Elías Antonio Saca supo que había sido condenado hasta que la jueza María del Pilar Ábrego de Archila sentenció que debe devolver 260 millones de dólares al Estado. Fue a las 3:50 de la tarde cuando se le descompuso el semblante, cuando cerró los ojos, golpeado, como lamentándose, luego de que la jueza leyera el monto al que está obligado a pagar como compensación por su participación en el desvío de más de 300 millones de dólares sustraídos de la Presidencia de la República hacia cuentas de terceros y de sus propias empresas.
Este miércoles 12 de septiembre de 2018, el último presidente del partido de derechas, Arena, se convirtió en el primero condenado por corrupción. El Tribunal Segundo de Sentencia dio por probada la tesis de la Fiscalía, y por primera vez en 197 años de historia de la República, un tribunal dictamina que un presidente y sus más cercanos colaboradores practicaron de manera sistemática la corrupción, desde el día uno hasta los últimos días de la gestión presidencial.
A Saca, el otrora hombre más poderoso en la derecha política salvadoreña (desde que en 2003 se convirtió en candidato de Arena también se convirtió en presidente de ese partido, y no dejó su puesto sino hasta 2008) parece no haberle afectado la condena que tendrá que pagar en prisión. Minutos antes del inicio de la audiencia, a las 2:00 de la tarde, su única preocupación era el asunto de la condena civil. Era lógico. Ya sabía que si los jueces daban por probada su confesión, su condena de cárcel iba a ser de 10 años, tal como habían acordado sus abogados y la Fiscalía el 7 de agosto. La incertidumbre del expresidente era sobre el golpe a sus finanzas, le preocupaba que los jueces lo condenaran a devolver millones. De eso habló largo y tendido con una de las abogadas presentes en la sala de audiencias 2B, del centro judicial capitalino: la representante de la Procuraduría General, Fredesvinda Álvarez, que a lo largo de las tres semanas de juicio siempre hizo guardia en las filas de la defensa, para servir de relevo por si alguno de los defensores particulares no llegaba a la sala. 'Estuvimos comentando sobre la responsabilidad civil. Él decía que el tribunal tenía que determinar en abstracto la responsabilidad civil de cada uno, sin montos en específico', contó Álvarez, al finalizar la audiencia.
A las 3:40 de la tarde, cuando se leyó cuánto tiempo deberá de pagar cárcel, Saca ni se inmutó. Luego estuvo cruzado de brazos; con la cabeza hacia los lados: a veces a la derecha, a veces a la izquierda. Pero la calma se le acabó cuando la jueza de Archila leyó, uno a uno, los montos a devolver, correspondientes a cada imputado. “Se determina que todos los imputados son civilmente responsables”, dijo. Luego detalló que, en suma, los siete condenados pagarían al Estado 300 millones de dólares, aunque a Saca le correspondería pagar la mayor parte, casi el 87%. Todos los bienes congelados hasta el momento, de todos los procesados, pasan a manos del Estado, aunque hay un debate sobre las 88 concesiones de radio que operan en las empresas de Saca, un magnate de la radio en El Salvador.
Cuando escuchó la condena civil por 260 millones de dólares reaccionó de golpe. Cerró los ojos, luego enfocó su mirada en el estrado de jueces. Élmer Roberto Charlaix, exsecretario privado y quien estuvo a cargo de la partida secreta durante la administración 2004-2009, fue condenado a 10 años de cárcel y a pagar 15 millones de dólares. Julio Rank, exsecretario de comunicaciones y que nunca transparentó los gastos en publicidad de Capres, fue condenado a cinco años de cárcel y deberá devolver 8 millones de dólares; mientras que el exsecretario de juventud César Funes, además de los cinco años de cárcel, deberá pagar 886 mil dólares. Rank y Funes fueron condenados únicamente por el delito de lavado de dinero, mientras que Saca y Charlaix, también por el delito de peculado.
Charlaix ya ha sido condenado a pagar casi 18 millones de dólares por enriquecimiento ilícito en una cámara civil, aunque la sentencia está en apelación.
La comunicación del fallo duró aproximadamente hora y media. Julio Rank, el exsecretario de comunicaciones, fue el único que hizo gestos al escuchar la cuantía de lo que estaba obligado a pagar. Cuando la juez De Archila dijo que debía pagar 8 millones de dólares, volvió a ver al público, donde estaba ubicada la prensa, y comenzó a reírse como para demostrar su incredulidad.
