Arena renunció al rol opositor que desempeñó con los gobiernos del FMLN (2009-2018) y votó unida por un Presupuesto 2020 lleno de concesiones al gobierno de Nayib Bukele que fueron impensables en la última década, y que ignoran las recomendaciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal para ponerle un tope al crecimiento de los gastos de consumo, remuneraciones y bienes y servicios en el Estado.
Arena cedió en cuatro temas que le permitirán al Ejecutivo culminar de manera estable 2020, el año preelectoral, con un presupuesto con una bonanza económica para hacer compras públicas y contratación de personal. El 10 % del plan de gastos del Gobierno logrará financiarse gracias a deuda. Es la mayor concesión que ha dado Arena en la última década para financiar gastos del Ejecutivo, no relacionados con vencimientos de bonos.
En concreto, el partido de derechas validó un presupuesto de 6,426 millones de dólares y aprobó que el Gobierno cuente con un aparato estatal 512.9 millones más caro que el de 2019. Entregó una autorización para que se emita deuda por 645 millones en títulos valores y 91 millones de un préstamo del BCIE. Además, le dio autonomía al Ejecutivo para suprimir 1,641 plazas y para crear 2,350 plazas nuevas, un artificio que según fuentes cercanas a la negociación entre Arena y el Ejecutivo puede ser usado para despedir personal señalado por vínculos con anteriores gobiernos y hacer nuevas contrataciones.
A cambio, en la Ley de Presupuesto 2020 se evidencia que el Gobierno cedió en cinco temas importantes que permitirán tener mayor certeza sobre el destino de más de 100 millones de dólares que en el borrador de la ley estaban mal clasificados en el rubro “Gastos Financieros” y cuyo plan de ejecución era desconocido. Además, Arena logró que el Ejecutivo mermara los ataques contra el diputado Norman Quijano, expresidente de la Asamblea y excandidato presidencial en 2014, por sus reuniones con líderes de pandillas.
“Necesitamos que le baje un poco a lo que está diciendo de Norman Quijano”
La semana en la que se arribó al acuerdo para la aprobación del Presupuesto 2020 coincidió con la instrucción de un juez de la Operación Cuscatlán para mostrar los videos de políticos en reuniones con pandillas. Los videos, según Fiscalía, evidencian que en la campaña 2014, en la que Quijano era candidato presidencial, este se reunió con líderes de pandillas. También hay videos de Ernesto Muyshondt ofreciendo dinero a estas estructuras. Según el ahora alcalde de San Salvador, esos pagos eran en concepto de extorsión cobrada por las pandillas para “permitir al partido hacer proselitismo en los territorios que controlan”.
El Faro ya había revelado en 2016 que Arena y FMLN negociaron con pandillas para conseguir su apoyo para las elecciones presidenciales de 2014. En 2018, este periódico también reveló que para impulsar el proyecto del Mercado Cuscatlán, la administración municipal de Nayib Bukele (2015-2018) pactó con pandillas. El actual ministro de Gobernación, Mario Durán, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín, fueron los interlocutores de la alcaldía con líderes de pandillas.
La novedad en los videos del caso Operación Cuscatlán es que reconfirman que el entonces candidato presidencial de Arena también se reunió con estos grupos. En las semanas previas a la aprobación del presupuesto, la participación de Quijano en esas reuniones había sido fuertemente cuestionada por funcionarios del Ejecutivo, incluido el propio presidente de la República. En la víspera de las negociaciones por el presupuesto, y con capturas de los videos a la vista, la avalancha de críticas mermó. De fondo, Arena incluyó el tema del ataque a los funcionarios de su propio partido en las negociaciones por el presupuesto.
El 12 de diciembre, a las 2:45 p.m., el presidente de Arena, Gustavo López Davidson, entró en un ascensor en la Asamblea Legislativa para dirigirse a una reunión con los diputados de Arena en la que iba a compartir información sobre los acuerdos alcanzados con personeros de Presidencia de la República. López Davidson conversaba por teléfono con un interlocutor desconocido sobre el presidente Nayib Bukele. “Muy presidente puede ser... No es posible que él tome ventaja de su posición de poder. Necesitamos que le baje un poco a lo que está diciendo de Norman Quijano”, dijo.
