La Sala de lo Constitucional amparó a una familia que vivió un infierno. Fueron dos desplazamientos forzados tras la muerte de una mujer en un operativo policial, dos violaciones, amenazas de pandilleros, intentos de homicidio y una extorsión por $5,000. En la sentencia, los magistrados obligan al gobierno a reconocer la existencia del desplazamiento forzado en El Salvador, un problema que las autoridades de Seguridad negaban como tal y que han tratado de minimizar. Además, ordenan a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo actualizar la ley y tomar medidas de protección urgentes para todos los desplazados internamente.
La Sala ordena al ministerio de Seguridad, a la Asamblea Legislativa y a la Unidad Técnica del sector Justicia reconocer a las personas víctimas de desplazamiento forzado, adaptando las leyes y procedimientos de protección de víctimas y testigos. Para hacerlo les da un plazo de seis meses. En ese plazo además, la Sala le dice al Ejecutivo que brinde medidas de protección a quienes tienen la condición de desplazados de facto y que diseñe políticas para recobrar el control de zonas dominadas por las pandillas.
La Sala concluye que las instituciones de seguridad salvadoreñas 'tienen conocimiento del fenómeno de migración forzada de personas por la violencia de las pandillas, pero omiten categorizarlo y reconocer sus dimensiones'. El número de salvadoreños víctimas de desplazamiento forzado varía según quien responda. Una encuesta del ministerio de Seguridad en 20 municipios hablaba de 1.1% de familias salvadoreñas. Cristosal, una organización que trabaja con desplazados, calcula que esa cifra puede estar entre 23 mil y 200 mil personas, a partir de cifras oficiales y una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA).
El caso de la familia amparada es una buena explicación de lo que muchas personas viven actualmente en El Salvador, y la razón por la que tantas personas huyen de este país. Violencia sexual, acoso de las pandillas, abuso de fuerza y autoridad de los cuerpos de seguridad, desidia estatal, impunidad. La demanda fue interpuesta por seis víctimas bajo la ley de protección de víctimas y testigos.
Toda la violencia salvadoreña en un solo caso
Las víctimas representan a un grupo familiar de 33 personas, compuesto por varios núcleos familiares, la mayoría residentes de Ciudad Delgado hasta finales de 2016. Uno de los declarantes dijo a la Sala que dos de sus hermanos son militares y por ello fueron amenazados por pandilleros del Barrio 18, que controla la comunidad donde vivía la familia, así como por la Mara Salvatrucha.
En la noche del 15 de abril de 2016, tres pandilleros interceptaron a dos miembros de la familia, a solo dos cuadras de la casa de las víctimas. Según la declaración de las víctimas a la Sala, los pandilleros “los obligaron a desnudarse y los golpearon exigiéndoles que les dijeran quien de sus familiares era soldados”. Les dieron un ultimátum: tenían 24 horas para desalojar su casa o los ametrallarían. Las víctimas dijeron a la Sala que no denunciaron el hecho a la Policía, por temor a represalias. Una semana después, el 23 de abril, un hombre intentó raptar al hijo de una denunciante mientras éste salía de la escuela, pero el menor gritó y el agresor se fue.
El 11 de octubre de ese mismo año, cuatro supuestos pandilleros entraron en la casa de uno de los denunciantes, vestidos de negro y con el rostro cubierto. Sacaron de la casa al padre de familia para “insultarlo, acusarlo de colaborar con la PNC, amenazarlo con matar a su familia y golpearlo de forma reiterada”. El hombre logró escapar para buscar auxilio. Adentro de la casa, dos de los supuestos pandilleros violaron a la madre y a su hija ―una niña de 12 años―. Amenazaron con matarlos, pero no lo hicieron porque huyeron de policías que llegaron a auxiliarlos.
Cinco días después, el 16 de octubre de 2016, cinco hombres que se identificaron como miembros del Barrio 18 llegaron a la casa de otro de los núcleos familiares. Les dijeron que sabían que había dos militares en la familia y que la pandilla había ordenado matarlos a todos. Les planteaban un precio por sus vidas: entregar 5,000 dólares. La amenaza se cerró cuando les dijeron que si no pagaban, les pasaría lo mismo que a la familia con las dos mujeres violadas.
Tanto las violaciones como la extorsión fueron denunciadas a la Policía. Pero la sucesión de crímenes atroces forzó a la familia a migrar dentro del país. Se fueron más de 100 kilómetros al oriente del país, a Berlín, un municipio en el que no hay pandillas. Un familiar en Berlín les ayudó con la reubicación.
Pero este país no había terminado de ser cruel con sus hijos. En la navidad de 2016, durante una fiesta el 17 de diciembre, la unidad antipandillas de la Policía de Berlín intervino una casa donde estaban los desplazados de Ciudad Delgado. En el operativo hubo disparos, y uno de ellos impactó en la madre de uno de los demandantes. La mujer fue trasladada al hospital de Jiquilisco, donde falleció.
El denunciante declaró a los magistrados hechos que apuntan a una actuación irregular de la Policía. Dijo que durante el operativo vio patrullas frente a su casa y que un policía le apuntó con un arma y lo amenazó. Luego “escuchó los gritos de su madre” y preguntó a otras personas del lugar quién había disparado. Los testigos le dijeron que los policías y que su madre estaba herida. El hombre denunció los hechos al jefe policial de Berlín, pero el oficial le dijo -según el testimonio ante la Sala- que esperara las investigaciones y no opinara anticipadamente. Después de la denuncia, hubo dos detonaciones de arma cerca de su casa. El hombre se dio cuenta que la policía manejaba otra versión de los hechos: una en la que se describía el incidente donde falleció su madre como un “enfrentamiento”.