Al finalizar la audiencia, ninguno de los ahora condenados quiso rendir declaración ante los medios. Saca dijo escuetamente “No”, ante la pregunta de si podía dar declaraciones, y en seguida siguió caminando hacia la parte anterior del salón de audiencias. Minutos más tarde, el fiscal general Douglas Meléndez publicó un video en redes sociales donde catalogaba el fallo como histórico. Para la historia queda la condena de un tribunal contra un expresidente que ocurrió gracias a la confesión del propio gobernante.
Una condena, una paradoja
Tony Saca es quien más dinero deberá devolverle al Estado, pero no es quien más años guardará prisión por este caso, pese a que la Fiscalía siempre lo perfiló como el cerebro detrás de toda la trama de corrupción. En el juicio también fueron condenados los tres empleados de la Unidad Financiera Institucional (UFI) de la Presidencia de la República, y entre ellos, el eslabón más débil de la estructura es quien más años estará en la cárcel.
Pese a que su defensa alegó que ellos solo recibieron órdenes para diseñar y administrar la maquinaria que desvió el dinero público hacia cuentas irregulares, al jefe de la UFI, Francisco Rodríguez Arteaga, se le condenó a seis años de cárcel (tres años por lavado de dinero y tres, por peculado) y se le determinó una responsabilidad civil por 7 millones de dólares. El jefe de tesorería institucional, Jorge Herrera Castellanos, únicamente fue condenado a pagar 3 años de cárcel por lavado de dinero y deberá devolver 3 millones de dólares; y el último eslabón en la estructura de mando, el auxiliar contable de la UFI, Pablo Gómez, fue condenado a 16 años de cárcel y a pagar 5 millones de dólares.
Gómez fue el único de los siete procesados en el caso que no aceptó ningún trato con la Fiscalía, y por eso es que la condena en su contra es más abultada que cualquiera de los otros procesados, pues siguió un proceso ordinario y no uno abreviado. A diferencia de Gómez, el acuerdo entre la Fiscalía y los otros seis imputados incluía una disminución de la pena a cambio de una confesión pormenorizada de cómo participaron dentro de la estructura criminal que extrajo ilegalmente más de 300 millones de dólares. Gómez nunca quiso aceptar culpa. “No puedo traicionarme a mí mismo, yo soy inocente”, dijo Gómez a sus abogados, el 8 de agosto, el día en que sus compañeros de la UFI terminaron aceptando un trato con la Fiscalía. Saca, Charlaix, Rank y Funes llegaron a un acuerdo con la Fiscalía por lo menos un mes antes del inicio del juicio, el 7 de agosto.
Pablo Gómez era el encargado de ir a los bancos a canjear cheques o hacer transacciones millonarias en nombre de la Presidencia. Ahora irá a cárcel seis años más que el expresidente Saca, a pesar de que judicialmente se probó que el exmandatario había sido el cerebro de la maquinaria que ordeñó al Estado y que él, un bachiller contable comercial, obedeció órdenes.
Los jueces rechazaron que Gómez ignoraba lo que estaba haciendo y señalaron que su experiencia, de entonces 15 años en la UFI de Casa Presidencial, le daba el conocimiento suficiente para saber que su actuación era ilegal. Los jueces determinaron, con base a la experiencia y el sentido común -lo que denominan “sana crítica”, que Gómez tuvo que haber reflexionado en algún momento sobre por qué él era el designado para canjear, dos veces por semana, cheques de 50 mil dólares o depositarlos en otras cuentas, a sabiendas que esos pagos no se correspondían con servicios prestados al Estado. “El tribunal no puede advertir ese desconocimiento de Pablo Gómez, de decir ‘no sé por qué cambio cheques, no sé por qué debo abrir cuentas, por qué debo hacer transacciones y depósitos’”, dijo el juez José Luis Giammattei.
El tribunal confirmó que para extraer los 301 millones de dólares del Estado, Saca, sus exsecretarios y los empleados de la UFI fueron coautores. Para determinar el monto que debe devolver cada uno, los jueces tomaron en cuenta tanto el beneficio personal y el daño ocasionado a las finanzas públicas. En el caso de Pablo Gómez, aunque él demostró que no había obtenido un beneficio propio al manipular las cuentas por donde fluyó el dinero, los jueces consideraron que tuvo un rol relevante para el desfalco.
