El Gobierno admite que existió un 'juego de poder' protagonizado por la Fuerza Armada que hizo temer a Casa Presidencial de un golpe de Estado si se insistía en temas que para los mandos militares son puntos de honor, como la revisión de los símbolos de la historia militar o la prohibición de homenajes a excomandantes señalados como violadores de derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992).
El sábado 18 de mayo, a 13 días para que el FMLN culmine una década en el Gobierno, el secretario de comunicaciones de la Presidencia, Roberto Lorenzana, admitió que el FMLN temió la actitud de la Fuerza Armada; y atribuyó la falta de beligerancia del poder civil y político para favorecer a las víctimas de la guerra, exigiendo al Ejército que deje de honrar la memoria de sus comandantes más señalados, se debió a una falta de valentía.
Las declaraciones de Lorenzana sirvieron de colofón para la clausura de la novena edición del Foro Centroamericano de Periodismo, que desde el 13 de mayo, en San Salvador, convocó a a destacados representantes del periodismo en Iberoamérica y Estados Unidos para debatir sobre desigualdades, cultura, migración y las crisis políticas y humanas que afectan a la región centroamericana. La charla tuvo como contexto, además, la revelación de una alianza entre Arena y el FMLN para promover una ley de amnistía que busca perdonar a criminales de guerra e invalidar el informe de la Comisión de la Verdad.
Según Lorenzana, a los gobiernos del FMLN, que han sido cuestionados por su falta de acción para ordenar al Ejército a abrir sus archivos de la guerra -o por abandonar a las víctimas- les ha faltado valentía. Según Lorenzana, han temido una reacción de la Fuerza Armada, según dijo a una asistente del ForoCap que le preguntó si sería posible que el presidente Salvador Sánchez Cerén ordene, en sus últimos días de gobierno, el cambio de nombre de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel. Desde los ochenta, ese destacamento lleva el nombre del “Teniente coronel Domingo Monterrosa”, el comandante señalado como responsable de la masacre de El Mozote, donde murieron 988 civiles, más de la mitad menores de edad.
“Es una decisión que no se ha tomado”, dijo Lorenzana. “A la base de eso ha estado el tema del juego del poder por el tema de la actitud de la Fuerza Armada. Pudo haber habido un sustrato de temor, falta de valentía en no tomar la decisión”, agregó. Una vez terminado el conversatorio, El Faro repreguntó a qué se refería Lorenzana cuando hablaba de ese temor.
—¿Miedo a qué, secretario?— preguntó este periódico.
—A una ruptura con la Fuerza Armada— replicó.
—¿A un golpe de Estado?— insistió El Faro.
—Sí— contestó.
¿Un general a temer?
El general David Munguía Payés, ministro de Defensa durante buena parte de los gobiernos del FMLN, dijo a El Faro que no comentaría las declaraciones de Lorenzana. En el cargo desde 2009, Munguía Payés tuvo un hiato como ministro de Seguridad hasta que fue destituido porque la Sala de lo Constitucional consideró que un militar no puede dirigir esa cartera. En julio de 2013, volvió a la jefatura militar y ha convertido en uno de los funcionarios con más poder en los 10 años de Gobierno del FMLN.
En el quinquenio 2009-2014, la cercanía con Funes le permitió obtener de manera irregular dos ascensos en un año (de coronel a general de brigada y luego a general de división). Luego, a partir de 2010 y de una proclama antipandillas del Gobierno de Funes, logró que el Ejecutivo promoviera un decreto transitorio (que se ha vuelto perenne a base de ratificaciones) para que el Ejército saliera a cumplir labores de seguridad pública en las calles en compañía de la Policía. Para 2017, el gobierno había triplicado la cantidad de militares que Funes destinó a tareas de seguridad en 2009.
Su relación con los dos gobiernos del FMLN, sin embargo, también ha sido conveniente a la Casa Presidencial. Es hasta ahora que un alto funcionario del Gobierno, y del partido, señala una actitud que ya había sido cuestionada por organismos de derechos humanos: la desobediencia al poder civil o una actitud poco democrática viniendo del Ministerio de Defensa, una institución que está obligada por Constitución a ser apolítica y obediente al poder civil. Su último exabrupto ocurrió para las pasadas elecciones presidenciales, cuando advirtió en una entrevista televisiva que los militares estarían 'vigilantes' si el Tribunal Supremo Electoral dejaba fuera a algún candidato en la contienda.
