Mónica González

La ropa sucia de los medios de comunicación no se lava en casa. Tampoco en la de la competencia ni en ninguna otra parte. Así se podría resumir un código no escrito, pero que se aplica como ley en los medios de muchos países. El resultado es tan nítido como el pacto que lo origina: cuando un gobierno, grupo político, económico, social o religioso paga por crear, distorsionar o sobredimensionar una noticia que agregue valor a su producto, o para ocultar su responsabilidad criminal en un hecho que daña a la población, se empeñan en que ese acto de corrupción no sea conocido por los ciudadanos. También se esconden –o disfrazan- los pagos a un medio o a periodistas por esa operación espuria.

Es un problema grave, porque bien sabemos el enorme poder que tienen en sus manos los medios de comunicación, que si se usa para desinformar o manipular a la población, corroe la democracia y la fe pública. Más aún en tiempos de elecciones.

El periodismo se ha convertido en la herramienta más eficaz de que dispone la ciudadanía para exigir transparencia en cómo manejan los fondos quienes detentan el poder. Pero resulta difícil seguir exigiendo cuentas claras respecto a cómo se financian los políticos, si las vías por la que se financian los medios de comunicación siguen envueltas en un velo opaco.

Ese velo, código de encubrimiento, fue el que El Faro rompió en agosto al publicar la investigación “Testigo involucra a periodistas Gabriel Trillos y Nacho Castillo en sobornos de Casa Presidencial”, y luego en septiembre con “Los cheques originales de la corrupción de Saca”.

En el primer reportaje se informó que en los procesos de investigación por corrupción contra los expresidentes Elías Saca y Mauricio Funes, un testigo clave aseguró que de los gastos reservados de Casa Presidencial bajo la administración de Funes, se entregaron miles de dólares al director editorial de La Prensa Gráfica (Gabriel Trillos) y al entonces director de Canal 33 (Narciso Castillo). ¿A cambio de qué?: de coberturas favorables -o de moderar las críticas, que es lo mismo- a su gobierno, según afirmó el mismo testigo.

La información fue corroborada por dos exfuncionarios del gobierno de Funes, quienes confirmaron a los periodistas de El Faro lo que declaró el testigo, mientras que Trillos y Castillo lo negaron.

En este caso, el uso de fuentes cuya identidad el periodista no entrega al público fue motivo de preocupación del lector Carlos Mauricio Herrera Rodríguez, por ser ésta una zona muy delicada. Herrera interpela al equipo de El Faro expresando que muchas veces “los que escriben en los periódicos o exponen sus opiniones en los medios radiales, se excusan en la prerrogativa legal de no revelar la fuente”. Para este lector, eso no es aceptable no solo “porque no es un comportamiento democrático, sino porque Faro en su etimología es luz”.

Esa investigación periodística estuvo avalada, además, por el acceso que tuvo El Faro a 2.714 cheques originales del Banco Hipotecario (suman pagos por $118.8 millones), de los $300 millones que fueron extraídos de la partida secreta del Gobierno de Antonio Saca, por cuyo uso ilegal el expresidente fue condenado en septiembre a diez años de prisión por lavado de dinero y peculado.

En el reportaje publicado el 14 de septiembre “Los cheques originales de la corrupción de Saca”, se detalla que entre los destinatarios de esos cheques El Faro descubrió tres transferencias por un total de $450,000 -entre el 27 de marzo y el 12 de junio de 2008- a dos empresas relacionadas con Jorge Hernández. En ese momento, Hernández era el principal entrevistador de Frente a Frente, el programa matutino de la Telecorporación Salvadoreña, televisora de la que Hernández además era vicepresidente de Noticias. Las empresas fueron “Unicentro” y “Marketing and Service”, de propiedad de la esposa de Hernández.

Esos reportajes provocaron varios correos de los lectores. En ellos se grafica el misterio que rodea, a ojos de los ciudadanos, la forma en que se comporta un medio frente al dinero que ofrece el gobierno de turno para silenciar sus irregularidades o para poner en un megáfono sus supuestos éxitos.

Eso fue lo que planteó el lector Gerardo Martínez: “Ustedes son la nueva generación comprometida de este país. Un periódico serio, periodistas formados, responsables y valientes. Leerlos me da tranquilidad, me da también ánimos de ser un comprometido más por este país y también desde la profesión, pues soy un comunicador graduado hace un año, con corta carrera en los medios pero que está luchando por hacerse de un nombre respetable, como los que integran su equipo de investigación”.