En sentencias previas, la Sala de lo Constitucional ya ha dicho que “existen indicios fundados de que los cuerpos de seguridad y de defensa nacional, en ocasiones, también actúan fuera de la ley”. Esta afirmación también es apoyada por investigaciones periodísticas de El Faro, así como de otros medios escritos, y ha sido apuntalada por relatorías especiales de Naciones Unidas y una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El demandante le dijo a los policías que “pagarían con justicia”, según la sentencia. Pero ellos le contestaron que correría la misma suerte. Él se tomó eso como una amenaza y empezó otro periplo en el complicado sistema judicial salvadoreño para denunciar el caso.
Pensó que no podía denunciar en Berlín, porque los denunciados trabajaban en Berlín, y fue a San Salvador.
No lo atendieron en dos oficinas fiscales y fue hasta que llegó a la Inspectoría General de la PNC que le tomaron la denuncia. Tres meses después, le informaron que la investigación pasaría a la oficina fiscal de Usulután. De Usulután, le informaron que el caso debía tramitarse en San Miguel, luego de nuevo en Usulután, y finalmente le pidieron que denunciara el caso en la PNC de Berlín.
La respuesta del sistema a este hombre fue que denunciara a los policías que él cree que mataron a su mamá ante los policías que él cree que mataron a su mamá.
Después de la muerte de la mujer en Navidad, la familia se mudó nuevamente a San Salvador. Actualmente, todos menos uno de los demandantes están fuera del país. No migraron, huyeron.
Los magistrados ordenan al Ejecutivo que no minimice el problema
La Sala reconoce en su sentencia que esta familia fue dos veces víctima de desplazamiento forzado: una causada por “el acoso y de graves atentados que pandilleros del Barrio 18”, y otra por “un hecho de violencia no investigado ni esclarecido que involucró a agentes de la PNC”. El ministro de Seguridad ya reconoció en abril de este año que “hay policías y soldados que provocan casos de desplazamiento interno”.
Los magistrados usan este caso para amparar a las víctimas por la violación de sus derechos a 'la seguridad material, protección familiar, protección jurisdiccional y no jurisdiccional, propiedad y libertad de circulación'. La sentencia ordena a la Policía y Fiscalía que investiguen los graves casos denunciados.
Aunque los efectos del amparo usualmente solo funcionan para los demandantes, en esta ocasión los magistrados extienden el efecto de la sentencia por considerar que el fenómeno del desplazamiento forzado proviene de una violencia “sistemática y estructural” en El Salvador.
Los magistrados consideran que el Ejecutivo “minimiza” el fenómeno de desplazamiento forzado al llamarlo “movilidad humana a causa de la violencia”. Además, señala que el gobierno no reconoce la necesidad de los desplazados de “una protección reforzada y la asistencia humanitaria necesaria para disfrutar de condiciones de vida mínimas para una existencia digna”. Las medidas de este amparo deben beneficiar a todas las víctimas de desplazamiento.
En una actividad pública celebrada en abril de este año, el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez, aseguro que no existen las características necesarias para establecer que existe desplazamiento forzado. 'Las condiciones que vive el país no tiene esas características, es una situación compleja y multicausal de acuerdo al estudio que realizamos en el ministerio, la violencia es la tercera causa de todos los casos, un 5%', dijo en un foro público.
A la Asamblea Legislativa, esta sala le asigna la obligación de reformar la ley de víctimas y testigos. La Sala considera que la aplicación de esta ley es 'anacrónica, restringida y deficiente', porque considera a las víctimas como 'un medio u objeto que coadyuva a la investigación del delito'. Los magistrados sugieren cambiar ese enfoque por uno que reconozca a la víctima como 'sujeto de derechos' para brindarles medidas de protección específicas a quienes sufren este tormento.
El hecho de que los salvadoreños huyen en su país y de su país ya es reconocido por la Procuraduría de Derechos Humanos. La propia Sala deja en trámite otras cuatro demandas de amparo por desplazamiento interno. Incluso los mismos datos del gobierno central lo aseguran. Por ejemplo, un estudio de movilidad interna publicado en marzo de este año por el ministerio de Seguridad. El estudio identificó seis municipios del Área Metropolitana de San Salvador con alta concentración de familias movilizadas: Soyapango, Cuscatancingo, Tonacatepeque, Ilopango, Apopa, Mejicanos.
A los magistrados les parece “alarmante” que el propio ministerio de Seguridad dice en su estudio que no fue posible acceder a algunos lugares debido a que “las condiciones de seguridad no permitieron el ingreso de los equipos”.
El mismo 13 de julio, la Sala también tuvo por incumplida la sentencia que eliminó la ley de Amnistía, que daba inmunidad a criminales de guerra del ejército y la guerrilla. Los magistrados dijeron que dos años después de la eliminación de la ley de Amnistía, ni el Órgano Ejecutivo ni el Legislativo han cumplido la sentencia.
Los magistrados ordenaron a la Asamblea, en el plazo de un año, tener por fin una ley de reconciliación. Al Ejecutivo, los magistrados le recriminaron no haber presentado un proyecto de ley -pese a que el presidente había prometido formular una propuesta- y no haber ejecutado un programa integral de reparación, pese a algunas acciones aisladas y obligatorias por fallos internacionales, como el de la CIDH en el caso de la masacre de El Mozote.
La sentencia reconoce los esfuerzos de la Fiscalía por judicializar casos de la guerra, pero le sugiere que aumente el personal asignado para esta tarea. Finalmente, la Sala manda al ministerio de Defensa a que proteja su información y permita el acceso a ella a víctimas del conflicto.