Pero Munguía Payés ha ido más allá, y ha dado muestras, en una década, de irrespeto a la autoridad civil, como cuando negó acceso a instalaciones militares a fiscales que investigaban tráfico de armas, en febrero de 2014. En 2013, cuando rindió su informe a la Asamblea, Munguía Payés desplegó un amplio operativo de seguridad con tropas y vehículos que llegaron hasta las inmediaciones del palacio legislativo; e incluyó el sobrevuelo de un helicóptero artillado, en medio de una confrontación pública con el entonces fiscal general, Luis Martínez. El general también ha sido demandado en procesos ante el Instituto de Acceso a la Información Pública por su falta de colaboración con investigaciones de casos de la guerra e, incluso, por no revelar los nombres de los oficiales del Estado Mayor que lo han acuerpado en conferencias de prensa, al estilo de los ochenta, cuando el Alto Mando salía a dar partes de guerra.
En enero de 2012, Funes ordenó al Ejército que deje de honrar a los militares señalados por crímenes de guerra, y la respuesta de los militares fue el desacato. Montaron una comisión para interpretar la orden presidencial y concluyeron que el Ejército podía seguirle rindiendo culto a militares como Domingo Monterrosa. Aunque en ese período Munguía Payés estaba fuera del Ministerio de la Defensa, a su arribo respaldó las decisiones tomadas por su antecesor.
Viniendo de donde viene, las palabras del secretario de comunicaciones no son poca cosa. El puesto que ocupa hasta este mes es quizá el menos importante que ha tenido en su historia del FMLN. Fue diputado 15 años pero no en periodos consecutivos: entre 1994 y 2003, primero, y luego entre 2009 y 2015. Fue gerente de la campaña política que llevó a Mauricio Funes al poder, y secretario técnico del presidente Salvador Sánchez Cerén hasta el colapso electoral de 2018. Fue miembro del partido Comunista y es fundador del FMLN. Aunque quizá su puesto de mayor influencia lo logró sin un nombramiento público, como integrante del colectivo, el “grupo de seis dirigentes históricos guiado por Sánchez Cerén, que ha definido las apuestas del Gobierno y la estrategia política del partido”.
Lorenzana, pues, ha sido testigo del ascenso de un ministro de Defensa que en 2010 le permitió a Funes tener algo positivo que presentar después de un año de gobierno, en el tema que más afligía a los salvadoreños: la inseguridad. Munguía Payés diseñó la estrategia de reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelerios para miembros de pandillas recluídos en las cárceles del país, que más tarde fue conocida como La Tregua. Esa medida supuso un desplome histórico de los homicidios, pero también un fuerte rechazo de la población. Construida a puertas cerradas, estuvo en marcha cerca de un año y medio, hasta que poco a poco se desplomó tras la destitución de Munguía Payés de la cartera de seguridad ordenada por la Sala de lo Constitucional.
Lorenzana no llegó a decir si había habido momentos concretos en los que ese temor se acentuara en la última década ni tampoco habló de qué hizo al segundo Gobierno del FMLN mantener a Munguía Payés en el puesto, lo que también supuso un apoyo tácito del Ejército a la política represiva contra las pandillas que caracterizó al Gobierno de Sánchez Cerén. Por el contrario, destacó el fortalecimiento de la democracia como uno de los logros de la izquierda en el poder. “En esta última elección, los partidos que perdimos le cuidamos los votos al que ganó”, dijo.
“Confío más en la recuperación de la izquierda que en la del FMLN”
Coincidiendo con el cierre de los 10 años de Gobierno del FMLN, Lorenzana aceptó una invitación para ser entrevistado en la clausura del ForoCap por el periodista de The New Yorker, Jon Lee Anderson, corresponsal y escritor de decenas de libros sobre cobertura política y de guerras. Anderson inició su carrera cubriendo la guerra civil salvadoreña; estuvo destacado en El Salvador y trabajó cubriendo a la guerrilla en Chalatenango o entrevistando a asesinos que habían trabajado para el mayor Roberto d’Aubuisson o a comandantes como Domingo Monterrosa. En su larga trayectoria ha escrito perfiles sobre el Ché Guevara, de quien descubrió sus restos en Bolivia, Hugo Chávez, el Rey de España o Fidel Castro.
En la conversación entre Anderson y Lorenzana se evaluó la trayectoria del FMLN en el poder, bajo la pregunta ¿Qué fue de la revolución? El FMLN deja este 30 de mayo, a juicio de los resultados electorales y las encuestas, saldos más negativos que positivos. Por un lado, su primer presidente, Mauricio Funes, es prófugo de la justicia acusado por el desvío de 351 millones de dólares y otros cinco delitos más relativos al lavado de dinero y a la corrupción. Por el otro, las grandes promesas de cambio para combatir la desigualdad, mejorar las finanzas públicas y llevar desarrollo al país quedaron, según los más optimistas, a medio trecho.