Y continúa: “Ahora, quiero que ustedes se sinceren: ¿Está en ese supuesto listado de periodistas que recibieron bonificaciones en gobiernos de ARENA el nombre de alguno de sus periodistas, actuales o excompañeros? Esa lista sabemos que no es pública, pero que no sea pública no quiere decir que ustedes no tengan información. Eso me lleva a ponerlos ante un dilema ético: ¿publicarían nombres de colegas que siendo parte de El Faro o excompañeros del medio hayan recibido dinero público? Y de comprobarse, ¿cuál sería su decisión en caso de que sean parte todavía del medio?”.

Antes de darle paso a la respuesta del director de El Faro, debo decir que si la ley tácita de no exponer las podredumbres de la prensa es acatada por muchos medios en distintos rincones del mundo, es porque ella lleva implícita una realidad retorcida: no se denuncia a otros medios o periodistas que reciben dineros o prebendas del poder político, económico, social o religioso, porque mañana puede uno mismo estar en alguna nómina y espera reciprocidad.

Por eso, precisamente, es muy importante romper el cerco del silencio. Es un acto de transparencia que lleva implícito un aviso: no recibimos dinero que no esté justificado en nuestras cuentas.

Romper ese código no es fácil. Menos en tiempos en que el periodismo independiente, aquel que hurga y escudriña por donde transita el poder real, es sindicado como el enemigo principal de los corruptos, se busca silenciarlo a como dé lugar y la mejor arma es quitarles fuentes de financiamiento. Tampoco es fácil encontrar las pruebas de esos pagos espurios, que adoptan distintos disfraces (el más recurrente es la publicidad o asesorías comunicacionales) y se valen de intermediarios que hacen casi imposible seguir la ruta del dinero.

El director de El Faro, José Luis Sanz, responde: “Es cierto, normalmente los medios de comunicación no cuestionan a otros medios; impera la cultura del encubrimiento y, en el mejor de los casos, cierto pudor al juzgar a otros cuando todos, todos, cometemos también errores. Pero en El Faro tenemos dos principios claros: no corrompemos nuestra mirada y el interés general está por encima del instinto natural de no hablar de las propias equivocaciones. El periodismo solo es útil cuando es honesto, y solo es coherente cuando busca la transparencia. También la propia, también en los medios de comunicación y las redacciones”.

“Por eso, El Faro admite cuando se equivoca. Aunque duela”, sigue Sanz. “Por eso, creó su Defensoría del Lector. Por eso, responde periódicamente, cara a cara, preguntas de los y las excavadoras ciudadanas. Por eso, no oculta sus accionistas y sus fuentes de financiamiento. Y por eso, cree que el periodismo, como poder fiscalizador del poder, ha de ser cuestionado por los lectores y vigilado por el mismo periodismo”.

Sigue el director de El Faro: “En cuanto a si aplicaríamos a otros, o a nosotros mismos, el rasero que aplicamos en la nota “Testigo involucra a periodistas Gabriel Trillos y Nacho Castillo en sobornos de Casa Presidencial”, la respuesta es muy simple: sí. En el proceso de elaborar y publicar ese artículo nos preguntamos en la redacción si haríamos lo mismo si los periodistas señalados fueran amigos personales, familiares nuestros, o incluso miembros de nuestro equipo. Y la respuesta es: sí. Lo haríamos si tuviéramos las mismas fuentes diversas, sólidas y creíbles. Y expulsaríamos de nuestro equipo a cualquier persona de la que tuviéramos ese tipo de información”.

Las fuentes protegidas

Para el lector Emilio Puente, la preocupación por el artículo de El Faro sobre posibles sobornos a periodistas se centra en la fuentes: “Ese artículo se basa solo en las declaraciones judiciales de un testigo criteriado (parte interesada) y en el relato de dos exfuncionarios de gobierno (testigos referenciales, no de primera mano). ¿No le parece que faltan más pruebas o testigos de primera mano para publicar? A mí me parece irresponsable. Aprecio el alto nivel de El Faro, por lo que mis comentarios van dirigidos hacia la búsqueda de la permanencia de dicha rigurosidad y credibilidad”. El reclamo de Emilio Puente también fue expresado por otros lectores.