Tras finalizar aquella llamada, el presidente de Arena dijo a El Faro que estaban listos para votar por el presupuesto. “El Ejecutivo ha cedido a peticiones de Arena. Vamos a discutir en esta reunión de fracción los acuerdos a los que hemos arribado. Tenemos la intención de que el Presupuesto 2020 se apruebe hoy o a más tardar a inicios de la próxima semana'. Consultado sobre a qué se refería con que la administración Bukele había cedido en todo fue escueto: “En todo. Nos han dado más claridad”, respondió.
Una fuente que aceptó hablar bajo condición de anonimato con El Faro y que participó en las negociaciones reconoció que una de las peticiones de Arena a los representantes de la administración Bukele fue que Casa Presidencial cesara la campaña de desprestigio contra Quijano.
Cuatro días después de aquella llamada telefónica, el presidente de Arena dice no recordar con quién conversaba, pero negó que ese fuera un punto de discusión. “Norman Quijano tiene todo mi apoyo y mi estima. No fue un punto de negociación del Presupuesto 2020. No. No recuerdo con quién conversaba”, dijo López Davidson a El Faro el 16 de diciembre de 2019.
Un día después de aquella llamada, con 61 votos, el decreto del Presupuesto 2020 fue aprobado por toda la derecha legislativa (Arena, Gana, PCN y PDC). También contó con el voto del diputado de Cambio Democrático y del diputado no partidario.
En los últimos meses de 2019, el gobierno de Nayib Bukele ha recibido señales de apoyo no solo de la derecha política sino además de la derecha vinculada a la gran empresa privada. De hecho, la aprobación del presupuesto estuvo precedida por un giro de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP). Durante el Encuentro Nacional de la Empresa Privada, realizado el 25 de noviembre, el presidente de esta gremial, Luis Cardenal, aseveró que “el rol de los empresarios no es ser oposición política”. Una conclusión muy similar a la que ha llegado el presidente del partido Arena, que fue protagonista en las discusiones que dieron vida al presupuesto. A estos apoyos hay que sumar el del presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cáder, quien en la semana de aprobación celebró que junto con el presupuesto fuera aprobada una amnistía fiscal.
“Ser oposición no es oponerse a todo”
En los 10 años de gobierno del izquierdista FMLN (2009-2019), los dos grandes temas a los que Arena se opuso fue al crecimiento de las remuneraciones y la suscripción de deuda. Arena denominó a la política de contrataciones de personal del gobierno del FMLN como la “fábrica de empleos” y desempeñó una férrea oposición a los decretos a través de los cuales el FMLN pretendía salir a los mercados a vender títulos valores (contraer deuda). Esa oposición férrea y la falta de diálogo hizo a Arena corresponsable de que en abril de 2017 el gobierno de Sánchez Cerén cayera en impago cuando dejó de honrar 28 millones de dólares de su deuda con el fondo de pensiones. Arena a cuenta gotas comenzó a ceder y permitió algunas emisiones pequeñas de títulos valores que tenía como fin pagar deuda del gobierno que estaba por vencer, deuda para pagar deuda. Con Bukele han validado que tenga la facultad de hacer recortes y contratación de personal y le han entregado 645 millones en emisión de títulos para equilibrar el presupuesto del próximo año.