La población, en las urnas, se los hizo saber con la debacle electoral de marzo de 2018, que dejó al partido apenas con 23 diputados y sin incidencia para el periodo 2018-2021. Luego, en la presidencial de 2019, recibieron la peor votación de su historia y el futuro le augura al partido apenas un milagro para salvarse de la extinción en los comicios de 2021.
En el conversartorio realizado en el Museo Marte, Lorenzana también admitió que a su partido le faltó “valentía” para asumir los costos políticos de apoyar una ley que despenalice el aborto en algunas causales. Además dijo que confiaba más en la recuperación de la izquierda que en la del FMLN.
“¿Cuándo miras alrededor, a esta patria tuya, te sientes satisfecho, orgulloso de lo que has logrado?”, fue la primera pregunta de Anderson a Lorenzana. El secretario de comunicaciones argumentó, en varias ocasiones, la correlación de fuerzas poco favorable del FMLN en la Asamblea Legislativa, pero Anderson rechazó ese argumento. “Al final de cuentas, el pueblo les va a juzgar en términos grandes de lo que lograron y no. Las excusas no sirven en la política. Hay fuerza moral en el cargo y a partir del desempeño transparente y deber riguroso en el cargo”, le contrarió.
A partir de esa premisa, Lorenzana argumentó el que considera uno de los grandes problemas que su partido enfrenta: la pérdida de la fuerza moral. “Es uno de los grandes desafíos del FMLN, recuperar la fuerza moral porque en base a eso está la credibilidad”, dijo. Lorenzana explicó otros errores que antes ya había reconocido, como no ser tajante con funcionarios señalados de corrupción y, en específico, con un presidente “con bastante evidencia pública de que actuó antiéticamente”, en el caso de Mauricio Funes.
Lorenzana ve su autocrítica, una cualidad rara en esta dirigencia del FMLN, como una clave para la reconstrucción del partido, fuertemente golpeado por las debacles electorales de 2018 y 2019. “Este es el problema más grande de la historia del FMLN desde su formación. El 50 % se va a resolver haciendo un reconocimiento real de sus errores y asumiéndolos. Si no se hace, no se va a resolver”, dijo.
Para el experimentado político, la clave de la elección fueron los votos “progresistas” que el FMLN perdió. Aunque interpreta eso como una señal satisfactoria porque “el mandato (del pueblo) es progresista” dijo que tiene más confianza en la recuperación de la fuerza de izquierda, del pensamiento de izquierda que en la misma recuperación del FMLN”.
La separación de los dos conceptos —izquierda y FMLN— es una rara admisión en un partido que por años se ha considerado la única representación del pensamiento progresista salvadoreño y que efectivamente ha sido muchas veces la única bandera de izquierda en las papeletas electorales.
“La izquierda salvadoreña termina donde termina el FMLN”, decía José Luis Merino, otro importante miembro del colectivo, a El Faro en una entrevista en 2007. Ahora, en plena reorganización interna y durante su salida del Ejecutivo (ningún partido que ha salido del Ejecutivo ha vuelto en la historia salvadoreña), Lorenzana se atreve a cuestionar ese monopolio izquierdista que ha tenido su organización.
“El pensamiento progresista es muy amplio y creo que debe darse inicio a un debate de las izquierdas en la que debería participar el FMLN no como fuerza hegemónica, sino como fuerza horizontal. Algo así como cuando se creó el FMLN, una conjunción de fuerzas. Esa es una de mis ideas que no necesariamente va a ser compartida por mi partido, pero creo que hay que impulsarla”, dijo Lorenzana.
Impunidad y aborto: las deudas
“Sin duda ha habido impunidad desde el tiempo en que terminó el conflicto. Uno tiene una cuota de responsabilidad independientemente de que la correlación no sea favorable. Nos ha faltado posiblemente valentía y audacia para encontrar los caminos”, dijo Lorenzana cuando Anderson le preguntó por el nuevo intento de ley de Amnistía que el FMLN busca aprobar en la Asamblea junto con Arena. Pero al FMLN, más que audacia y valentía, le faltó voluntad para reivindicar una de sus banderas cuando era oposición: la justicia.
