica o no se pliegue a sus deseos. A los diputados ha llegado a acusarlos de pretender un genocidio -sí, genocidio- por no aprobar sus decretos.
En los últimos meses, ante los constantes reportes de corrupción, de ignorancia de los principios de la democracia y de transgresión a la institucionalidad del Estado, el presidente y su grupo de poder han comenzado a usar todos los recursos a su alcance para imponer su narrativa. Y como parte de su estrategia, en un atropello más a los pilares democráticos, Bukele ha declarado su enemigo al periodismo.
Los ataques a medios y periodistas van en aumento, al tiempo que se multiplican en el país las plataformas de desinformación en las que se invierten enormes sumas de dinero para diseminar la propaganda oficial en redes sociales e internet, sin que nadie se haga responsable de su contenido ni exista huella de los fondos con que son financiadas.
Es la eclosión de un proceso que arrancó antes incluso del 1 de junio de 2019 en forma de expresiones de desprecio hacia el periodismo y los medios en general, pero que tuvo como primer acto formal la censura impuesta por Casa Presidencial a periodistas de El Faro y Revista Factum en septiembre de 2019, cuando su secretario de Prensa les prohibió el ingreso a las conferencias de prensa de Bukele.
Siguió una reacción en cadena: El Diario de Hoy llevó el asunto a su portada y su director denunció los incidentes ante la Sociedad Interamericana de Prensa. En respuesta, Bukele retiró toda la publicidad gubernamental y suspendió contratos de imprenta con ese periódico. Ya entonces fue claro que el presidente estaba dispuesto a utilizar toda la institucionalidad del gobierno contra las voces disidentes.
Desde entonces, el bloqueo informativo a ciertos medios, incluido El Faro, ha sido una norma.
Funcionarios de este gobierno niegan entrevistas o información básica a cualquier periódico o canal de televisión que, como debe hacer siempre el periodismo, cuestione la versión oficial, mientras los principales ministros desfilan cada mañana por los cómodos sets de los tres canales en los que se concentra la mayoría de pauta publicitaria del Ejecutivo.
Como gobiernos anteriores
No es nuevo. Las administraciones anteriores ya intentaron bloquearnos o deslegitimarnos por nuestras preguntas incómodas y denuncias de corrupción. El libreto de Bukele -que incluye acusar a los periodistas de tener agenda oculta o de actuar a favor de sus rivales políticos- es en realidad el mismo que siguieron otros gobiernos y partidos corruptos de los que dice distinguirse.
Pero este presidente acumula más poder que sus predecesores y ha ido más lejos que ellos en sus ataques al periodismo independiente.
Durante el último año se han registrado campañas orquestadas contra periodistas en redes sociales; calumnias y burlas directas de Bukele contra reporteros que cubrían sus conferencias de prensa; ataques a los servidores web de medios digitales; seguimientos, e incluso amenazas de las que no podemos responsabilizar directamente al mandatario pero sí a las campañas de difamación que él ha emprendido contra periodistas de El Faro y otros medios. Campañas y mentiras que diseminan impunemente sus ministros y viceministros.
Este gobierno utiliza también fraudulentamente plataformas sostenidas con fondos públicos para atacar a medios. A inicios de julio desató desde el Diario La Página, operado por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, una campaña de desprestigio contra El Faro que incluyó calumnias difundidas en redes sociales por el mismo presidente Bukele y sus ministros: mediante un texto anónimo publicado en ese medio bajo control estatal, se acusaba a un periodista de este medio de un delito sexual que no existió y a este periódico de encubrirlo.
Ambas acusaciones son falsas, y la periodista que supuestamente fue víctima de agresión según los medios progubernamentales ya lo declaró en la Fiscalía y lo hizo público en un comunicado difundido por sus abogados del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA). En ese comunicado, la periodista no solo niega el relato difundido por el gobierno, sino que denuncia que nunca fue entrevistada por esos periódicos y que es objeto de una manipulación presidencial con fines políticos.
Aun así, el Fiscal General de la República mantiene abiertas en este momento investigaciones contra El Faro, uno de sus periodistas, uno de sus abogados y su director. La Página, controlada por el gobierno, continúa publicando calumnias contra este periódico y contra los abogados del IDHUCA relacionados con el caso; y el presidente de la República y su gabinete siguen repitiendo la calumnia. Otra mentira que intentan convertir en verdad en su falsa narrativa.
A estos ataques se suman otros: en las últimas semanas, en El Faro hemos detectado vehículos vigilando nuestras oficinas; y el pasado lunes 20, dos días después de que el comunicado de la periodista dejase en evidencia la campaña gubernamental, el Ministerio de Hacienda envió a este periódico requerimientos solicitando nuestros registros contables y fiscales desde hace seis años.