Arena se opuso a que el FMLN usara el dinero obtenido de la emisión de títulos valores para financiar gastos del presupuesto y solo cedió a emisiones grandes de títulores valores -en votaciones que dividieron el partido- cuando se avecinaban vencimiento de deuda contraída por gobiernos anteriores. La excepción a esa regla, durante el gobierno de Sánchez Cerén, fue en enero de 2018, cuando una Arena fracturada validó una emisión de 350 millones en títulos valores para equilibrar el presupuesto de ese año: ese decreto no contó con la venia de al menos 7 diputados. En diciembre de 2018 votaron a favor de 800 millones para que el gobierno que ganara las elecciones de febrero de 2019 pudiera pagar deuda a los acreedores en diciembre de 2019. Con Bukele, en cambio, cedieron de manera unánime para que use 645 millones para que financie gastos del presupuesto, que no son vencimientos de bonos.
El martes 17 de diciembre de 2019, El Faro consultó al presidente del partido Arena sobre el viraje que hizo su partido al rol opositor que desempeñó en la última década. El Faro consultó a López Davidson sobre cómo responde a quienes consideran que la aprobación del Presupuesto es un cheque en blanco para este gobierno y sobre por qué aprobaron un paquete de endeudamiento que era impensable que se aprobara con los gobiernos del FMLN. “Los tiempos cambian. El FMLN ha sido un partido muy aliado de Venezuela y de Nicaragua. Acá tenemos a un presidente, que lo considero bastante autoritario, pero que también considero que hay algunos puntos en común y si hay puntos en común que sean para beneficio del país entero, lo vamos a apoyar”, dijo López Davidson.
Arena aprobó una Ley de Salarios, que permite al Ejecutivo discrecionalidad en la eliminación y creación de plazas. En total, son 3,300 plazas que serán suprimidas y 5,500 que van a ser creadas en el Gobierno Central. Solo en el Ejecutivo, el titular de Hacienda había anunciado -en una presentación entregada a la Asamblea Legislativa- la supresión de 1,641 plazas para crear 2,350 plazas. Sin embargo, la comparación de Leyes de Salario de 2019 y 2020 indica que pueden ser más plazas suprimidas. El titular de Hacienda ha vendido estos cambios como una reestructuración del Gobierno que no conlleva despidos. “Sí son 3,300 plazas suprimidas y 5,500 nuevas. No quiere decir que la persona que tiene la plaza suprimida se le está despidiendo de su puesto. Es una nueva estructura de Gobierno. Es una nueva administración. Busca conformar equipos de trabajo que logren resultados”, dijo Nelson Fuentes.
El Gobierno de Nayib Bukele que ha presumido en público de haber ahorrado al Estado millones de dólares con el despido de más de 600 empleados de la Presidencia a los que el presidente acusa de ser militantes o familiares de dirigentes del FMLN, busca pagar en 2020 más en salarios que el gobierno anterior. Para 2020, el Ejecutivo pedía en el Presupuesto 2020 $1,969 millones para salarios y 449 millones para bienes y servicios, $2,418 millones en total, a los que deben sumarse más de 104 millones que estaban en los gastos financieros y que fueron reclasificados a Bienes y Servicios y Remuneraciones. En 2019, el Ejecutivo pagaba 2,339 millones de dólares en salarios y bienes y servicios.
Dos fuentes, cercanas a la negociación, aseguraron que aunque no en todos los casos la supresión de plazas implica despidos, el procedimiento le da mayor libertad al Ejecutivo para despedir a empleados públicos y para contratar a más personal afín. El presidente de Arena dijo a El Faro el 16 de diciembre que no tenía claro si la supresión de plazas implicaba despidos y descargó la responsabilidad en el Ejecutivo. “Eso es una cosa del Ejecutivo. No andamos sudando calenturas ajenas. Es cosa del Gobierno si despide. Desconozco si implica despidos”, respondió.
Hay dos unidades del Ministerio de Hacienda, la Unidad Centro de Documentación Tributaria (UCDT) y la Unidad Anticorrupción y Transparencia, que desaparecen de la Ley de Presupuesto de Hacienda y de la Ley de Salarios. “El Gobierno ha dicho que no las va a utilizar estas dos unidades. Las va a suprimir, porque no hacían bien su trabajo”, dijo una fuente de Arena que supo de las negociaciones con el gobierno. Esas dos unidades tienen como función aportar información para prevenir modalidades de defraudación aduanera, evasión y elusión de impuestos. Son 181 plazas de esas dos unidades las que van a ser suprimidas para dar cabida a la creación de 191 plazas en otras unidades presupuestarias de Hacienda.