Los abogados defensores de los procesados anunciaron este miércoles que apelarán el fallo del tribunal de sentencia en relación a la condena civil. Parte del acuerdo con la Fiscalía para el procedimiento abreviado es que ninguno de los imputados apelaría el fallo condenatorio. Sin embargo, nada se dijo sobre la condena civil y eso es lo que intentarán revertir los defensores. 'No estoy negando que hubo una deslealtad de [Saca] en la administración, pero no en esas cantidades. Lo que cabe aquí es una modificación de la cuantía', dijo Mario Machado, defensor de Saca, en relación a la condena de 260 millones. Para Machado, la condena civil debe ser en apego al beneficio directo obtenido.
Machado y otros defensores destacaron que uno de los jueces, José Luis Giammattei, también expuso que no estaba de acuerdo en la cuantía señalada para cada uno de los imputados. Giammattei expuso que según su criterio -al contrario de los otros dos jueces del tribunal- la responsabilidad civil de cada uno debía “determinarse en abstracto” debido a que un peritaje financiero no pudo determinar los montos para cada quién debido a que no tuvieron toda la información necesaria para ello. “La cuantía (a devolver) para cada uno debe ser señalada en abstracto para que un tribunal de lo civil ultime ese detalle para ser proporcional y justos en este caso”, dijo Giamattei durante el fallo.
Los jueces Alejandro Guevara y María del Pilar de Archila votaron de manera concurrente pero decidieron que sí era posible definir los montos para cada uno de los siete procesados.
La caída de Tony Saca
En su discurso de toma de posesión, el 1 de junio de 2004, Tony Saca prometió que en su gobierno no habría abusos de ningún tipo y que su gestión estaría enfocada al bienestar general. Aunque nunca mencionó la palabra corrupción, Saca sí hizo alusión a que no violaría la ley. “Haremos una gestión de valores: responsabilidad, solidaridad, justicia, orden y libertad. Los valores aludidos significan, en el ámbito institucional, honestidad escrupulosa en el desempeño de la gestión, respeto irrestricto a la legalidad en todas sus expresiones”, dijo, frente a una muchedumbre, en el anfiteatro del Cifco. Saca también dijo: “me comprometo solemnemente a impulsar un gobierno entregado al bienestar de la gente, atento a la suerte de los más necesitados y decidido a trabajar en esa línea de servicio, sin un solo minuto de descanso”. A 14 años de aquellas palabras, la justicia se ha encargado de desmentirlo y demostrar que si no descansó un minuto fue también para beneficiar con dinero público a su familia y sus allegados.
Nadie detuvo al poderoso Tony Saca en aquellos años. El ministro de Hacienda de entonces, que debió haber autorizado el uso de cuentas a nombre de los empleados de la UFI (en lugar de nombres de instituciones), prefirió renunciar en abril de 2006 en medio de un forcejeo en el gabinete de gobierno: Guillermo López Suárez, titular de Hacienda, Ana Vilma de Escobar, vicepresidenta y Eduardo Zablah, secretario técnico, formaban un bloque que cuestionaba al círculo íntimo del presidente por presuntas irregularidades en el Ejecutivo.
En su presidencia, Saca tenía como sus más cercanos colaboradores a un grupo íntimo, entre los que se encuentran tres de los ahora condenados (Élmer Charlaix, César Funes y Julio Rank). Pero ahora se sabe, por ejemplo, que el exministro de Hacienda fue uno de los beneficiados de la partida secreta de Saca. López Suárez, recibía sobresueldos, al igual que otros exfuncionarios y políticos de Arena , quienes recibieron decenas de miles de dólares libre de impuestos por año. En algunos casos, eso implicó ingresos por más de 300 mil dólares en cinco años.