No es la primera vez que este gobierno lanza paquetes de inspecciones contra personas o empresas como una herramienta política. A finales de 2019, Revista Factum fue objeto de una sofisticada campaña de deslegitimación: los ministerios de Salud y Trabajo realizaron agresivas inspecciones a restaurantes del empresario Adolfo Salume y ordenaron el cierre de cinco de esos negocios, hasta que el empresario publicó un campo pagado en los periódicos asegurando haber invertido en Factum. Después de su comunicado, que alimentaba las teorías conspirativas de Bukele sobre el financiamiento de este y otros medios independientes, extrañamente Salume pudo reabrir y terminaron los problemas de higiene en sus restaurantes.
Bukele también intentó vincular a Salume con El Faro, y ha querido hacer lo mismo más recientemente con el presidente de ANEP, Javier Simán. El Financiamiento de El Faro es transparente y no tiene ni ha tenido nunca relación con estos dos empresarios, y Bukele lo sabe. Pero no es la verdad lo que le interesa.
Ni es lo que busca en su auditoría a la contabilidad de El Faro. La mañana del 28 de julio, el viceministro de Hacienda, Alejandro Zelaya –investigado actualmente por sus vínculos con una empresa que vendió mascarillas al ministerio de Salud durante la pandemia–, se hizo eco de las calumnias publicadas por La Página contra este periódico. En la tarde de ese mismo día, Casa Presidencial anunció su nombramiento como ministro de Hacienda.
Denunciamos que estos requerimientos, a los que El Faro responderá puntualmente, como lo hicimos cuando fuimos auditados hasta tres veces en el mismo año por gobierno anteriores, son parte del ataque sistemático de este gobierno contra el periodismo independiente.
Ataque generalizado a la prensa
La Asociación de Periodistas de El Salvador registraba hasta el mes pasado 61 ataques directos a la prensa desde que Bukele asumió el poder; más de una veintena en lo que va de pandemia.
Como había sucedido ya con Factum en los primeros meses de este gobierno, el pasado martes 21 de julio el servidor de la revista Gato Encerrado recibió un ataque cibernético que botó su publicación durante más de seis horas.
Una periodista de ese medio, Julia Gavarrete, sufrió a principios de julio un robo en su casa mientras ella cubría un evento en Casa Presidencial. El único objeto de valor sustraído fue su computadora.
Este robo tampoco es un hecho aislado. El 13 de julio, mediante un operativo de inteligencia que incluyó a varias personas, un hombre ingresó al apartamento de Óscar Luna, editor de la revista Disruptiva, dirigida por el académico Óscar Picardo, cuyas proyecciones matemáticas de contagios de covid-19 le han vuelto centro de la furia de Bukele en las últimas semanas. El ladrón ingresó a su vivienda cerca de la medianoche, mientras Luna y su familia dormían, y extrajo dos computadoras y un mapa de San José Villanueva, el municipio en el que Picardo lleva a cabo un experimento de monitoreo de contagios de covid-19.
Varios periodistas de diversos medios han denunciado también seguimientos, hostigamiento por parte del personal de prensa de Casa Presidencial y campañas de difamación en su contra que han derivado en amenazas. Entre ellos destacan los repetidos ataques a la periodista Karen Fernández, del programa Focos, en Canal 33, instigados entre otros por el exdirigente de Arena Walter Araujo, ahora candidato a diputado por el partido de Bukele, Nuevas Ideas. El presidente, incluso, ha emprendido una campaña contra la UCA, por las opiniones expresadas en sus medios de información.
Los ataques gubernamentales a la prensa en El Salvador son tan alarmantes que, en plena pandemia, han merecido observaciones y condenas de varias organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, el Comité para la Protección de Periodistas, Human Rights Watch, el Relator para la Libertad de Expresión de la OEA, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, CEJIL, Fundación para el Debido Proceso y el Centro Knight para las Américas.
La razón se encuentra en las páginas de los periódicos a los que Bukele ataca: a pesar de que el gobierno cerró el acceso a información pública durante la cuarentena y niega a los periodistas información, documentación pública, contratos e ingreso a instalaciones públicas, estos medios han documentado millonarios contratos adjudicados durante la emergencia a empresas vinculadas a funcionarios públicos. Ante las evidencias de corrupción, el presidente ha decidido arremeter contra quienes la detectamos y documentamos, y no contra los corruptos.
En su avance hacia el desmantelamiento de las instituciones democráticas, Bukele ha encontrado en el periodismo un obstáculo y pretende silenciarlo por cualquier vía: fiscal, judicial, tecnológica, mediática o política. Es un paso más en el grave proceso de retroceso institucional y democrático que esta administración ha emprendido desde su llegada al poder.
El Faro reafirma su decisión de responder a estos ataques con más y mejor periodismo. En 22 años de trayectoria hemos cuestionado e investigado a cada gobierno de turno y mantenido nuestro compromiso con la democracia a través del ejercicio periodístico profesional. La democracia no funciona sin un periodismo crítico. Ni sin una ciudadanía crítica, independientemente de quién ostente el poder.
Hacemos un llamado a los colegas nacionales e internacionales, y a las organizaciones de defensa de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de defensa de la democracia, a tomar nota de las amenazas contra la libertad de prensa en El Salvador y del deterioro veloz de las condiciones para el debido ejercicio del periodismo en el país.