Conversé con los dos autores del artículo –los periodistas Efrén Lemus y Carlos Martínez- sobre algunas falencias que detectamos en la nota en cuestión. He aquí el resumen de ese intercambio:

¿Por qué no revelan el nombre del “testigo protegido” si a lo largo del artículo se hace evidente que los involucrados que ustedes interpelan, así como otras fuentes consultadas, saben muy bien su identidad e incluso lo han tratado en el plano de la amistad?
Porque la ley contra el lavado de dinero y activos ordena la reserva de este tipo de casos. Además, el testigo goza de un régimen de protección. Esa ley castiga hasta con cuatro años de prisión a la persona que revela detalles sobre la identidad de un “testigo protegido”.

¿Por qué en el artículo se dice que solo se refieren a una parte de la declaración del testigo secreto? ¿Por qué no hacen referencia a toda la declaración?
No hacemos referencia a toda la declaración del testigo porque no la tenemos. De la confesión inicial que rindió ante la Fiscalía (675 páginas), nuestras fuentes nos permitieron acceso a un centenar de folios del documento confidencial. El Faro sigue trabajando en documentar el testimonio completo. Entre esos folios a los que accedimos está la parte del presunto pago a periodistas durante el gobierno de Mauricio Funes. Es importante mencionar que jueces y fiscales se han empeñado en ocultar la información proporcionada por el testigo (en el testimonio anexado en el juicio, el nombre de empresas y de personas está tachado). Además, el testigo declaró a puerta cerrada durante el juicio, a pesar de que en ninguna otra declaración se impidió la presencia de periodistas en la sala de audiencias.

¿Por qué no hay más nombres de periodistas que recibieron pagos indebidos, si en el texto hay una clara mención a que era una práctica que incluía a varios?
El testigo menciona a dos periodistas, Nacho Castillo y Gabriel Trillos, como las personas a las que entregaba dinero a cambio de no atacar a la presidencia. Dos fuentes off the record revelaron a El Faro el nombre de cinco periodistas en total que, según conversaciones en el círculo de confianza del presidente Funes, recibían sobornos. El Faro cruzó la información del testimonio con los datos de las fuentes off the record y se decidió publicar los nombres en los que había coincidencia. El Faro continúa investigando la posibilidad de que otros periodistas hayan recibido dinero de la partida secreta.

¿Por qué no hay en el artículo o en un segundo reportaje sobre el mismo tema un seguimiento de la ruta del dinero pagado por el gobierno?
Porque en este caso no existían indicios bancarios (cheques, transferencias) para seguir la huella del dinero. Todos los pagos se hicieron en efectivo y, por lo tanto, el rastreo no se podría realizar sino directamente. Además, intentamos que la nota se limitara a señalar los hechos descritos por el testigo a los que pudimos dar verosimilitud a través de otras fuentes. La ausencia de rastro del dinero ha sido una constante en este caso, no solo para el pago a periodistas. Hay millones de dólares que se sabe que salieron del banco en bolsas con efectivo, pero que la Fiscalía no sabe dónde pararon, pues uno de los mecanismos, según algunos de los acusados que se declararon culpables, era hacer entregas en efectivo a mucha gente.

¿Por qué no hay pruebas de cómo se expresaron esos pagos en las publicaciones (o en la línea editorial) de los periodistas señalados?
Preguntamos a tres colegas de La Prensa Gráfica sobre la censura a investigaciones durante el gobierno de Funes. Nos comentaron que este periódico no publicó un reportaje sobre el aumento de la pobreza en el país, al parecer, sin ningún argumento periodístico. También nos hablaron sobre la censura a una investigación que señalaba irregularidades en el Ministerio de Defensa. Sin embargo, el equipo editorial de El Faro decidió que no se podía inferir que decisiones de ese tipo fueran prueba suficiente o guardaran relación directa con la posible entrega de dinero a jefaturas de esos medios de comunicación desde Casa Presidencial.

Hasta aquí las respuesta de los periodistas Efrén Lemus y Carlos Martínez. Por supuesto, siempre habrá lectores que exigirán más explicaciones y detalles de cómo obtiene El Faro la información delicada que publica. Pero este es un ejercicio de transparencia que sobre todo en tiempos de elecciones cobra valor y señala un camino.

(La defensoría del lector de El Faro fue creada el 1 de junio de 2018 y se rige por un reglamento disponible aquí. Puede enviarle preguntas o comentarios a [email protected].)

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