Saca concentró muchísimo poder y ese poder también lo canalizaba en ratings de popularidad. Lo suyo fue hacer una simbiosis entre el gobierno y el partido. Uno nutría al otro, y él era el nexo, la figura, el emblema. Mientras estuvo en la Presidencia de la República también fue presidente del partido, y la dirigencia que le rodeaba también era su círculo de confianza en el Gobierno . Cuando Saca prometió erradicar la corrupción en su plan “Un país seguro” - o al menos así lo planteó en al menos 10 ocasiones en el proyecto de presupuesto de su primer año de gestión - nadie al parecer pudo convencerlo de seguir esa línea. En su quinquenio, Saca puso como bandera el combate a la criminalidad y a las pandillas, aunque ahora se sabe que el plan súper mano dura contra las pandillas fue más una estrategia de marketing que un plan con acciones y políticas claras. En aquellos años, hizo famosa una frase que utilizaba cada vez que se refería, en abstracto, contra los criminales. Aquella frase, en su caso, ahora resulta una ironía: “a los malacates se les acabó la fiesta”, decía.
En retrospectiva, la condena contra Saca es el culmen de los cuestionamientos en su contra que comenzaron a cobrar fuerza desde 2007, con los bandos enfrentados en el Ejecutivo; y afuera del ejecutivo y del partido Arena, cuando los grandes empresarios que históricamente habían encontrado en Arena un vehículo para satisfacer sus demandas, le pidieron que se apartara de la presidencia del partido y que permitiera pesos y contrapesos . Saca, sobra decirlo a estas alturas, no aceptó y culminó su mandato rodeado de sus funcionarios más leales pero enemistado con la Arena empresarial y con la Arena histórica.
En diciembre de 2009, fue expulsado del partido después de un proceso de dos semanas y a partir de entonces, la institución tricolor entró en una profunda crisis, tanto de identidad como financiera . Incluso la Embajada de Estados Unidos dijo a Washington que Arena entró en crisis luego de haber perdido el poder en 2009, dado que era un partido que se nutría del Estado. En el juicio contra Saca, los vínculos del dinero desviado con Arena apenas y se mencionarion. Saca, Charlaix y otros testigos confesaron haber utilizado dinero para Arena, la Fiscalía encontró montos hasta por 7 millones para el partido, pero la Fiscalía todavía no deja claro si esos movimientos están investigándose.
Toda aquel remezón entre 2009 y 2010 (la salida de Saca estuvo acompañada por el transfuguismo que dio vida al partido Gana) provocó profundos cambios en los estatutos de Arena, a partir del cual surgieron instancias como el Tribunal de ética y la Comisión Política . La premisa era que no volviera a ocurrir lo que pasó con Saca. Si un nuevo miembro de Arena llegaba al Ejecutivo, el partido quería estar seguro de poderlo controlar, algo que con Saca no pudieron. Arena señaló a Saca de haber malversado 219 millones de dólares -a raíz de una publicación de El Diario de Hoy que reveló el desvío de fondos públicos a Capres y su uso de manera discrecional- pero nunca presentó pruebas contundentes. Fue hasta la investigación de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en 2016 que las primeras luces comenzaron a salir .
La salida de Saca de Arena también tuvo que ver con el nacimiento del partido Gana. A finales de 2009, la mitad de la bancada de Arena se convirtió en un bloque tránsfuga liderado por el diputado Guillermo Gallegos. En enero de 2010 surgió Gana, y detrás de ese partido estpa latente la sombra de Hebert Saca, el primo y operador político de Tony Saca.
La vinculación de Saca con Gana persiste hasta ahora, y cobró vigencia en estos meses, luego de que dos testigos en el caso de corrupción contra el expresidente Mauricio Funes uniera nodos entre Saca, Funes y Gana. Saca siempre negó esa vinculación, pero para las elecciones de 2014 aceptó ser el candidato a la presidencia de Unidad, un movimiento en el que se conjuntaron Gana, el PCN y PDC. Los testigos y la Fiscalía dan por hecho que esa última campaña de Tony Saca se pagó con fondos desviados desde la presidencia Funes, el primer presidente de izquierdas en El Salvador, y quien enfrenta una acusación por el desvío de más de 350 millones de dólares.
De esa otra investigación de la Fiscalía, se desprende que para beneficiarse y beneficiar a su círculo íntimo, Funes reutilizó el sistema de extracción de dinero que heredó de su antecesor, modificándolo o perfeccionándolo en algunos puntos, con la ayuda de los empleados de la UFI que este miércoles fueron condenados junto a Saca.