En el caso del Ministerio de Salud, el Gobierno logró que Arena y el resto de partidos validaran la supresión de 1669 plazas y la creación de 1594. Aunque el 14 de diciembre, el ministro de Hacienda dijo que en Salud esos cambios no implicaban despidos y que respondían a “una nueva estructura de Gobierno”. Según Hacienda, en las nuevas “líneas presupuestarias” registraban aumentos de personal y ahí podían ser reubicados quienes ocupan las plazas suprimidas.
Arena validó que Presidencia de la República suprimiera 789 plazas y que creara 347 plazas. El miércoles 18 de diciembre, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció que comunicadores de Radio Nacional y de Canal 10 estaban siendo obligados a renunciar a sus trabajos y pidió a la Procuraduría para la Defensa para los Derechos Humanos (PDDH) acompañamiento a los empleados cesados.
Un presupuesto fuera de regla
Arena, uno de los partidos que presionó por la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal en 2016 como una herramienta para presionar al gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) para que redujera el déficit fiscal y para que solicitara menos endeudamiento en los proyectos de presupuesto general de la nación, terminó por aprobar un primer presupuesto para Bukele que navega en contra del norte trazado en esa Ley de trabajar para progresivamente disminuir la deuda pública, que para 2019 asciende a 70.3% del PIB. Para 2030, la deuda pública no debe superar el 60 % del PIB. Para eso el Gobierno debe limitar cada año los gastos de consumo de modo que no crezcan más que la economía y debe construir una estrategia de ajuste fiscal que permita reducir la brecha de ingresos y gastos que cada año debe financiarse con deuda. Este año, la brecha va a ser cubierta con la emisión de 645 millones en títulos valores.
Mientras el PIB Nominal crece 3.3% de 2019 a 2020, según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, los gastos de consumo (remuneraciones y bienes servicios) crecen más del 3.3% con la reclasificación en “Remuneraciones” y “Bienes y Servicios” de gastos escondidos en el rubro “Gastos Financieros” en el Presupuesto 2020. El ministro de Hacienda y el presidente de Arena dijeron que la Ley exigirá cuentas sobre si se cumple esa meta hasta enero de 2022. “En el caso de Hacienda, es más una autorregulación (no hacer crecer gastos de consumo más de lo que crece la economía), pero la Ley dice en el literal C, que es hasta 2022 se exigirá el cumplimiento obligatorio de esa meta, después del periodo de consolidación fiscal”, aseguró Fuentes. López Davidson dijo a El Faro que los gastos de consumo “no han sobrepasado en una cantidad exagerada” y admitió que aunque estaban en contra de ese incremento, esa fue una concesión que le permitieron al Gobierno. “Recuerde que en una negociación no todo lo que uno quiere puede obtenerse”.
Aunque Arena presumió que logró que 15 carteras aceptaran una supresión de 3 millones de dólares en la partida de publicidad, que contaba con una asignación total de 22 millones de dólares en el Presupuesto 2020, Arena cedió a dejar intactos los gastos de publicidad de la Secretaría de Comunicaciones y de la Secretaría de Prensa de Presidencia de la República: $2.9 millones de dólares. El Gobierno cedió a retirar 3.6 millones de dólares de “Tejido Social”, una oficina del Ministerio de Gobernación, que había anunciado su pretensión de usar esos fondos para hacer transferencias en efectivo de manera directa a personas naturales.