En agosto de 2011, militares acusados por el caso Jesuitas se acuartelaron en edificios del ejército para evadir órdenes de captura internacional. En julio de 2016, cuando la inconstitucionalidad de Amnistía, Sánchez Cerén dijo que los magistrados “no miden los efectos que pueden tener en la frágil convivencia que existe en el interior de nuestra sociedad”. En marzo de 2017, El Faro reveló que el secretario jurídico de la presidencia Rubén Alvarado estaba confeccionando un proyecto de ley para que criminales de guerra de ambos bandos pudieran evadir la cárcel. Y en el último año diputados como Damián Alegría y Nidia Díaz han apoyado una ley de reconciliación que, precisamente, permita a criminales de guerra evadir la prisión.
Anderson le apuntó a la correlación entre la historia salvadoreña y su presente violento. “¿Acaso es casualidad que este país es de los más homicidas en el mundo? ¿No hay una causa y efecto?”, dijo. No obstante, Lorenzana rechazó que el Frente sea parte de un acuerdo que busca el perdón y olvido que ha promulgado la derecha desde el fin de la guerra. “No puedo aceptar que sos corresponsable y estar a favor de la impunidad. Puede que haya un déficit, pero nosotros no pactamos eso. Hay una necesidad imperiosa que termine la impunidad. Uno no se puede sentir satisfecho”, dijo.
De hecho, Lorenzana apuntó que en las discusiones en la Asamblea buscan una ley que permita atender ese problema. “Yo sé que hay una expectativa mediática negativa de lo que puede pasar en la elaboración de esta nueva ley, tengo expectativa que podemos avanzar”, dijo. “Espero que en la discusión de Asamblea se logre que todas las instituciones y espacios públicos que tengan nombre haciéndole reconocimiento a los graves violadores de derechos humanos sean prohibidos. No es un solo caso”, aseguró.
Lorenzana también defendió logros de los que el Frente difícilmente puede considerarse partícipe, a la luz de la evidencia.
Por ejemplo, en el tema del aborto, Anderson señaló que las estrictas leyes salvadoreñas no son lo que se espera de un gobierno progresista. Lorenzana dijo que tuvieron una posición firme. “Nos hemos opuesto con altísimos costos políticos electorales a la penalización del aborto de esa manera y lo hemos pagado porque el pueblo es muy cristiano, muy católico. Nos hemos opuesto pero la correlación no ha dado”, justificó.
Aunque Lorena Peña presentó una propuesta de despenalización del aborto en algunas causales, organizaciones feministas han reclamado al Frente que ese hecho fue insuficiente, y el Frente incluso renunció a seguir promoviendo esa bandera tras su derrota electoral en 2018.
Igualmente, Lorenzana resaltó el “nivel de independencia superior en los órganos del Estado” y el sistema de pesos y contrapesos. Esto a pesar de que el Frente tuvo una confrontación permanente con la Sala de lo Constitucional que empezó su término en 2009. Dirigentes del partido acusaron a los magistrados de estar aliados con la oligarquía, y el presidente Mauricio Funes avaló un decreto que pretendía obligar a los magistrados a resolver las inconstitucionalidades por unanimidad.
Finalmente, Lorenzana defendió los logros en política social del FMLN. Dijo que la desigualdad se había reducido en el índice de GINI, un medidor sobre el ingreso y el gasto de consumo en la economía, en una escala en que 100 es la inequidad perfecta y 0 es la completa igualdad. Según Lorenzana, ese dato pasó del 48 al 37 en 10 años, una reducción de 11 puntos. Según un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), el dato pasó del 48 en 2009 al 34 en 2017, una reducción aún mayor, de 14 puntos. Pero el ICEFI matiza que, al comparar con otros indicadores, “las ganancias de las empresas han crecido a un ritmo mayor que los ingresos de los trabajadores”.
El secretario de comunicaciones también dijo que la pobreza pasó del 42% al 29 % en una década. Esos datos son inexactos. Los datos oficiales disponibles dice que en 2009 la pobreza total (que incluye la pobreza relativa y la extrema) afectaba al 37.8% de los hogares y en 2017 (el último dato disponible) al 29.2% de los hogares. Eso representa una reducción del 8.6 % y no de 12 puntos como señaló Lorenzana.
Lo mismo ocurre con la pobreza extrema. Lorenzana dijo que la extrema pobreza pasó del 14 % al 7 % en una década. En el año 2009, la pobreza extrema afectaba al 12% de los hogares y en 2017 al 6.2% de los hogares. Disminuyó en 5.8 puntos y no en siete. No es posible comparar con cifras del 2018 porque la encuesta de hogares de propósitos múltiples no ha sido publicada.
*con reportes de Jimmy Alvarado