El borrador del Proyecto de Presupuesto del gobierno Bukele exigía que siguiera existiendo la partida secreta. Incluyeron en el artículo 14 lo siguiente sobre el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE): “Por la naturaleza de las funciones y responsabilidades de carácter constitucional y legal otorgadas al organismo de inteligencia del Estado los recursos que les sean asignados dentro del presupuesto general del estado para el presente ejercicio fiscal tendrán el carácter y naturaleza de reservado”. En la Ley de Presupuesto 2020, Arena y el resto de partidos de derecha quitaron ese artículo e incluyeron una cláusula que dice lo contrario: “se elimina la partida de Gastos Reservados y se genera un importante ahorro al Estado, al reducir a la mitad el presupuesto del Organismo de Inteligencia del Estado, el cual será auditable”, dice el decreto. En 2019, la Unidad Presupuestaria de Inteligencia del Estado incluía 30 millones de dólares y para el ejercicio fiscal 2020 representa 17.5 millones de dólares.
Entre 2021-2024 vencen 1,356 millones de dólares que serán exigidos al Gobierno por los acreedores de manera escalonada durante ese periodo que se distribuyen así: 200 millones en 2021; 236 millones en 2022; 800 millones en 2023; 120 millones en 2024. El presidente de Arena dice que están dispuestos a dialogar al respecto. Consultado sobre si están en la disposición de emitir más deuda para pagar esa deuda, dejó la puerta abierta a más acuerdos con el Ejecutivo. “Si por el bien del país vemos que hay que reestructurar (porque si no lo hacemos corren peligro programas sociales), será el momento de analizarlo. Si hay salida financiera, vemos, analizamos y tomamos una decisión. Si vale la pena, que se haga”, aseveró.
Una amnistía fiscal y obras en los municipios
El jueves 12 de diciembre de 2019, el titular de Hacienda y la comisionada de operaciones del Gabinete, Carolina Recinos, llegaron a la Asamblea Legislativa. A las 7 p.m., los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto estaban reunidos para afinar los últimos detalles del combo de decretos que entre el jueves y el viernes iban a ser aprobados por Arena, Gana, PCN y PDC. A último minuto, cuando fue anunciado el acuerdo con el que iban a validar los últimos cambios en el Presupuesto 2020, el diputado Guadalupe Vásquez de Gana cuestionó el orden de aprobación de los decretos y llamó la atención a todos de que iba a aprobarse una amnistía fiscal, pero dijo no estar seguro de sí la pieza ya había hecho el procedimiento para ingresar a la Comisión para poder ser aprobada por el pleno. Fue el diputado del PDC, Rodolfo Parker, quien ayudó a resolver el entuerto cuando dijo que hacía meses él había ingresado una pieza de este tipo y que en la Comisión estaba también una propuesta del Ejecutivo.
La amnistía fiscal se aprobó primero. En Arena, según una fuente que conoció de las negociaciones, la amnistía fiscal fue una de las concesiones del Gobierno Bukele a Arena. “Aprovechamos a pasar esa pieza con el Presupuesto 2020, porque existía el riesgo de que si no lo hacíamos así el presidente la podía vetar”, aseguró. La pieza fue aprobada por los partidos de derecha y concedió un plazo adicional de 8 meses para acogerse al decreto y regularizar su situación tributaria con la Hacienda Pública sin el pago de multas, intereses o recargos.
Otra de las concesiones del Gobierno a Arena fue la creación de una bolsa de 13.3 millones de dólares para obras de infraestructura en los municipios. “Buenas noticias para Paraiso de Osorio, gracias al acompañamiento de nuestro alcalde David Campos y a la gestión que como diputado me corresponde, logramos incorporar en el #Presupuesto2020 la Pavimentación de la calle principal del caserío La Hoja de Sal, cantón Copinol”, publicó el diputado de Arena Bonner Jiménez el 18 de diciembre de 2019. Ese mismo día, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) cuestionó esa asignación presupuestaria. 'A pesar de que se lograron corregir algunos espacios de opacidad, el hecho de que se haya aprobado a cambio de incrementos en las transferencias a oeneges y en proyectos específicos para que los ejecuten las municipalidades, en año preelectoral, sin estudios técnicos, resta legitimidad', dijo ICEFI.
